Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131019
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la demanda deducida por el señor Maximiliano Rodrigo Aristoy y, en consecuencia, condenó a B Braun Medical S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por los daños y perjuicios sufridos a raíz del accidente de trabajo padecido el 4 de octubre de 2008, en los términos del derecho común. La rechazó, en cambio, respecto de Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo (v. pronunciamiento de 17-V-2023).
Para así decidir, luego de considerar reunidos los presupuestos de procedencia de la atribución de responsabilidad civil de la empleadora codemandada y de concluir que el importe de las prestaciones dinerarias a las que accedería el trabajador en función del sistema tarifado por la Ley de Riesgos del Trabajo, resultaba notoriamente inferior e insuficiente en comparación con el que le correspondería por aplicación de las pautas del derecho civil a partir de la fórmula "Méndez", procedió a declarar la inconstitucionalidad del art 39 de la ley 24.557.
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo deduce recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fecha 2-VI-2023), los que fueron concedidos por el a quo , el segundo en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución de 5-VI-2023), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de 27-III-2024).
III.1. En el primero de los remedios interpuestos, el impugnante denuncia la violación del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Sostiene -en lo sustancial- que el órgano de grado omitió expedirse sobre los planteos de inconstitucionalidad de los arts. 14 y 15 de la ley 24.557 introducidos en la presentación inicial, a los que atribuye carácter esencial, en tanto alega que de su consideración depende la justa determinación de la suma indemnizatoria que le corresponde percibir como consecuencia de su dolencia incapacitante.
III.2. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.2.a. En principio corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021 y L. 128.856, "Barzola", resol. de 30-V-2023).
III.2.b. En el caso, el embate deducido deviene improcedente, desde que, sin perjuicio de otras consideraciones que podrían formularse, cierto es que la preterición a que se refiere el art. 168 de la Carta local ocurre cuando el juzgador ha excluido el tema por descuido, pero no cuando -como sucede en el sub examine - las cuestiones se encuentran desplazadas de consideración como consecuencia de la solución a la que arribó el tribunal a quo , o cuando son tratadas implícitas o tácitamente, pues lo que se sanciona con la nulidad del pronunciamiento es la preterición de una cuestión esencial y no la forma en que ésta fuere resuelta (causas L. 118.794, "Blasi", resol. de 11-IV-2018; L. 124.712, "Vivas", resol. de 6-X-2020; L. 125.753, "Rey", resol. de 8-II-2021; L. 128.297, "Vera", resol. de 9-VIII-2022 y L. 130.906, "Alderete", resol. de 26-II-2024).
En efecto, como se señaló supra, el tribunal de origen decidió adjudicar responsabilidad civil a la codemandada B Braun Medical S.A. a la luz de las disposiciones contenidas en el art. 1.113 del Código Velezano, desestimando en su totalidad la procedencia de la acción contra la aseguradora de riesgos también accionada, por lo que las inconstitucionalidades promovidas contra los arts. 14 y 15 de la ley 24.557 han quedado desplazadas de tratamiento en el pronunciamiento con motivo del razonamiento desplegado en la dilucidación de la controversia.
IV.1. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, el interesado individualiza las normas y la doctrina legal que considera transgredidas y alega que el pronunciamiento de grado es injusto y arbitrario.
Se agravia, en primer lugar, del rechazo de la demanda respecto de la aseguradora. Sobre el punto, sostiene que el a quo yerra en su decisorio, en tanto se aparta de la totalidad de los elementos probatorios aportados al expediente, de los cuales, entiende, surge con claridad que ASOCIART Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. no demostró haber cumplido con el deber de vigilancia, ni con las obligaciones de seguridad a su cargo.
Por otro lado, objeta el porcentaje de incapacidad determinado, alegando absurdo en la valoración de la prueba. Al respecto, manifiesta que de las pericias producidas en autos se desprende que el actor, al día de la fecha, padece un porcentaje mayor que el determinado por la Comisión Médica en el año 2010, que había sido fijado en un 71,96% conforme el método de incapacidades múltiples.
También impugna el monto de la reparación otorgada en tanto sostiene que fija un importe indemnizatorio global sin proceder a detallar cada uno de los rubros reclamados y, asimismo, porque liquida conforme el ingreso establecido en la Ley de Riesgos del Trabajo.
IV.2. Este remedio tampoco puede prosperar.
IV.3.a. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado -lo que no mereció ninguna objeción por parte del recurrente-, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal cuya vulneración se invoca (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 130.801, "Castellucci", resol. de 22-XII-2023), hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 128.987, "Ojeda", resol. de 18-VIII-2022; L. 129.838, "Saavedra", resol. 17-IV-2023 y L. 130.802, "De Souza", resol. de 6-III-2024).
IV.3.b. En ese marco, no se advierte configurado en la especie el supuesto habilitante previsto en el artículo 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, el impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas -vinculadas a la acreditación de los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del derecho común y a la determinación del porcentaje de incapacidad- asuntos detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 121.646, "Martínez Aquino", resol. de 5-XII-2018; L. 124.772, "González, resol. de 21-IX-2020; L. 125.478, "Klezli", resol. de 20-XI-2020 y L. 125.234, Moccio, resol. de 9-XII-2020).
IV.3.c. En cuanto al cuestionamiento por el que objeta el monto de la reparación otorgada, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que los precedentes traídos por la recurrente en apoyo de sus reproches aluden a presupuestos fácticos y jurídicos distintos a los del presente caso y no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión (causas L. 118.309, "Di Rocco", resol. de 19-II-2015; L. 121.388, "Castaño", resol. de 28-II-2018; L. 121.643, "González", resol. de 21-XI-2018; L. 122.612, "Ulibarri", resol. de 3-VII-2019; L. 127.133, "Matos", resol. de 20-X-2021 y L. 128.962, "Parenti", resol. de 1-VIII-2023).
IV.3.d. No mejora la suerte de la impugnación la mención de precedentes definitorios del absurdo, en tanto no habilitan la excepción prevista en el citado art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021; L. 128.010, "Lezcano", resol. de 1-XI-2021; L. 127.289, "Juárez", resol. de 17-XI-2021; L. 128.169, "Espósito", resol. 19-V-2022 y L. 130.065, "Tejera", resol. de 17-IV-2023).
IV.3.e. Finalmente, dable es recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 128.158, "Robaldo", resol. de 5-V-2022 y L. 129.892, "Gallo", resol. de 14-III-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/05/2024 12:15:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/05/2024 14:06:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 10:28:46 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/06/2024 11:12:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/06/2024 13:29:52 - ALFANO Sergio Daniel - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/06/2024 14:29:32 hs. bajo el número RR-722-2024 por ALFANO DANIEL.
Fin de la sentencia