Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 125649
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad incoado (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967);
2Hacer lugar a la queja y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por los accionantes (art. 278 y 292, CPCC) y 3) ante la insuficiente fundamentación, desestimarlo (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas a los recurrentes vencidos (art. 68, CPCC).
C. 125.699 "GENTIL EDUARDO Y OTROS C/ ZANATELLI JULIO JOSÉ Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 1 del Departamento Judicial de Azul con asiento en Tandil, en lo que aquí interesa destacar, hizo lugar a la demanda entablada por Mónica Alejandra Gentil, María Julieta Gentil y Mónica Magdalena Correa -en el carácter de sucesoras de Eduardo Néstor Gentil-, y por Miguel Ángel Miqueo contra la Municipalidad de Tandil, y en consecuencia, condenó al mencionado Municipio a pagar la suma de cuatro millones seiscientos cincuenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos ($ 4.653.168) a las herederas de Eduardo Néstor Gentil y la suma de cuatro millones seiscientos setenta y ocho mil ciento sesenta y ocho pesos ($ 4.678.168) a Miguel Ángel Miqueo, con más los intereses que fijó (v. sent. de 25-II-2021).
Apelado dicho fallo por ambas partes, la Sala II de la Cámara de Apelación departamental revocó la sentencia y rechazó la demanda interpuesta en todos sus términos (v. sent. de 10-III-2022).
Para decidir de esa forma concluyó que los actores, al deducir su pretensión resarcitoria, no solicitaron que se declare la nulidad o ilegitimidad del acto administrativo que dispuso el cese en su función de directores del Departamento Ejecutivo Municipal, que constituiría el elemento antijurídico, antecedente que sustentara el reclamo por daños y perjuicios; como así tampoco probaron que dicho acto hubiera sido declarado nulo o ilegítimo en un proceso previo.
En suma, el Tribunal sostuvo que el decreto de cese se encontraba firme y que había caducado la posibilidad de solicitar su anulación. A mayor abundamiento, señaló que el cargo mencionado carece de estabilidad, de conformidad con la Ley Orgánica de las Municipalidades, por ser de índole política y no un cargo de empleo público (v. sent. cit.).
Frente a ello, los accionantes interpusieron recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley, siendo concedido el primero y denegado el segundo, en virtud de la insuficiencia del valor del agravio (v. escrito electrónico de fecha 5-IV-2022 y resol. de 19-IV-2022). Esto último motivó la presentación de una queja (v. escrito electrónico de fecha 25-IV-2022), que fue agregada a estos autos principales (v. proveído de 11-V-2022).
II. Pasando a analizar el remedio anulatorio otorgado, es del caso recordar que esa vía solamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; conf. doctr. causas C. 122.755, "Dortona", resol. de 17-X-2018; C. 123.590, "Martínez", resol. de 13-XI-2019; C. 123.760, "Perugini", resol. de 12-II-2020; C. 123.417, "Morgan", resol. de 4-III-2020; C. 123.872, "Arato", resol. de 28-IX-2020; C. 124.158, "Batafarano", resol. de 4-XI-2020; C. 125.278, "Peumayen Agropecuaria SRL", resol. de 11-V-2022).
En el caso, en la presentación articulada se advierte que no se han expuesto ni desarrollado agravios apoyados en el contenido normativo de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia cuya vulneración se predica. Así, de su lectura se observa que no obstante la denuncia de omisión de cuestiones esenciales, las alegaciones efectuadas apuntan, en realidad, a controvertir el acierto jurídico del fallo que rechazó la demanda por los motivos expuestos más arriba, expresando los recurrentes que la Cámara se pronunció sobre un objeto distinto al pretendido, en violación al principio de congruencia. Tales planteos se refieren a presuntos errores de juzgamiento, que no son propios del carril recursivo en consideración, sino del de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causas C. 123.846, "Aquino", resol. de 11-V-2020; C. 123.894, "Chulenmar S.R.L.", resol. de 16-VI-2020; C. 124.322, "Lopez", resol. de 31-III-2021; C. 124.385, "Sakalis", resol. de 9-XI-2021; C. 124.870, "Gorosito", resol. de 20-IV-2022).
De tal modo, el recurso de nulidad incoado resulta inadmisible y ha sido mal otorgado (art. 296, CPCC). Se impone, asimismo, reputarlo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967; conf. doctr. causas C. 121.635, "Rodríguez Vigo", resol. de 28-VI-2017; C. 121.913, "Portela", resol. de 4-IV-2018 y C. 124.153, "Manzo", resol. de 1-XII-2020).
III. Con relación al recurso de hecho por denegación del extraordinario de inaplicabilidad de ley, los recurrentes, entre otros argumentos, sostienen que el monto del agravio está dado por el importe que dejaron de percibir en virtud de la sentencia de la Cámara que revocó la de primera instancia que había hecho lugar a la pretensión (v. escrito de interposición de queja de 25-IV-2022 y escrito de articulación de los recursos extraordinarios de 5-IV-2022, acápite titulado "valor del litigio").
Al respecto, cabe observar en cuanto al valor del agravio a los fines previstos en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, que el mismo está representado para los impugnantes por el importe de la indemnización fijada a favor de cada uno de ellos en la sentencia de primera instancia, con más el incremento pretendido en relación a los rubros cuya procedencia y cuantificación cuestionaran (v. sentencia de 25-II-2021 y expresión de agravios de 21-VII-2021; conf. doctr. causas C. 122.236, "Chaparro", resol. de 4-V-2021; C. 123.310, "Gerfauo", resol. de 29-VI-2021 y C. 123.770, "Vera", resol. de 24-V-2022).
Adicionalmente, corresponde recordar que habiéndose conformado un litisconsorcio facultativo activo tal valor debe considerarse en relación a cada uno de los recurrentes (conf. doctr. causas Ac. 94.956, "Hiernard de Taborda", resol. de 20-VI-2007; C. 118.482, "Pérez", resol. de 5-III-2014 y C. 123.770, cit.).
Así, en el presente caso, el monto individualmente considerado de acuerdo a lo expuesto, alcanza respecto de cada uno de los impugnantes -Mónica Alejandra Gentil, María Julieta Gentil, Mónica Magdalena Correa y Miguel Ángel Miqueo-, el mínimo para recurrir exigido por el mencionado art. 278 del Código de forma local -de $ 1.777.000, art. 278 cit., según ley 14.141 y Acordada 4.047/2021 vigente al momento de interposición de la vía-.
En consecuencia, corresponde hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado (art. 278 y 292, CPCC).
IV. Abordando la vía concedida, a través de la cual se denuncia errónea aplicación normativa y el vicio de absurdo, se anticipa que ésta no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada que -a la luz de las actuaciones sucedidas- le permitieran revocar la decisión de grado sobre la base de la legislación administrativa (v. págs. 20/28), no logran ser conmovidos por los reproches volcados en las págs. 7/11 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (relacionados con la aplicación del Código Civil, la vigencia de la norma aplicada, las condiciones de procedencia de la acción civil y la doctrina del absurdo) se desentienden de las razones expuestas por el sentenciante, exteriorizándose simplemente una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la cuestión debatida (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo expuesto, basta para repeler el intento impugnativo (arts. 279 y 289, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad incoado (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967); 2) hacer lugar a la queja y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por los accionantes (art. 278 y 292, CPCC) y 3) ante la insuficiente fundamentación, desestimarlo (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas a los recurrentes vencidos (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/02/2023 17:37:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2023 09:25:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/02/2023 12:16:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/03/2023 13:40:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2023 13:26:38 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 31/03/2023 14:33:39 hs. bajo el número RR-93-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia