Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133068
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes rechazó íntegramente la demanda promovida por la señora Mariana Luisa Vespo contra Cervecería y Maltería Quilmes SAICA YG y La Segunda Aseguradora de Riesgos del trabajo S.A. por la cual procuraba el cobro de una reparación integral por daños y perjuicios derivada de la incapacidad psíquica que denunció padecer (v. pronunciamiento de fecha 28-VI-2024).
Para así decidir, juzgó que la accionante no acreditó, como era su carga, que la afección alegada es producto de las labores que desempeñó para la empleadora.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 30-VII-2024), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción prevista en el art. 82 de la ley 15.057 (v. resolución del 31-VII-2024).
En su presentación alega cuestión federal. Cuestiona la validez constitucional de los arts. 278 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial. En lo esencial, la recurrente objeta que el fallo se apartó de la prueba producida en autos. En ese sentido, esgrime que el juzgador incurrió en absurdo, toda vez que -sostiene- su decisión no encuentra respaldo en el informe pericial ni en las constancias documentales de la causa.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, corresponde señalar que el planteo de inconstitucionalidad del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial deviene abstracto en razón que, en virtud de lo establecido en el art. 27 de la ley 15.057, el trabajador goza del beneficio de gratuidad. Por lo tanto, está exceptuado de cumplir con la carga prevista en el mencionado precepto legal.
III.2. Sentado lo anterior, sin perjuicio de otras consideraciones, se impone observar que- en el caso- tal como lo adelantó el órgano de grado (v. resolución de fecha 31-VII-2024) el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el importe reclamado en la demanda- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según resolución 1.840/2024.
Asimismo, debe indicarse que la impugnante no expuso razones suficientes que ilustren -en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 118.518, "Berg", resol. de 1-VII-2015; L. 125.642, "Eseiza", resol. de 4-III-2021 y L. 128.521, "Bruzzo", resol. de 29-VI-2022). Tampoco las genéricas manifestaciones que aluden a la eventual configuración de un supuesto de gravedad institucional, así efectuadas, lucen hábiles para que el recurso se analice en su más amplio marco de revisión.
En este contexto, respecto del restante planteo de inconstitucionalidad traído, sin perjuicio de otras condiciones, corresponde recordar que esta Suprema Corte ha dicho que el presente carril se concede con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (art. 161 inc. 3 "a" de la Constitución local) y su limitación, no vulnera derechos y garantías constitucionales resultando compatible con el citado art. 161, pues no impide deducir el recurso extraordinario previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causa L. 132.874, "Márquez", resol. de 27-IX-2024).
III.3. En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado art. 82 de la ley 15.057 (cfr. causa L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024).
Así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, supuesto que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021; L. 128.848, "González", resol. de 19-IX-2022 y L. 130.708, "Giménez", resol. de 20-IX-2023).
En ese marco, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativo a la valoración de los hechos y las pruebas -tales como la determinación de la existencia de nexo causal entre las tareas desempeñadas y la incapacidad psíquica que presenta la actora-, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 125.830, "Galaschi", resol. de 12-IV-2021; L. 127.778, "Dubois", resol. de 23-II-2022 y L. 132.306, "Moreno", resol. de 30-XII-2024).
Para más, la doctrina citada por la apelante ha sido elaborada sobre la base de disímiles presupuestos fácticos a los que se verifican en el presente y, por lo tanto, su invocación es ineficaz para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el conducto excepcional antes citado (causas L. 119.113, "Ramos", sent. de 18-X-2017; L. 119.192, "Artigau", sent. de 21-VI-2018 y L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020).
III.4. Además, cabe recordar que la doctrina legal referida al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado precepto legal (causas L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019; L. 127.812, "Casas", resol. de 7-III-2022 y L. 128.456, "Germiniani", resol. de 29-VI-2022 y L. 133.918, "Selva", resol. de 12-III-2025).
III.5. Tampoco se verifica el indicado excepcional supuesto cuando la doctrina legal que se acusa transgredida se relaciona con la interpretación de preceptos de carácter adjetivo (como lo atingente a las normas que regulan la atribución de la carga de la prueba; causas L. 119.693, "Tapia", resol. de 15-VI-2016; L. 121.347, "Burgos", resol. de 6-VI-2018: L. 123.666, "Santarelli", resol. de 27-V-2020; L. 125.750, "Di Tullio", resol. de 15-IV-2021 y L. 131.808, "Ianniello", resol. de 20-IV-2024).
III.6. Finalmente, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol. de 28-XII-2021; L. 128.413, "Núñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e.o.).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar, en lo concerniente a lo manifestado en el punto III.5., que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. del 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. del 29-X-21 y L. 125.904, "Almada", resol. del 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/05/2025 13:14:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2025 10:20:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2025 12:27:46 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2025 18:21:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/05/2025 08:29:42 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/05/2025 10:03:56 hs. bajo el número RR-500-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia