Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130818
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.818, "Turnes, Juan Alejandro contra Ministerio de Seguridad y otro/a. Daños y Perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño, Kohan.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. vered. y sent. de fecha 5-IV-2023 y aclaratoria de fecha 18-IV-2023).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 5-V-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que resulta materia de agravio, el tribunal de grado —tras declarar la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557— acogió la acción promovida por el señor Juan Alejandro Turnes contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, por la que pretendía —con fundamento en las disposiciones del Código Civil (ley 340)— la reparación integral de los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo que protagonizó el día 30 de junio de 2012, mientras desempeñaba tareas como policía.
Para así decidir, consideró demostrado que, en la fecha señalada, el actor resultó herido de bala con motivo de un enfrentamiento armado que mantuvo con dos sujetos que intentaron asaltarlo (v. vered., primera cuestión). También estableció que, como consecuencia de las heridas recibidas, el reclamante padece grave lesión en el fémur de la pierna derecha, con tratamiento quirúrgico y secuelas postraumáticas y reacción vivencial anormal neurótica grado III, las cuales le generan una minusvalía del 48% del índice de la total obrera, incluidos los factores de ponderación (v. vered., segunda cuestión).
Además, consideró demostrado que el infortunio se produjo en el marco de la actividad propia y específica de la función policial, importando la tarea un riesgo o vicio en el que resultó comprendido el daño sufrido por el actor (v. vered., tercera cuestión).
Juzgó que en el contexto en que debió realizarla (máxime cuando el hecho ocurrió de madrugada, factor que potencia los riesgos a los que estaba expuesto) su actividad laboral se tornó objetivamente riesgosa para su integridad psicofísica.
Añadió que no modificaba esa conclusión la circunstancia de que el accionante estuviera de franco en ese momento, ya que el art. 11 inc. "e" de la ley 13.982 prescribe en forma expresa que los actos que realicen los agentes de policía que voluntariamente intervienen encontrándose fuera de servicio, son considerados a todos los efectos como actos de servicio.
En ese contexto, el tribunal de origen juzgó que la demandada debía responder integralmente por los perjuicios ocasionados, al estimar configurado el factor de atribución contemplado en el art. 1.113 del Código Civil (ley 340).
Luego, encuadrado el siniestro en el marco del citado precepto, descartó que, en el caso, se hubiera constituido la eximente del daño provocado por terceros por los que la accionada no deba responder.
En ese sentido, precisó el juzgador —con cita de distintos precedentes de esta Suprema Corte—, que en tanto la ocurrencia de conflictos como el de autos es un componente habitual de la actividad encomendada al trabajador policial, la patronal no puede escudarse en la eximente del hecho del tercero cuando, luego de ordenarle realizar esas tareas peligrosas, pretende desentenderse del resultado dañoso que las mismas le generaron.
Concluyó, entonces, que en la especie se encontraban verificados los presupuestos necesarios para atribuirle responsabilidad civil objetiva a la Provincia de Buenos Aires.
En consecuencia, procedió a efectuar el cálculo del resarcimiento. Contempló, a esos fines, los rubros de pérdida de capacidad de ganancias y daño moral, en base a los datos que estimó pertinentes.
Así, y en atención a los lineamientos previstos en el fallo "Arostegui" de la Corte nacional, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, y sin desconocer las pautas expuestas por esta Corte —entre otras en la causa L. 119.914, "A., D. A." (sent. de 22-VI-2020)—, juzgó que correspondía tener en cuenta que al actor —que tenía cuarenta años y seis meses de edad a la fecha del infortunio— le restaban veinticuatro años y seis meses para arribar a los sesenta y cinco años de edad, por lo que debían computarse, incluyendo los sueldos anuales complementarios, 318 meses [(24 x 13) = 312 (+6) = 318], que —ponderando el salario actual de $195.528,45 acreditado en el veredicto (que tomó como base de cálculo)— arrojaban una cifra, para el 100% de incapacidad, de $62.178.047,10.
Luego, aplicando esa operación al porcentaje de capacidad perdida por el trabajador (48%), obtuvo un importe indemnizatorio —para la pérdida de capacidad de ganancias— de $29.845.462,60, al que adicionó $4.000.000 en concepto de "daño moral" (v. sent., págs. 14 y 15).
Teniendo en cuenta esa determinación —concerniente a la cuantía del resarcimiento proveniente de la aplicación de las normas del derecho común— y el importe de la reparación brindada en los términos del art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 ($126.643,80; o de $8.083.146,12 si fuera calculada a valores actuales), el sentenciante declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley indicada, por transgredir los arts. 14 bis, 19 y 75 inc. 23 de la Constitución nacional; 2 inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Sobre la base de estas premisas, condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires a pagar al señor Juan Alejandro Turnes el importe antes señalado para resarcir integralmente los daños y perjuicios padecidos; descontando lo abonado en sede administrativa en concepto de prestaciones dinerarias de la ley 24.557.
Luego, aplicó intereses moratorios sobre el capital de condena del siguiente modo: 1) Desde la fecha de exigibilidad del crédito (30-VI-212) hasta la de la sentencia, a una tasa pura del 6% anual, en tanto el monto de la indemnización reconocida había sido determinado a valores actuales. 2) En cambio, desde el 6 de abril de 2023 (día posterior al del dictado de la sentencia y momento en el cual el importe de los créditos en ella declarados deja de estar fijado a valores actuales) y hasta el efectivo pago, las aludidas sumas (capital + intereses al 6%) debían ser capitalizadas (conf. art. 770, Cód. Civ. y Com.) y estas devengar intereses, con arreglo al promedio de la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires (conf. arts. 7 y 768, Cód. Civ. y Com.; doctrina de la Suprema Corte de Justicia en la causa L. 118.587, "Trofe", sent. de 15-VI-2016).
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 901 a 906, 1.067, 1.068, 1.069, 1.078, 1.079, 1.083 y 1.113 del Código Civil; 165 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, cuestiona la decisión del juzgador que condenó civilmente a la Provincia de Buenos Aires, con fundamento en el art. 1.113 del Código Civil de Vélez.
Se opone al tramo del pronunciamiento con arreglo al cual se hallaron configurados los presupuestos de atribución de responsabilidad objetiva, sustentando dicha conclusión en el riesgo de la actividad desempeñada por el señor Turnes.
Aduce que para que el Estado provincial deba responder integralmente en forma directa por "actividad riesgosa", es menester que se encuentre acreditado, al menos, que ella guarda un nexo causal adecuado con los perjuicios denunciados.
Expone que, en la particular visión del juzgador de origen, la condición adecuada (causa jurídica) de los perjuicios padecidos por el accionante debe atribuirse en forma directa a la "actividad riesgosa" desplegada por la Provincia de Buenos Aires, en cumplimiento de la función estatal de seguridad, sin que tenga ninguna incidencia el dato de que las lesiones sufridas por el accionante fueron consecuencia directa del disparo de un arma de fuego efectuado por un delincuente.
Aclara que la relación de causalidad es un elemento necesario, imprescindible en todas las hipótesis de responsabilidad civil, sin que queden excluidas aquellas que se fundamentan en la atribución objetiva o sin culpa, pues en estas se prescinde de la culpabilidad, pero no del vínculo causal.
Afirma que en el supuesto de autos surge evidente que quien disparó contra el agente policial causó materialmente sus lesiones y que, las consecuencias de ese hecho ilícito, deben atribuirse fáctica y jurídicamente al delincuente en forma exclusiva.
Denuncia que el fallo atacado convierte a la Provincia en la causante directa de las lesiones sufridas por el trabajador, desplazando así la responsabilidad de su verdadero autor. Expone que resulta jurídica y lógicamente inaceptable que existan dos "condiciones adecuadas" independientes (acto ilícito y actividad riesgosa), con entidad suficiente —cada una de ellas— para causar la totalidad de los daños reclamados.
Refiere que se confunden dos conceptos distintos entre sí, ocasión y causa (o "condición adecuada"). Al respecto, aclara que es obvio que la víctima fue lesionada en ocasión de cumplir con sus funciones (acto de servicio), que consistían en la prevención del delito. Sin embargo —continúa— el cumplimiento de tal deber no fue la causa jurídica o "condición adecuada" de las afecciones, sino que resultan atribuibles en forma exclusiva al accionar del delincuente.
Indica que es un sinsentido postular que cuando la Provincia de Buenos Aires cumple regularmente su función de seguridad genera un riesgo de tal entidad que incurre en responsabilidad extracontractual por el obrar de los terceros que delinquen, desde que, paradójicamente, la actuación policial tiene por finalidad neutralizar la comisión de delitos.
Por último, en relación con la intervención de un tercero como eximente de responsabilidad, denuncia error en el razonamiento del juzgador de grado, desde que —según indica— pretende constituirse al ejercicio regular del servicio de seguridad como el generador del riesgo que causó las lesiones al accionante, y quien provocó exclusivamente el daño ha sido el delincuente que disparó contra el agente policial.
En suma, concluye, el argumento que postula que el delincuente que disparó sobre el agente policial no puede ser considerado como un "tercero ajeno" al Estado provincial se revela infundado, porque es producto de una tesitura que constituye un manifiesto apartamiento del orden lógico que vincula a los hechos que motivaron el daño y sus consecuencias.
II.2. Por otra parte, bajo la denuncia de absurdo, impugna la cuantificación del rubro pérdida de capacidad de ganancias.
Considera que el tribunal de origen no objetivó debidamente la incidencia de cada una de las circunstancias particulares del actor, haciendo solo una referencia exclusiva al porcentaje de incapacidad para establecer dogmáticamente su monto, incumpliendo de tal manera con el requisito de fundamentación razonable que debe tener todo pronunciamiento judicial, toda vez que de su contenido no se desprende el criterio empleado o las pautas que condujeron al resultado obtenido.
Reprocha el método utilizado por el juzgador para deducir los importes pagados en concepto de prestaciones dinerarias de la ley 24.557 por el porcentaje de incapacidad determinado en sede administrativa.
Manifiesta que el juzgador calculó el resarcimiento bajo el concepto de deuda de valor, actualizando los parámetros al momento del dictado de la sentencia. No obstante, indica que, a la hora de detraer los importes abonados, lo hizo a valores históricos.
De este modo, afirma que la sentencia resulta absurda, generando con ese proceder una inequidad manifiesta y un enriquecimiento sin causa para el actor.
Por otro lado, objeta el importe reconocido en el fallo de grado en concepto de daño moral.
Alega que resulta inválida la referencia a un porcentaje del daño patrimonial para justificar el importe establecido, revelándose nítido que el tribunal de trabajo se apartó del prudente arbitrio judicial que rige en la materia.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. No resulta de recibo el agravio dirigido a censurar la parcela del pronunciamiento del tribunal de grado que juzgó comprobados en el caso los presupuestos de atribución de responsabilidad objetiva prevista en el art. 1.113 anterior del Código Civil por entender verificada la hipótesis del riesgo de actividad.
III.1.a. En reiteradas ocasiones ha declarado este Tribunal que, tanto el análisis del material probatorio aportado por las partes como la determinación de la concurrencia de los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del referido art. 1.113 del mencionado Código de Vélez, constituyen facultades privativas de los jueces de mérito, y las conclusiones que al respecto estos formulen no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo que se invoque y demuestre eficazmente la existencia de absurdo (causas L. 123.291, "Longo", sent. de 30-VIII-2021; L. 125.486, "A., N. B.", sent. de 14-III-2023; L. 130.203, "M., R. G.", sent. de 29-VII-2024 y L. 129.910, "Mujica", sent. de 20-IX-2024; e.o.).
III.2.b. En lo que tiene relevancia, el sentenciante juzgó que el día 30 de junio de 2012, a las 2 horas, estando vestido de civil, el señor Turnes fue interceptado por dos sujetos de sexo masculino que intentaron asaltarlo, frente a lo cual se identificó como policía y esgrimió el arma reglamentaria, originándose un tiroteo en el cual resultó gravemente herido en la pierna derecha, sufriendo la fractura del fémur y lesiones en la rodilla (v. vered., primera cuestión).
Valoró también que la demandada no solamente no desconoció la existencia del infortunio denunciado —lo que bastaba para considerarlo cierto (arts. 354 y 375, CPCC)— sino que, además, admitió en forma expresa que le otorgó las prestaciones en especie y —en su carácter de empleador autoasegurado— le pagó la indemnización por incapacidad definitiva prevista en la ley 24.557, por lo que —concluye— reconoció que el actor sufrió un accidente de trabajo.
Para más, añadió, ello se corroboraba con el dictamen de la Comisión Médica n° 10 de La Plata, organismo que —en decisión no objetada por la demandada— calificó en forma expresa al evento padecido por el agente como accidente de trabajo.
Seguidamente, expuso que el contexto en el que el accionante debió realizar sus tareas al momento en que sufrió la contingencia debe ser considerado riesgoso, siendo evidente el nexo causal entre la actividad peligrosa que le fuera encomendada y el daño sufrido, ya que en autos se probó que los perjuicios fueron originados en la agresión que padeció en ejercicio de sus funciones de policía.
Refirió que, de conformidad a la doctrina de la Suprema Corte, la actividad laboral riesgosa puede ser invocada para atribuir responsabilidad civil a quien se beneficia con ella en el marco del art. 1.113, segundo párrafo, del Código Civil (ley 340).
III.2.c.i. Frente a tales argumentaciones, la accionada centra su crítica en denunciar la existencia de absurdo en la decisión que impugna, vicio que —según indica— la invalida como acto jurisdiccional.
Para ello, enfatiza que es menester acreditar que la actividad riesgosa que se le endilga al Estado provincial guarda nexo causal adecuado con los perjuicios denunciados. Conforme su postura, las consecuencias del hecho ilícito debieron atribuirse fáctica y jurídicamente al delincuente en forma exclusiva, sin desplazar la responsabilidad de su verdadero autor. A ello añade que es erróneo interpretar que el ejercicio regular del servicio de seguridad sea el generador del riesgo que causó las lesiones al trabajador.
III.2.c.ii. De los antecedentes reseñados surge nítido que las alegaciones del impugnante lejos están de acreditar la configuración del mencionado vicio invalidante.
Al respecto, apunto que el interesado exterioriza una discrepante opinión personal en orden a la valoración de los hechos y las conclusiones arribadas por el tribunal de grado, criterio que, indudablemente, no puede sustituir al de los jueces de mérito, ni tampoco basta para acreditar la pretendida anomalía sentencial (causas L. 119.820, "Gabriel", sent. de 10-IV-2019; L. 120.332, "L., V. D.", sent. de 26-V-2021; L. 124.828, "Rodríguez", sent. de 6-XII-2021; L. 128.793, "Ferreyra", sent. de 26-II-2024; e.o.).
En otras palabras, no aporta el recurrente ningún elemento convincente con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de opiniones que, como tal, resulta inidónea a los fines del recurso deducido (causas L. 102.780, "Caime", sent. de 21-XII-2011; L. 118.454, "E., N. G.", sent. de 21-VI-2018; L. 119.417, "P., A. N.", sent. de 19-XII-2018; L. 127.198, "Nitsch", sent. de 23-XI-2023; e.o.).
Es oportuno recordar que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para juzgar configurado el vicio de absurdo, porque es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, que ponga de manifiesto la irracionalidad de las conclusiones establecidas por el tribunal de grado, y que debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (causas L. 126.343, "Arias", sent. de 10-VII-2023; L. 127.755, "Herrera", sent. de 3-VI-2024; L. 128.835, "López", sent. de 9-VIII-2024; e.o.).
III.2.c.iii. Para más, la motivación puesta en tela de juicio, sobre la que se estructura el fallo de grado, se encuentra en línea con mi opinión vertida en las causas L. 80.406, "Ferreyra", sentencia de 29-IX-2004; L. 79.690, "R., L. G. y otros", sentencia de 28-VI-2006; L. 82.743, "Vetancor", sentencia de 26-IX-2007; L. 88.672, "Doufour", sentencia de 28-V-2010; L. 97.261, "Azpeitía", sentencia de 19-XII-2012; L. 116.679, "P., C. C.", sentencia de 8-IV-2015; L. 115.898, "C., M. L.", sentencia de 15-VI-2016; L. 118.531, "Scardulla", sentencia de 31-V-2017 y L. 120.121, "Troche", sentencia de 6-XII-2021; entre muchas otras.
III.2.c.iv. Al permanecer firme la conclusión de grado que calificó como riesgosa a la actividad desplegada por el actor para la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se desvanece la impugnación estructurada en torno a la alegada verificación en la especie de la eximente de responsabilidad prevista en el segundo párrafo in fine del art. 1.113 del anterior Código Civil.
Ello así, pues, ante el supuesto de responsabilidad objetiva por riesgo creado receptado en dicho precepto, en la medida en que la actividad de un tercero integre el riesgo propio de la cosa, esa actividad no podrá ser, al mismo tiempo, causa de exculpación de la responsabilidad (causas L. 110.774, "A., E. E.", sent. de 15-X-2014; L. 117.008, "Giovacchini", sent. de 31-X-2016; L. 120.121, "Troche", antes mencionada y sus citas).
Luego, en el contexto de las circunstancias verificadas en la causa, el accionar de los terceros se encuentra comprendido dentro del riesgo propio de las tareas que el actor desarrolló al intentar disuadir —en ejercicio de sus funciones de agente de policía de seguridad— a dos personas que intentaron asaltarlo; por lo que aquellos no pueden ser considerados como terceros ajen
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.