Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa c 123105
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.105, "Santecchia, Guillermo Juan contra Basile, Rubén y otros. Daños y Perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Maidana, Budiño.
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata modificó parcialmente la sentencia de primera instancia que, a su turno, había condenado a Rubén Alfredo Basile, a Adriana Alejandra Argüelles y a la Concesionaria Vial del Sur S.A. al pago de las indemnizaciones reclamadas en concurrencia con sus respectivas citadas en garantía, Mapfre Seguros Argentina S.A. y La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.
Asimismo, disminuyó el porcentaje de responsabilidad en el hecho atribuido al señor Basile y a la señora Argüelles, corrigió un error material en el cálculo de la indemnización por la pérdida de rentas futuras y aumentó el monto del daño moral de los actores.
Confirmó el pronunciamiento de grado anterior en lo demás decidido.
Por otro lado, adecuó las costas de primera instancia establecidas en el punto V de la parte dispositiva del fallo, disponiendo que fueran soportadas por Concesionaria Vial del Sur S.A. y por los codemandados Basile y Argüelles y sus aseguradoras -citadas en garantía- La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. y Mapfre Argentina Seguros S.A., en la proporción de sus condenas. Impuso las costas generadas en segunda instancia en la misma forma y proporción de lo decidido (v. sentencia electrónica, págs. 124/126).
La citada en garantía Mapfre Argentina Seguros S.A. interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 15-III-2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El señor Guillermo Santecchia, por sí y en representación de sus hijas menores de edad -Rocío Marian Santecchia y Victoria Lucía Santecchia-, conjuntamente con la señorita Sabrina Belén Montero y la señora Irma Inés Sar viuda de Arán, promovió demanda de daños y perjuicios contra Rubén Alfredo Basile y Adriana Alejandra Argüelles, citando en garantía a Mapfre Argentina Seguros S.A.
Los presentados eran el cónyuge supérstite, las tres hijas y la madre de la señora Elina Gloria Arán, quien falleció en el accidente automovilístico motivo de autos, ocurrido el 3 de noviembre de 2003, siendo las 20:30 hs. aproximadamente, en la ruta provincial n° 2 en dirección a Mar del Plata a la altura de la localidad de Las Armas, km. 303,500.
Relatan que la señora Elina Gloria Arán era transportada junto a sus dos hijas, Rocío Marian Santecchia y Victoria Lucía Santecchia, en el asiento trasero del automóvil Chevrolet Astra patente CSV152 cuando este colisionó con un obstáculo presente en la calzada. El vehículo era conducido por el señor Basile, quien estaba acompañado en la parte delantera por su esposa, la señora Argüelles (propietaria del rodado) y la pequeña hija de ambos. Como consecuencia de ello la señora Elina Gloria Arán y su hija Victoria salieron despedidas del automóvil, lo que produjo el posterior fallecimiento de la primera de las nombradas y graves lesiones a la segunda de ellas, mientras que la menor Rocío sufrió fractura de tobillo. Se labró la causa penal IPP 67.000.
Rocío Marian Santecchia y Victoria Lucía Santecchia se presentaron a fs. 1.241/1.243 y 3.233, respectivamente, cuando alcanzaron la mayoría de edad.
Los apoderados manifestaron, además, que el obstáculo en la ruta había sido un bovino atropellado momentos antes por el rodado utilitario Ford Transit, patente EAQ880, conducido por el señor Julio Romeo y Verde, a quien lo acompañaba el propietario del vehículo, señor Cristian Retondaro. Reclamaron las indemnizaciones a las que consideraron tener derecho (v. fs. 389/462).
Ordenado el traslado de ley se presentaron a contestarlo el demandado Basile y la demandada Argüelles repeliendo la acción (v. fs. 475/515). Mapfre Argentina Seguros S.A. interpuso excepción de falta de personería -que le fue rechazada y confirmada por la Cámara-, solicitó la desestimación de la demanda y la citación como terceros de Thea Agropecuaria, de Julio César Romeo y Verde y del Concesionario Vial del Sur S.A. (en adelante Covisur S.A.), quienes se presentaron repeliendo la citación (v. fs. 764/775; 821/828; 848/865).
El señor Romeo y Verde citó en garantía a Federación Patronal Seguros S.A. y Covisur a La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A., respectivamente. Esta última se presentó adhiriendo a la contestación de Covisur e interponiendo excepción de falta de legitimación activa respecto del reclamo de daño moral efectuado por la señora Irma Inés Sar, madre de la fallecida.
Se abrió el juicio a prueba y, oportunamente, se dictó sentencia donde se desestimó la citación como terceros de Thea Agropecuaria y de Julio César Romeo y Verde, se impusieron las costas a Mapfre Argentina Seguros S.A., se hizo lugar a la demanda y se condenó a Rubén Alfredo Basile y a Adriana Alejandra Argüelles en tanto se estimó que su responsabilidad representaba el 20% en el acaecimiento del luctuoso hecho, mientras que la de Covisur S.A. representaba el 80% restante, por lo que debían abonar a los actores las indemnizaciones que se habían determinado, en concurrencia con sus citadas en garantía, Mapfre Argentina Seguros S.A. y La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. Las costas fueron impuestas a los vencidos en la proporción de sus responsabilidades.
En posteriores aclaratorias se subsanó el error material en la asignación de responsabilidades a los condenados y sus concurrencias con las citadas en garantía, como también se le impusieron las costas a Mapfre Argentina Seguros S.A. por la citación en garantía de Federación Patronal Seguros S.A. solicitada por Julio César Romeo y Verde (v. sentencia electrónica de fecha 9-III-2017; aclaratorias de fechas 16-III-2017 y 17-III-2017).
Este pronunciamiento fue apelado por Mapfre Argentina Seguros S.A. (v. fs. 3.988/4.007); por La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. (v. fs. 4.009/4.026); por Covisur S.A. (v. fs. 4.028/4.036); por Rubén Alfredo Basile y por Adriana Alejandra Argüelles (v. fs. 4.038/4.047) y por los actores (v. fs. 4.049/4.064).
I.2. Elevadas las actuaciones a la Cámara, esta modificó parcialmente la sentencia dictada.
I.2.a. En la medida del recurso en tratamiento, el Tribunal de Alzada mantuvo las responsabilidades del señor Basile y de la señora Argüelles, aunque las disminuyó al 10%, y aumentó la de Covisur S.A. al 90%. Sin embargo, ambas fueron disminuidas en un 2,5% respecto de todos los rubros indemnizatorios salvo el de la incapacidad sobreviniente de Rocío Marian Santecchia, el cual se mantuvo (en el 10% y 90%, respectivamente), al atribuir a Elina Gloria Arán su contribución en los daños causados al no tener puesto, ni ella ni su hija menor de edad Victoria, el cinturón de seguridad, circunstancia que había permitido que salieran despedidas del automóvil cuando el señor Basile embistió al bovino.
1.2.b. Para decidir de esa manera, y luego de explicar que era de aplicación el Código Civil velezano para determinar las responsabilidades, comenzó por confirmar que no había podido acreditarse quién era el dueño del bovino embestido, porque si bien según las constancias de la causa penal el animal tenía una identificación en los términos de la ley 22.939 que podría coincidir con la registrada por la firma Thea Agropecuaria, la marca estaba parcialmente alterada al estar lacerado el cuero del animal y no podía ser cotejada con la contenida en el Libro de Registro de Marcas y Señales de Maipú. Así, entendió que se trataba de una marca no lo suficientemente clara en los términos del art. 10 de la ley 22.939 y sostuvo que había sido infructuosa la tarea de determinar al poseedor del bovino en los términos del art. 2.445 del Código Civil.
Agregó que la sede de la empresa Thea Agropecuaria se situaba a muchos kilómetros del lugar, por lo que era improbable que una vaca caminara tanto trecho, a lo que sumó que a partir del acta obrante a fs. 51/53 de la instrucción penal se había verificado la existencia de tranqueras abiertas y de alambrados rotos y flojos en cercanías del lugar del hecho.
1.2.c. Despejada la cuestión acerca de la propiedad del animal, analizó la responsabilidad del demandado Basile y determinó que la culpa del dueño no identificado del bovino había sido el aporte principal en la estructura causal del hecho dañoso y que por ello tuvo la entidad de interrumpir parcialmente el nexo de causalidad que la ley presumía existente entre el riesgo del automóvil conducido por el señor Basile y los daños ocasionados. En razón de ello estimó que la culpa del dueño del animal representaba el 90% y que el 10% estaba a cargo del señor Basile y de la señora Argüelles.
Seguidamente -con cita de esta Corte- explicó que el régimen de la responsabilidad objetiva establecida en el art. 1.113 segundo párrafo del Código Civil no hacía ninguna distinción para el supuesto de transporte benévolo; que la cuestión se enmarcaba en la responsabilidad extracontractual y que la atribución de esa responsabilidad al señor Basile y a la señora Argüelles era por ser guardián y dueña -respectivamente- de la cosa riesgosa, ello es, el automotor Chevrolet Astra.
Analizó los elementos de la causa penal y encontró en la declaración del señor Basile el reconocimiento de que alguien detenido en la ruta le había hecho señales y que, por desconfianza ante la posible comisión de un delito contra él y las personas transportadas, cambió de carril, tras lo cual se produjo la colisión. También tuvo en cuenta que se desprendía de la declaración del señor Basile en sede penal que circulaba a 130 km./h. y que al cambiar de carril no había aminorado la marcha. Esto fue corroborado por los dichos del testigo Retondaro y del señor Romeo y Verde.
Hizo referencia al art. 76 de la ley 11.430, vigente al momento del hecho, y a otros documentos relacionados con la conducción de automotores y concluyó que la alta velocidad y la nocturnidad habían sido determinantes para que el hecho se produjera.
Luego encontró configurada la eximente de responsabilidad por la conducta de la fallecida señora Arán por ella y por ser la progenitora de la menor Victoria, estableciendo su responsabilidad en el 5% por las lesiones provocadas en razón de que la Cámara presumió que no llevaban puestos los cinturones de seguridad y que esa había sido la causa de que salieran despedidas del automóvil cuando se produjo la colisión. Basó su presunción en el informe de CESVI aportado por Mapfre Argentina Seguros S.A. y en el informe del perito ingeniero mecánico Jorge Norberto Zabala en esta causa civil, dado que no encontraba otra explicación posible y lógica.
Determinó, entonces, que las responsabilidades del señor Basile y de la señora Argüelles debían ser disminuidas en un 2,5%, como así también la de Covisur S.A.
I.2.d. Confirmó, además, la extensión temporal de la ayuda económica, cuya variable integró la fórmula para determinar el resarcimiento patrimonial que les correspondía a los actores a raíz del fallecimiento de Elina Gloria Arán.
Sostuvo que, a diferencia de lo que ocurre con la incapacidad sobreviniente donde las mermas en las posibilidades productivas y vitales del agente se extendían hasta finalizar su edad productiva o expectativa de vida, en la indemnización por fallecimiento el juzgador debe reparar en el marco temporal durante el cual cabe presumir que los causahabientes del fallecido recibirían el aporte o ayuda económica, lo que no necesariamente coincide con aquellas referencias etarias del fallecido.
Explicó que ese límite era muy distinto según se tratara del cónyuge supérstite o de los hijos de la causante. En el primer caso se debía presumir que la ayuda económica que la víctima fatal hubiera aportado a su vida en común con el cónyuge reconoce como límite al menor valor entre la edad productiva de la fallecida, fuera o no jubilatoria, y la expectativa de vida del viudo, quien era el acreedor de esa contribución frustrada. Aclaró que el aporte económico de la señora Arán a la vida en común con Santecchia hubiera continuado hasta que aquella dejase de producir ganancias o este último falleciera, lo que ocurriese primero.
Observó que, con relación a los hijos y dada la más amplia diferencia etaria, la situación era muy distinta, porque más allá del deber alimentario derivado de las reglas de la responsabilidad parental la ayuda económica de los padres solía extenderse hasta que los hijos pudieran finalizar sus estudios y acceder a un trabajo remunerado que les brindara independencia económica. Agregó que cualquiera fuese la edad que se tomara como parámetro, era cierto que esos límites no habían sido tenidos en cuenta por la jueza y que la crítica que efectuaban los apelantes en ese punto, al menos, era acertada. Pero seguidamente estimó que el agravio no era procedente puesto que los apelantes no explicaban de qué forma el cómputo de aquellos límites etarios hubiese permitido arribar a un resultado distinto, cuando el cese de la ayuda económica a las hijas incrementaba el del cónyuge, por lo que el resultado final del resarcimiento no variaba.
I.2.e. Modificó el monto del daño moral reconocido a los actores, aumentándolo a un millón de pesos para cada uno de ellos.
Para decidir como lo hizo, luego de realizar una conceptualización del rubro y recordar la doctrina legal de este Tribunal, tuvo en cuenta las particularidades del caso.
Así, apreció que la prueba producida le permitía dar sobrada cuenta de las consecuencias físicas, económicas y emocionales que el hecho había tenido en los actores, al enfrentarse a la súbita y violenta muerte de quien en vida fuera hija, esposa y madre.
Consideró, entonces, que por las circunstancias personales y por las probanzas obrantes en la causa las sumas fijadas en primera instancia eran insuficientes, sobre todo cuando las reclamadas en la demanda habían sido condicionadas a lo que en más o en menos surgiera de la prueba a producirse.
I.2.f. Por último, resolvió el agravio que había planteado Mapfre Argentina de Seguros S.A. sobre las costas fijadas en sede anterior.
En esa tarea comenzó por transcribir el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial y recordar que la doctrina de autor había dicho que el apartamiento de la imposición de costas al vencido debía basarse en circunstancias objetivas y muy justificadas que tornaran manifiestamente injusta su imposición al perdedor en el caso particular.
Prosiguió el análisis, en base a postulados doctrinarios, de que uno de los supuestos de excepción que históricamente había sido destacado por la jurisprudencia y que habilitaba a eximir al actor vencido de abonar las costas era la denominada razón fundada para litigar, refiriéndose a aquel escenario en el cual, a criterio del juzgador, se apreciaba que el justiciable no solo había actuado con una razonable convicción de ser titular del derecho invocado sino que además existían elementos objetivos que pudieron haberlo llevado a creerse con el derecho a promover la demanda.
Concluyó que en el caso no se encontraban reunidos los elementos que tornaran procedente esa solución excepcional en materia de costas, motivo por el cual el recurso de Mapfre debía ser desestimado, pues no había aportado al proceso elementos de prueba distintos de los que constaban en la causa penal.
Resaltó que Mapfre, a su cuenta y riesgo, había decidido citar como tercero a Thea Agropecuaria, asignándole la propiedad del animal cuando el riesgo procesal de no cumplir el imperativo probatorio que pesaba sobre sus espaldas traía consigo el riesgo económico correlativo de tener que sufragar los costos de la intervención de aquel cuya responsabilidad no pudo demostrar, agregando que la aseguradora sabía o debió saber las implicancias económicas de su estrategia y los costos de no demostrar la imputación que efectuó para defender a su cliente.
Desestimó, además, el agravio por las costas a su cargo por la citación de Julio Romeo y Verde y de su citada en garantía, Federación Patronal.
Así, respecto del primero de los nombrados encontró que de los fundamentos dados por la jueza de primera instancia para absolverlo y del hecho de que la propia recurrente hubiese consentido esa parcela de la sentencia surgía que no habían existido razones objetivas que justificasen haberlo traído al pleito.
Confirmó, asimismo, que las costas por la citada en garantía eran procedentes pues lo accesorio seguía la suerte de lo principal, ya que la participación en el pleito de esa aseguradora había tenido su origen en la citación del señor Julio Romeo y Verde, quien se vio en la previsible necesidad de procurar la intervención de su aseguradora ante un eventual resultado desfavorable que afectara la indemnidad de su patrimonio.
II. Contra dicha forma de resolver se agravia Mapfre Argentina Seguros S.A. (citada en garantía por Rubén Alfredo Basile y Adriana Alejandra Arguelles) denunciando la violación de los arts. 34 inc. 4, 68 segundo párrafo, 163 inc. 6, 165, 272, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 901, 906, 1.078, 1.083, 1.084, 1.102, 1.103, 1.113 y concordantes del Código Civil y de doctrina legal. Alega, también, absurdo.
Despliega sus argumentos sobre cuatro tópicos: a) la responsabilidad que se le atribuyó al demandado señor Basile; b) el aumento del monto del daño moral para los actores; c) la extensión temporal de la ayuda económica; y d) las costas que se le impusieron por la citación de Thea Agropecuaria y del señor Romeo y Verde.
II.1. En lo referente a la responsabilidad del 7,5% atribuida al señor Basile, sostiene que la Cámara lo ha hecho a expensas de las pruebas científicas producidas, en abierta contradicción con la forma en la que en sede penal quedó determinado el hecho principal al que alude el art. 1.103 del Código Civil, lo cual configura el vicio de absurdo en la valoración de los hechos y las pruebas producidas.
Señala que hay en la sentencia en crisis una notable confusión en orden a la recta aplicación del "riesgo creado" como factor de atribución objetivo, contenido en el art. 1.113 del Código Civil. Con cita de autores de doctrina, fallos de la Corte federal y de Cámara nacional sobre la relación de causalidad entre la cosa y el daño, explica que en autos la causa eficaz y decisiva, determinante por sí sola del accidente múltiple, fue la imprevista interposición de un animal suelto sobre la autovía que, al obstruir la normal circulación de vehículos que se desplazan a gran velocidad y aun haciéndolo prudencialmente, tornó imprevisible e inevitable el impacto contra el cadáver del animal embestido por el furgón Ford Transit, conducido por el tercero citado Romeo y Verde y luego por el Chevrolet Astra, al mando del señor Basile. Agrega que coherentemente con lo sucedido, en sede penal se dictó el sobreseimiento definitivo de Rubén Alfredo Basile. Transcribe un párrafo del pronunciamiento del Juzgado de Garantías n° 2 interviniente en apoyo de su postura.
Resalta que de acuerdo a la doctrina legal de esta Corte que emana de la causa C. 90.530, "Molea, Raúl Armando y otro contra Ferrocarril B.A.P.S.A. Daños y perjuicios" (sent. de 9-XII-2009), se estableció que tanto la autoría como el nexo causal entre una acción humana y el resultado material que se pretenda imputar a una persona son elementos constitutivos del hecho principal al que se refiere el art. 1.103 del Código Civil. Agrega que las c
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