Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126130
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.130, "Videla, Néstor Javier contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro/a. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de 15-VII-2020).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 3-VIII-2020).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 e hizo lugar parcialmente a la demanda que Néstor Javier Videla promovió contra la Provincia de Buenos Aires, condenando a esta última al pago del resarcimiento en concepto de daño moral.
Para así resolver, juzgó acreditado que el actor contrajo tuberculosis por el contacto con internos infectados por esa enfermedad, al que estuvo expuesto reiterada y habitualmente, en la Unidad Carcelaria n° 36 de Magdalena, en circunstancias ambientales, tanto edilicias como de higiene, propicias para el contagio. También, que fue sometido a drenaje de líquido pulmonar y cursó un tratamiento médico durante seis meses, continuando con controles periódicos de salud.
Sin embargo, con sustento en los dictámenes médicos presentados, entendió que se hallaba probado que el accionante no se encontraba incapacitado como secuela de la tuberculosis padecida.
Luego, en lo fundamental y tal como se adelantó, declaró la inconstitucionalidad "de la opción excluyente" prevista en el art. 4 de la ley 26.773 (en su texto original).
Expresó que, si bien existió una añosa tolerancia jurisprudencial a la opción contenida en la ley 9.688, tal posición, siempre errada, no fue pacífica. Dijo que "...tal incongruencia del Derecho Social fue felizmente superada a partir del malogrado art. 39 de la ley 24.557, que colmó una serie de insostenibles injusticias y actuó como un eficaz revulsivo de las mismas" y que a partir de entonces la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los superiores tribunales provinciales dictaron sucesivos fallos -así, entre otros, en los conocidos casos "Aquino", "Castillo", "Llosco" y "Cachambi" de la Corte federal- que impiden "retrogradar tanto legal, jurisprudencial como doctrinariamente, hacia la reinstauración de la opción excluyente" (sent. de 15-VII-2020).
Consideró que no puede aceptarse la vigencia de un subsistema de reparación de daños excluyente del común, sino que, de existir, debe ser complementario y articularse en cuanto resulte más beneficioso para la víctima. Indicó que esta situación se encuentra afianzada en nuestra jurisprudencia desde hace varios años y que no se puede desandar, sino violando el principio de progresividad.
Juzgó que la opción excluyente obsta al libre y pleno acceso a la justicia y, al obligar al trabajador en estado de necesidad a tomar una decisión crítica que implica una renuncia a priori de un hipotético o eventual mejor resarcimiento, lo perjudica.
Con ese basamento, juzgó la invalidez de la mentada norma por resultar incompatible con los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo.
Sentado ello, y toda vez que el actor no padecía minusvalía alguna como consecuencia de la enfermedad contraída, rechazó la demanda en cuanto perseguía el cobro de la prestación dineraria por incapacidad parcial definitiva prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo.
Por iguales motivos, desestimó el reclamo fundado en el derecho civil por la reparación de un supuesto daño patrimonial, toda vez que, indicó, si bien se encontraban verificados los presupuestos de responsabilidad civil, la afección contraída no había dejado ninguna secuela incapacitante en el trabajador.
Sin perjuicio de ello, sentenció que el contagio, la enfermedad y su tratamiento, indudablemente le habían provocado a este último un daño moral que correspondía ser indemnizado en los términos del art. 1.078 del Código Civil (ley 340). Con todo, condenó a la accionada al pago de $134.088,65 en concepto de reparación de daño moral.
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; de los Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; de los arts. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1.067, 1.068, 1.069, 1.078, 1.079, 1.083 y 1.113 del Código Civil (ley 340); 4 de la ley 26.773; 165 del Código Procesal Civil y Comercial y 40, 44 inc. "d", 47 y concordantes de la ley 11.653.
II.1. En primer lugar, cuestiona la sentencia de grado en cuanto descalificó constitucionalmente el art. 4 de la ley 26.773.
Luego de señalar que la Constitución no prevé de manera expresa una norma de derecho fundamental para cada situación hipotética y que si existe una opción excluyente de acciones ello es producto de una labor legislativa conforme su art. 75 inc. 32, argumenta que el criterio que emana del citado art. 4 de la ley 26.773 es el de la "razonabilidad", definido doctrinariamente como "la exigencia constitucional de que las leyes deben contener una equivalencia entre el hecho y el antecedente de la norma jurídica creada, y el hecho consecuente de la prestación o sanción, teniendo en cuenta las circunstancias sociales que motivaron el acto, los fines perseguidos con él y el medio que como prestación o sanción establece dicho acto", a la par, recuerda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación siempre ha dicho que la declaración de inconstitucionalidad es la "última ratio" .
Sosteniendo que la norma en análisis no resulta una novedad pues la misma situación se daba con las leyes 9.688 y 24.028, destaca seguidamente que luce desacertada la interpretación que indica que es violatoria del "principio de progresividad", ello, pues esa directriz no posee jerarquía constitucional; además, porque no puede considerarse un "retroceso" lo regulado con la mentada opción en tanto la ley 26.773 implicó una verdadera reforma de fondo y constituyó una respuesta legal superadora de los factores más controvertidos del sistema reparatorio de riesgos del trabajo.
Manifiesta que el criterio optativo y excluyente que propicia la ley tampoco se encuentra en pugna con la garantía de libre acceso a la justicia y el derecho de propiedad por privación de una reparación integral del daño; un razonamiento en contrario -explica- importaría acumular dos beneficios que responden a la misma finalidad resarcitoria, ocasionando un indebido enriquecimiento.
Destaca que, tal como surge del escrito postulatorio de la acción, el actor propuso una lisa y llana acumulación de acciones. Ello así, en tanto pretende el cobro de la indemnización sistémica y, además, la diferencia hasta alcanzar la reparación plena con basamento en el derecho civil.
Indica que aun cuando los jueces deben desentrañar la significación jurídica de las leyes, y que ello los obliga a superar las rígidas pautas gramaticales que pudieran existir, también tienen la obligación de abstenerse de toda inteligencia que equivalga a prescindir de la norma aplicable, como ha sucedido en el caso.
Con todo, aduce que el tribunal de trabajo incurrió en flagrante absurdo y manifiesta arbitrariedad al momento de declarar la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, debiéndose en consecuencia casar el fallo de grado y desestimar la demanda por resultar inviable la postulación tal como ha sido planteada.
II.2. En segundo término, controvierte la liquidación de los intereses aplicados al capital de condena. Indica que según el aplicativo existente en la página web de la Suprema Corte de Justicia, los accesorios fueron calculados erróneamente, debiéndose rectificar los importes en las sumas que indica.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe señalar que el valor de lo cuestionado en esta instancia extraordinaria -representado por el capital de condena reconocido en la sentencia en concepto de daño moral y la diferencia que se verifica entre el importe proveniente del cálculo de los intereses conforme lo establecido por el a quo y el que habría de obtenerse según el planteo del recurrente- no supera el límite establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del recurso deducido, en principio, solo podrá justificarse en el estricto marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte se limita a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.474, "Sotelo", sent. de 31-VIII-2020; L. 124.446, "Roca", sent. de 1-XI-2021; L. 124.422, "Hecker", sent. de 10-XI-2022 y L. 127.429, "Sack", sent. de 23-VIII-2023; e.o.).
III.2.a. Empero, observando que en lo tocante al primer agravio traído (aquel dirigido a objetar la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773) el recurrente se ha encargado de evidenciar que podría estar en juego una cuestión federal, en este punto el medio de impugnación deducido debe analizarse por fuera de las restricciones impuestas por las normas procesales locales (causas L. 124.716, "Sosa", sent. de 30-IX-2021; L. 124.773, "Ruiz", sent. de 20-X-2021 y L. 125.875, "Cejas", sent. de 31-VIII-2022; e.o.).
En el pronunciamiento impugnado, a pesar de juzgar que el accionante no portaba incapacidad alguna, el tribunal de grado se abocó a analizar la validez constitucional de la opción prevista en el mentado art. 4 de la ley 26.773 en su texto original, cuando la operatividad de dicha previsión legal supone, precisamente -y fuera de otros supuestos enteramente ajenos al caso, como la muerte del trabajador-, la presencia de una minusvalía laboral de la víctima de un accidente de trabajo o enfermedad profesional.
Luego, y en tanto el recurrente también ha transitado por ese errado camino, pero en su recurso abogando por la constitucionalidad del precepto legal descalificado por el a quo , no cabe sino desestimar su planteo, pues el pretendido debate constitucional se centra en una norma que se revela inaplicable en el caso, donde al cabo, el agravio que posee la demandada se hallaría circunscripto a la condena que ordena el pago de una suma de dinero en concepto de la reparación del daño moral y los intereses en un supuesto distinto al receptado legalmente, y contra ello no se divisa otro tipo de objeción, ni siquiera inserta a todo evento.
En una hipótesis distinta, solo para mayor satisfacción del recurrente, y más allá del inicial yerro antes indicado que porta el fallo, dable es señalar que en lo que atañe concretamente a la validez constitucional de la norma mencionada, lo resuelto en el fallo impugnado en estas actuaciones, dejando a salvo mi opinión personal sobre el tema, se inscribe en el criterio que es doctrina legal del Tribunal (me refiero, claro, a la que emana de la causa L. 124.807, "Vera", sent. de 11-V-2021 ).
III.2.b. Por otro lado, y considerando la fisonomía de los agravios traídos, debiendo quedar firme la condena al pago del resarcimiento por daño moral, ante la insuficiencia de la summa gravaminis, corresponde analizar el cuestionamiento vinculado con la liquidación de intereses practicada, aquí, en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Ceñido a tal marco de revisión, las objeciones lucen inadmisibles, en tanto carecen de toda denuncia tendiente a evidenciar el supuesto habilitante: la eventual violación de la doctrina legal de este Tribunal (causas L. 122.558, "Trápani", sent. de 17-XI-2021; L. 124.558, "Sabels", sent. de 13-XII-2021 y L. 126.214, "Roldan", sent. de 29-XI-2022; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Comparto la solución propuesta por el colega que inicia el acuerdo, a excepción de lo expuesto en el último párrafo del punto III.2.a. de su voto, atento a que sus restantes consideraciones -respecto de las cuales presto adhesión- abastecen de manera suficiente el rechazo del recurso extraordinario traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Comparto lo expuesto por el doctor Soria en orden a que el recurso no debe prosperar.
II. Sobre el particular, adhiero a lo señalado por el ponente en los puntos III.1. y III.2.a. de su voto en cuanto a que el valor del litigio no alcanza el umbral fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, pero que, de todos modos, el agravio dirigido a cuestionar la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 ha de ser abordado sin restricciones al estar en juego una cuestión federal.
Desde este piso de marcha, comparto lo dicho por mi distinguido colega respecto de los defectos técnicos que pueden endilgarse a la impugnación, y como con acierto lo pone de relieve en el tercer párrafo del punto III.2.a. de su sufragio, observo que el fallo atacado se ajusta a la doctrina legal sentada por esta Corte en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021), a cuyos términos me remito por razones de brevedad.
III. Por otra parte, suscribo el rechazo del cuestionamiento vinculado con la liquidación de intereses de conformidad a lo expuesto por el doctor Soria en el punto III.2.b. de su voto.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso no prospera.
II.1. Adhiero a los fundamentos expuestos por el doctor Soria en el punto III.1.
II.2. En la especie el tribunal de grado juzgó no demostrado que, a causa de la tuberculosis que contrajera durante su desempeño en el Servicio Penitenciario provincial, el trabajador padezca minusvalía alguna.
Luego de declarar la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 y establecer la configuración de los presupuestos de responsabilidad civil del empleador en el contagio de la afección (arts. 1.113 y 1.109, Cód. Civ. -ley 340-), desestimó la pretensión de cobro por daño patrimonial y reparaciones del sistema de riesgos del trabajo debido a que el accionante no era portador de incapacidad resarcible.
En cambio, admitió el reclamo por daño moral, en los términos del art. 1.078 del anterior Código Civil.
El art. 4 de la ley 26.773 establece que quienes resulten obligados a pagar la reparación dineraria de la ley 24.557 -y sus modificatorias- merced a la incapacidad laboral de la víctima de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, deberán notificar fehacientemente -en el plazo de quince días- los importes que correspondan abonar por aplicación del sistema especial.
Luego prevé que, en tales condiciones, los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones previstas en el régimen especial o las que les pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad. Y, en lo que resulta dirimente, dispone que los distintos sistemas de responsabilidad no serán acumulables.
En el caso, el tribunal actuante desestimó tanto la prestación sistémica por incapacidad laboral definitiva cuanto la reparación patrimonial, merced a la ausencia de minusvalía actual del trabajador derivada de la contingencia objeto de reclamo. Ello, aun cuando se hubiese verificado la responsabilidad civil en el contagio de la enfermedad que lo aquejó.
En efecto, los motivos para definir la falta de encaje constitucional de la norma precitada en el contexto de la sentencia de mérito -pronunciamiento que no fue impugnado por el trabajador- exhibe un desarrollo prescindente del extremo fáctico que, a la luz de la normativa aplicable, resultaba gravitante para examinar la opción excluyente motivo de disputa.
Ante el resultado que arrojó el trámite del proceso de conocimiento, cobra virtualidad la directriz que impone a los tribunales de justicia expedirse en los asuntos que llegan a su conocimiento teniendo en consideración las circunstancias existentes al momento de su decisión (art. 163 inc. 6, segundo párr., CPCC).
Luego, como refiere el doctor Soria, el recurrente se afirma en la línea argumental del tribunal actuante, observándose entonces la ineficacia del intento revisor.
Tampoco es impugnada -en las específicas circunstancias relevadas- la condena por daño moral (único aspecto procedente), afincada en el perjuicio anímico que el contagio de la afección (su tratamiento y control) ocasionó al trabajador reclamante (art. 279, CPCC).
III. Finalmente, me sumo a las consideraciones expuestas por el colega ponente en el punto III.2.b. de su exposición.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia