Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124713
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 28 de septiembre de 2022;
2Tener por no presentado el escrito de fecha 4 de octubre 2022, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par electrónico de fecha 23 de septiembre del mismo año (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 3) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 124.713 "SZUTNER, ROMINA JIMENA Y OTRO C/ SALTARELLI, VERÓNICA Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
I. Con la presentación electrónica de fecha 4 de octubre de 2022, téngase por cumplida en término la intimación dispuesta el 28 de septiembre del mismo año.
II. La actora deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que -en lo que interesa destacar- rechazó el de inaplicabilidad de ley, en atención a su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC; v. resol. de 10-VIII-2022, escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 5-IX-2022 y su archivo adjunto identificado como "Recurso...").
En el caso, la Cámara interviniente revocó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había hecho lugar a la acción de daños y perjuicios incoada por Romina Jimena Szutner y Pablo Juan Baluk contra Verónica Saltarelli y Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada. En consecuencia, la rechazó, al no encontrar acreditados los extremos para su progreso (v. sents. de 12-VI-2020, 3-II-2021 y 4-II-2021)
III.1. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, igualdad, contradicción, propiedad, legalidad, razonabilidad y debido proceso (arts. 16, 17, 18, 19, 31 y 33, Const. nac.; 8, 10 y 17, DUDH; 14, PIDCP; 8, CADH; v. págs. 14/16 y 19, adjunto cit.).
III.2. Sostiene que la resolución en crisis resulta arbitraria y debe ser descalificada como acto judicial válido. Ello, por cuanto esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, rechazó el remedio local al ponderar -dogmáticamente y con exceso ritual- que había sido insuficientemente fundado. Afirma que, en tanto se vulneran las normas constitucionales mencionadas, el presente configura -a su entender- una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y cita, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 323:4028; 326:2165; 323:1625; 323:1491; 289:107; 311:2120; 332:2414; entre otros).
En tal sentido, alega que la decisión objetada omitió tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en la vía de inaplicabilidad de ley -que ahora reproduce- referidos a la correcta interpretación de la responsabilidad objetiva por el riesgo creado; la valoración y apreciación de hechos y pruebas -en particular la testimonial y pericial-; la aplicación de la regla de prioridad de paso; el exceso de velocidad del demandado y la no acreditación de la ruptura del nexo causal. Y asevera que dichos agravios resultaban suficientes para evidenciar que el Tribunal de Alzada realizó un estudio parcializado de las pruebas aportadas, demostrar el absurdo de su fallo, la violación de la doctrina legal invocada y, en consecuencia, refutar las razones dadas por la Cámara.
En razón de todo lo expuesto, peticiona que el pronunciamiento atacado sea revocado y se ordene dictar uno nuevo (v. págs. 14/39, adjunto cit.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 7-IX-2022), el mismo fue contestado por el apoderado de la demandada y la citada en garantía (v. escrito electrónico de fecha 4-X-2022).
En relación a dichas piezas, cabe destacar que en las mismas no se ha dado cumplimiento con el requisito referido a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (el escrito presenta más de 26 renglones en las págs. 1 a 3, v. adjunto del trámite cit.; doctr. CSJN, causas "Pérez Bernardita c/ Lorena Ruiz Arias Marciano s/ daños y perjuicios", sent. de 1-VI-2010, P. 720-XLV; "Monterisi, Ricardo c/ Banco Central de la República Argentina s/ incidente ejecución de sentencia", sent. de 28-IX-2013, M. S7.XLIX).
En consecuencia, se la tiene por no presentada, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par escrito electrónico de fecha 23 de septiembre de 2022 (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit. y 257 y sigs., CPCCN).
V.1. En lo que refiere al remedio federal intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que los planteos referidos a las cuestiones de hecho y prueba, así como también las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el presente, se controvierte la valoración efectuada por el Tribunal de Alzada de las circunstancias fáctico-probatorias, la atribución de responsabilidad del hecho dañoso y la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827; CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan tales extremos, desde que las razones de la impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio sustentado por este Tribunal para rechazar el carril local, insuficientes -como tales- para acceder a la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
V.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, exceso ritual, falta de fundamentación suficiente, apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, irrazonable interpretación del material probatorio y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que la interesada se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio del fallo objetado -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura fijada por este Tribunal para descartar el recurso deducido, insistiendo con los agravios allí expuestos, que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta (v. págs. 14/39, adjunto cit. y resol. en crisis cit.).
V.3. Resta indicar, que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de defensa en juicio, igualdad, contradicción, propiedad, legalidad, razonabilidad y debido proceso; arts. 16, 17, 18, 19, 31 y 33, Const. nac.; 8, 10 y 17, DUDH; 14, PIDCP; 8, CADH; v. págs. 14/16 y 19, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 26-II-2020; C. 123.818, "Metalúrgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.344, "Cooperativa Industrial", resol. de 11-XII-2020; C. 123.992, "Russo", resol. de 29-VI-2021; C. 122.886, "García Ezequiel", resol. de 9-XII-2021; C. 123.866, "Toncovich Rodríguez", resol. de 20-IV-2022; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 28 de septiembre de 2022; 2) tener por no presentado el escrito de fecha 4 de octubre 2022, reputándose inoficiosa dicha actuación, así como su par electrónico de fecha 23 de septiembre del mismo año (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/07, CSJN y 257 y sigs., CPCCN) y 3) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/03/2023 10:16:36 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2023 14:15:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2023 16:08:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/03/2023 13:00:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/03/2023 12:48:05 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/03/2023 13:32:23 hs. bajo el número RR-57-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia