Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131259
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con el dictamen del señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, rechazó la acción promovida por el señor Alfredo Antonio Becker contra Genaro y Andrés de Stefano S.A., mediante la que pretendía el cobro de las indemnización derivada del despido, rubros derivados del linaje laboral y una reparación integral en concepto de reparación integral por daños y perjuicios con fundamento en el derecho común (v. veredicto y sentencia de fecha 17-IV-2023 y 15-V-2023, respectivamente).
Para así decidir, en lo que resulta de interés por ser materia de agravio, juzgó que el accionante no probó -como era su carga- los presupuestos de la responsabilidad en que fundó la acción con sustento en el derecho civil. Asimismo, tampoco acreditó la injuria que invocó al extinguir el contrato de trabajo.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentaciones del 1-VI-2023), los que fueron concedidos por el a quo , el segundo en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resol. de 14-VI-2023), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen electrónico de fecha 14-III-2024).
III. En el recurso extraordinario de nulidad, denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
En lo esencial, cuestiona que el juzgador haya desestimado el progreso de la acción indemnizatoria incoada a raíz de la minusvalía laboral que porta, en tanto, afirma que tal decisión se sustentó en una deficiente valoración del material probatorio colectado en autos, en particular la pericia médica y la de seguridad e higiene.
III.1. De conformidad con el dictamen del señor Procurador General, el recurso no puede prosperar.
III.1.a. De modo liminar, corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución cit.; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021 y L. 128.958, "Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo", resol. de 11-VII-2023).
III.1.b. En tal sentido, la improcedencia de la vía elegida se exhibe nítida ni bien se repara que, por su conducto, se pretenden cuestionar la valoración de la prueba e incluso la eventual preterición de alguna pieza de dicha naturaleza, cuestiones que no resultan hábiles para la habilitación de la instancia extraordinaria en el estrecho carril en tratamiento (causas L. 105.188, "Pagliani", sent. de 4-VII-2012; L. 119.848, "Flores", resol de 21-VI-2017; L. 121.293, "Insua", resol. de 29-VIII-2018 y L. 127.330, "Pérez", resol. 9-XI-2021).
III.2. Por lo demás, deviene inatendible la invocada violación del art. 171 de la Constitución provincial, en tanto lo que la referida norma sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, más no su incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación (causas L. 120.845, "SATA Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.635, "García", resol. de 7-X-2021). En el caso, la simple lectura del fallo en crisis exhibe que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (causas L. 123.718, "Kollrich Borsani", resol. de 9-VI-2020; L. 126.258, "Alterino", resol. de 26-V-2021; L. 129.219, "Barbuto", resol. de 5-XII-2022 y L. 130.202, "Jordan", resol. de 1-XI-2023; e.o.).
III.3. Finalmente, en lo que atañe a la violación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso legal, tiene resuelto este Tribunal que lo relativo a la infracción de los derechos constitucionales mencionados, no constituye tema que pueda someterse a juzgamiento a través del recurso extraordinario de nulidad, por resultar ajenos al mismo (causas L. 120.345, "Barroso", resol. de 6-XII-2017; L. 121.156, "De La Fuente", resol. de 7-III-2018; L. 124.829, "Cotado", resol. de 23-X-2020; L. 127.874, "Chelia", resol. de 1-IV-2022 y L. 129.386, "Nicolau", resol. de 27-VI-2023).
IV. En la segunda vía extraordinaria interpuesta, relata los antecedentes de la causa, cita las normas y la doctrina que considera conculcada.
En su desarrollo, se agravia del rechazo de la acción incoada, en tanto afirma que la sentencia es fruto de una absurdo valoración de la prueba.
IV.1. Este recurso tampoco puede prosperar.
IV.2.a. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 113.436, "Núñez", resol. de 16-III-2011; L. 113.743, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; L. 117.035, "Abregú", resol. de 25-IX-2013; L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015 y L. 124.706, "Álvarez", resol. de 15-IX-2020), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020; L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021 y L. 129.122, "Albornoz", resol. de 22-III-2023).
IV.2.b. Bajo las señaladas premisas, y en relación a todos los cuestionamientos traídos, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal el impugnante trae a consideración agravios vinculados a cuestiones de hecho y prueba, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis, detraídas de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 125.059, "Guzmán", resol. de 21-XII-2020; L. 125.962, "Monsalvo", resol. de 10-V-2021; L. 127.681, "Maluendez", resol. de 10-II-2022; L. 127.709, "Lusarreta", resol. de 11-II-2022; L. 127.234, "Raimo", resol. de 7-III-2022 y L. 129.900, "Peñalva", resol. de 27-VI-2023)
IV.2.c. Por último, no mejora la suerte de la impugnación la mención de precedentes definitorios del absurdo, en tanto no habilitan la excepción prevista en el citado art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019; L. 127.812, "Casas", resol. de 7-III-2022 y L. 128.456, "Germiniani", resol. de 29-VI-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con el dictamen del señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/05/2024 12:15:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/05/2024 14:06:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 10:28:51 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/06/2024 11:12:47 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/06/2024 13:30:03 - ALFANO Sergio Daniel - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/06/2024 14:29:46 hs. bajo el número RR-729-2024 por ALFANO DANIEL.
Fin de la sentencia