Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa c 123540
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 123.540, "Gazzanego, Raquel Noemí y otros contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios" y sus acumuladas "Díaz, Claudio Antonio contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios" y "Ferreri, Eva contra Rodríguez, Marcos y otros. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
La Sala III de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata, con nueva integración, confirmó la sentencia de grado en cuanto a las responsabilidades atribuidas a la Provincia de Buenos Aires y a los policías Valenga, Cinquino, Reyes, González y Rodríguez. A su vez, la modificó respecto de la accionante Gazzanego, admitiendo el daño moral y aumentando -para ella y sus hijos Natalia y Gonzalo Cicutín- la compensación por los rubros valor vida, tratamiento terapéutico e incapacidad. Adicionalmente, fijó los intereses sobre el capital de condena a la tasa pura del 6% anual por el tiempo operado entre la fecha del hecho y el momento tenido en cuenta para la evaluación de cada uno de los rubros reconocidos. Por el lapso que transcurra entre esas últimas fechas y el total y efectivo pago estimó los accesorios debidos a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para los depósitos a plazo fijo de treinta días hasta el 19 de agosto de 2008 y, a partir de allí, a la tasa pasiva digital. En lo concerniente al actor Díaz, modificó la sentencia de primera instancia aumentando los montos de los rubros lucro cesante y daño moral, que valuó a la fecha del pronunciamiento. Por último, por la actora Ferreri, confirmó los rubros reconocidos en la sentencia de primera instancia, aunque modificó la tasa de interés aplicable a ellos, estableciéndola de la misma forma que para los actores Gazzanego y Cicutín (v. sentencia electrónica de fecha 15-XI-2018 y su aclaratoria de fecha 7-II-2019).
Se interpusieron, por el demandado Cinquino y por la Fiscalía de Estado, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fechas 13-XII-2018 y 12-XII-2018, respectivamente).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto por el demandado Cinquino?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el interpuesto por la Fiscalía de Estado?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. La señora Raquel Noemí Gazzanego, por sí y en representación de sus hijos entonces menores de edad -Natalia Soledad y Gonzalo Nehuén Cicutín-, promovió demanda de daños y perjuicios contra la Provincia de Buenos Aires y contra los integrantes de la Policía provincial, señores Marcelo Daniel Valenga, Daniel Roque Cinquino, Hugo Patricio Reyes, Marciano González, Marcos Ariel Rodríguez, César Osvaldo Córdoba, Roberto Oscar Mantel y el responsable genérico.
La causa de la petición resarcitoria fue el fallecimiento de su exesposo, conviviente y padre de sus hijos, señor Edgardo José Cicutín, el 10 de enero de 1994 en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda, como consecuencia del accionar de miembros integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. También iniciaron demanda por daños y perjuicios la señora Eva Ferreri (madre del fallecido Cicutín) y el señor Claudio Antonio Díaz, titular y conductor del automóvil marca Dodge 1500 en el que viajaba junto con el señor Cicutín. Ambos procesos fueron acumulados al primer expediente, "Gazzanego, Raquel Noemí y otros contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios".
En síntesis, los accionantes relatan que producto de las dificultades en el tránsito ocasionadas por una persecución policial a presuntos delincuentes (interceptados por agentes policiales a la altura de la parrilla "La Noche", sita en Ramón Franco y Lobos), Díaz debió desviar el automóvil Dodge 1500 que conducía llevando como acompañante a Cicutín. Como resultado, fue inmediatamente perseguido por personal policial vestido de civil que viajaba en dos vehículos particulares (VW Gol y Renault 18)y recibieron múltiples disparos contra el Dodge (que fue confundido con un rodado similar que era también objeto de persecución). Al llegar a la intersección de las calles Mariano Moreno y Bismarck, siempre en Wilde, Díaz detuvo la marcha y constató que su acompañante había sido baleado y que había fallecido en forma inmediata como consecuencia de las heridas recibidas.
A raíz del hecho se labró la causa penal n° 42.215, que tramitó por ante el Juzgado Criminal y Correccional n° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en donde se encuentra pendiente de realización el debate oral.
Corridos los traslados de ley, la Fiscalía de Estado y los policías demandados se presentaron a contestar las demandas, interponiendo distintas excepciones y oponiéndose a su procedencia.
Luego se abrió el juicio a prueba, los hijos del causante se presentaron por sus propios derechos al haber adquirido la mayoría de edad (v. fs. 580 y 769 respectivamente) y, a su turno, se dictó sentencia de mérito haciendo lugar a las demandas interpuestas por Gazzanego y sus hijos contra la Provincia de Buenos Aires y los policías Valenga, Cinquino, Reyes, González y Rodríguez; por Ferreri contra la Provincia de Buenos Aires y el oficial Rodríguez; y por Díaz contra la Provincia de Buenos Aires. Se determinaron las indemnizaciones reclamadas y se fijaron los intereses a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones de depósito a treinta días, desde la fecha del hecho y vigente en los distintos períodos de aplicación. Se impusieron las costas, en todos los casos, a los demandados vencidos y, respecto de las excepciones planteadas por estos, se establecieron en el orden causado (v. sentencia electrónica de fecha 23-VI-2010).
Este pronunciamiento fue apelado por los actores, quienes presentaron sus expresiones de agravios: la señora Gazzanego y sus hijos a fs. 797/805; el señor Díaz a fs. 806/899 y la señora Ferreri a fs. 810/819 vta. También lo recurrieron los demandados, presentando su expresión de agravios: la Fiscalía de Estado a fs. 824/827 y los codemandados Valenga, Cinquino, Reyes y González a fs. 828/838.
I.2. Habiendo llegado las actuaciones a la Sala III de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata, esta -de manera oficiosa- decidió suspender el proceso y sus acumulados por aplicación de lo dispuesto en el art. 1.101 del Código Civil, en razón de que la causa penal en la que se investigan los hechos ilícitos que motivan las demandas civiles se encontraba aún en trámite.
Frente a ello, el actor Díaz presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que fue admitido por esta Corte, dejando sin efecto la sentencia recurrida y ordenando la devolución de los autos al Tribunal de Alzada a los fines de la emisión de un nuevo pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida (v. causa C. 119.834, sent. de 21-II-2018).
I.3. En razón de la remisión efectuada, la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, debidamente integrada, confirmó las responsabilidades atribuidas a la Provincia de Buenos Aires y a los policías Valenga, Cinquino, Reyes, González y Rodríguez por el fallecimiento del señor Cicutín.
Para así decidir, en la medida del recurso interpuesto por el demandado Cinquino, tuvo en cuenta la descripción del hecho principal (identificado como "Hecho B") efectuada por el magistrado de grado, y confirmó que agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en autos particulares y vestidos de civil, persiguieron al automóvil Dodge 1500 -conducido por el señor Díaz, en el que viajaba como acompañante el señor Cicutín- disparando sus armas de fuego contra el rodado, que recibió múltiples impactos, y causando la muerte de Cicutín.
Sobre esa base, el juez de origen estableció que los agentes habían reconocido haber participado en el seguimiento y ataque al coche Dodge 1500 propiedad de Díaz, habiendo incurrido en un error sobre el vehículo perseguido, y llevaron adelante una acción conjunta, en ejercicio irregular de sus funciones y abusivo de las armas provistas por la superioridad. También determinó que los disparos habían provenido de distintos sectores y que los recurrentes habían estado allí presentes, sin que de la prueba rendida en autos pudiese escindirse el accionar de cada uno de ellos y su incidencia particular en el hecho puntual lesivo.
En tal contexto, basándose en los límites impuestos al tratamiento de los agravios, el Tribunal de Alzada expresó que Cinquino no había atacado la parcela de la decisión de fs. 705/723, especialmente de fs. 715 vta., que llegaba firme a dicha instancia y en la que se había establecido que de la autopsia sobre el cadáver de la víctima y de las pericias médicas, balísticas y planimétricas efectuadas, era posible afirmar que Cicutín había recibido varios impactos de bala desde distintosángulos, lo que permitía inferir más de una fuente de fuego. Añadió que el apelante ningún argumento había desplegado para desvirtuar esa comprobación ni había aportado prueba que permitiera eximirlo de responsabilidad frente al reclamo de los damnificados ni tampoco había demostrado la culpa de la propia víctima ni el accionar de un tercero por el cual no debiera responder.
Además, agregó que a la fecha en que emitía su pronunciamiento los sobreseimientos dictados en la causa penal habían sido dejados sin efecto por esta Suprema Corte, motivo por el cual el argumento del recurrente, fundado en esa situación procesal, carecía de relevancia, sin perjuicio de agregar que, en estos casos, el sistema de responsabilidad civil difiere del penal, por lo que las consecuencias del eventual sobreseimiento poseen distintos efectos en una y otra sede jurisdiccional.
En sustento, citó doctrina legal de este Tribunal sobre la regla consagrada en el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, que impone a cada parte la carga de probar las circunstancias de hecho invocadas como sustento de su pretensión, defensa o excepción, a través del aporte de los elementos de convicción que justifiquen la legitimidad de su reclamo, para establecer que ese requisito no había sido abastecido por el apelante, por no haber acreditado que aun estando en el lugar del hecho no había efectuado disparo alguno.
II. En esta oportunidad, se agravia el recurrente denunciando la violación de los arts. 260, 266 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 1.101 del Código Civil y 1.775, 1.776 y 1.777 del Código Civil y Comercial.
II.1. Inicialmente, objeta la insuficiencia recursiva apuntada por la Cámara. Transcribe párrafos de su expresión de agravios con los que afirma haber efectuado la crítica concreta y razonada de la sentencia de primera instancia y reitera que no se ha tenido en cuenta, ni en aquella oportunidad ni en la que ahora impugna, la pericia que indicó que ningún proyectil había sido disparado con sus armas, incluyendo las de Valenga y Reyes. Plantea, entonces, que hubo un ataque concreto a la referida parcela del escrito decisorio de primera instancia que la Cámara, erróneamente, consideró que había llegado firme a esa instancia.
Resalta, además, transcribiendo otros fragmentos de su expresión de agravios, que había sido el suboficial Rodríguez quien disparara desde su posición, extremo que considera probado en autos a través de la reconstrucción del hecho y de las pericias de la causa penal. Afirma así que la Cámara ha violado los arts. 260 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial pues su parte había efectuado una crítica concreta y efectiva al segmento del fallo de primera instancia que fijara la autoría en "varios disparos realizados desde distintosángulos".
II.2. Seguidamente, reprocha la parcela del pronunciamiento de Cámara que consideró que -ante el cuadro fáctico descripto- el recurrente y los otros codemandados no habían aportado evidencia que los eximiera de responsabilidad.
Afirma que es errónea la aplicación del art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial efectuada porque, por el contrario, con las pruebas periciales de su arma en la causa penal se logró probar que él no había efectuado los disparos que habían producido el daño. Agrega que su sola presencia en el lugar del hecho no permite presumir que hizo uso de su arma y resalta -con cita de doctrina legal de esta Suprema Corte- que la prueba sobre su autoría en la producción de los hechos estaba en cabeza de los demandantes, quienes no lograron cumplir tal cometido.
II.3. Por último, impugna la aplicación de los arts. 1.101 del Código Civil y 1.775, 1.776 y 1.777 del Código Civil y Comercial realizada por el Tribunal de Alzada.
Dice que la responsabilidad que se le atribuye surge de una errónea interpretación de los artículos referidos, pues es en la mentada causa penal en trámite donde se han de dilucidar los hechos del caso y se habrá de determinar quién o quiénes efectuaron los disparos que causaron la muerte del señor Cicutín y los demás daños y perjuicios. Entiende que, de no haber disparado, ninguna responsabilidad puede atribuírsele, pues sería un escándalo jurídico que en la causa penal se determinase que no usó el arma y en la causa civil que sí lo hizo.
Señala que -más allá de la norma aplicable- el art. 1.777 del Código Civil y Comercial veda la discusión en sede civil si en la penal se prueba que el sindicado como responsable no participó del hecho. Admite que no se le escapan las excepciones previstas en el art. 1.775 incs. "b" y "c", pero considera que por la forma en que quedó trabada la litis es de toda evidencia que no se aplican en la especie.
Por un lado, pone de relieve respecto del inc. "b" antes mencionado que el beneficio de evitar la excesiva dilación en el dictado de una sentencia definitiva no puede ceder en aras del descubrimiento de la verdad y agrega que en este caso es preciso establecer fehacientemente si los agentes policiales demandados usaron las armas que portaban, cuestión que -sostiene- se habrá de resolver en el debate penal.
Por otro lado, indica que la atribución de responsabilidad objetiva que refiere el inc. "c" del señalado artículo del digesto se funda -en este caso- en la supuesta utilización de armamento en la generación de los daños y perjuicios cuya reparación se persigue, extremo que -sostiene- no puede serle aplicado porque no hubo tal uso de su parte, de modo que la reglamentaria portación de armas no podría generar en sí ningún riesgo resarcible.
III. Pues bien, considero que el recurso no puede prosperar.
III.1. Por un lado, porque los embates del recurrente contra la deserción parcial de su apelación (acerca de la conclusión del magistrado de primera instancia en torno del múltiple origen de los disparos que causaron los daños y perjuicios reclamados) no logran demostrar el absurdo en la decisión del Tribunal de Alzada.
En efecto, la decisión de grado había establecido que "si bien no existe resolución alguna en lo penal con relación a[l agente] Rodríguez, por la ausencia del imputado (art.18 Cont. Nac.), y que la autopsia sobre el cadáver de la víctima, pericias médicas, balísticas y planimétricas efectuadas han dado cuenta [de] que Cicutín recibió varios impactos de bala, desde distintosángulos, lo que permite inferir más de una fuente de fuego, y que el fallecimiento de aquél pudo no ser consecuencia exclusiva del obrar de Rodríguez, su accionar impulsivo e imperito con una cosa riesgosa (arma de fuego) sobre sujetos inocentes, sin previamente dar voz de alto e identificarse como policía, [comprometiendo] su responsabilidad por las consecuencias dañosas que guarden debida relación causal (arts. 512, 902, 906, 1067, 1068, 1078, 1079, 1109 C. Civil)... [Y] En relación a Cinquino, Reyes, Valenga y González, [que] los cuatro en sus respectivos relatos en la causa civil que los involucra, han admitido haber participado en el seguimiento y ataque al coche Dodge 1500 propiedad de Claudio Díaz, reconociendo también el error cometido. Se trata de una acción conjunta efectuada por varios miembros de las fuerzas de seguridad, quienes -actuando en el ejercicio de su función- han hecho un uso abusivo de la misma y de las armas que le provee la Superioridad, sin que de la prueba rendida pueda escindirse el accionar de cada uno y su incidencia en el hecho puntual lesivo. Por ello, deviene justo y equitativo condenarlos a responder solidariamente con los otros demandados de los daños causados... (arts. 512, 902, 906, 1067, 1068, 1071, 1078, 1079, 1109 C. Civil)".
Ante estos fundamentos expuestos por el juez de grado, el aquí recurrente concurrió en una única expresión de agravios junto con los codemandados Valenga, Reyes y González (quienes se desplazaban en el Renault 18), bien que distinguiendo su especial situación en el hecho, pues no solo reconoció los múltiples disparos contra el rodado en el que viajaban Díaz y Cicutín como provenientes de distintosángulos (adjudicándoselos a los agentes Rodríguez -desde varias posiciones- y a Gatto y Dudek, también desde otro sitio, conf. fs. 831/832), sino que planteó y alegó que se hallaba acreditado que "Rodríguez se apoderó de su arma en forma repentina e inevitable, ya que su reacción... fue de tal velocidad que impidió cualquier tipo de posibilidad de evitación... [en donde] la reacción de Rodríguez de apoderarse del arma ajena a pesar de la emergencia vivida es a todas luces inapropiada y tan alejada de los protocolos de actuación policial que no resiste análisis ni pudo ser evitada por Cinquino en esa oportunidad ante lo impredecible de aquélla acción..." (fs. 836 y sigs., situación del demandado Cinquino).
Como se aprecia, entonces, ninguna crítica en su expresión de agravios fue desplegada en relación a la mentada parcela de la sentencia de primera instancia a la que alude la Cámara (v. fs. 828 y sigs.), sino que en su propio relato incluso se aceptó dicha situación (multiplicidad de disparos contra el Dodge 1500 desde variosángulos) como un presupuesto fáctico de su defensa, circunstancia que pone en evidencia tanto la sinrazón de la objeción que ahora opone como la ausencia de absurdo en la referida conclusión a la que arribó la Cámara (conf. art. 289, CPCC). En efecto, esta Corte tiene dicho que si el Tribunal de Alzada, en ejercicio de facultades que le son propias, hizo una valoración de la expresión de agravios y llegó a la conclusión de que no reunía los requisitos del art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial, resulta ineficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no demuestra transgredida dicha norma argumentando que la conclusión del tribunal resulta absurda (conf. doctr. causas C. 122.340, "Brom", sent. de 11-VIII-2020 y C. 123.616,"Banco Mayo Coop. Ltda.", sent. de 21-III-2022), tal como sucede aquí.
III.2. Por otro lado, el embate del recurrente contra la distribución de las cargas probatorias realizada por la Cámara tampoco es de recibo, pues no logra superar la suficiencia técnica (doctr. art. 279, CPCC).
Es que, en ejercicio de su función revisora, la Cámara partió de las conclusiones fácticas expuestas por el sentenciante de grado que no habían sido objeto de suficiente impugnación, así como de su calificación jurídica y de la imputación que aquel efectuara sobre las responsabilidades de los oficiales intervinientes en el hecho dañoso (a tenor de lo expresado en el párrafo de la sentencia de primera instancia mencionado en el acápite anterior), para luego sostener que los "...apelantes [tampoco] han aportado prueba que permita eximirlos de
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