Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132581
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal del Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, en lo que interesa, rechazó la demanda promovida por el señor Diego GastónÁvalos contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires y Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en concepto de indemnización por daños y perjuicios con fundamento en el derecho común (v. veredicto y sentencia de fecha 11-III-2024).
Para así decidir, en lo que resulta de relevancia por ser materia de agravio, juzgó no acreditados los presupuestos de responsabilidad civil en los que el actor sustentó la acción.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa interpuso recurso extraordinario de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 27-III-2024), los que fueron concedidos por el sentenciante de grado (v. resolución de fecha 12-IV-2024).
III.1. En la vía extraordinaria de nulidad, alega vulnerado el art. 171 de la Constitución local. Sostiene que la sentencia carece de la debida fundamentación legal. Finalmente, alega absurdo.
III.2. El recurso no prospera.
III.2.a. Liminarmente se impone señalar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial, únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021; L. 129.595, "Palenzona", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.716, "Pereyra", resol. de 15-IV-2024).
III.2.b. Por otro lado, corresponde recordar que lo que el art. 171 de la Constitución provincial sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, más no su incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación, cuyo estudio resulta ajeno al remedio intentado, siendo inherente al de inaplicabilidad de ley (causas L. 106.708, "Severino", sent. de 12-VI-2013; L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014; L. 118.619, "Praxair", resol. de 29-IV-2015; L. 120.845, "SATA Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018; L. 125.657, "Durand", resol. de 2-III-2021 y L. 129834, "Flamini Sarracino", resol. de 10-II-2024).
En el caso, no se encuentra vulnerada aquella cláusula constitucional denunciada, habida cuenta que la simple lectura del pronunciamiento en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (causas L. 123.718, "Kollrich Borsani", resol. de 9-VI-2020; L. 126.258, "Alterino", resol. de 26-V-2021 y L. 132.247, "Correa Fernández", resol. de 20-XI-2024).
III.2.c. Finalmente, cabe recordar que no es atendible la alegación relativa a la configuración del vicio de absurdo, pues tal hipotética crítica no puede ser canalizada mediante el presente carril de impugnación extraordinario (causas L. 92.137, "Fiumara", sent. de 31-X-2007; L. 94.686, "Álvarez", sent. de 9-IV-2008; L. 96.679, "Cisneros", sent. de 2-III-2011; L. 120.333, "Rosales", resol. de 27-XII-2017 y L. 124.835, "Gavilán", resol. de 16-X-2022 L. 130.753, "Suárez", resol. de 20-Xl-2024).
IV.1. En el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley, el recurrente denuncia absurdo. Sostiene que los presupuestos básicos exigidos para que resulte procedente la acción por la vía de la responsabilidad civil objetiva se encuentran sobradamente acreditados. Asimismo, afirma que el sentenciante omitió ponderar la falta de cumplimiento de las obligaciones a cargo de la aseguradora en materia de prevención y control de la actividad desarrollada por el accionante.
Seguidamente, denuncia la doctrina que considera vulnerada y argumenta sobre la obligación que tienen los jueces de fundar sus sentencias.
IV.2. El presente recurso tampoco prospera.
IV.2.a. Inicialmente, cabe advertir que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el monto reclamado en la demanda- no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, el tratamiento del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario- (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; e.o.).
De suyo, entonces, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 131.809, "Girardi", resol. de 20-IX-2024).
IV.2.b. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, se observa que la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que mediante la denuncia de doctrina legal, el impugnante trae a consideración agravios relacionados con cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las prueba, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de grado al meritar las circunstancias probatorias de la litis, asuntos detraídos de la revisión en el acotado carril por el que transita el recurso (causas L. 117.894, "Silvero López", resol. de 10-XII-2014; L. 118.681, "Núñez", resol. de 1-VII-2015; L. 121.975, "Mansilla", resol. de 5-VI-2019; L. 125.287, "Seguel", resol. de 13-XI-2020; L. 126.743, "Ricardini", resol. de 6-VIII-2021 y L. 127.150, "Romano", resol. de 17-IV-2023).
IV.2.c. También se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este superior Tribunal, la mención de la opinión personal de uno de sus Ministros (causas L. 121.472, "Aguilar", resol. de 8-VIII-2018; L. 124.714, "Tolosa", resol. de 24-VIII-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023 y L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024).
IV.2.d. Seguidamente, no resulta útil, en el excepcional canal de revisión en tratamiento, la cita de precedentes que versan sobre la obligación que tienen los jueces de fundar sus sentencias (causas L. 125.286, "Sánchez", resol. de 13-XI-2020 y L. 125.476, "Pellegrini", resol. de 9-XII-2020 y L. 127.182, "Acosta", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/03/2025 13:38:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/03/2025 10:59:58 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2025 17:09:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2025 17:01:47 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/03/2025 08:21:50 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/03/2025 09:44:13 hs. bajo el número RR-144-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia