Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79742
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSiendo la materia litigiosa propia de la jurisdicción provincial, declarar la competencia del fuero contencioso administrativo para conocer y decidir en el asunto (arts. 166, quinto párr., Const. prov.; 1 y 2 inc. 4, CCA).
Por Secretaría, remítanse las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, para su adjudicación al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental (art. 5 inc. 1, CCA).
B.79.742 "BIROLO, SEBASTIÁN EZEQUIEL C/ MASTRONARDI KEVIN ARIEL Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC. DE TRÁNSITO C/ LES. O MUERTE)"
I. Sebastián Ezequiel Birolo promovió demanda de daños y perjuicios contra Kevin Ariel Mastronardi y la Municipalidad de Avellaneda tendiente a obtener una indemnización por las lesiones derivadas de un siniestro vial que lo tuviera como protagonista el día 12 de mayo de 2022, ocurrido en la Avenida Crisólogo Larralde, del Partido de Avellaneda.
Relata que aquel día se desplazaba en motocicleta —marca Suzuki AX 100, patente A053QOF—, cuando el automotor marca Fiat, modelo Fiorino Furgón 1.4 Evo Confort, patente AD-116-RH, conducido por el primero de los demandados y perteneciente —según constancias de autos— a la comuna codemandada, habría girado intempestivamente hacia la derecha, sin la debida señalización previa, con el fin de ingresar a la dársena de un establecimiento perteneciente a dicho municipio, impactando contra el lateral izquierdo del vehículo conducido por el reclamante (v. primer documento adunado al proveído electrónico de fecha 8-VI-2026).
II. En lo que aquí respecta, la titular de Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°73 de la Capital Federal hizo lugar a la excepción de incompetencia deducida por la comuna para ser juzgada ante los tribunales provinciales. Ello, en la inteligencia de que importaba una materia regida por el derecho público local que imponía el respeto del principio autonómico, razón por la cual ordenó elevar las actuaciones a esta Suprema Corte, para que con arreglo a las normas locales de aplicación determine el órgano competente para entender en la causa (v. documento adjuntado al oficio electrónico de fecha 22-XI-2024).
Contra dicho resolutorio, la actora interpuso un recurso de apelación, el cual fue rechazado por la Sala G de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, confirmando así el criterio adoptado por la jueza de grado.
Fue de esta manera que el expediente quedó radicado en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (v. documento adunado al oficio electrónico de fecha 22-XI-2024).
III. Dada la forma en la que ha quedado planteada la controversia, corresponde aceptar la declinación efectuada por la Justicia Nacional en lo Civil y declarar la competencia de esta jurisdicción para conocer en autos (arts. 1, 5, 121 y 122, Const. nac.; doctr. causas B. 72.275, "Flores", resol. de 24-IV-2013; B. 73.370, "Morales", resol. de 18-III-2015; B. 75.555, "Ressio", resol. de 7-XI-2018; B. 76.494, "Cohello", resol. de 23-XI-2020; B. 77.278, "Rueda", resol. de 15-X-2021; B. 78.709, "Ybarra", resol. de 6-VI-2023 y B. 78.606, "Vivero", resol. de 11-VIII-2023; CSJN Fallos: 329:759; 329:2316; 331:1119 y 332:1528; causas G. 1113.XLVIII.ORI "Gómez", resol. de 29-IV-2004 y A. 216.XXXVIII.ORI "Agrar SA", sent. de 5-VI-2007).
IV. El art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov.; 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso para discernir la contienda deben emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio sólo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentra regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 incs. 1 y 2, CCA).
V. Bajo tales premisas, esta Corte ha resuelto que compete al fuero contencioso administrativo el conocimiento y decisión de las controversias en las que se pretende el cobro de daños y perjuicios derivados de accidentes de tránsito en los que resulta involucrado un vehículo de propiedad estatal, cuando el hecho ocurre con motivo o en ocasión del ejercicio de la función administrativa, como cuando un patrullero que, afectado a la realización de los cometidos específicos de seguridad pública establecidos en el art. 14 de la ley 12.155, colisiona con otro automóvil (causa B. 73.820, "Vargas", resol. de 21-X-2015 y B. 75.866, "Haase", resol. de 10-VII-2019); o cuando una ambulancia estatal se ve involucrada en un siniestro vial ocurrido mientras se encontraba afectada a la realización de su cometido específico, vinculado a la salud pública (causa B. 72.819, "Covey", resol. de 12-IV-2017).
En el caso, cabe destacar que en el escrito de demanda no se alega que el vehículo propiedad de la comuna o quien lo conducía en el momento en que se produjo el accidente se encontraba afectado a un cometido público —más allá de que, según el relato de los hechos, la maniobra de giro habría tenido por finalidad ingresar a la dársena de un establecimiento perteneciente a dicho municipio—, centrándose la pretensión patrimonial expuesta contra la comuna codemandada en el hecho de ser ella la dueña del rodado involucrado en el siniestro.
Siendo así, tratándose —en esencia— de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial del municipio Avellaneda y en virtud de la presunción sentada en el art. 1 inc. 2 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, la cuestión debe ser resuelta ante los tribunales del fuero contencioso administrativo (doctr. causa B. 80.854, "Di Grappa", resol. de 29-VI-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Siendo la materia litigiosa propia de la jurisdicción provincial, declarar la competencia del fuero contencioso administrativo para conocer y decidir en el asunto (arts. 166, quinto párr., Const. prov.; 1 y 2 inc. 4, CCA).
Por Secretaría, remítanse las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, para su adjudicación al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental (art. 5 inc. 1, CCA).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2026 14:09:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/07/2026 15:24:47 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 17/07/2026 08:43:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/08/2026 10:18:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2026 11:05:02 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/08/2026 11:12:10 hs. bajo el número RR-645-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia