Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131557
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, rechazó la demanda promovida por Enrique Medero contra Ivana Haydee Cuaino, Cementos Avellaneda S.A. y Berkley International Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., mediante la cual procuraba el cobro de una indemnización por daños y perjuicios como consecuencia del accidente de trabajo denunciado en autos (v. pronunciamiento de fecha 12-VII-2023).
Para así decidir, juzgó no acreditados los presupuestos de responsabilidad civil en los que se fundó la acción.
II. Contra la decisión de grado, el legitimado activo interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 8-VIII-2023), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución del 11-X-2023).
En su presentación invoca absurdo en la valoración de la prueba y cita las normas y la doctrina legal que considera violadas, objetándole al juzgador de grado la denegación de la acción pretendida, en el entendimiento de haber incurrido en una errónea interpretación de la pericia de seguridad e higiene y testimonial.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el sentenciante insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y L. 126.200, "Ojeda", resol. de 26-V-2021), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021 y L-129122, "Albornoz", resol. de 22-III-2023).
III.2. Bajo las señaladas premisas, no se verifica la concurrencia del supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, desde que las doctrinas que se invocan como violadas -además de haber sido elaboradas sobre presupuestos fácticos disímiles a los del caso en juzgamiento- se hallan relacionadas a cuestiones fácticas y probatorias, vinculadas a la configuración -o no- de los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios fundada en las normas del derecho común, resultando en consecuencia inhábiles a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo ut supra referido (causas L. 124.253, "Ramirez", resol. de 19-VIII-2020; L. 124.772, "González, resol. de 21-IX-2020; L. 125.234, Moccio, resol. de 9-XII-2020; L. 126.474, "Díaz", resol. de 28-V-2021 y L. 128.577, "Edgardo", resol del 7-VI-2022).
III.3. Asimismo, dable es recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 128.158, "Robaldo", resol. de 5-V-2022 y L. 129.892, "Gallo", resol. de 14-III-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/05/2024 13:51:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/05/2024 09:50:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2024 13:40:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2024 22:43:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2024 09:10:09 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/05/2024 13:08:19 hs. bajo el número RR-526-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia