Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126865
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar nulo lo actuado en el escrito electrónico del 11 de agosto de 2023 por el doctor Fernando Lucio Fosco en representación de Dana Micaela Vaccarini, debiendo el nombrado gestor cargar con las costas causadas sin perjuicio de su responsabilidad por los daños ocasionados (conf. doctr. art.48, CPCC);
2Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por Isabel Lujan Dichara y Milton Ariel Vaccarini (art. 292, CPCC) y 3) ante la insuficiente fundamentación, rechazarlo (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a los recurrentes vencidos (art. 68, CPCC).
C. 126.865 "POLIS, SERGIO GUSTAVO C/ RODONIEL S.R.L. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" y sus acumuladas.
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°12 del Departamento Judicial de La Plata dictó sentencia única en los autos caratulados "Polis, Sergio Gustavo c/ Rodoniel S.R.L. y otros s/ daños y perjuicios", "Vaccarini, Milton Ariel y otros c/ Polis, Sergio Gustavo s/ daños y perjuicios" y "Rodoniel S.R.L. c/ Polis, Sergio Gustavo s/ daños y perjuicios" haciendo lugar a la demanda promovida por el señor Polis contra Rodoniel S.R.L. y Sucesores de Rodolfo Ariel Vaccarini y rechazando las restantes pretensiones (v. fallo de 22-II-2021, adjunto a las quejas).
A su turno, la Sala I de la Cámara Primera de Apelación del fuero departamental, en lo que aquí resulta relevante destacar, confirmó dicho pronunciamiento en cuanto a la atribución de responsabilidad, modificando parcialmente el mismo en cuanto a los rubros indemnizatorios, acogiendo el reclamo por incapacidad física, el que cuantificó en la suma de $ 1.100.000 y elevando el monto correspondiente al daño moral a la suma de $ 500.000. Asimismo, resolvió diferir al momento de la ejecución de sentencia la determinación del monto de la reparación del rodado (v. sentencia de 27-VI-2023 y aclaratoria de 29-VI-2023, en arch. adj.).
Frente a tal decisión, los señores Milton Ariel y Dana Micaela Vaccarini e Isabel Lujan Dichara dedujeron en los primeros dos juicios la misma vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones del 31-VII-2023, acompañadas), los que fueron denegados con sustento en la insuficiencia del valor del agravio (v. decisiones de 3-VIII-2023, acompañadas). Ello motivó la articulación -por los mencionados recurrentes- de las quejas individualizadas con los números C. 126.865 y C. 126.866 (art. 292, CPCC; v. sendas presentaciones de 11-VIII-2023), las que en razón de tener idéntico objeto fueron unificadas (v. proveído de 8-IX-2023 en queja C. 126.866). En la vía directa traída, el letrado Fernando Lucio Fosco alegó su condición de apoderado de Isabel Lujan Dichara y Milton Ariel Vaccarini y en cuanto a Dana Micaela Vaccarini invocó la facultad prevista en el art. 48 del ordenamiento procesal (v. escrito de 11-VIII-2023, punto I "REPRESENTACION").
Recibidos los autos principales que fueran solicitados por esta Corte, se agregó la queja a los mismos (v. proveídos de 21-II-2024 en la queja y 5-IV-2024 en estas actuaciones).
II. En relación a las vías directas incoadas, cabe observar en primer lugar, en relación a la franquicia invocada en relación a Dana Micaela Vaccarini al deducir la queja en su representación, que el plazo perentorio que el mencionado art. 48 prevé para la ratificación de la gestión ha vencido holgadamente sin que se haya cumplido con la diligencia exigida por el precepto legal, razón por la cual corresponde hacer efectivo el apercibimiento contenido en aquella disposición, declarándose la nulidad de lo así actuado por el gestor, con costas a su cargo (conf. doctr. causas C. 123.094, "Lucero", resol. de 8-V-2019; C. 123.219, "Arosteguy", resol. de 6-XI-2019; A. 76.331, "Alba", resol. de 1-VII-2020; C. 124.874, "Antonini", resol. de 11-V-2022; C. 125.585, "Mucci", resol. de 30-XI-2022 y C. 126.390, "Barg", resol. de 1-VIII-2023).
Se impone, en consecuencia, declarar la nulidad de lo actuado en relación a la queja incoada por Dana Micaela Vaccarini, con costas al letrado mencionado, sin perjuicio de su responsabilidad por los daños ocasionados (conf. doctr. art. 48, CPCC).
III. Pasando a tratar las vías recursivas articuladas por los restantes impugnantes -Isabel Lujan Dichara y Milton Ariel Vaccarini, cabe poner de resalto que por la índole de los planteos desplegados por los recurrentes, el valor del agravio está representado para los mismos por los montos individualmente reclamados por los mismos (conf. doctr. causas C. 121.647, "Cingolani", resol. de 13-IX-2017; C. 122.566, "V. N. M.", resol. de 4-VII-2018 y C. 123.277, "Tornaroli", resol. de 6-XI-2019), con más la condena fijada en su contra (conf. causas C. 124.227, "Suris", resol. de 8-VI-2021; C. 124.971, "Ripodas", resol. de 10-VIII-2022 y C. 126.554, "Royo", resol. de 14-XI-2023). Sentado ello, siendo que -tal como lo invocaran en el carril de hecho deducido (v. punto IV.2.b de la queja)- en la condena establecida en la sentencia única atacada no se precisó el importe de la reparación del rodado, dejando supeditada la determinación de dicho monto para la etapa de ejecución de la misma, cabe considerar que, en este estado y a los fines previstos en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, el valor del agravio resulta indeterminado (causas C. 120.091, "Álvarez", resol. de 9-XI-2016; C. 121.407, "Consorcio de Copropietarios Club Atlético Los Andes", resol. de 21-VI-2017; C. 122.098, "Bracciale", resol. de 7-III-2019 y C. 123.469, "Ruger", resol. de 19-II-2021).
Así, encontrándose reunidos los demás requisitos legales, corresponde hacer lugar a la queja aquí en tratamiento y conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley incoada por Isabel Lujan Dichara y Milton Ariel Vaccarini (arts. 278 y 292, Cód. cit.).
IV. Pasando a tratar el recurso de inaplicabilidad de ley que se concede, mediante el que se aduce absurdo, arbitrariedad, transgresión de doctrina legal e infracción a los arts. 1103, 1113 y concs. del Código Civil; 377, 384, 474 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial y 18 de la Constitución nacional; se anticipa que éste no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
IV.1. Tanto el análisis de las circunstancias y de las pruebas que llevan a establecer la responsabilidad, como determinar la relación de causalidad entre éste y el daño, o reconocer en su caso la culpa de la víctima, conforman -como quiera que se trata de un estudio fáctico- típicas cuestiones de hecho extrañas a la competencia de esta Corte a menos que a su respecto concurra la denuncia y consecuente demostración del vicio de absurdo (conf. doctr. causas C. 120.312, "Seco", resol. de 2-XII-2015; C. 120.509, "Vouilloud", resol. de 24-II-2016; C. 121.116, "Cisterna", resol. de 22-III-2017; entre muchas), yerro lógico que, más allá de haber sido esbozado, no se avizora configurado en la especie (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada -a la luz de las actuaciones y las pruebas colectadas en la especie- para confirmar el pronunciamiento de primer grado, en torno a la responsabilidad del hecho, sostuvo "... juzgo que la conclusión sobre la materialidad en discusión -la misma allí que aquí- está, por virtud del art. 1103 del CC, alcanzada por los efectos de la cosa juzgada de la sentencia penal por sobre la civil; y ello -por tanto- obsta a que puedan considerarse los agravios del recurrente que -so pretexto de denunciar infracciones en torno al régimen de valoración de la prueba en esta sede- en rigor buscan avanzar sobre cuestiones de hecho allí discutidas, y vedadas de ser revisadas por quienes ejercemos jurisdicción en el fuero civil y comercial. En otras palabras, si el temperamento que propicio es compartido, resultan inaudibles los agravios introducidos por el recurrente en orden a volver a discutir lo relativo a la invasión del camión, pues -como he dicho- el juicio de hecho alcanzado por la cosa juzgada penal, veda su revisión en este fuero." (v. págs. 12/13).
Tal fundamento, que se erige en el pilar jurídico del pronunciamiento en crisis, no logra ser conmovido por los escuetos reproches expuestos en las págs. 5/10 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (emparentados con la atribución de responsabilidad, la revisión de las constancias, el alcance del pronunciamiento penal y la mecánica del accidente) se han limitado a discrepar con las razones expuestas por el sentenciante de grado anterior, exteriorizando una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la cuestión debatida (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.), lo que no basta para demostrar el error imputado.
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo dicho, basta para repeler esta parcela revisora y permite, también, descartar las infracciones legales que se aducen a lo largo de la pieza en estudio (arts. 279 y 289, CPCC).
IV.2. El mismo déficit contiene la aducida conculcación a la garantía constitucional que se expresa en la pág. 5 del escrito electrónico, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo de los interesados -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
IV.3. Idéntica respuesta merece la tacha de arbitrariedad que se efectúa en la referida pág. 5 de la vía en estudio, ya que ella no se erige en elemento útil a los fines de enervar lo decidido. Conviene recordar que la simple enunciación de su existencia no es suficiente para habilitar esta instancia extraordinaria si no se demuestra -como sucede en el caso- que la operación intelectual desarrollada en la formación de la sentencia carece de bases aceptables, con arreglo a los mandatos legales que gobiernan la apreciación de las constancias (conf. doctr. causas C. 118.323, "Gaetan", resol. de 4-III-2015; C. 120.917, "Gasparroni", resol. de 21-IX-2016; C. 121.414, "Ramírez", resol. de 12-IV-2017; entre otras).
IV.4. Finalmente, tampoco puede atenderse la alegada violación a la doctrina legal indicada a lo largo del embate, toda vez que en los casos en los cuales se endilga dicha infracción, es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.), carga esta última no abastecida por los impugnantes que conlleva a repeler este segmento de la protesta.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar nulo lo actuado en el escrito electrónico del 11 de agosto de 2023 por el doctor Fernando Lucio Fosco en representación de Dana Micaela Vaccarini, debiendo el nombrado gestor cargar con las costas causadas sin perjuicio de su responsabilidad por los daños ocasionados (conf. doctr. art.48, CPCC); 2) hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por Isabel Lujan Dichara y Milton Ariel Vaccarini (art. 292, CPCC) y 3) ante la insuficiente fundamentación, rechazarlo (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a los recurrentes vencidos (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/05/2024 11:42:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2024 13:02:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/05/2024 11:59:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/06/2024 11:42:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/06/2024 11:57:36 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/06/2024 11:25:36 hs. bajo el número RR-392-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia