Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130533
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.533, "Colón, Héctor Osvaldo contra Provincia ART y otro. Daños y Perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 28-XII-2022).
Se dedujo, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 28-II-2023).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Héctor Osvaldo Colón y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada- al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, como consecuencia de las secuelas incapacitantes derivadas de la enfermedad profesional que contrajo. Por otro lado, rechazó la acción deducida en cuanto reclamaba una reparación con sustento en el derecho común (v. pronunciamiento electrónico de fecha 28-XII-2022).
Para así decidir, en lo que interesa, juzgó demostrado que a raíz de las tareas que el actor desarrollara para su empleadora -Astillero Río Santiago-, padece una incapacidad permanente, parcial y definitiva del 27,19% del índice de la total obrera, cuya manifestación situó en el día 23 de abril de 2007.
Ya edificando la prestación sistémica, al cuantificar el ingreso base mensual declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, disponiendo que la liquidación de aquella se practicase con arreglo al salario mínimo vital y móvil vigente al mes de diciembre de 2022.
Asimismo, tras advertir que el resultado superaba el tope establecido en el decreto 1.278/00, procedió a declarar también su inconstitucionalidad, por hallarse en pugna -dijo- con el art. 14 bis de la Constitución nacional, entre otros preceptos que individualizó, además de los principios de solidaridad y justicia social; citó también jurisprudencia de la Corte federal.
Con ese razonamiento arribó al monto de capital de condena.
Finalmente, y toda vez que la suma indemnizatoria reconocida al actor -dijo- se determinó "a valores actuales", el tribunal de grado dispuso aplicar intereses desde la fecha de exigibilidad del crédito, y hasta el dictado de la sentencia, a una tasa "pura" del 6% anual.
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 14, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 12 de la ley 24.557; 166 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 28-II-2023).
II.1. Cuestiona que en el fallo de grado se haya declarado la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y calculado el ingreso base mensual considerando el salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha de la sentencia. Afirma que la decisión del tribunal es arbitraria en tanto los fundamentos invocados son meramente aparentes y conjeturales.
Sostiene que sin perjuicio que no se advierte cuál es la real afectación que le produce a la parte actora la aplicación de dicha norma, ella no resulta violatoria de la Constitución nacional, expresa que la proyección de una limitación en materia de responsabilidad, mientras no resulte discriminatoria, no afecta en su esencia ninguna garantía constitucional.
Señala que el juzgador de grado, al considerar la prestación dineraria de la ley 24.557 como una "deuda de valor", se arrogó injustificadamente la facultad que le corresponde al legislador de estipular una fórmula indemnizatoria en la que los rubros que componen el salario para liquidar el ingreso base mensual lo sean a valores "históricos".
Plantea que el fallo de grado transgrede lo establecido por las leyes 23.928 y 25.561, que prohíben la indexación de los créditos.
Explica que no resulta inconstitucional que los trabajadores tengan un régimen especial de reparación de los daños sufridos en la medida que sea razonable. Ello no constituye una discriminación arbitraria o efectuada con una finalidad persecutoria, pues la diferenciación tiene sustento fáctico y lógica jurídica.
Agrega que el control de constitucionalidad de las leyes que incumbe a los jueces no implica la posibilidad que se sustituyan a los órganos gubernamentales y aduce que lo resuelto le causa gravamen por cuanto se la condena más allá del límite por el que se obligó contractualmente conforme la ley vigente.
II.2. Reiterando que es arbitrario el apartamiento plasmado en el fallo del ingreso base mensual que corresponde a la fecha de la primera manifestación invalidante, objeta la decisión de adicionarle al capital actualizado un interés puro del 6% desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta la del dictado de la sentencia. Afirma que el quantum indemnizatorio que se alcanzó resulta irrazonable e ilegal, por cuanto se estaría actualizando el crédito laboral doblemente.
Manifiesta que el sentenciante de grado, además de haberse apartado de la normativa vigente a la fecha de la primera manifestación invalidante, ha violentado la legislación que prohíbe la capitalización y actualización de los créditos (ley 23.928 y modificatoria ley 25.561).
De este modo objeta la decisión, remarcando que al amparo de principios de equidad e indemnidad que resultan injustificables, efectuó en forma dogmática una adecuación indemnizatoria ajena a la fórmula dispuesta por el legislador.
III. El recurso no prospera.
III.1. Ocupa destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia no supera el monto mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), por ello, el tratamiento del recurso deducido, en principio, habría de justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 -aplicable al caso-.
En consecuencia, la competencia revisora de esta Suprema Corte debería quedar acotada a verificar si lo resuelto en autos contradice su doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 126.466, "Antuña", sent. de 22-XII-2022; L. 127.429, "Sack", sent. de 23-VIII-2023 y L. 128.810, "Enciza", sent. de 26-II-2024).
Sin embargo, en lo estrictamente tocante a la declaración de inconstitucionalidad del referido art. 12 de la ley 24.557, corresponde dejar de lado el mentado requisito del valor económico de lo cuestionado y tratar dicho agravio en concreto sin la aludida restricción, toda vez que el recurrente evidencia la presencia de una cuestión federal (causas L. 120.947, "Centauro S.A.", sent. de 15-IX-2021 y L. 128.876, "Pereyra", sent. de 23-XI-2023).
