Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130432
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.432, "López, Héctor Eliseo contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 8-II-2023).
Se dedujo, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 28-II-2023).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Héctor Eliseo López y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada- al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, como consecuencia de las secuelas incapacitantes derivadas de la enfermedad profesional que contrajera en cumplimiento de las tareas prestadas como bombero en el Astillero Río Santiago (v. pronunciamiento electrónico de fecha 8-II-2023).
En lo que interesa por ser materia de agravio, luego de analizar las constancias de la causa, el juzgador de grado estimó que el actor tomó conocimiento de la dolencia padecida el 10 de julio de 2012, esto es, al momento de suscribir la carta poder para promover el presente juicio, ello -expresó- ante la ausencia de otro elemento acreditante de mayor valor. Asimismo, tuvo por no probados los pagos denunciados por la parte demandada (v. vered., cuarta y quinta cuestión).
Atento a lo allí resuelto, en la etapa de sentencia, concluyó que la demanda, iniciada con fecha 1 de julio de 2014, se encontraba en término (conf. art. 44, LRT), por lo que correspondía rechazar la defensa de prescripción opuesta por la legitimada pasiva.
Luego, puesto a calcular el ingreso base mensual, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, disponiendo que la liquidación de la prestación establecida en el citado art. 14 inc. 2 apartado "a" (dec. 1.694/09) se practicara con arreglo al salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha del dictado de la sentencia.
En función de ello, hizo lugar a la demanda por el pago de las prestaciones por incapacidad laboral parcial y permanente prevista en dicho régimen legal, condenando al Fisco de la Provincia de Buenos Aires -en su carácter de empleador autoasegurado- a abonar al actor el importe de $1.461.621,74 (53 x $67.743 x 35,71% x 65/57).
Finalmente, y toda vez que la suma indemnizatoria reconocida al actor se determinó a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito, el tribunal de grado aplicó intereses -desde el día de la primera manifestación invalidante y hasta el dictado de la sentencia- a una tasa "pura" del 6% anual.
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 14, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 12 y 44 de la ley 24.557; 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 166 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 28-II-2023).
II.1. Se agravia porque el tribunal de origen declaró -oficiosamente, según denuncia- la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y, a partir de ello, calculó el ingreso base mensual considerando el salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha de la sentencia.
Al respecto, afirma que la decisión del tribunal deviene arbitraria en tanto los fundamentos invocados en ella son meramente aparentes y conjeturales.
Alega que, sin perjuicio de que en la especie no se advierte cual es la "real afectación" que le produce a la parte actora la aplicación de dicha norma, la misma no resulta violatoria de la Constitución nacional. En tal sentido, sostiene que la proyección de alguna limitación en materia de responsabilidad (cuantitativa o cualitativa), mientras no resulte discriminatoria, no afecta en su esencia ninguna garantía constitucional.
De este modo, señala que el juzgador de grado, al considerar la prestación dineraria de la ley 24.557 como una "deuda de valor", se irrogó injustificadamente la facultad que le corresponde al legislador de estipular una fórmula indemnizatoria en el que los rubros que componen el salario para liquidar el ingreso base mensual lo sean a valores "históricos".
En tal sentido, argumenta que la reparación tarifada de la ley sistémica alude a obligaciones dinerarias que se basan en el principio nominalista.
Plantea que el fallo de grado transgrede lo establecido por las leyes 23.928 y 25.561, que prohíben la indexación de los créditos.
Explica que no resulta inconstitucional que los trabajadores tengan un régimen especial de reparación de los daños sufridos a consecuencia de un infortunio del trabajo, en la medida que sea razonable. Señala que ello no constituye una discriminación arbitraria o efectuada con una finalidad persecutoria, pues la diferenciación tiene sustento fáctico y lógica jurídica. Agrega que el control de constitucionalidad de las leyes que incumbe a los jueces no implica la posibilidad que se sustituyan a los órganos gubernamentales y aduce que lo resuelto le causa gravamen por cuanto se la condena más allá del límite por el que se obligó contractualmente conforme la ley vigente.
II.2. Reitera que lo decidido por el tribunal de grado resulta arbitrario dado que, sin justificación, se aparta del ingreso base mensual que corresponde a la fecha de la primera manifestación invalidante (esto es, $13.446,92) para desplazarlo por un importe obtenido del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil para el mes de febrero de 2023 ($67.743), pauta salarial ajena a la fórmula de cálculo legal.
A su vez, objeta la decisión de adicionarle al capital actualizado un interés puro del 6% ($928.630,36) desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta la fecha del dictado de la sentencia, arrojando un importe total de $2.390.252,10.
En tal sentido, afirma que dicho monto indemnizatorio resulta irrazonable e ilegal, por cuanto se estaría actualizando doblemente el crédito laboral.
Manifiesta que el sentenciante de grado, además de haberse apartado de la normativa vigente a la fecha de la primera manifestación invalidante, ha violentado la legislación que prohíbe la capitalización y actualización de los créditos (ley 23.928 y modificatoria ley 25.561).
De este modo, expresa que luce evidente la insuficiencia de la decisión en cuanto, bajo el amparo de principios de equidad e indemnidad que resultan injustificables, efectuó en forma dogmática una adecuación indemnizatoria ajena a la fórmula dispuesta por el legislador.
II.3. Se agravia de que el tribunal de grado no haya reconocido el cobro de sumas por parte del actor y menos aún la toma de conocimiento denunciada.
Alega que el sentenciante incurrió en absurdo al valorar los escritos constitutivos del proceso y vulneró el principio de congruencia, al arribar a una conclusión incompatible con las constancias de la causa.
Sostiene que al contestar la demanda se señaló que del análisis del expediente 5.100-43.190/14 quedaba acreditado que el trabajador percibió dos pagos por las sumas de $9.900 y $31.641, con fechas 18 de junio de 2013 y 10 de julio de 2013, respectivamente. Asimismo, advierte que ello fue corroborado por el perito contador interviniente, lo que revela una "razonable posibilidad de información" que tuvo sobre el efectivo nacimiento de su acción.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Para empezar, observo que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el monto total de condena- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
Por tal razón, la admisibilidad del remedio procesal deducido solo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo parte final de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 128.836, "Morinigo", resol. de 21-X-2022; L. 127.782, "Marino", sent. de 30-V-2023; L. 128.183, "Kralik", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
III.1.b. Sin embargo, no puede soslayarse que la crítica dirigida a objetar la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 involucra el análisis de una cuestión federal.
Al respecto, ha declarado esta Corte que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, como órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, tal aspecto de la impugnación habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2. Aclarado ello, advierto que dicho embate no resulta atendible.
III.2.a. El tribunal de grado comenzó por señalar que, conforme quedó acreditado en el veredicto, el ingreso base mensual calculado conforme el art. 12 de la ley 24.557 (conf. dec. 1.694/09) ascendía a $13.446,92, mientras que el salario mínimo vital y móvil correspondiente al mes de febrero de 2023 (fecha del dictado de la sentencia) era de $67.743 (conf. resol. 15/22 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil).
Sobre esa base, resaltó que el ingreso base no llegaba al 20% del haber mensual mínimo devengado al momento del dictado de la sentencia. De este modo, expuso que, resultando irrazonable la diferencia que surgía de esa comparación, correspondía efectuar el control de constitucionalidad y convencionalidad de dicha norma, lo cual -destacó- había sido solicitado en la demanda.
A esos fines, estimó necesaria la aplicación de los principios emanados del fallo "Ascua" de la Corte Suprema nacional, en el cual -dijo- se estableció que la indemnización especial de los daños laborales debe -al menos- alcanzar a cubrir la pérdida de ganancias provocada por el infortunio, estándar que no encuentra satisfacción de aplicarse literalmente la preceptiva legal en su primigenia versión.
Asimismo, destacó lo resuelto por esta Suprema Corte en las causas L. 120.485, "Medina" y L. 120.648, "Amaya" (sents. de 31-VIII-2021) y L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021), en cuanto a la base salarial desactualizada que se deriva de la aplicación de la aludida norma. Acerca de ellos, aclaró, que, si bien no eran estrictamente idénticos al presente, los iba a utilizar como pauta orientativa para resolver el caso de autos.
Sobre esos lindes, manifestó que en el caso la reparación que resultaba de aplicar lisa y llanamente el art. 12 de la ley 24.557 excedía holgadamente el porcentual allí estipulado, no atemperando satisfactoriamente el daño padecido, provocando una injustificada reducción del crédito de carácter alimentario, vulnerando los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional; 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales y 39 incs. 1 y 3 de la Constitución provincial.
Como consecuencia, definió que correspondía en el caso concreto declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, en lo relativo al período computable para calcular el ingreso base mensual (IBM), y determinar su valor con arreglo al salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha del dictado de la sentencia.
III.2.b. Ante estas definiciones, se revela nítido que la crítica que formula el interesado deviene infructuosa.
Liminarmente, cabe señalar que el impugnante parte de una premisa errónea, toda vez que, a diferencia de lo denunciado por el quejoso (v. rec. pág. 8, parte final) el tribunal de grado no actuó de oficio, sino a pedido del accionante (v. sent., pág. 12 y dem., v. fs. 7 vta. y 8).
Por otra parte, el quejoso no se ocupa de rebatir -como es menester- todas y cada una de las razones que condujeron al tribunal de grado a descalificar constitucionalmente el art. 12 de la ley 24.557.
En efecto, sin aportar fundamentos concluyentes en abono de sus alegaciones, el compareciente solo se limita a formular consideraciones genéricas, tales como la necesidad de que se cumplan estrictos requisitos para que se declare la inconstitucionalidad de una norma, la supuesta fundamentación inadecuada del decisorio, el carácter de "deuda dineraria" que poseería la indemnización tarifada, la razonabilidad del régimen reparatorio previsto en el mentado artículo o la afectación del principio de seguridad jurídica.
En particular, pongo de relieve que el impugnante no ha rebatido las conclusiones del órgano de grado a tenor de las cuales -y más allá de su acierto o error- resulta posible extender a la situación aquí planteada la doctrina sentada por esta Corte a partir de la causa L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021).
De este modo, queda evidenciada la deficiencia técnica del embate, pues, de conformidad con conocida doctrina de este Tribunal, resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denota un desencuentro con los argumentos del pronunciamiento apelado, evidenciando un ataque parcial a los fundamentos del fallo y soslayando la referencia a otros que, siendo esenciales por sí mismos, otorgan a aquel debido sustento (causas L. 119.085, "Olguín", sent. de 30-VIII-2021; L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022; L. 124.447, "Taulamet", sent. de 7-IV-2022; e.o.).
Tampoco resulta útil la cita del tramo de los precedentes B. 64.953, "Ithurrart" (sent. de 15-VII-2015) y B. 58.475, "Petrini" (sent. de 16-IV-2014), realizada por el interesado, en tanto la misma no se corresponde con la doctrina legal, en los términos y con los alcances en que esta ha sido definida por la Corte, sino que refiere la opinión personal de uno de sus ministros.
Finalmente, cuadra señalar que la sola denuncia del vicio de absurdo carece de idoneidad si no se lo demuestra a través de una correcta y concreta argumentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones insostenibles o inconciliables con las constancias de la litis (causas L. 123.516, "Ramos", sent. de 9-XI-2021; L. 126.591, "D’Onofrio", sent. de 27-III-2023 y L. 127.042, "L., M. L.", sent. de 27-VI-2023).
III.3. Por otro lado, y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado, corresponde analizar los demás agravios -vinculados con la cuantía indemnizatoria, los pagos denunciados y la excepción de prescripción- en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo última parte de la ley 11.653.
III.3.a. Desde esta perspectiva, el primero de los embates luce inadmisible, en tanto carece de toda denuncia tendiente a evidenciar el supuesto habilitante, es decir, la eventual violación de la doctrina legal de este Tribunal (causas L. 121.562, "Espeche", sent. de 5-X-2020; L. 127.035, "Quiroz", sent. de 17-IV-2023; L. 127.429, "Sack", sent. de 23-VIII-2023; e.o.).
Adicionalmente, he de recordar que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 125.959, "Guinski", sent. de 27-X-2022; L. 125.939, "Ostertag", sent. de 27-III-2023; L. 127.290, "Carbone", sent. de 10-IV-2023; e.o.).
III.3.b. Luego, en relación con los restantes cuestionamientos, cabe señalar que reiteradamente se ha declarado que no se verifica la excepción que contempla dicho precepto cuando mediante los planteos que estructuran el embate se pretende la revisión de cuestiones de naturaleza fáctica y probatoria, ajenas a este acotado margen de análisis, como indudablemente lo son, por ejemplo, determinar si la demandada le pagó -o no- al actor la prestación dineraria por incapacidad, así como el monto de esta (causa L. 119.723, "Alderete", sent. de 7-IX-2020), o aquellas que recaen sobre la determinación de la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad por parte del trabajador (causas L. 120.058, "López", sent. de 22-VIII-2018 y L. 120.524, "Pappalardo", sent. de 19-IV-2019) y el punto de partida para el cómputo del curso de la prescripción (causas L. 94.784, "Gómez", sent. de 15-VII-2009 y L. 120.089, "Torres", sent. de 15-VIII-2018).
Para más, corresponde recordar que no se observa la concurrencia de la mentada excepción, en el sentido y con el alcance establecido por esta sede casatoria, cuando la doctrina que se invoca como violada refiere al vicio de absurdo (causas L. 122.310, "Camerini", sent. de 15-III-2021; L. 124.683, "Notti", sent. de 15-IX-2022; L. 125.163, "Iramain", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
IV. Por lo expuesto, propongo rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (arts. 279 y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Observando que el recurrente evidencia la presencia de una cuestión federal en la crítica dirigida a objetar la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, comparto lo dicho por mi distinguida colega doctora Kogan en el punto III.1. de su sufragio.
I.2. Luego, adhiero a lo expuesto en el punto III.2. del voto inaugural en cuanto, en razón de su insuficiencia, debe desestimarse el cardinal cuestionamiento que contiene el medio de impugnación.
I.3. En orden a los restantes cuestionamientos, adhiero sin más a lo afirmado por la ponente en el punto III.3. de su opinión.
II. Con lo expuesto, suscribo la solución propuesta en el punto IV del voto emitido en primer término.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El recurso no prospera.
Adhiero a los fundamentos expuestos por la doctora Kogan en el punto III.1. de su voto y a la solución que eleva al acuerdo, con los alcances dados por el doctor Soria en los apartados I.2. y 1.3. de su exposición.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.