Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129980
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de nulidad traído y se anula parcialmente la sentencia de grado en cuanto omitió el tratamiento del tema identificado en el punto III.1.b. de la primera cuestión tratada. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, integrado con otros jueces, dicte el pronunciamiento que corresponda (art. 298, CPCC).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.980, "Farkas, Roberto Denis contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda incoada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent. de fecha 21-IX-2022).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 11-X-2022).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de 25-IX-2023), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado ante esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Roberto Denis Farkas y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires, en su condición de empleadora autoasegurada, a abonarle la suma que determinó en concepto de diferencias en las prestaciones dinerarias establecidas en los arts. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773, como consecuencia de la incapacidad derivada del accidente de trabajo que protagonizó el día 21 de agosto de 2013. Por otro lado, rechazó la acción deducida en cuanto reclamaba una reparación integral con sustento en el derecho común (v. pronunciamiento electrónico de fecha 21-IX-2022).
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa interpone recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia la violación del art. 168 de la Constitución provincial (v. presentación electrónica de fecha 11-X-2022).
Afirma que el sentenciante omitió brindar tratamiento a una cuestión, a su criterio esencial, consistente en el reclamo efectuado en la demanda (v. fs. 10 y vta.) de las sumas que —según indicó— fueron indebidamente retenidas por impuesto a las ganancias sobre el monto percibido por el trabajador en concepto de prestaciones dinerarias por incapacidad laboral temporaria durante el periodo previsto en el art. 208 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Argumenta que, más allá de que la Fiscalía de Estado al contestar la acción nada dijo al respecto, el pronunciamiento definitivo "debió haber abordado este extremo esencial en la litis" (rec., pág. 5), cuya omisión —sostiene— habilita la procedencia del carril de nulidad intentado.
III. El recurso prospera.
III.1. Entiendo, en sintonía con lo expuesto por el señor Procurador General, que el recurso debe tener favorable recepción.
III.1.a. Dable es recordar que el recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (causas L. 122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020; L. 123.216, "Bravo", sent. de 9-IX-2021; L. 124.860, "Mayotti", sent. de 19-IX-2022; L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023; e.o.).
Asimismo, esta Corte ha dicho que constituyen cuestiones esenciales aquellos planteos que estructuran la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe necesariamente atender para su validez (causas L. 117.832, "Campos Dure", sent. de 2-XI-2016; L. 118.949, "Méndez", sent. de 13-IX-2017; L. 121.033, "Aguirre", sent. de 9-XI-2020; L. 130.324, "Mesistrano", resol. de 4-X-2023; e.o.).
III.1.b. En este contexto, puede advertirse que la temática que se denuncia preterida fue sometida a conocimiento del tribunal interviniente en la etapa procesal oportuna. Así, en el apartado IX "a" del escrito de inicio, el actor solicitó se condene al Fisco accionado a abonar las "indebidas retenciones" de ganancias —a la luz de lo previsto en la ley 20.628 y en la circular de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 1/99— que denunció y liquidó (v. fs. 10 y vta.), pretensión que, sin perjuicio del silencio guardado al respecto por la demandada (v. presentación electrónica de fecha 28-XII-2016), integró la estructura de la traba del litigio.
Sin embargo, el órgano de grado, al dictar sentencia, solo analizó la procedencia de los reclamos relacionados con la reparación de la incapacidad padecida por el señor Farkas a raíz del accidente de trabajo denunciado, mas no respecto del referido pedido efectuado a fs. 10 y vta., sin que emerja del trazo lógico cristalizado en el fallo algún motivo que justifique no abordar ese pedido.
En tales condiciones, se configura en la especie la omisión de tratamiento de una cuestión que reviste carácter esencial, en los términos del art. 168 de la Constitución provincial.
III.2. A tenor de lo hasta aquí dicho, corresponde decretar la nulidad parcial del fallo, en cuanto en él se omitió abordar la cuestión identificada en el punto III.1.b. de la presente, solución que no ha de proyectarse sobre otros aspectos del pronunciamiento que no guardan vinculación, pues ello configuraría un dispendio jurisdiccional que afectaría el rendimiento del servicio de administración de justicia, máxime que —en rigor— nada impide que esta Corte ejerza a su respecto la función revisora, satisfaciendo los fines de la casación (causas L. 79.235, "Carnival", sent. de 23-V-2007; L. 84.401, "Bautista", sent. de 26-VIII-2009; L. 107.395, "Sueyro", sent. de 25-IV-2012; L. 121.212, "Pardo", sent. de 9-XII-2020 y L. 123.840, "Arrate", sent. de 10-II-2022).
IV. Por lo expuesto, cabe hacer lugar al recurso extraordinario de nulidad interpuesto y anular parcialmente la sentencia de fecha 21 de septiembre de 2022, con el alcance determinado en el párrafo que antecede.
La causa deberá ser devuelta al tribunal de origen para que, nuevamente integrado, emita un nuevo fallo que subsane la omisión verificada (art. 298, CPCC).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la legitimada activa denuncia la violación de los arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 362, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 9 de la ley 26.773; 512, 1.074, 1.109 y 1.113 del anterior Código velezano; 1.716, 1.717, 1.721, 1.724, 1.725, 1.751, y 1.758 del Código Civil y Comercial; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 11 de octubre de 2022).
I.1. En primer lugar, objeta el porcentaje de incapacidad determinado en el fallo en crisis porque considera que el juzgador incurrió en absurdo al apartarse del dictamen médico que —luego de la impugnación formulada por la parte actora— elevó la minusvalía del señor Farkas, del 26,60% al 39,60% de la total obrera.
Alega que este último porcentaje se encuentra debidamente fundado y respaldado científicamente en base a los estudios médicos que identifica y que, además, fue establecido conforme al baremo del decreto 659/96.
I.2. Por otra parte, cuestiona el rechazo del tribunal de grado de la pretensión por reparación integral.
Señala que, al contrario de lo valorado por el sentenciante, las circunstancias fácticas del siniestro, además de encontrarse reconocidas por la propia accionada, surgen acreditadas con el expediente administrativo n° 5100-26156/16 que aquella parte acompañó al responder la acción.
Bajo tal entendimiento, sostiene que, encontrándose probado el accidente padecido por el actor al ser agredido por motivo de su trabajo y constatada la actividad que realizaba en la Junta Evaluadora de Discapacidad —en la cual era objeto de innumerables presiones por las personas que concurrían y le exigían emitiera dicha certificación—, "surge evidente que el riesgo al que se encontraba expuesto era alto y que terminó dañando su salud" (rec., pág. 9). En este sentido, afirma que las tareas desempeñadas por el accionante constituyen una actividad riesgosa y postula su inclusión en las previsiones del art. 1.113 del Código velezano, conforme la doctrina legal que cita.
Agrega que el juzgador omitió considerar que el señor Farkas no fue sometido a exámenes médicos periódicos tal como lo exige la legislación, lo que impidió efectuar un seguimiento de su salud y poder actuar en forma preventiva y no, como en el caso, cuando su afección psicológica se encontraba consolidada. A tal fin, denuncia infringida la doctrina de la causa L. 119.143, "Correa", sentencia de 29-III-2017.
Finalmente, refiere que la obligación de la demandada en su carácter de autoasegurada es mayor, en tanto corre la responsabilidad que eventualmente le hubiera cabido a una aseguradora de riesgos de trabajo, conforme la doctrina que transcribe.
II. El recurso no prospera.
II.1. En primer lugar, corresponde advertir que, contrariamente a lo afirmado por la recurrente, en el caso, el valor de lo cuestionado —representado por la diferencia indemnizatoria que surge de contemplar el porcentaje de incapacidad pretendido a los fines de calcular las prestaciones dinerarias y el monto reclamado en demanda en concepto de reparación integral— no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual su análisis solo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 —aplicable al caso—.
Bajo estas condiciones, la función revisora de esta Suprema Corte se limita a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 127.372, "Faure", sent. de 27-III-2023; L. 127.904, "Ganem", sent. de 10-IV-2023; L. 126.812, "Villalba", sent. de 17-IV-2023 y L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023; e.o.).
II.2. Sentado ello, corresponde analizar los agravios vinculados con el porcentaje de incapacidad determinado y el rechazo del reclamo por reparación integral.
II.2.a. El primero de los embates referidos, lejos de evidenciar la existencia de violación de doctrina legal, se limita a cuestionar —por conducto de la evocada configuración del vicio de absurdo en la apreciación del primigenio dictamen emitido por la perito médica y el presentado con posterioridad a la impugnación referida— el porcentual de incapacidad que tuvo en consideración el juzgador de grado para cuantificar el resarcimiento reconocido al actor.
En este sentido, reiteradamente ha declarado esta Suprema Corte que no concurre el supuesto de excepción previsto en la mencionada norma del régimen adjetivo laboral cuando se traen a su conocimiento cuestiones fácticas, ni cuando se ventilan agravios relacionados con el absurdo en la valoración de la prueba realizada por el juzgador (causas L. 125.158, "Sangorrin", resol. de 4-III-2021; L. 123.368, "Hurtado", sent. de 22-IX-2021; L. 124.115, "Sabels", sent. de 13-XII-2021 y L. 128.823, "Sardinas", sent. de 23-XI-2023; e.o.), tal y como —según lo dicho— acontece en la especie.
Corresponde recordar en este punto, que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 125.959, "Guinski", sent. de 27-X-2022; L. 125.939, "Ostertag", sent. de 27-III-2023; L. 127.290, "Carbone", sent. de 10-IV-2023; L. 130.533, "Colón", sent. de 16-XII-2024; e.o.).
II.2.b. En relación al restante cuestionamiento que porta el recurso, se advierte también que sus argumentaciones se enlazan con cuestiones fácticas y probatorias, cuya definición es privativa del sentenciante de grado, como lo es la determinación de los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción por daños y perjuicios (causas L. 125.711, "Rodríguez", resol. de 14-XII-2020; L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020 y L. 129.401, "Orione", resol. de 17-IV-2023), y el supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la causa (causas L. 124.351, "Gómez Gorosito", resol. de 30-VI-2020; L. 124.701, "Fernández", resol. de 21-IX-2020 y L. 130.706, "Zapata", resol. de 26-XII-2023).
Si bien lo expuesto resulta suficiente para rechazar esta parcela de la queja examinada, cabe agregar que los precedentes que cita el recurrente en sustento de este tramo de la réplica, han sido elaborados sobre la base de presupuestos distintos a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020; L. 121.911, "Carrión", sent. de 30-XII-2021; L. 128.067, "Matto", sent. de 27-VI-2023; L. 128.807, "D' Andrea", sent. de 20-XI-2024; e.o.).
III. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de nulidad traído y se anula parcialmente la sentencia de grado en cuanto omitió el tratamiento del tema identificado en el punto III.1.b. de la primera cuestión tratada. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, integrado con otros jueces, dicte el pronunciamiento que corresponda (art. 298, CPCC).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/02/2025 20:18:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/03/2025 13:02:59 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2025 13:48:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2025 17:00:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/03/2025 08:19:29 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 13/03/2025 09:45:49 hs. bajo el número RS-13-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia