Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132697
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la demanda promovida por Liliana del Valle Lazarte, Miguel Antonio Villagra y Johana Anabella Villagra contra Seman S.R.L., YPF S.A. y QBE Argentina Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en cuanto pretendían el pago de una indemnización integral por los daños derivados de la muerte de Miguel Ángel Villagra, quien fuera cónyuge y padre de los accionantes, respectivamente (v. pronunciamiento de fecha 7-XII-2023).
Para así decidir, juzgó que los legitimados activos no lograron demostrar que el paro cardio respiratorio no traumático sufrido por el señor Villagra hubiera sido consecuencia directa de la modalidad en que el trabajador realizaba sus tareas ni que se encontrara expuesto diariamente a emanaciones tóxicas por el tipo de actividad, en un ambiente de tensión o con exigencias imperiosas y en exceso angustiantes.
Asimismo, consideró no verificado que Seman S.R.L. y QBE Argentina Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. hubieran incumplido con la normativa relativa a seguridad e higiene del trabajo, con su deber de previsión y custodia preventiva ni que la actividad que realizaba el dependiente pudiera ser considerada riesgosa o viciosa.
En ese marco, concluyó que la muerte del causante se produjo por causa natural e inculpable. En consecuencia, consideró que no existía nexo causal para atribuir responsabilidad civil entre la defunción y las labores realizadas por aquél en favor de su empleadora ni tampoco que se tratara de una contingencia amparada por la ley 24.557, por resultar la causa de muerte ajena al trabajo y de carácter inculpable.
II. Contra dicha decisión, el letrado apoderado de los accionantes dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 2-II-2024), el que fue concedido por el a quo en el marco del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resol. de fecha 28-VI-2024), decisión que, debidamente notificada a las partes, no mereció objeciones del recurrente (v. constancias de fecha 2-VII-2024).
En su presentación, cita las normas y doctrina legal que considera transgredidas en el fallo impugnado.
En sustancia, objeta lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto desestimó la acción por reparación integral deducida contra las demandadas.
En ese orden, bajo la denuncia de absurdo, cuestiona la valoración de la prueba llevada a cabo por el a quo y expone las demás circunstancias que -a su modo de ver- dan cuenta de la acreditación de los presupuestos configurativos de la responsabilidad civil atribuida a aquéllas.
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente, cabe advertir que en el caso -tal como lo manifestó el órgano de grado- el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el monto reclamado en la demanda- no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, el tratamiento del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario- (causas L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023 y L. 130.306, "Mangiapane", resol. de 21-VI-2023; e.o.).
No obstante ello, y a propósito de los argumentos desplegados por el impugnante (v. pág. 3/4 de su presentación), es dable poner de resalto que el planteo contenido en el recurso no permite considerar involucrada de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal que autorice su conocimiento sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308: 490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 121.801, "Castro" resol. de 17-X-2018; L. 124.036, "Landes", resol. de 17-VI-2020; L. 125.642, "Eseiza" y L. 125.663, "Siebenhaar", resols. de 4-III-2021).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.2.a. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, no se observa en la especie la concurrencia del mentado supuesto excepcional desde que la crítica, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, sólo trae a consideración cuestiones cuya definición es privativa de los magistrados de origen, detraídas de revisión en el acotado margen por el que transita el recurso. Tales son aquellas relativas a analizar el material probatorio aportado por las partes al proceso y establecer si se configuraron o no los presupuestos que tornan viable la acción de daños y perjuicios deducida (causas L. 119.378, "Sarmiento", sent. de 5-VII-2017; L. 118.092, "Molina", sent. de 30-V-2018 y L. 121.162, "Da Rosa", sent. de 17-VI-2020; L. 127.846, "A.G. I.", sent. de 30-IV-2024).
Por lo demás, es dable destacar que los precedentes de este Tribunal que se denuncian infringidos no resultan idóneos a los fines pretendidos en tanto no guardan relación con las motivaciones del pronunciamiento o fueron elaborados a partir de presupuestos disímiles a los del caso en juzgamiento (causas L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020; L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 119.962, "Laurenzo", sent. de 27-VI-2023).
A lo expuesto, corresponde añadir que esta Corte ha declarado reiteradamente que la doctrina relacionada al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 123.817, "Juncos", sent. 28-IV-2021; L. 124.115, "Sabels", sent. de 13-XII-2021; L. 131.128, "Carboni", resol. de 8-IV-2024)
III.2.b. Finalmente, cabe recordar que tampoco se observa la concurrencia del mentado supuesto excepcional cuando se traen a consideración agravios vinculados a cuestiones estrictamente procesales, como lo es la relativa a la distribución de la carga de la prueba (causas L. 120.013, "Quilodran", resol. de 15-XI-2017; L. 120.040, "Salto", sent. de 3-V-2018 y L. 119.551, "Ruiz Acevedo", sent. de 21-VI-2018; L. 132.060, "Nuñez", resol. de 20-IX-2024).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar, en relación a lo manifestado en el punto III.2.b., que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncalves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/03/2025 12:06:29 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/03/2025 15:11:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/03/2025 13:10:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/03/2025 15:11:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2025 08:32:26 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/03/2025 10:45:37 hs. bajo el número RR-224-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia