Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130398
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.398, "Zittermann, Facundo Ernesto contra Ministerio de Seguridad y otro/a. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. pronunciamiento de fecha 29-XII-2022).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 14-II-2023).
Dictada la providencia de autos (v. proveído electrónico de fecha 20-XII-2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado, tras declarar la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557, acogió la acción promovida por el señor Facundo Ernesto Zittermann contra la Provincia de Buenos Aires, por la que pretendía —con fundamento en las disposiciones del Código Civil (ley 340)— la reparación integral de los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo que sufrió el día 7 de mayo de 2007.
Para así decidir, en el veredicto, indicó que el infortunio no había sido un hecho controvertido por las partes y tuvo por demostrado que, en la fecha señalada, mientras el actor —aspirante a policía— en el marco de una clase de defensa personal se encontraba realizando el ejercicio de rolido de hombro durante un entrenamiento, un compañero de trabajo se le cayó encima traumatizándolo en la región cérvico-occipital, generándole diversos traumatismos.
También estableció que, como consecuencia del evento, el reclamante padece anterolistesis traumática del raquis cervical de ubicación C4-C5, operada con secuelas EMG morfológicas y funcionales moderadas a severas y reacción vivencial anormal neurótica depresiva grado II, lo que le genera un 45,9% de incapacidad psicofísica, incluidos los factores de ponderación (v. vered., tercera cuestión, págs. 2 y 3).
Juzgó probado que la empleadora incumplió los deberes de prevención (control de las pausas reglamentarias que debe existir entre cada compañero que realiza el ejercicio y practicarlo sobre piso blando), omitiendo verificar el estricto cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad tendientes a minimizar el riesgo de la tarea que realizaba el actor al momento del accidente, y que dicha omisión tuvo relación causal con el daño provocado en su salud (v. vered., quinta cuestión, págs. 4/6).
Asimismo, consideró acreditado que el infortunio se produjo en el marco de una actividad riesgosa, ya que su desarrollo implicaba el riesgo de sufrir algún daño por la modalidad de realización en sí misma (v. vered., sexta cuestión, págs. 6 parte final/7 y sent., págs. 11/12).
Sostuvo que la demandada resultaba responsable, además, porque el instructor que tenía a cargo la actividad era su dependiente, hallándose demostrado en autos que no tomó los recaudos necesarios a fin de evitar el evento (v. vered., sexta cuestión, pág. 7 y sent., pág. 12).
En ese contexto, el tribunal de origen consideró que debía responder integralmente por los perjuicios ocasionados al demandante, al estimar configurados los factores de atribución de responsabilidad contemplados en los arts. 1.074, 1.109, 1.112 y 1.113 del Código Civil (ley 340).
En consecuencia, calculó el resarcimiento teniendo en cuenta las circunstancias del caso y las pautas expuestas por esta Corte en las causas L. 119.914, "Aguiar" (sent. de 22-VI-2020) y L. 122.532, "Papalia" (sent. de 29-IX-2020), así como los lineamientos previstos por la Corte nacional en los precedentes "Arostegui" y "Ontiveros".
En ese trance, determinó el importe de condena en concepto de daño material de acuerdo a la fórmula matemática que juzgó aplicable, utilizando como base para el cálculo del rubro en cuestión el salario mínimo devengado en el mes de noviembre de 2022 ($57.900).
Arribó al monto de $6.414.064,13, al que adicionó la suma de $3.207.032 en concepto de "pérdida de chance"; la de $ 1.282.812,82 por agravio a la integridad psicofísica y la de $3.207.032,065 por daño moral. Todo ello llevó al sentenciante a estimar la reparación integral de los daños padecidos por el actor en la suma de $14.110.941,08, a la cual le dedujo el monto ya percibido en la etapa prejudicial en concepto de prestación dineraria $10.373.
Con base en esa determinación —concerniente a la cuantía del resarcimiento proveniente de la aplicación de las normas del derecho común— y el importe de la reparación brindada por la ley 24.557 ($35.168,48), declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley indicada, por juzgar que la reparación del sistema especial resultaba peyorativa para el trabajador en el marco jurisprudencial imperante; viéndose —en el caso— vulnerados los arts. 16 y 19 de la Constitución nacional y distintas normas contenidas en los tratados internacionales de igual jerarquía (v. sent., págs. 19/20).
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 901 a 906, 1.068, 1.069, 1.074, 1.078, 1.109, 1.112 y 1.113 del Código Civil; 8 inc. "c" de la ley 19.587; 4 del decreto 3.326/04; 165, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" y 63 de la ley 11.653; y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, cuestiona la decisión del juzgador de condenar civilmente a la Provincia de Buenos Aires.
Sostiene que en el específico supuesto de autos no puede adjudicársele responsabilidad porque no se encuentra acreditada la existencia de una relación causal entre la conducta ilegítima endilgada y el perjuicio cuya reparación se persigue.
En ese orden, manifiesta que las faltas imputadas al Fisco no tuvieron —en la ocasión— incidencia causal en el hecho, el que fue protagonizado por dos personas que estaban actuando en un mismo espacio y que colisionaron físicamente entre sí de un modo inexplicado, o lo que es igual, por motivos sólo atribuibles a la manera en que decidieron ejecutar libremente sus acciones.
Alega que —contrariamente a lo decidido por el sentenciante— no resulta suficiente presupuesto de atribución de responsabilidad el hecho de no proveer colchonetas para la realización de los ejercicios, toda vez que, de conformidad a la mecánica del accidente, el impacto directo de un compañero (hecho humano) sobre el cuerpo del actor, jamás pudo ser evitado o atenuado por tales elementos, los que, para más, no constituyen un equipo de "protección personal", en los términos del art. 8 inc."c" de la ley 19.587, para evitar las consecuencias dañosas.
Refiere que tampoco se encuentra verificada en el caso la supuesta culpa del instructor a cargo de la actividad (dependiente del Estado provincial), ya que los ejercicios de rol son prácticas habituales en la preparación de destreza física que no resultan desconocidas por nadie que aspire a ser oficial de policía, siendo suficientes unas simples indicaciones para que se lleven a cabo sin mayores dificultades. Añade que hubiera bastado el actuar diligente de los sujetos que protagonizaron el accidente, siendo evidente que la intervención previa de otra persona no resultaba razonablemente idónea para evitarlo.
Afirma que para endilgar responsabilidad al Fisco provincial el juzgador siguió literalmente las expresiones volcadas por el perito ingeniero en su informe, apartándose completamente de la concreta mecánica del hecho y aferrándose absurdamente a las recomendaciones generales que dicho profesional esgrimió sobre el modo en que deberían practicarse en el futuro los ejercicios de rol.
Aduce que la actividad riesgosa —como fuente de atribución de responsabilidad— tampoco logró acreditarse en autos, habida cuenta que el infortunio sufrido por el actor se trató de un hecho humano sin relación causal adecuada con el riesgo de la actividad desempeñada durante el curso de formación. Reitera que el señor Zittermann, al momento del accidente, se encontraba realizando una práctica sencilla que no presenta riesgo alguno.
En esa línea, argumenta que menos aún pudieron tenerse por configurados los presupuestos del art. 1.112 del Código de Vélez, ya que el órgano de grado arribó a tal conclusión sin intentar siquiera explicar el modo en que el Estado provincial incurrió en falta de servicio.
Por último, sostiene que el tribunal de trabajo omitió considerar que el actor no tenía una relación de empleo con la demandada, ya que, en su carácter de aspirante, no integraba el personal comprendido en el régimen de la ley 13.201.
II.2. En segundo término, sostiene que el pronunciamiento de grado es portador de un déficit que se proyecta sobre todos los rubros que integran la indemnización reconocida al actor.
En ese orden, explica que el tribunal de origen tuvo en consideración que el actor ingresó como aspirante a oficial de policía, cuando en rigor de verdad sólo se encontraba realizando un curso previo cuya aprobación actúa como condición necesaria para la incorporación a la fuerza policial, pero en modo alguno la garantiza, siendo revocada la misma a consecuencia del accidente objeto de autos.
Siendo ello así, aduce, surge nítido que el tribunal incurrió en absurdo al cuantificar la pérdida de la capacidad de ganancia, ya que el actor no contaba con una carrera en el cuerpo de policía (ni pertenecía al personal comprendido en la ley 13.201) y no percibía un salario, toda vez que sólo le fue otorgada una beca mientras duró su participación en el curso de formación inicial.
Indica que tal yerro del tribunal se traslada al importe determinado para resarcir a la pérdida de chance, en tanto para su estimación dicho órgano jurisdiccional partió del equívoco de considerar acreditado que el señor Zittermann vio frustrado un ascenso en su carrera policial, cuando —en rigor— esta jamás se inició.
Señala que cabe efectuar las mismas consideraciones respecto de los rubros destinados a reparar los daños a la integridad psicofísica y moral, toda vez que representan un porcentaje de la indemnización reconocida en concepto de pérdida de capacidad de ganancia, la que se encuentra viciada al no contar en su estimación con una adecuada justificación.
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente cabe desestimar el agravio referido a lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto juzgó verificada la responsabilidad del Fisco provincial con basamento en el art. 1.109 del Código Civil (ley 340).
III.1.a. En reiteradas oportunidades ha declarado esta Suprema Corte que tanto el análisis del material probatorio aportado por las partes al proceso, como la determinación relativa a si se configuran —o no— los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del derecho común, son facultades privativas de los Jueces de mérito, cuyas conclusiones al respecto no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 120.043, "Idalgo", sent. de 4-VIII-2020; L. 123.291, "Longo", sent. de 30-VIII-2021; L. 125.486, "A., N. B.", sent. de 14-III-2023; L. 129.910, "Mujica", sent. de 20-IX-2024; L. 128.498, "T., O. A.", sent. de 28-X-2024; e.o.).
Y en orden a dicho vicio, ha precisado que su configuración exige la verificación de aquel error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 127.038, "Guerrero", sent. de 19-XII-2022; L. 128.067, "Matto", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
III.1.b. Bajo estos lineamientos, la impugnación luce insuficiente (art. 279, CPCC).
III.1.b.i. Tras ponderar las posturas expuestas por las partes en los escritos constitutivos del proceso y la prueba incorporada a la causa —en lo particularmente relevante, las definiciones plasmadas en la pericia técnica y las declaraciones testimoniales brindadas por los señores Vergara, Velardez y Esquivel en el marco de la actuación policial oportunamente iniciada (v. fs. 35, 36 y 37, respectivamente)—, el tribunal de grado tuvo por probados los incumplimientos endilgados a la demandada y su relación causal con la incapacidad que padece el actor.
Señaló que en la especie resultó demostrado que los ejercicios de entrenamiento se realizaron sobre un suelo de concreto y no sobre una superficie blanda; como así también, que no se llevó a cabo un control de las pausas necesarias entre cada compañero que iniciaba la acción, de modo tal de evitar golpes entre ellos.
Halló verificado el incumplimiento de las medidas de higiene y seguridad —destinado a minimizar el riesgo de la tarea que realizaba el actor al momento del accidente—, encontrándose relacionada la omisión en que incurriera la empleadora con la consecuencia dañosa en la salud del actor en un grado de causalidad adecuada.
III.1.b.ii. Frente a tales argumentaciones del juzgador, la representación fiscal centra su crítica en denunciar la existencia de absurdo, alegando que las faltas que le fueron imputadas no tuvieron incidencia causal con el accidente denunciado, habida cuenta que el hecho fue producido por la conducta asumida en la ocasión por el accionante y un compañero de trabajo; no pudiendo —además— adjudicársele relevancia jurídica alguna a la circunstancia de no proveer colchonetas para la realización de los ejercicios, ya que, en atención a la mecánica del accidente, tales elementos no tienen la suficiente aptitud para evitar las consecuencias dañosas provocadas por el impacto directo entre dos personas.
III.1.b.iii. De los antecedentes reseñados surge nítido que las alegaciones del impugnante, lejos están de acreditar la configuración del mencionado vicio invalidante. Ello así, toda vez que su discurrir no pasa de exteriorizar una discrepante opinión personal en orden a la valoración de los hechos y medios probatorios y las conclusiones arribadas por el tribunal de grado, criterio que —indudablemente— no puede sustituir al de los jueces de mérito, ni tampoco basta para acreditar la pretendida anomalía sentencial (causas L. 119.820, "Gabriel", sent. de 10-IV-2019; L. 120.332, "L., V. D.", sent. de 26-V-2021; L. 124.828, "Rodríguez", sent. de 6-XII-2021; L. 128.793, "Ferreyra", sent. de 26-II-2024; e.o.).
En otras palabras, no aporta el quejoso ningún elemento convincente con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de opiniones que, como tal, resulta inidónea a los fines del recurso deducido (causas L. 119.417, "P., A. N.", sent. de 19-XII-2018; L. 123.291, "Longo", sent. de 30-VIII-2021; L. 127.198, "Nitsch", sent. de 23-XI-2023; L. 126.869, "E., M. E.", sent. de 26-XII-2024; e.o.).
Es oportuno recordar que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para juzgar configurado el vicio de absurdo, porque es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, que ponga de manifiesto la irracionalidad de las conclusiones establecidas por el tribunal de grado, y que debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (causas L. 121.265, "Ojeda", sent. de 6-X-2020; L. 125.637, "Barragán", sent. de 3-XI-2022; L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023; L. 131.518, "Vaccaroni", sent. de 12-V-2025; e.o.).
III.1.b.iv. Tampoco alcanza para modificar la conclusión del tribunal de grado, en cuanto juzgó configurada la responsabilidad subjetiva de la demandada, lo alegado en torno a que en el evento participaron dos personas que, en su carácter de aspirantes, percibían una beca mientras desarrollaban su capacitación policial, no integraban el personal comprendido en la ley 13.201, ni tenían relación de dependencia con el Estado provincial (v. rec., punto "VII.B.12").
Ello es así pues dicho planteo es extemporáneo al no haber sido puesto a consideración del tribunal de origen, y, por ende, no resulta susceptible de ser evaluado en esta instancia.
En efecto, tal argumentación ha sido introducida por primera vez en esta sede extraordinaria y constituye una postura novedosa, que con arreglo a la doctrina de este Tribunal, resulta improcedente para habilitar la vía recursiva (causas L. 121.158, "Lagos", sent. de 14-VII-2020; L. 126.046, "Agüera", sent. de 27-III-2023; L. 126.307, "Lezcano"; sent. de 25-X-2023; L. 126.860, "Lombardi", sent. de 3-VI-2024; L. 130.062, "Saborido", sent. de 20-XI-2024; e.o.).
III.2. Luego, cabe señalar que encontrándose firme la motivación esencial del pronunciamiento relativa a la responsabilidad fundada en el art. 1.109 del Código Civil de Vélez Sarsfield, que por sí misma otorga fundamentación autónoma al fallo, no cabe ingresar a analizar los planteos que pretenden desbaratar lo juzgado por el tribunal en orden a los restantes factores de atribución contemplados en los arts. 1.112 y 1.113 del mentado digesto.
III.3. En otro orden, también debe descartarse la crítica dirigida a objetar los rubros por los que prosperó la condena y, por su conducto, la cuantificación de los montos reconocidos al actor en la sentencia.
III.3.a. De un lado, porque la impugnación se estructura en base a la reiteración de argumentos que ya fueron desestimados —por su extemporánea articulación— conforme se expuso anteriormente.
En efecto, la tesitura del recurrente parte de considerar que el tribunal de grado incurrió en un déficit insalvable que se propaga sobre todos los componentes indemnizatorios al omitir considerar que el actor, en su carácter de aspirante, no pertenecía al personal comprendido en la ley 13.201, no contaba con una carrera policial y sólo percibía una beca mientras participaba en el curso de capacitación policial.
En tales condiciones, y toda vez que dicha motivación proviene de una reflexión tardía, según lo dicho anteriormente (v. punto III.1.iv., último párrafo), la insuficiencia del embate luce palmaria.
III.3.b. Del otro, en tanto no se ocupa el interesado de atacar —mediante un cuestionamiento concreto— ninguna de las razones que esgrimió el órgano de origen para cuantificar los distintos rubros que integraron la condena.
Lo expuesto revela que la crítica bajo examen se aparta del razonamiento seguido en este pasaje del fallo censurado, y —de este modo— no constituye un embate directo y eficaz contra lo resuelto. Por ende, son aplicables las directrices de esta Corte que tachan de estéril al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite rebatir concreta, adecuada y eficazmente las conclusiones medulares del pronunciamiento de grado (causas L. 121.439, "Escobar", sent. de 31-VIII-2021; L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022; L. 127.042, "L., M. L.", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
IV. Por lo expuesto, propongo rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres y Soria, y la señora Jueza doctora Budiño, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria intervini
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.