III.2.a. Ingresando a analizar la liminar crítica, cabe aquí poner de relieve, que en su pronunciamiento el tribunal de la instancia juzgó acreditado, que, en el caso, el ingreso base mensual calculado conforme el art. 12 de la ley 24.557 ascendía a $4.501, mientras que el salario mínimo vital y móvil correspondiente al mes de diciembre de 2022 era de $61.953.
Señalando que entre la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante hasta el momento en que debe realizarse el efectivo pago de la prestación existió una evolución salarial considerable, juzgó que no resultaba justo ni razonable que la tarifa se calcule con un salario depreciado, pues la indemnización dejaría de cumplir adecuadamente con su función.
Después de destacar la doctrina legal fijada en las causas L. 119.914, "Aguiar" (sent. de 22-VI-2020) y L. 122.532, "Papalia" (sent. de 29-IX-2020), ya en el marco de la acción especial, sostuvo el juzgador que el art. 12 de la ley 24.557 al establecer el mecanismo para determinar el módulo salarial lo hace sobre la base de un haber manifiestamente depreciado, provocando una injustificada reducción del crédito del trabajador, vulnerando los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional. Apuntó que la norma se encontraría en franca contradicción con la jurisprudencia de la Corte de la Nación que emana de la causa "Ascua" (sent. de 10-VIII-2010) que exige que las indemnizaciones previstas en las leyes especiales no pueden -sin caer en inconstitucionalidad o inconvencionalidad- dejar de resarcir de manera íntegra la pérdida de ingresos o de capacidad de ganancia de la víctima.
Con todo, concluyó en que correspondía declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 debiéndose determinar la prestación tomando como módulo base el salario mínimo vital y móvil vigente a partir del mes de diciembre de 2022.
III.2.b. Frente a tales definiciones, la crítica que contiene el recurso luce infructuosa.
Soslayando atacar idóneamente las razones sobre las que se estructura el pronunciamiento de grado, el recurrente se limita a formular genéricas consideraciones, y bajo esos términos alude a ciertos derechos y preceptos constitucionales, alega sin éxito una supuesta falta de adecuación de la jurisprudencia utilizada por los magistrados de grado, e insistentemente, pretende evidenciar que el pronunciamiento peca de dogmático.
En ese marco se inscriben además las citas que contiene la impugnación referida a los precedentes de esta Corte individualizados como B. 64.953, "Ithurrart" (sent. de 15-VII-2015) y B. 58.475, "Petrini" (sent. de 16-IV-2014), que, sin constituir doctrina legal, reflejan la opinión personal de uno de sus ministros.
De suyo, la sola invocación del vicio de absurdo que también contiene el recurso carece de todo vigor. En modo alguno se lo demuestra, pues la denuncia se encuentra despojada de una correcta y concreta argumentación, siendo que es sabido que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones insostenibles o inconciliables con las constancias de la litis (causas L. 123.516, "Ramos", sent. de 9-XI-2021; L. 126.591, "D’Onofrio", sent. de 27-III-2023 y L. 127.042, "L., M. L.", sent. de 27-VI-2023).
En fin, son aplicables las directrices de esta Corte que indican que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar en forma concreta, directa y eficaz todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado (L. 111.996, "Centurión", sent. de 4-XII-2013 y L. 126.767 "Avalos", sent. de 5-XII-2022).
III.3. Por otro lado, tal como se anticipó, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado, el restante agravio vinculado con el quantum indemnizatorio habrá de analizarse en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo última parte de la ley 11.653, aplicable al caso.
Bajo este cuadrante, el embate luce inadmisible, en tanto carece de toda denuncia tendiente a evidenciar el supuesto habilitante, es decir, la eventual violación de la doctrina legal de este Tribunal (causas L. 121.562, "Espeche", sent. de 5-X-2020; L. 127.035, "Quiroz", sent. de 17-IV-2023; L. 127.429, "Sack", sent. de 23-VIII-2023; e.o.).
Adicionalmente, no es ocioso memorar que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 125.959, "Guinski", sent. de 27-X-2022; L. 125.939, "Ostertag", sent. de 27-III-2023; L. 127.290, "Carbone", sent. de 10-IV-2023; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. Adhiero a lo expuesto por el colega doctor Soria en el punto III.1. de su voto.
Ello así, en tanto el planteo dirigido a objetar la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (en su versión anterior a la ley 27.348), involucra una cuestión federal que debe ser abordada por esta Corte sin las restricciones referidas a la cuantía del litigio (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; 311:2478 in re "Di Mascio" y causa L. 120.479, "Guzmán", sent. de 21-XI-2018).
I.2. Luego, comparto las consideraciones vertidas por el citado colega en los puntos III.2. y III.3. de su voto.
II. Por lo dicho, y reiterando mi aquiescencia con el voto inaugural, estimo que corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
El señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/11/2024 15:31:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/11/2024 13:16:18 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2024 20:01:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/12/2024 08:45:11 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/12/2024 10:43:34 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 16/12/2024 14:21:08 hs. bajo el número RS-117-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia