Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 126526
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja incoada (art. 292, CPCC). Con costas.
C. 126.526 "RODRÍGUEZ WALTER FÉLIX C/ GARCIA ALEJANDRO Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
I. Conforme surge de las constancias acompañadas, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en el marco de un proceso de daños y perjuicios incoado por Walter Félix Rodríguez contra Alejandro Fabian Garcia, Lorena S. Luna, Forest Group S.A., Club de Campo Saint Thomas Barrios Privados y Tomsu S.A., confirmó la decisión que, a su turno, había decretado la caducidad de instancia (v. resols. de 11-X-2022 y de 3-III-2023 en archs. adjs. escr. electr. de 2-V-2023).
Frente a esa decisión, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. adj. a la presentación electrónica cit.), el que fue denegado en virtud de la insuficiencia del valor del agravio, considerando el Tribunal de Alzada a ese fin el monto reclamado en la demanda (v. resol de 20-IV-2023, adun. escr. electr. cit.). Ello motivó la promoción de una queja ante esta Corte (art. 292, CPCC; presentación electrónica de 2-V-2023).
II. Al respecto, cabe recordar que este Tribunal ha dicho, reiteradamente, que el valor del agravio en casos como el presente está representado por el monto reclamado en la demanda (conf. doctr. causas C. 122.582, "Dioguardi", resol. de 15-VIII-2018; C. 124.075 "Venencia", resol. de 23-X-2020; C. 124.422, "Toloza", resol. de 8-VI-2021; C. 125.102, "Garcia", resol. de 23-V-2022; C. 125.666, "Swietlowicz", resol. de 21-XII-2022).
Así, en el caso -y como lo expresara el Tribunal de Alzada-, el importe peticionado en el escrito de inicio, mencionado por el propio impugnante en su recurso de hecho (de $208.600), no alcanza el mínimo para recurrir establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141 y Ac. 4097/2023, vigente a la fecha de interposición de la vía impugnatoria, de $3.553.500).
Cabe agregar que no resultan admisibles las postulaciones -formuladas en la queja- tendientes a superar tal recaudo. En efecto, en dicha presentación se vierten consideraciones relativas a la actualización y adición intereses a la referida suma. Asimismo se alega exceso ritual y quebrantamiento de la doctrina legal de esta Corte. También denuncia, el impugnante, la existencia de cuestión federal y propone un planteo de inconstitucionalidad del monto mínimo para recurrir (v. escrito de 2-V-2023).
Al respecto cabe señalar que esta Corte ha sostenido que en el marco del examen de admisibilidad que le corresponde como único juez del recurso y al estricto fin de evaluar el mentado recaudo, no corresponde adicionar intereses al referido importe, ni actualizar la indicada suma (art. 7 y concs. de la ley 23.928 -texto según ley 25.561-; conf. doctr. C. 121.592, "Hernández", resol. de 28-VI-2017; C. 122.757, "Cardano" y C. 122.699, "Vallejos", ambas resols. de 26-II-2020; C. 122.670, "Weigel" y C. 122.856, "Rodriguez", ambas resols. de 18-II-2021; C. 125.415, "Rodriguez", resol. de 15-VII-2022; C. 124.869, "Diaz", resol. de 19-XII-2022).
También, es doctrina de este Tribunal que las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios y, en particular, el monto mínimo para recurrir, se rigen por la ley vigente al momento de su interposición (doctr. causas C. 122.066, "Parra", resol. de 7-II-2018; C. 122.590, "Lemos", resol. de 22-VIII-2018; C. 124.371, "Gutiérrez", resol. de 19-II-2021; C. 125.584, "Sánchez", resol. de 11-VII-2022 y C. 126.739, "Ormaechea", resol. de 27-XI-2023).
Por otra parte, debe recordarse que en numerosos precedentes se ha expresado que las restricciones fijadas por el código adjetivo para la concesión de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que el art. 161 inc. 3 apartado "a" de la Constitución de la Provincia dispone que el conocimiento y resolución del mencionado recurso extraordinario compete a este Tribunal con las limitaciones que las leyes de procedimiento establezcan ("Acuerdos y Sentencias", 1958-II-435; CSN, Fallos: 253:469; conf. doctr. causas C. 119.390, "Canto", resol. de 29-IV-2015; C. 120.878, "Pita", resol. de 21-IX-2016; C. 121.777, "Kleist", resol. de 13-IX-2017; C. 122.369, "L. N. I. y otros", resol. de 5-IX-2018; C. 123.570, "Marceillac", resol. de 13-XI-2019; C. 124.193, "Cuenca", resol. de 25-XI-2020 y C. 125.182, "Tucci", resol. de 15-III-2022; C. 125.687, "Pérez Rodríguez", resol. de 19-XII-2022).
Por lo demás, en cuanto a la mención de violación de doctrina legal que se formula en la queja, es del caso recordar que la invocación de un supuesto de excepción en favor de la admisibilidad del recurso con tal fundamento no resulta aplicable en el caso, desde que sólo en el procedimiento laboral rige el art. 55 de la ley 11.653 que contempla expresamente lo apuntado, no existiendo norma similar en el ámbito civil y comercial (conf. doctr. C. 112.069, "Simmionato", resol. de 1-IX-2010; C. 108.979, "Cacheda" resol. de 11-V-2011; C. 120.593, "Bocanera", resol. de 1-VI-2016; C. 121.246, "Cinematográfica Madero S.A.", resol. de 5-IV-2017 y C. 126.172, "Martín", resol. de 9-VI-2023).
Finalmente, en cuanto a la invocada existencia de cuestión federal, con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación derivada de las causas "Strada" (fallos 308:490) y "Di Mascio" (fallo 311:2478) con miras a superar el valladar representado por el recaudo que se considera, en el caso la misma carece de asidero. Como es sabido, el criterio que emana de esos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para restringir el trámite de embates que porten agravios federales.
En autos, no se advierte, en principio, la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega arbitrariedad y la supuesta afectación de garantías constitucionales, en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (CSJN, Fallos: 310:1542; 325:2192; conf. doctr. causas C. 122.447, "Israel Silicaro", resol. de 18-XII-2019; C. 124.320, "Ramos", resol. de 11-XII-2020; C. 124.594, "Bourdieu", resol. de 10-III-2021; C. 122.192, "Barco", resol. de 19-IV-2021, C. 123.761 "Gourriet", resol. 8-VI-2021; C. 125.085, "Malimowcka", resol. de 29-XII-2021; C. 125.486, "Maciel Cabral", resol. de 10/08/2022; C. 125.153, "Di Benedetto", resol. de 23-XI-2022; C. 125.569, "Catini", resol. de 29-XII-2022).
Así, en consecuencia de todo lo expuesto, el incumplimiento del referido recaudo determina sin más la inadmisibilidad de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, imponiéndose el rechazo de la queja intentada a su respecto (arts. 278 y 292, cód. cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja incoada (art. 292, CPCC). Con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/12/2025 14:38:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/12/2025 14:52:48 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/12/2025 13:19:48 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 11/12/2025 12:39:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/12/2025 15:10:09 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/12/2025 12:13:53 hs. bajo el número RR-969-2025 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia