Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa c 124096
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 124.096, "Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón confirmó, en lo principal, la sentencia de primera instancia que había estimado procedente la demanda, reduciendo el monto de la condena (v. sentencia de fecha 6-V-2020).
Contra dicho fallo, el letrado apoderado de los actores interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 8-VI-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Héctor Francisco Barrios y Miriam Susana Nuñez iniciaron el presente reclamo indemnizatorio contra Sandra Beatriz Lascano y/o quien resultara propietario, tenedor, usufructuario y/o civilmente responsable del vehículo Ford Fiesta dominio AMB582, en virtud del accidente de tránsito acaecido el 24 de octubre de 2013 en la localidad de Morón (v. demanda: fs. 54/74).
Relataron en su escrito de inicio que el siniestro se produjo en oportunidad en que circulaban en el vehículo marca Peugeot -modelo Partner, dominio FCF785- por la calle Barabino cuando al intentar trasponer la intersección con la arteria Cochabamba fueron embestidos -en la parte central del lateral derecho- por el rodado conducido por la parte demandada.
A continuación, describieron los padecimientos sufridos y detallaron los rubros indemnizatorios reclamados, tras lo cual plantearon la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, por considerar que resultaban contrarios a los arts. 14, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional.
La señora jueza de primera instancia sostuvo que la responsabilidad por las consecuencias dañosas del evento recaía exclusivamente sobre la accionada Lascano por haber arribado a la bocacalle a excesiva velocidad, sin disminuir la marcha al acercarse a la encrucijada. Asimismo, destacó que, si bien contaba con la prioridad de paso por circular desde la derecha, aquella preferencia debía ceder, en tanto la camioneta de la reclamante había traspuesto prácticamente la ochava al momento del impacto (v. fs. 597/610).
En dicha inteligencia, a falta de eximentes de responsabilidad, estimó procedente la pretensión resarcitoria haciendo extensiva la condena a la citada en garantía, Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada, en los términos del art. 118 de la ley 17.418.
Luego examinó la procedencia y cuantía de los rubros indemnizatorios.
En lo que aquí interesa, al abordar el daño por incapacidad física, en relación con el actor Barrios puntualizó que lo dictaminado por el médico traumatólogo Cozzi a fs. 468, respecto de las lesiones en la columna, no coincidían con las descriptas en la historia clínica al momento del accidente, donde se le diagnosticó solo omalgia izquierda postrauma y se estimaron 10 días de tratamiento.
En atención a ello, por no surgir de los demás elementos acreditativos prueba fehaciente de la relación causal entre las lesiones lumbares descriptas por el perito y el siniestro objeto de autos, estimó la incapacidad sobreviniente del actor Héctor Francisco Barrios en 13,55% T.V. de incapacidad parcial y permanente (en lugar del 20,46 % estimado por el profesional).
En relación con la actora Nuñez, también encontró discordancias entre lo dictaminado por el citado perito y las demás constancias de la causa, destacando que en la historia clínica acompañada se dejó sentado únicamente el dolor cervical agudo y, luego de diversos estudios, se le diagnosticó cervicalgia aguda y rectificación total.
A la luz de estas consideraciones concluyó que debía apartarse del informe relativo a la lumbociatalgia por no encontrar prueba idónea de la relación causal entre las lesiones lumbares descriptas por el profesional y el hecho bajo estudio y tomarse la incapacidad derivada de la lesión cervical en 9% T.V. Agregó que la perito médica neuróloga había determinado que la coactora Nuñez padecía Síndrome post-conmocional de Pierre Marie, derivado del traumatismo de cráneo con pérdida de conciencia sufrida en ocasión del accidente (25% de la T.O.), lo que llevaba a determinar un total por incapacidad parcial y permanente del 31,75% T.V.
Así las cosas, teniendo en consideración lo antes expuesto y las condiciones personales de las víctimas, fijó la suma de $ 160.000 para el señor Barrios y $ 300.000 para la señora Nuñez para el rubro en tratamiento.
Si bien rechazó el daño psicológico por entender que no había sido acreditada su irreversibilidad, hizo lugar al tratamiento psicológico futuro, el cual estableció -teniendo en cuenta lo aconsejado por la experta- a valores actuales y su duración (aproximadamente 6 meses) en la suma de $ 12.000 para cada uno de los accionantes.
Luego procedió a la determinación del daño moral; gastos médicos y de traslado; daños materiales y por privación de uso.
Desde otroángulo, adujo que el cálculo de una indemnización a valores actuales a la fecha del dictado de la sentencia constituía la expresión de la facultad conferida al juzgador por la última parte del art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial. Precisó que tal era (fijación del daño a valores corrientes a la época del pronunciamiento) lo resuelto en autos sobre los rubros abordados.
A renglón seguido, expresó que ante la prohibición legal de actualizar los créditos que se desprendía de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 -ratificada por la ley 25.561- correspondía rechazar el planteo de inconstitucionalidad introducido por los actores.
Por último, refirió que a los efectos del cálculo de los intereses correspondía tomar la alícuota del 6% anual, que debía ser impuesta al crédito indemnizatorio en cuestión desde el 24 de octubre de 2013 -fecha del siniestro- y hasta el momento del dictado de la sentencia (momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda). Y de allí en más, la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos de aplicación.
II. Apelado dicho pronunciamiento por los actores y la citada en garantía, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial confirmó en lo principal la decisión, reduciendo -en lo que aquí importa- los importes otorgados en concepto de daño por incapacidad sobreviniente ($ 125.000 para Héctor Francisco Barrios y $ 225.000 para Miriam Susana Nuñez) al reconocer únicamente de manera parcial el daño físico, rechazar el daño psíquico y neurológico y revocar, asimismo, el monto otorgado en concepto de tratamiento psicológico futuro.
Por otra parte, confirmó el rechazo de la solicitud de los accionantes de actualizar el monto de la condena y los intereses aplicados por el pronunciamiento de origen (v. sentencia de fecha 6-V-2020).
III. Contra esta decisión se alza el letrado apoderado de los actores mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en virtud del cual denuncia la violación de la doctrina legal que cita y el vicio de absurdo en la apreciación de la prueba. Hace reserva del caso federal (v. escrito electrónico de fecha 8-VI-2020).
Se agravia, en síntesis, por la reducción del resarcimiento por incapacidad física y el rechazo del daño psíquico y neurológico, fruto -a su entender- de una absurda valoración de la prueba pericial médica rendida en autos.
Cuestiona la tasa de interés aplicada y, por fin, peticiona se decrete la inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561, propiciando luego que todas las sumas reclamadas y admitidas sean indexadas conforme a la evolución del índice general de precios.
IV. El recurso prospera parcialmente.
Sabido es que establecer el monto indemnizatorio por los daños sufridos constituye una típica cuestión de hecho, privativa de los jueces de las instancias ordinarias e irrevisable en casación, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo (conf. causas C. 108.654, "Morán", sent. de 26-X-2016; C. 121.219, "Maldonado Lavinia", sent. de 21-II-2018; e. o.).
IV.1. El agravio referido al daño físico no procede.
Se alega que los elementos de juicio obrantes en el expediente demuestran que la prueba pericial médica realizada ha acreditado un cuadro muy diferente y notablemente superior al que fue considerado finalmente por la Cámara, separándose así de las conclusiones vertidas por el experto.
Pero ese órgano, al abordar este renglón resarcitorio, indicó que los accionantes no habían sido atendidos el día del hecho en centro asistencial alguno, que no obraba ninguna constancia al respecto en la IPP y que los certificados médicos suscriptos por los doctores Flores Ramírez y Villanueva (v. fs. 28/29 y 33) no podían ser tomados en consideración, pues se había verificado que las matrículas en ellos consignadas pertenecían a otros profesionales. A la par, expresó que los informes de la obra social OSECAC (v. fs. 548/576) que detallaban las lesiones habían sido realizados 20 días después del hecho.
Ya ingresando en el análisis de la incapacidad física del señor Barrios, en el recurso se expresa que no había quedado acreditado que las secuelas que informó el perito médico Cozzi (v. fs. 468/474) -a saber, cervicobraquialgia con contractura muscular y rigidez y electromiograma alterado, lumbociatalgia con contractura muscular dolorosa persistente, pérdida de lordosis en las radiografías, reducción del rango de movilidad de la columna y electromiograma alterado, sin discopatía localizada- estuviesen en relación causal con el accidente, otorgando una incapacidad parcial y permanente del 5% T.V. en concepto de tendinitis de hombro izquierdo (no dominante) crónica.
Para así fallar, adujo que el dictamen fue realizado más de cuatro años después del accidente y que el actor, al consultar al médico 19 días después del hecho, únicamente refirió dolor en el hombro izquierdo por haberse golpeado con el parante del auto (v. fs. 557), debiéndose resarcir únicamente esta lesión.
En lo que respecta a la incapacidad física de Nuñez, consideró que solo podía admitirse la cervicalgia en tanto dicha dolencia era coincidente con el diagnóstico brindado al ser atendida en OSECAC (v. fs. 572), no así la lumbociatalgia dictaminada por el experto pues no se había logrado acreditar debidamente la relación causal con el accidente. Así las cosas, redujo al 9% T.V. la incapacidad parcial y permanente.
A su turno, el impugnante objeta la minusvalía física reconocida a los accionantes, pero no logra demostrar que haya sido irracional la decisión que determinó la ausencia de relación causal de ciertos daños con el hecho objeto de esta litis, lo que importa la insuficiencia de su embate (art. 279, CPCC).
El simple desacuerdo con la postura fijada en una sentencia no configura absurdo, vicio cuya configuración demanda la presencia de un error palmario y fundamental en el examen de determinadas cuestiones de hecho y prueba (conf. causas C. 108.139, "Scarcella", sent. de 2-III-2011; C. 107.055, "González", sent. de 10-XII-2014; entre muchas).
Esta Corte ha expresado que cuando se pretenden impugnar las conclusiones de un pronunciamiento referido a las cuestiones fácticas del proceso -en el caso, sobre la relación causal- es menester realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados al valorarse el producto de la diligencia probatoria. En esa faena incumbe al interesado demostrar que concurre un error grave y manifiesto que ha derivado en conclusiones contradictorias, incoherentes o inconciliables con las constancias objetivas que resultan de la causa (conf. causas C. 108.654, "Moran", sent. de 26-X-2016; C. 120.515, "Lo Curto", sent. de 15-VIII-2018; etc.), lo que no acontece en autos.
Al contestar el pedido de aclaraciones y explicaciones efectuado por la citada en garantía (v. fs. 491/492 vta.), el perito médico Cozzi expresó que los hallazgos que mostraban los estudios complementarios de la pericia -rectificación de la lordosis fisiológica, pinzamiento posterior, etcétera, de ambos actores- podían corresponder a factores distintos del hecho de la litis (v. fs. 537, respuesta A); circunstancia que echa por tierra la crítica ensayada por los accionantes sobre el punto.
IV.2. Igual suerte merece el cuestionamiento vinculado al rechazo del daño neurológico.
IV.2.a. En lo atinente a lo dictaminado por la perito médica neuróloga Taboada, la Cámara sostuvo que la experta al determinar el síndrome post-conmocional de Pierre Marie sufrido por Miriam Susana Nuñez, por el cual estimó una incapacidad del 25% T.V. derivada de un traumatismo de cráneo con pérdida de conciencia (v. fs. 462/464 vta.), se basó únicamente en los dichos de los testigos -ninguno médico- sin apoyatura probatoria al respecto, haciendo hincapié en que el día del accidente no había recibido ninguna asistencia médica.
En función de ello, concluyó que no se había logrado acreditar debidamente que ese daño se encontrara en relación causal con el accidente.
La Cámara descartó las secuelas neurológicas por considerar que el dictamen -en cuanto al juicio de causalidad afirmado por la experta- no tuvo "apoyatura probatoria".
La crítica que porta la pieza recursiva es ineficaz para descalificar las conclusiones del fallo apelado.
En esa sentencia, huelga reiterarlo, no se puso en tela de juicio la existencia misma de las dolencias acreditadas. Se advirtió que no se había podido establecer -a partir de las constancias de la causa aportadas al proceso- que fueran consecuencia del accidente. Dicha experticia, según ponderó esa decisión, no encuentra "ninguna apoyatura probatoria al respecto" por fuera de la testimonial, aportada por sujetos que carecen de conocimientos médicos. El desarrollo argumental que propone el escrito recursivo no logra conmover tal conclusión.
En este pasaje de la impugnación se afirmó que "de haber advertido los peritos que las lesiones comprobadas podían tener otro origen lo hubieran informado"; agregándose que no es razonable sostener que "hubieran avalado la situación considerando que estamos ante hechos falsos, simulados o atribuibles a otras causas".
Con todo, el cuestionamiento dirigido a ese pilar argumental del fallo traduce una mera discrepancia con el juicio realizado por el tribunal a quo. Se reduce a la dogmática afirmación de que el informe pericial en cuestión "encuentra apoyatura en los medios de prueba documental, informativa, pericial y testimonial, tal como hemos explicado en nuestros agravios".
No hay en el recurso desarrollo alguno tendiente a demostrar tan contundente premisa, lo que sella la suerte adversa del agravio así postulado (art. 279, CPCC).
IV.3. Es de recibo, en cambio, el agravio postulado respecto del daño psicológico.
En la decisión recurrida aquí, se afirma que no fue realizada la pericia psicológica necesaria para determinar que los coactores padecían secuelas al respecto, por lo que no había quebranto patrimonial indirecto derivado de limitaciones psicológicas que debiera ser indemnizado. En consonancia, revocó el tratamiento psicológico concedido en la instancia de grado.
Tal aseveración no es fruto de una correcta evaluación de las secuelas sufridas por las víctimas.
En concreto, no se ha tomado en consideración, sin razón plausible, lo dictaminado por el perito psiquiatra Herrera Milano, quien tuvo a su cargo la determinación de la existencia del menoscabo en cuestión. En el recurso extraordinario el punto es objeto de una denuncia de absurdidad. El mentado profesional concluyó afirmando que Héctor Barrios "tiene daño psíquico, pues se produjo una merma en sus aptitudes psíquicas y perturbación del equilibrio emocional que provoca dificultades en su integración en el medio. La patología presentada [...] al momento de la pericia y que presenta una relación directa con el hecho de marras: Trastorno Adaptativo Mixto con Ansiedad y Estado de Ánimo Depresivo", estableciendo un 10% de incapacidad psíquica parcial y permanente que "posee relación directa con los hechos denunciados" (v. fs. 368/369).
Y también que Miriam Susana Nuñez "tiene daño psíquico pues se produjo una merma en sus aptitudes psíquicas y perturbación del equilibrio emocional que provoca dificultades en su integración en el medio. La patología presentada [...] al momento de la pericia y que presenta una relación directa con el hecho de marras: Trastorno Adaptativo Mixto con Ansiedad y Estado de Ánimo Depresivo", estableciendo un 8% de incapacidad psíquica parcial y permanente que "posee relación directa con los hechos denunciados" (v. fs. 375/376).
En ambos casos, el experto indicó tratamiento psicoterapéutico de 6 meses de duración a fin de que no se agravasen los cuadros previamente descriptos, puntualizando que podía prolongarse o no en base a la evolución de la patología, estimando que en el ámbito privado el valor de una sesión de psicoterapia era de $ 500 (v. fs. 369 y fs. 376).
A ello cabe agregar que el perito Herrera Milano resaltó que "... en el proceso de diagnóstico se realizaron entrevistas clínico psiquiátricas y se solicitó su autobiografía, describiendo [los actores] en forma coherente lo sucedido y lo vivido como un hecho cargado de angustia y de injusticia que modificó su existencia". Destacó además que "los hechos vividos por estos han afectado su estructura psíquica, la que se ha visto debilitada y también han producido una marcada perturbación en su personalidad" (v. fs. 498 vta. y 499).
A la par, remarcó que los informes psicodiagnósticos y baterías de test a los que se refirió la citada en garantía al impugnar dicho informe, cuestionando la incumbencia del médico psiquiatra en la materia (v. fs. 493/495), eran exámenes médicos complementarios y de exclusiva realización por licenciados en psicología. Recordó que estos "no tuercen, modifican ni cambian los hallazgos determinados a través de la clínica psiquiátrica, que es la que prima para establecer el diagnóstico médico de existencia o ausencia de patología mental"(v. fs. 499).
En definitiva, la labor desarrollada por el experto, dio cuenta del origen traumático que tuvo dicho cuadro y la gravedad de la lesión, extremo que fue soslayado por la Cámara.
IV.3.a. En función de lo expresado, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto y, en consecuencia, revocar la decisión impugnada en cuanto ha denegado el reclamo relativo a los daños psíquicos sufridos por ambos accionantes. Los autos deberán volver al tribunal de origen para que, debidamente integrado, determine la cuantía de dicho rubro.
IV.4. Por último, se objetan los intereses establecidos por las instancias de grado al capital de condena. Argumenta que la jueza de origen no expresó que las sumas otorgadas a los actores hubiesen sido fijadas a "valores actuales" como refiere el Tribunal de Alzada.
Tal como se ha dicho, la sentencia de primera instancia sostuvo que el momento del dictado del fallo había sido el que se tuvo en cuenta para la evaluación de la deuda.
Pues bien, en lo que atañe al daño psíquico de los accionantes, los intereses respectivos deberán fijarse al momento de su oportuna determinación, según las pautas establecidas en las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018).
V.1. El cuestionamiento a la constitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, texto según ley 25.561, en su estricta aplicación al caso enjuiciado, debe ser acogido.
V.1.a. Como es conocido, las recurrentes crisis financieras y, entre otros pr
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.