Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125726
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 21 de septiembre de 2022;
2Tener por no presentado el escrito de fecha 21 de septiembre de 2022, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par electrónico de fecha 14 de septiembre de 2022 (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 3) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 125.726 "SÁNCHEZÁGUEDA ANDREA Y HNATIUK ADRIÁN ALEJANDRO C/ GRECO JOSÉ ERNESTO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
I. Con la presentación electrónica de fecha 21 de septiembre de 2022, téngase por cumplida en término la intimación dispuesta ese mismo día y año.
II. La actora deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el de inaplicabilidad de ley, en atención a su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812; 279 y 289, CPCC; v. resol. de 15-VII-2022, escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 24-VIII-2022 y su archivo adjunto identificado como "REF...").
En el caso, en lo que interesa destacar, la Cámara interviniente, modificó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había hecho lugar a la acción de daños y perjuicios incoada por Águeda Andrea Sánchez contra José Ernesto Greco, Hernán Greco y la citada en garantía Liderar Compañía General de Seguros S.A., al encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso. En tal sentido, readecuó los importes resarcitorios otorgados (v. sents. de 12-XII-2019, conjuntamente con su aclaratoria de 1-IV-2020 y 24-VIII-2021).
III.1. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de justa indemnización, igualdad, propiedad, defensa en juicio, debido proceso y reparación integral (arts. 16, 17, 18 y 19 Const. nac.; v. págs. 4, 6/7, 10/11 y 15/19, adjunto cit.).
III.2. Sostiene, que esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa aplicable, rechazó el remedio local al ponderar -dogmáticamente y contradiciendo su propia doctrina- que había sido insuficientemente fundado. Afirma que, en tanto se vulneran los derechos constitucionales mencionados, el presente configura -a su entender- una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y cita, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 323:4028; 326:2156; 320:660; 330:4435; 327:4607; 331:579; entre otros).
En tal sentido, aduce que la decisión objetada omitió tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en la vía de inaplicabilidad -que ahora reproduce- referidos a la revisión de las circunstancias fácticas y las pruebas del litigio -puntualmente, la pericial-. Y asevera que dichos agravios resultaban suficientes para acreditar que el Tribunal de Alzada realizó un estudio parcializado de las constancias de la causa y no fundamentó las razones que lo llevaron a reducir el monto indemnizatorio, así como para demostrar la arbitrariedad de su fallo y la violación de la doctrina legal invocada.
Y arguye, en base a todo lo antedicho, que en tanto la resolución en crisis se sustentó -según su entender- en meros dogmatismos no susceptibles de ser considerados derivación razonada del derecho vigente en orden con las circunstancias acreditadas en la causa, eludió -mediante fundamentos aparentes- el tratamiento de cuestiones conducentes para una adecuada solución del litigio y contradijo su propia doctrina legal, que debe ser descalificada y dejada sin efecto (v. págs. 4/20, adjunto cit.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 8-VI-2022), el mismo fue contestado por la apoderada de la citada en garantía Liderar Compañía General de Seguros SA. (v. escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - CONTESTA TRASLADO" de fecha 21-IX-2022).
Respecto a dicha pieza, cabe destacar que en la misma no se ha dado cumplimiento con el requisito relacionado a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (el escrito presenta más de 26 renglones en las págs. 3 y 5; v. archivo adjunto al trámite cit.; doctr. CSJN, causas "Pérez Bernardita c/ Lorena Ruiz Arias Marciano s/ daños y perjuicios", sent. de 1-VI-2010, P. 720-XLV; "Monterisi, Ricardo c/ Banco Central de la República Argentina s/ incidente ejecución de sentencia", sent. de 28-IX-2013, M. S7.XLIX).
En razón de ello, se la tiene por no presentada, reputándose inoficiosa esa actuación, así como también su par electrónico de fecha 14 de septiembre de 2022 (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit. y 257 y sigs., CPCCN).
V.1. En lo que refiere al remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el presente, se controvierte la valoración efectuada por el Tribunal de Alzada de las circunstancias fáctico-probatorias para reducir el monto resarcitorio y la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827; CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010), son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en torno a los agravios que la originan, con argumentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 305:112; 306:443; 324:1721; 324:1884; 325:703; 2219; 326:2682; 332:1564; 338:693; 1335, entre muchos).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por la impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
V.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, falta de fundamentación suficiente, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable y omisión de cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que la interesada se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio del fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar el recurso de inaplicabilidad de ley intentado, reiterando cuestionamientos expuestos en el referido remedio local, que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 4/20, adjunto "REF..." cit. y resol. en crisis cit.).
V.3. Asimismo, cabe indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de justa indemnización, igualdad, propiedad, defensa en juicio, debido proceso y reparación integral; arts. 16, 17, 18 y 19 Const. nac.; v. págs. 4, 6/7, 10/11 y 15/19, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal nacional que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 26-II-2020; C. 123.818, "Metalúrgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.632, "Aveldaño", resol. de 23-X-2020; "Cabrera", resol. de 25-XI-2020; C. 123.501, "Gutierrez", resol. de 18-II-2021; C. 124.002, "Casanovas", resol. de 19-IV-2021, C. 124.097, "Jockey Club Mar Del Plata", resol. de 29-VI-2021; C. 122.580, "Cedraschi", resol. de 23-IX-2021; C. 123.466, "Pissoni", resol. de 20-IV-2022; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 21 de septiembre de 2022; 2) tener por no presentado el escrito de fecha 21 de septiembre de 2022, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par electrónico de fecha 14 de septiembre de 2022 (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 3) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/02/2023 16:38:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2023 14:13:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2023 15:33:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/02/2023 09:03:36 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2023 11:57:48 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/02/2023 12:53:45 hs. bajo el número RR-22-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia