Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126391
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja incoada (art. 292, CPCC). Con costas.
C. 126.391 "MOLFESE, JUAN RAFAEL C/ WALDBILLIG RAÚL E. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
I. Conforme surge de las constancias adjuntadas, la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca, en el marco de una acción de daños y perjuicios, confirmó la decisión de la instancia anterior que había decretado la caducidad de instancia (v. pronunciamientos de 13-X-2022 y 22-XII-2022, en archivo adjunto a la queja).
Frente a ello, el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 9-II-2023 en arch. adj.), el que fue denegado con fundamento en que el monto del proceso no excede el mínimo exigido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (v. resol. de 2-III-2023, en arch. adj.). Ello motivó la articulación de una queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. presentación de 13-III-2023).
II. Analizando la vía directa traída, es del caso comenzar por señalar que el impugnante no rebate la insuficiencia del monto en que el Tribunal de Alzada sustentara la resolución denegatoria de la vía extraordinaria, sino que se agravia del rechazo del planteamiento de inconstitucionalidad de la mencionada norma; asimismo postula la existencia de cuestión federal y de gravedad institucional (v. apartados V y VI del recurso de queja).
Sobre la base de tales planteos en relación al mentado recaudo de admisibilidad, la competencia revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si se configuran en autos los supuestos excepcionales invocados para acceder a la revisión por la vía articulada (conf. causas Q 73.504, "Malchiodi", resol de 24-VI-2015; C. 123.331,"Orona", resol. de 16-IV-2019; C. 123.597, "Agliani", resol. de 29-IV-2020 y C. 126.337, "Rodríguez", resol. de 29-IX-2023).
Con relación a la inconstitucionalidad del art. 278 citado, en lo referido al recaudo pecuniario, se impone destacar que esta Corte tiene dicho que las limitaciones establecidas por las normas procesales para la concesión de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que el art. 161 inc. 3 apartado "a" de la Constitución de la Provincia determina que el conocimiento y resolución del mencionado recurso extraordinario compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan ("Acuerdos y Sentencias", 1958-II-435; CSN, Fallos: 253:469; causas C. 119.390, "Canto", resol. de 29-IV-2015; C. 120.878, "Pita", resol. de 21-IX-2016; C. 123.570, "Marceillac", resol. de 13-XI-2019; C. 123.881, "Buchanan", resol. de 5-VI-2020; C. 123.885, "Pasquali", resol. de 23-X-2020). A ello se agrega que en numerosos pronunciamientos se ha sostenido que dicha norma resulta compatible con el citado art. 161, pues no impide deducir el recurso extraordinario previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas Ac. 83.198, "Tevez", resol. de 16-X-2002; Ac. 92.195, "Calesso", resol. de 2-II-2005; Ac. 96.343, "Birretto", resol. de 11-X-2006; C. 119.700, "Fratti", resol. de 20-V-2015; C. 126.082, "J. G. A. Y Otros", resol. de 9-II-2023).
Por lo demás, la invocación de la existencia de cuestión federal a fin de sortear el citado requisito con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación derivada de las causas "Strada", "Christou" y "Di Mascio" (Fallos: 308:490; 310:324 y 311:2478), en el caso carece de asidero. Como es sabido, el criterio que emana de estos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para obstaculizar el trámite de embates que porten agravios federales.
Y no se advierte en los presentes -en principio- la existencia de un agravio de ese tenor que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega arbitrariedad y la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales y convencionales, en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (conf. causas C. 122.550, "Abril Catering S.A.", resol. de 4-VII-2018; C. 123.883, "Israel Silicaro", resol. de 5-VI-2020; C. 124.135, "Coppa", resol. de 11-XII-2020; C. 122.284, "Lespada", resol. de 19-IV-2021 y C. 124.831, "Ritucci", resol. de 15-III-2022).
Por último, en cuanto a la alegada gravedad institucional, vale recordar que se ha sostenido en forma reiterada que tal extremo se encuentra íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en el caso la configuración de un supuesto de las características prealudidas. En esta línea de pensamiento se ha juzgado que no cabe hacer lugar a su invocación, si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia (conf. doctr. causas C. 117.183, "Verdugo", resol. de 28-XI-2012; C. 117.402 "Municipalidad de General Madariaga", resol. de 17-IV-2013; C. 118.270, "Ramírez", resol. de 9-IV-2014; C. 122.757, "Cardano", resol. de 26-II-2020 y C. 123.376, "Fernández", resol. de 31-III-2021; CSJN Fallos: 303:221), resultando inconducentes los motivos brindados por el impugnante.
Para finalizar, en cuanto a la mención de violación de doctrina legal que se formula en la queja, es del caso recordar que la invocación de un supuesto de excepción en favor de la admisibilidad del recurso con tal fundamento no resulta aplicable en el caso, desde que sólo en el procedimiento laboral rige el art. 55 de la ley 11.653 que contempla expresamente lo apuntado, no existiendo norma similar en el ámbito civil y comercial (conf. doctr. C. 112.069, "Simmionato", resol. de 1-IX-2010; C. 108.979, "Cacheda" resol. de 11-V-2011; C. 120.593, "Bocanera", resol. de 1-VI-2016; C. 121.246, "Cinematográfica Madero S.A.", resol. de 5-IV-2017 y C. 126.172, "Martín", resol. de 9-VI-2023).
En consecuencia, la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley intentada resulta inadmisible y se impone el rechazo de la queja traída a su respecto (arts. 278 y 292, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja incoada (art. 292, CPCC). Con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/11/2023 11:44:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/11/2023 15:34:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/11/2023 09:02:44 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/02/2024 16:33:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/02/2024 13:32:13 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/02/2024 10:57:39 hs. bajo el número RR-7-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia