Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131333
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la señora Adriana Graciela Fernández, por si y en representación de sus hijos Hernán Edgardo Castro y Carla Gimena Castro -hoy mayores de edad-, Rodrigo Ezequiel Castro, Ramiro Sebastián Castro y Cristian Fernando Castro quienes fueran en vida esposa e hijos, respectivamente, del señor Miguel Ángel Castro. En consecuencia, condenó a Seguridad Metropolitana S.R.L. y, solidariamente a Yin Ying Fan, en el marco del art. 30 de la ley de Contrato de Trabajo, al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización integral por daños y perjuicios, indemnización del art. 248 de la ley citada y otros rubros de naturaleza laboral. La rechazó, en cambio, respecto de Federación Patronal Seguros S.A., Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo y QBE Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. -hoy Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.- por carecer la pretensión a su respecto de causa jurídica que la sustente (v. pronunciamiento de fecha 26-IV-2023).
En lo que resulta de interés destacar por constituir materia de impugnación, hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, toda vez que ésta fue contratada por el codemandado Yin Ying Fan, quien -según dan cuentan las probanzas de autos- no resultó ser el empleador directo del trabajador fallecido, razón por la cual -este último- no se encontraba en la nómina de afiliados de la aseguradora codemandada.
II. Contra dicha decisión, se alza la parte actora con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 15-V-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 18-V-2023).
Se agravia, en lo esencial, del rechazo de la demanda respecto a Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, pues entiende que ésta debió haber sido condenada civilmente atento ser la aseguradora de Yin Ying Fan.
Denuncia que la ley de riesgos de trabajo exige la contratación de un seguro obligatorio y que, si bien esta normativa establece que, de no hacerlo, el empleador responde directamente, en el caso bajo juzgamiento ha existido una maniobra fraudulenta en total perjuicio de los reclamantes.
III. El recurso no prospera.
III.1. Tiene dicho esta Corte que la apreciación de las circunstancias fácticas -en el caso, las referidas a establecer los presupuestos de responsabilidad solidaria de la aseguradora Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo- así como la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso, fundamentalmente lo que atañe a su selección, jerarquización, mérito y eficacia, constituyen facultades privativas de los jueces que integran los tribunales de trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 111.983, "Ávila", sent. de 29-V-2013; L. 119.385, "Genovali", sent. de 19-IX-2018; L. 116.928, "Acuña", sent. de 5-VI-2019 y L. 127.099, "Merigo", resol. de 23-XI-2021)
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020; L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020; L. 129.937, "Godoy Armoa", resol. de 4-X-2023 y L. 130.775, "Vila", resol. de 6-XII-2023).
III.2. En el caso, si bien la compareciente denuncia que la decisión de grado adolece de tal excepcional vicio, la crítica, apartada de los fundamentos que estructuran el pronunciamiento de grado, luce manifiestamente insuficiente para acreditarlo.
Ello así, pues las genéricas alegaciones que contiene el recurso, desencontradas de las concretas circunstancias de la causa, no resultan eficaces para descalificar las conclusiones expuestas por el juzgador en el pronunciamiento impugnado que rechazaron la atribución de responsabilidad de la aseguradora de riesgos del trabajo.
En efecto, alejado de la línea reflexiva expuesta por el tribunal interviniente, la parte recurrente sólo expresa su disconformidad con lo resuelto. Así, son aplicables las directrices de esta Corte que expresan que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar concreta, directa y eficientemente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que se asienta (causas L.118.589, "Sosa", sent. de 6-IV-2016; L. 120.043, "Idalgo", sent. de 4-VIII-2020; L. 122.217 y "Jara Arias", sent. de 14-XII-2020 y L. 126.637, "Lima", resol. de 17-VIII-2021).
En definitiva, desde la perspectiva apuntada, se advierte que la argumentación traída por la impugnante se limita a discurrir, en rigor, en torno al modo como considera que el a quo debió ponderar las constancias de la causa, sin demostrar la transgresión de las normas legales que denuncia, ni que medie error en el modo como el tribunal de trabajo resolvió la controversia. Ello revela, sin más, su insuficiencia para demostrar el excepcional yerro valorativo invocado.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/09/2024 10:28:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/09/2024 10:29:24 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/10/2024 13:45:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/10/2024 17:13:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2024 08:39:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/10/2024 10:45:34 hs. bajo el número RR-1246-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia