Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131808
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en lo que interesa, hizo lugar -parcialmente- a la demanda incoada por la señora Marta Beatriz Ianniello y condenó a pagar a Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo la reparación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y al Instituto de Maternidad y Cirugía S.A. (hoy, su quiebra) la indemnización de daños y perjuicios con fundamento en el derecho común. En cambio, desestimó la acción deducida contra la mencionada aseguradora en cuanto perseguía el cobro de una reparación integral en los términos del art. 1.074 del Código Velezano (v. pronunciamiento de fecha 23-VIII-2023).
Para así decidir, tuvo por acreditado que la trabajadora es portadora de una incapacidad psicofísica del veinte con cincuenta y tres por ciento -20,53%- del índice de la total obrera que se relaciona causalmente con el accidente denunciado en autos.
Asimismo, y en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, juzgó que no habiendo la actora en el escrito liminar señalado, aclarado ni especificado cuál ha sido la omisión precisa y concreta en que incurrió la aseguradora en el daño ocasionado en su salud de la trabajadora, limitándose únicamente a mencionar de manera genérica que aquella no controló las normas de higiene y seguridad ésta sólo resulta responsable en los términos de la Ley 24.557.
II. Contra la decisión de grado, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 10-IX-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 12-IX-2023).
Con denuncia de absurdo, la compareciente indica las normas y la doctrina legal que considera violadas.
En lo esencial, se agravia de la decisión de grado en cuanto eximió de responsabilidad a Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo en los términos del derecho civil. Alega que no pudo válidamente el juzgador desestimar el reclamo, esgrimiendo que el reclamante no había señalado las omisiones endilgadas a la aseguradora en el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad en el trabajo.
Luego, refiere que, en virtud del principio de la carga dinámica de la prueba, la demandada se encontraba en mejor situación para aportar los elementos necesarios a fin de probar la observancia de los deberes a su cargo.
III. El recurso no prospera.
III.1. En el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto ley 14.141. Por tal razón, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el artículo 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -aplicable al momento de la interposición del recurso extraordinario- (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
III.2. En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021).
III.3. Bajo las señaladas premisas, no se verifica la concurrencia del supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, en tanto el planteo recursivo propuesto remite -en rigor- al análisis de típicas cuestiones fácticas y probatorias -referidas a la acreditación de los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del derecho común- ajenas al ámbito de la casación por la vía indicada (causas L. 117.121, "Bustos", sent. de 15-VII-2015; L. 121.646, "Martínez Aquino", resol. de 5-XII-2018; L. 125.478, "Klezli", resol. de 20-XI-2020 y L. 128.273, "Kavasima", resol. de 23-V-2022).
III.4. Tampoco se verifica el indicado excepcional supuesto cuando la doctrina legal que se acusa transgredida se relaciona con la interpretación de preceptos de carácter adjetivo (como lo atingente a las normas que regulan la atribución de la carga de la prueba; causas L. 119.693, "Tapia", resol. de 15-VI-2016; L. 121.347, "Burgos", resol. de 6-VI-2018: L. 123.666, "Santarelli", resol. de 27-V-2020 y L. 125.750, "Di Tullio", resol. de 15-IV-2021).
III.5. Finalmente, corresponde recordar que no constituye doctrina legal -en los términos y con los alcances señalados por esta Suprema Corte de Justicia- la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 125.507, "Valdez", resol. de 22-VI-2021 y L. 128.838, "García", resol. de 27-VI-2023).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en el apartado III.4.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/10/2024 20:19:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 31/10/2024 14:08:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2024 11:10:05 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/11/2024 15:22:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2024 08:48:39 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/11/2024 13:05:08 hs. bajo el número RR-1382-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia