Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127750
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.750, "Tonil, Pablo Daniel contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Maidana .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada por resultar vencida (v. pronunciamiento de fecha 14-V-2021).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 8-VI-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348) e hizo lugar a la demanda que el señor Pablo Daniel Tonil promovió contra la Provincia de Buenos Aires, a quien condenó a pagar las sumas de dinero que determinó en concepto de indemnización de daños y perjuicios por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que sufrió el día 23 de diciembre de 2015.
Para así decidir, juzgó acreditado que, en la fecha señalada, en cumplimiento de las tareas prestadas como subteniente de policía, el actor ingresó a una vivienda en el marco de un allanamiento, recibiendo un disparo de arma de fuego por parte de una persona que se encontraba en una de las habitaciones interiores. También, que a consecuencia del evento padece secuela post traumática funcional, sensitiva y morfológica del miembro superior izquierdo y reacción vivencial anormal neurótica grado III, que le provocan una incapacidad del 99,38 % del índice de la total obrera.
En lo que aquí reviste interés y tal como se adelantó, al declarar la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, norma que fuera inicialmente objetada por la demandante, el tribunal sostuvo que el sistema de opción excluyente previsto en aquella no supera el examen sobre su constitucionalidad, toda vez que se contrapone tanto con el deber de reparar el daño injusto como con el principio protectorio, consagrados en los arts. 14 y 19 de la Constitución nacional, al permitir que un trabajador accidentado o enfermo a causa de su trabajo que demuestra dicha circunstancia pero que debió ejercer la opción por el derecho común se quede sin reparación alguna cuando no alcance a demostrar los presupuestos de atribución de responsabilidad previstos en el Código Civil y Comercial.
Indicó que el art. 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales (aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá, Colombia, en el año 1948) establece que los trabajadores tienen derecho a una indemnización especial de los daños producidos por enfermedades y accidentes laborales que debe -al menos- alcanzar a cubrir la pérdida de ganancias provocada por el infortunio, pudiendo quedar dicha norma internacional inaplicada en los casos en que una persona víctima de un accidente o enfermedad del trabajo ejerza la opción por el derecho civil y no resulte victoriosa en el juicio.
Manifestó que la normativa en crisis no puede funcionar como un obstáculo para obtener una indemnización más plena, porque de ese modo se estarían desprotegiendo derechos del trabajador, los que posee por su simple calidad de habitante de la República.
Por otra parte, señaló que la opción excluyente coloca al trabajador enfermo o accidentado (es decir, en una situación especial de vulnerabilidad) ante una disyuntiva de hierro que lo obliga, en todo caso, a la actitud heroica de intentar obtener la reparación plena asumiendo el riesgo de perder incluso la indemnización tarifada.
Finalmente, sostuvo que las conclusiones expuestas no pueden ser conmovidas con el argumento que se sustenta en que la opción excluyente se apoya en una dilatada y antigua tradición jurídica en la disciplina que se remonta a la sanción de la ley 9.688 del año 1915. Ello así, explica, porque dicha tradición fue elaborada bajo el imperio de normas constitucionales, internacionales y legales diferentes a las que rigen actualmente y, también, a partir de los paradigmas culturales y jurídicos que existían hace más de un siglo.
Luego, tuvo por acreditados los presupuestos de atribución de responsabilidad civil objetiva de la empleadora y declaró procedente la demanda en procura de la reparación integral del daño sustentada en las normas del derecho común.
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; de los Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; de los arts. 39 inc. 3 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1.722, 1.726, 1.749, 1.753, 1.754, 1.755, 1.756, 1.757, 1.758, 1.764 y 1.765 del Código Civil y Comercial; 2 inc. "b" y 3 inc. "c" de la ley 26.944; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
II.1. Inicialmente se agravia de la decisión de grado que atribuyó responsabilidad civil objetiva al Fisco provincial.
En ese orden, refiere que para que este deba responder integralmente en forma directa por su "actividad riesgosa" -cualquiera sea el dispositivo normativo que prefiera utilizarse a tal fin- es menester que se encuentre acreditado que tal actividad guarda un nexo causal adecuado con los perjuicios denunciados.
Señala que, en el caso, el tribunal de origen juzgó que los daños padecidos por el accionante debían atribuirse en forma directa a la "actividad riesgosa" desplegada por la Provincia de Buenos Aires en cumplimiento de la función estatal de seguridad.
En tales condiciones, manifiesta que tal modo de resolver pone en evidencia que ninguna incidencia tuvo en el pronunciamiento impugnado el dato evidente y decisivo de que las lesiones sufridas por el señor Tonil fueron la consecuencia directa del disparo de un arma de fuego efectuado por un delincuente . Ello, continúa , pese a que la norma del art. 1.749 del Código Civil y Comercial coloca a tal sujeto -sin hesitación- como el responsable directo, al haber ocasionado un daño injusto por su acción delictiva.
Indica que para establecer la causa del daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquel se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito. Es decir, que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas.
Alega que la relación de causalidad es un elemento imprescindible en todas las hipótesis de responsabilidad civil, sin que queden excluidas aquellas que se fundamentan en la atribución objetiva o sin culpa; pues en estas se prescinde de la culpabilidad, pero no del vínculo de causalidad .
Refiere que en el supuesto fáctico de autos surge evidente que quien disparó contra el agente policial causó materialmente sus lesiones, que físicamente fue el autor exclusivo del perjuicio; hallándose además fuera de discusión que esa persona obró con dolo (factor de atribución) y utilizó en la ocasión un medio idóneo para provocar el daño, que se produjo dentro del marco de la previsibilidad común.
Desde tal perspectiva, explica que deviene contrario a los principios más elementales de la lógica y del derecho afirmar , como hizo el tribunal de trabajo , que los perjuicios reclamados "... son consecuencia del riesgoínsito en la tarea desempeñada ...", porque de tal modo podrían identificarse dos "condiciones adecuadas" independientes como las causantes de un mismo daño: a) el acto ilícito del delincuente y b) la "actividad riesgosa" endilgada a la demandada. Ergo, afirma, el razonamiento desplegado en la sentencia de origen ha convertido a la Provincia de Buenos Aires en la exclusiva causante directa de las lesiones padecidas por el señor Tonil, desplazando así totalmente la responsabilidad de su verdadero autor.
Aduce que cuando se pretende constituir al deber impuesto al agente policial como la condición jurídica de sus lesiones, se confunden dos conceptos distintos entre sí: ocasión y causa (o "condición adecuada"). Al respecto, dice, resulta obvio que la víctima fue lesionada en ocasión de cumplir con sus funciones (acto de servicio), que consistían en la prevención del delito y preexistían al hecho ilícito por el que se reclama. Sin embargo, el cumplimiento de tal deber no fue la causa jurídica o "condición adecuada" de las lesiones , que -como quedó fehacientemente establecido- resultan atribuibles en forma exclusiva al accionar de un delincuente.
Destaca que el ejercicio regular de la función de seguridad estatal consiste en neutralizar los riesgos que genera para la sociedad la actividad delictual, y no en crearlos. Por lo que, explica, emerge como un sinsentido jurídico postular que cuando la Provincia de Buenos Aires cumple regularmente su función de seguridad genera un riesgo de tal entidad que incurre en responsabilidad extracontractual por el obrar de los terceros que delinquen, desde que la actuación policial tiene por finalidad -insiste- neutralizar la comisión de delitos.
En suma, concluye, el argumento que postula que el delincuente que disparó sobre el agente policial no puede ser considerado como un "tercero ajeno" al Estado provincial se revela infundado , porque es producto de un razonamiento que constituye un manifiesto apartamiento del orden lógico que vincula a los hechos que motivaron el daño y sus consecuencias.
II.2. Por otra parte, se opone a la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773.
Manifiesta que la decisión cuestionada contiene fundamentos solo aparentes, lo cual traduce en forma directa e inmediata el menoscabo de las garantías constitucionales invocadas.
Explica que la regla sentada por el legislador en el citado precepto normativo es suficientemente transparente y concreta, de allí que, si como sucedió en la especie , el trabajador inició una acción judicial reclamando una indemnización integral con sustento en el derecho común , ha ejercido una opción -con plenos efectos sobre el evento dañoso- que le impide efectuar otro reclamo con fundamento en el régimen especial.
Sostiene que la norma en crisis no transgrede los principios de progresividad, indemnidad, igualdad, no discriminación e irrenunciabilidad, ni garantía constitucional alguna, pues -argumenta- solo estableció que los sistemas indemnizatorios reconocidos que cubren todas las hipótesis de reparación posible (sistémica e integral) no pueden acumularse, siendo la "opción" una elección razonable que se encuentra dentro de las potestades propias del legislador.
Con todo, refiere que el tribunal de grado incurrió en flagrante absurdo y manifiesta arbitrariedad al momento de declarar la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, debiéndose en consecuencia casar el fallo de grado en cuanto dispuso la condena a la Provincia de Buenos Aires al pago de la indemnización sistémica reclamada.
III. El recurso no prospera.
III.1. Por razones metodológicas cabe inicialmente brindar tratamiento al agravio vinculado con la declarada inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 27.348.
En el escrito liminar la parte actora advirtió que acudía ante el tribunal de trabajo a iniciar formal demanda "...en concepto de: reparación integral - daños y perjuicios; indemnización tarifada por accidente de trabajo - enfermedad - profesional conforme a la ley 24.557 y 26.773..." (fs. 55 vta.).
A tal fin, planteó la inconstitucionalidad de diversas normas que integran el sistema de riesgos del trabajo -verbigracia, arts. 2, 8 apartado 3, 14, 15, 21, 22, 39 y 46 de la ley 24.557-; así como del art. 4 de la ley 27.348 (v. fs. 59/61 vta.).
Por su lado, al intervenir en el litigio, el Fisco provincial sostuvo que "...según la fecha del accidente que se trae a juicio, resulta aplicable la ley 26.773, cuyo artículo 4 prohíbe la acumulación de acciones que formula" (fs. 112). Indicó que "El referido precepto legal expresamente prohíbe la acumulación de acciones, razón por la cual el reclamo fundado en términos de la ley tarifada y también en el marco del derecho común deviene improcedente". En ese contexto consignó que "La no acumulación de indemnizaciones que prevé se hace en el entendimiento de que el daño será resarcido mediante un solo sistema de reparación, conforme el principio de equidad y en total pie de igualdad con otros actores de la sociedad..." (fs. 113 vta. y 114).
Tal postura fue, inclusive, mantenida en oportunidad de formular su alegato, donde refirió que "Esta representación contestó la demanda. En cuanto al encuadre del reclamo, sostuvo la improcedencia de la acumulación de acciones ensayada en el libelo inicial, defendiendo la constitucionalidad del artículo 4 de la ley 26.773" (punto I.b. del escrito electrónico de fecha 18-V-2020).
Ahora bien, en el recurso extraordinario en análisis, el interesado despliega una serie de argumentos orientados a justificar la constitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 al señalar que "La regla sentada por el legislador es suficientemente transparente y concreta: si como sucedió en el sub judice , el trabajador inició una acción judicial reclamando una indemnización integral con sustento en el derecho común, ha ejercido una opción -con plenos efectos sobre el evento dañoso- que le impide efectuar otro reclamo por la legislación especial" (punto VI.C.4. de la pieza recursiva).
Lo anterior revela la impropia postura que ha adoptado el recurrente en esta Sede extraordinaria, pues a pesar de haber sido consecuente en defender la validez constitucional de la norma descalificada en la instancia, lo ha hecho aquí bajo una argumentación que difiere y colisiona lógicamente con aquella desplegada al contestar la demanda. O el trabajador acumuló acciones o ejerció una opción por una de ellas, no es posible afirmar que ambos eventos han sucedido al mismo tiempo y en el mismo proceso.
Así, mal puede el impugnante sostener ahora que correspondería casar la sentencia en lo que se refiere a la reparación con fundamento en el Código Civil y Comercial porque el actor ha ejercido una opción por dicho sistema de responsabilidad, que imposibilita el inicio de una pretensión sustentada en el régimen previsto en la Ley de Riesgos del Trabajo; cuando en la instancia ordinaria expresamente señaló que se oponía al progreso de la demanda en tanto el actor intentaba una acumulación de acciones expresamente vedada por el art. 4 de la ley 26.773 (v. fs. 113 vta.).
Por aplicación de los principios que informan la doctrina de los actos propios, es inatendible la pretensión que importe ponerse en contradicción con los comportamientos anteriores jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (causas L. 126.218, "Godoy", sent. de 19-IX-2022; L. 126.518, "Mattos", sent. de 3-XI-2022; L. 127.782, "Marino", sent. de 30-V-2023 y L. 127.429, "Sack", sent. de 23-VIII-2023; e.o.), incurriendo en una postulación inadmisible que, como tal, no puede ser considerada (conf. arts. 279, CPCC; 55 y 63, ley 11.653).
III.2. Por otro lado, tampoco luce de recibo el restante agravio que porta el recurso, sustentado en la absurda atribución de responsabilidad civil objetiva del Estado provincial al no hallarse acreditada en autos la necesaria existencia de relación causal entre la actividad riesgosa desarrollada por el actor como agente de policía y el daño padecido en su salud.
El embate, diseñado a influjo de considerar configurado en el caso el supuesto previsto en la norma del art. 1.749 del Código Civil y Comercial de la Nación, esto es, sobre la base de argumentar que el perjuicio padecido por el accionante solo puede ser atribuido en forma exclusiva al accionar de un delincuente que efectuó el disparo del arma de fuego, se revela -nuevamente- fruto de una tardía reflexión.
Se aprecia que, ante el resultado desfavorable de su postulación, la impugnante intenta ahora innovar sobre la posición que asumió al contestar su demanda, denunciando -en su pieza recursiva- que se ha convertido a la Provincia de Buenos Aires en exclusiva causante directa de las lesiones padecidas por el señor Tonil por medio del equívoco desplazamiento de la responsabilidad de su verdadero autor material, el tercero delincuente que obró con dolo y utilizó en la ocasión un medio idóneo para provocar el daño producido.
Por ello resulta improcedente, pues la deficiencia técnica que porta esta parcela del remedio extraordinario en examen se patentiza al observarse que recién ante el resultado del fallo, adverso a sus intereses, la impugnante pretende introducir en casación un argumento que nunca fue puesto a consideración del sentenciante, constituyendo por ello una cuestión novedosa, tampoco susceptible de ser evaluada en esta Sede extraordinaria (conf. arts. 279, CPCC; 55 y 63, ley 11.653; causas L. 119.736, "Yucra Coronado", sent. de 21-II-2018; L. 120.168, "Vietta", sent. de 27-III-2019; L. 120.815, "López", sent. de 13-X-2020 y L. 125.371, "Pérez", sent. de 5-XII-2022; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Maidana , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia