Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126739
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja incoada (art. 292, CPCC). Con costas.
C. 126.739 "ORMAECHEA TAMARA VIVIANA C/ TTES. AUTOMOTORES LA PLATA S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
I. Conforme surge de las copias acompañadas, el Juzgado en lo Civil y Comercial n°3 del Departamento Judicial de Quilmes, en el marco de un reclamo de daños y perjuicios promovido por Tamara Viviana Ormaechea, hizo lugar a la demanda y, en lo que aquí interesa destacar, condenó a la empresa Transportes Automotores La Plata S.A. y a la citada en garantía Metropol Sociedad de Seguros Mutuos -esta última en la medida de la cobertura- a abonar a la accionante la suma de un millón treinta y dos mil quinientos pesos ($1.032.500), más intereses (v. sent. de 29-XI-2021).
Apelado el pronunciamiento por todas las partes, la Sala II de la Cámara de Apelación del fuero departamental revocó la decisión y rechazó la demanda impetrada (v. sent. de 10-V-2022).
Frente a lo así resuelto, la legitimada activa interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 31-V-2022), el que fue denegado con fundamento en la insuficiencia del valor del agravio (v. resol. de 7-VI-2022). Ello motivó la presentación de una queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 9-VI-2022 y sus archivos adjuntos).
II. Al respecto, es de recordar que, en supuestos como el presente, el valor del agravio a los fines previstos en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial está representado para la impugnante que cuestiona el rechazo de la demanda por el importe de la pretensión que fuera desestimada (conf. doctr. causas C. 121.418, "Resquin", resol. de 21-VI-2017; C. 122.757, "Cardano", resol. de 26-II-2020; C. 124.209, "Saavedra", resol. de 25-XI-2020; C. 124.350, "Cabrera", resol. de 19-II-2021 y C. 125.966, "Palma", resol. de 5-IV-2023).
Así, en el caso, en que la Cámara revocó el fallo de origen, cabe tener en consideración el monto de la indemnización fijada a su favor en tal sentencia, con más el incremento pretendido en relación a los rubros cuya procedencia y cuantificación cuestionara (conf. doctr. causas C. 122.161, "Panozzo Galmarello", resol. de 7-III-2018; C. 122.743, "Parodi", resol. de 20-III-2019; C. 123.043, "Beltran", resol. de 14-VIII-2019; C. 123.310, "Gerfauo", resol. de 29-VI-2021; C. 123.770, "Vera", resol. de 24-V-2022 y C. 125.699, "Gentil", resol. de 31-III-2023).
Frente a ello, la recurrente -sin desconocer que el importe fijado en la sentencia revocada resulta inferior al exigido para acceder a la revisión por la vía intentada, establecido en el art. 278 citado (texto según ley 14.141 y Acordada 4.053/2022, vigente a la fecha de interposición de la vía impugnatoria)- alega que, encontrándose cuestionadas las sumas indemnizatorias reconocidas en el fallo de origen, el monto debe estimarse como de carácter indeterminado. A su vez, menciona que el equivalente en jus de lo peticionado en el escrito de inicio superaba -a dicho momento- el mínimo legal. Agrega que el recaudo cuantitativo establecido en el mencionado art. 278 no debe obstar al progreso del recurso. Denuncia para ello la existencia de razones de interés público y gravedad institucional, citando a tal fin las previsiones del art. 31 bis de la ley 5.827, y alega también la concurrencia de un agravio federal (v. escrito electrónico de 9-VI-2023, apartado IV).
Sobre la base de tales planteos, la competencia revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si se configuran en autos los supuestos de excepción invocados para acceder a la revisión por la vía articulada (conf. doctr. causas Q 73.504, "Malchiodi", resol de 24-VI-2015; C. 123.331,"Orona", resol. de 16-IV-2019; C. 123.597, "Agliani", resol. de 29-IV-2020; C. 125.308, " Hernández", resol. de 15-VII-2022 y C. 125.952, "Sandez", resol. de 9-VI-2023).
En primer lugar, atento a los argumentos traídos en la queja, deviene oportuno recordar que esta Corte tiene dicho que las limitaciones fijadas por las normas procesales para la concesión de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 inc. 3 apartado "a" de la Constitución de la Provincia dispone que el conocimiento y resolución del mencionado recurso extraordinario compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan ("Acuerdos y Sentencias", 1958-II-435; CSN, Fallos: 253:469; conf. doctr. causas C. 123.570, "Marceillac", resol. de 13-XI-2019; C. 123.881, "Buchanan", resol. de 5-VI-2020; C. 123.885, "Pasquali", resol. de 23-X-2020; C. 124.226, "Valea", resol. de 20-IV-2022 y C. 126.035, "Lausada", resol. de 31-III-2023).
En cuanto a lo manifestado sobre la estimación de los rubros que, a su entender, correspondería considerar como de carácter indeterminado, cabe poner de resalto que en la queja incoada la impugnante no rebate de manera contundente la insuficiencia del monto señalada por el Tribunal de Alzada. En tal contexto, las alegaciones -introducidas en la vía extraordinaria al exponer sobre el valor del agravio y luego repetidas en la queja-, mediante las que, en forma genérica, pretende que se tome en cuenta un incremento que no cuantifica ni individualiza con claridad, devienen insuficientes a fin de tener por satisfecho el requisito en cuestión y no logran evidenciar -a la luz de los valores aquí involucrados- el desacierto de la decisión desestimatoria de la Cámara (v. escrito electrónico de 6-VI-2022 y sus archivos adjuntos; conf. doctr. causas C. 121.631, "Do Reys", resol. de 29-XI-2017; C. 124.136, "Marini", resol. de 25-XI-2020; C. 124.864, "Del Arco", resol. de 23-IX-2021 y C. 124.971, "Ripodas", resol. de 10-VIII-2022).
A su vez, en relación a la referencia que realiza el impugnante sobre la evolución del valor del jus arancelario, debe señalarse que este Tribunal ha sostenido -reiteradamente- que las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios, y en particular el monto mínimo para recurrir, se rigen por la ley vigente al momento de su interposición (doctr. causas C. 122.066, "Parra", resol. de 7-II-2018; C. 122.590, "Lemos", resol. de 22-VIII-2018; C. 124.371, "Gutiérrez", resol. de 19-II-2021 y C. 125.584, "Sánchez", resol. de 11-VII-2022), por lo que resulta inadmisible el fundamento expuesto en tal sentido para superar el valladar.
Y, en cuanto a la mención que se realiza en la queja de la facultad establecida en el art. 31 bis de la ley 5.827 a fin de soslayar el requisito del monto mínimo para acceder a la revisión, es de señalar que no se advierte que en el presente caso se encuentre configurado ninguno de los supuestos previstos por la mentada norma que justifiquen que con carácter excepcional este Tribunal diera trámite al recurso obviando tal limitación (conf. doctr. causas C. 121.246, "Cinematográfica Madero S.A.", resol. de 5-IV-2017; C. 123.678, "Israel Silicaro,", resol. de 19-IV-2021; C. 124.832, "Amadeo", resol. de 18-XI-2021 y C. 125.561, "Quintana", resol. de 10-VIII-2022).
Por otra parte, respecto a la gravedad institucional alegada también por la recurrente para sortear el mentado recaudo de admisibilidad, este Tribunal ha dicho que tal extremo se encuentra íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en el caso la configuración de un supuesto de las características prealudidas. En esta línea de pensamiento se ha juzgado que no cabe hacer lugar a la misma, si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia (causas C. 117.402, "Municipalidad de General Madariaga", resol. de 17-IV-2013; C. 118.270, "Ramírez", resol. de 9-IV-2014; C. 123.541 "Gerez", resol. de 23-IX-2021; C. 125.330, "Volponi", resol. de 10-VIII-2022; CSJN Fallos: 303:221), resultando inconducentes los motivos brindados en la queja a tal fin.
Finalmente, en cuanto a la invocada existencia de cuestión federal, con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación derivada de las causas "Strada" (fallos 308:490) y "Di Mascio" (fallo 311:2478) con miras a superar el límite representado por el recaudo que se considera, cabe señalar que, en el caso, la misma carece de asidero. Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para restringir el trámite de embates que porten agravios federales.
En autos, no se advierte, en principio, la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se invoca la supuesta afectación de garantías constitucionales y convencionales, del embate subyacen denuncias concernientes a la interpretación y aplicación del derecho común y procesal, sin que se haya demostrado a este respecto que en el caso se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (CSJN, Fallos: 310:1542, 325:2192; conf. doctr. causas C. 122.447, "Israel Silicaro", resol. de 18-XII-2019; C. 124.320, "Ramos", resol. de 11-XII-2020; C. 124.594, "Bourdieu", resol. de 10-III-2021; C. 122.192, "Barco", resol. de 19-IV-2021, C. 123.761 "Gourriet", resol. 8-VI-2021; C. 125.085, "Malimowcka", resol. de 29-XII-2021 y C. 125.486, "Maciel Cabral", resol. de 10-VIII-2022).
En atención a lo expuesto, con los argumentos traídos en la presentación articulada ante esta instancia no se logra revertir la conclusión de la Cámara que denegara la vía extraordinaria al considerar incumplido el recaudo del valor del agravio, imponiéndose, en consecuencia, el rechazo de la queja (arts. 278 y 292, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja incoada (art. 292, CPCC). Con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/11/2023 15:01:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/11/2023 08:59:49 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/11/2023 15:43:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/11/2023 23:54:25 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/11/2023 11:14:38 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/11/2023 12:15:39 hs. bajo el número RR-840-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia