Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132909
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 132.909, "Cuello, Graciela Liliana contra Ministerio de Salud. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 15-XII-2023).
Se interpuso, por el Fisco provincial, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 28-XII-2023).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 e hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Graciela Liliana Cuello contra la Provincia de Buenos Aires, condenando a esta última al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, con más el adicional contemplado por el art. 3 de la ley 26.773. La rechazó, en cambio, en cuanto procuraba una indemnización integral de daños y perjuicios con fundamento en las normas del derecho común.
Para así decidir, juzgó acreditado que, como consecuencia de las tareas prestadas en el sector de esterilización del hospital Dr. Isidoro G. Iriarte de la Ciudad de Quilmes, dependiente del Ministerio de Salud provincial; la actora es portadora de una afección en su mano izquierda que la incapacita en un 15,5% del índice de la total obrera, y cuya fecha de toma de conocimiento se produjo el día 8 de junio de 2017.
Con sustento en las constancias de la causa, juzgó no probado que en la producción de la dolencia sufrida por la trabajadora hubieren intervenido cosas riesgosas o viciosas de propiedad o guarda del empleador, ni que las tareas denunciadas y las modalidades de su prestación pudieran calificarse como riesgosas. A su vez, consideró que tampoco logró acreditarse en qué habría consistido el obrar negligente o culposo endilgado a la patronal y su eventual vinculación con el daño padecido.
En la etapa de sentencia, tras decretar la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557, tal como se adelantó, declaró —en lo que aquí reviste fundamental interés— la invalidez constitucional de la "opción excluyente" prevista en el art. 4 de la ley 26.773.
En ese sentido, consideró que no puede aceptarse la vigencia de un subsistema de reparación de daños que desplace al común, sino que, de existir, debe ser complementario y articularse en cuanto resulte más beneficioso para la víctima. Indicó que esta situación se encuentra afianzada en nuestra jurisprudencia desde hace varios años y que no se puede desandar, sino violando el principio de progresividad.
Esgrimió que la opción excluyente obsta al libre y pleno acceso a la justicia y, al obligar al trabajador en estado de necesidad a tomar una decisión crítica que implica una renuncia a priori de un hipotético o eventual mejor resarcimiento, lo perjudica.
Expresó, con sustento en lo dispuesto en el apartado 1 del art. 11 de la ley 24.557, que una norma posterior no puede desvirtuar el carácter irrenunciable de un derecho consagrado de manera expresa en la ley originaria, sin incurrir en la vulneración del principio de progresividad.
Con ese basamento, declaró la invalidez de la mentada norma por resultar incompatible con los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo.
No obstante, declaró carente de sustento en el marco del Código Civil y Comercial de la Nación el reclamo de la indemnización integral peticionada en el escrito de inicio, por no haber logrado demostrar la configuración de ninguno de los supuestos que hacen a su viabilidad.
Finalmente, sostuvo que la decisión arribada se ajusta a lo resuelto por esta Corte en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021).
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 1, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 31 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1. del Pacto de San José de Costa Rica; 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales (Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador); 39 inc. 3 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 4 de la ley 26.773; 384 del Código Procesal Civil y Comercial y 44 inc. "d" de la ley 11.653.
En esencia, objeta la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 efectuada en la instancia de grado.
Afirma que la decisión alcanzada adolece de absurdo y arbitrariedad, circunstancia que la descalifica como acto jurisdiccional válido y habilita —a su criterio— a dejarla sin efecto.
En ese orden, expone que la regla sentada por el legislador es suficientemente clara y concreta, por lo que —si como sucedió en el caso— la trabajadora inició una acción judicial reclamando una indemnización integral con sustento en el derecho común, ha ejercido una opción —con plenos efectos sobre el evento dañoso— que le impide efectuar otro reclamo por la legislación especial.
En ese entendimiento, refiere que la declaración de invalidez mencionada demuestra el agravio que le provoca a su defendida, desde que —alega— con fundamento en la referida regla, el tribunal de grado se hubiera encontrado inhabilitado para condenar a su parte al pago de una indemnización sistémica.
Asevera que, los argumentos vertidos por esta Suprema Corte en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021) —a la que remitió el sentenciante por cuestiones de economía procesal para declarar la inconstitucionalidad de la normativa cuestionada—, demuestran que en el específico supuesto de autos se encontraba en juego una típica disputa entre principios y reglas.
En este aspecto, argumenta que el derecho laboral "...es un partícipe relativamente temprano de una tendencia de nuestro tiempo: el principialismo, que pone los principios por encima de las reglas y encomienda a los intérpretes (ante todo, a los jueces) hallar el modo de aplicarlos con justicia y proporcionalidad..." (rec., pág. 9).
Sin embargo, considera que los intérpretes no pueden sustituir las reglas a partir de un sistema construido exclusivamente por principios, reemplazando al legislador. De allí que —asegura— la solución del caso concreto debe alejarse de un mero sistema de preferencias. Ello, por cuanto la declaración de inconstitucionalidad de un acto de los poderes constituidos es una decisión de suma gravedad que debe ser considerada como ultima ratio del ordenamiento jurídico.
Añade que la sentencia en crisis es manifiestamente arbitraria porque se ha optado por reemplazar un sistema establecido por el Congreso de la Nación ("opción excluyente") por otro que ha sido preferido por la judicatura ("acumulación de acciones"), pero sin que se haya demostrado suficientemente la invalidez constitucional del primero, ni el perjuicio concreto que le provocaría a la demandante en la ocasión.
Señala que contrariamente a lo sostenido por la Suprema Corte provincial, la regla legal invalidada se ajusta a la Constitución nacional porque no vulnera los principios de progresividad, indemnidad, igualdad e irrenunciabilidad de la trabajadora.
Sostiene que el art. 4 de la ley 26.773 estableció un estándar muy superior al fijado por el art. 39 inc. 1 de la ley 24.557 (su antecesora inmediata), pues constituyó un mayor beneficio para los trabajadores contar con el derecho actual de entablar una acción de derecho común, en lugar de encontrarse directamente impedidos de demandar al empleador por responsabilidad civil (como sucedía en el régimen anterior).
Explica que el contenido del art. 4 de la ley 26.773 no irrogó a la accionante ningún perjuicio concreto, desde que pudo perseguir ante la jurisdicción la indemnización en los términos del derecho común, encontrándose en igualdad de condiciones con los restantes sujetos de derecho.
Por todo lo dicho, expone que la norma declarada inconstitucional no cercenó —en el caso— ninguna garantía constitucional, sino que sólo estableció que los sistemas indemnizatorios reconocidos que cubren todas las hipótesis de reparación posible (sistémica e integral) no pueden acumularse, siendo la "opción" una elección razonable que se encuentra dentro de las potestades propias del legislador (v. rec., pág. 20).
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, corresponde señalar que, en el caso, el valor de lo cuestionado —representado por el importe de la condena impuesta en los términos de la Ley de Riesgos del Trabajo— no supera el límite mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por esta razón, el medio de impugnación deducido solo puede examinarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo última parte de la ley 11.653 —aplicable al caso—.
Luego, a tenor de lo expuesto, la función revisora de esta Corte habría de circunscribirse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal (causas L. 128.183, "Kralik", sent. de 27-VI-2023; L. 129.677, "Morgan", sent. de 3-VI-2024 y L. 131.336, "Quiñones", sent. de 1-IX-2025).
Sin embargo, no puede soslayarse que el agravio que anima la impugnación involucra el análisis de una cuestión federal.
Al respecto, ha declarado esta Suprema Corte que, aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los mencionados arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 aplicable en especie, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio"), es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causas L. 120.753, "Lovera", sent. de 30-XII-2024; L. 131.693, "Vergara", sent. de 14-VII-2025 y L. 131.172, "Martino", sent. de 1-IV-2026).
Lo dicho me permite ingresar en el tratamiento del medio de impugnación con prescindencia de cualquier limitación derivada de las leyes procesales locales.
III.2. Sentado ello, adelanto que la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 efectuada por el tribunal actuante debe confirmarse, de conformidad con la propuesta que formulé al emitir mi opinión en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021); doctrina legal que —tal como sostuvo el sentenciante al motivar su decisión— no corresponde dejar de atender.
III.2.a. Iniciando el análisis que aquí me ocupa, corresponde recordar que la ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012) ha reinstalado la llamada opción excluyente entre la reparación tarifada de la ley especial o la integral del derecho común.
En la causa "Vera" (cit.), variados argumentos me condujeron a justificar la declaración de invalidez constitucional del art. 4 de la ley 26.773, los que —en su mayoría— habré de reproducir sucintamente a continuación, remitiéndome —en lo demás— a las declaraciones contenidas en la opinión que expuse en dicha oportunidad.
III.2.b.i. Tras reseñarse la evolución del sistema de la "opción" en materia de reparación de accidentes y enfermedades profesionales en la legislación argentina, se determinó la incongruencia entre la norma contenida en el mencionado precepto y el principio de progresividad, con raigambre constitucional en los planos provincial y nacional.
Se estableció que dicho postulado, consagrado en la Constitución nacional —por conducto de los incs. 22 y 23 del art. 75—, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (art. 2.1.), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 26), en el Protocolo Adicional a esta última o Protocolo de San Salvador (art. 1) y en el art. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; y receptado por la Corte Suprema de Justicia como principio cardinal especialmente operativo en materia laboral (CSJN, "Madorrán, Marta C. c/ Administración Nacional de Aduanas", sent. de 3-V-2007, Fallos: 330:989; "Medina, Orlando R. y otro c/ Solar Servicios On Line Argentina S.A. y otro", sent. de 26-II-2008; e.o.); define la improcedencia de la regresión normativa —regla derivada del aludido principio— en la medida en que se prohíbe al trabajador lo que antes no se vedaba, reduciendo claramente el nivel de intensidad de la tutela jurídica.
Posteriormente, se concluyó que la ley 26.773 retrograda de modo manifiesto la protección del sujeto de preferente tutela constitucional a la que debe propender la legislación.
III.2.b.ii. Desde otroángulo, también se declaró en el citado caso "Vera" que la norma en cuestión viola la indemnidad del trabajador (arts. 19, Const. nac. y 39 inc. 3, Const. local), pues la síntesis de lo declarado en la causa de referencia indica que le impide al operario accidentado o enfermo (o, en su caso, a sus derechohabientes) por causas vinculadas al trabajo y que percibió las prestaciones de la ley especial, el acceso a la reparación integral del daño, dejando subsistentes daños laborales sin reparación.
Tal situación, se traduce en una indemnización que se avizora como carente de integralidad, afecta —asimismo— los postulados del art. 14 bis de la Constitución nacional, y los principios de progresividad, propiedad (art. 17, Const. nac.), igualdad y no discriminación (art. 16, Const. cit.). Estos dos últimos, máxime cuando el legislador dispuso ratificar el cúmulo cuando el daño provenga de terceros (el damnificado o sus derechohabientes podrían cobrar la tarifa y promover una acción por reparación integral); mientras que, si la responsabilidad es atribuible al empleador, la posibilidad se limita y nace la obligación de optar entre uno u otro sistema.
Se dijo que la solución propuesta va en línea con lo resuelto por la Corte federal en la causa "Rodríguez Pereyra" (CSJN, sent. de 27-XI-2012; R.401.XLIII, en www.csjn.gov.ar), pronunciada con posterioridad a la sanción de la ley 26.773, en la que reconoció la inconstitucionalidad de los sistemas especiales que admiten limitaciones indemnizatorias frente al derecho a una reparación integral al comprobarse la existencia de un menoscabo sustancial a este último, pero afirmando también que la "reparación no se logra si los daños subsisten en alguna medida", lo que implica la total correspondencia entre los daños y el resarcimiento que se confiera.
En ese mismo orden de ideas, se recordó que este Superior Tribunal ha tenido oportunidad de expresar que el empleado o sus derechohabientes —según el caso— que, en el marco de un proceso con amplitud de debate y prueba como el diseñado por la ley 11.653 (aplicable al caso), logre acreditar la insuficiencia de las prestaciones establecidas en la ley 24.557 para reparar integralmente el daño padecido, podrá obtener del patrono —cuya responsabilidad civil hubiere sido demostrada— la diferencia del valor según el quantum que el tribunal de trabajo reputare suficiente para resguardar los derechos constitucionales inherentes al bien jurídico protegido (causas L. 87.394, "V. d. C., M. C.", sent. de 11-V-2005 y L. 88.912, "L., A. F.", sent. de 9-XII-2010).
III.2.b.iii. Por otro lado, también se estableció en la mentada causa L. 124.807 que el art. 4 de la ley 26.773 atenta de modo directo y fatal contra el principio de irrenunciabilidad de los derechos, reglaínsita e indisolublemente ligada al principio protectorio (arts. 14 bis, Const. nac. y 39 inc. 3, Const. local).
Tal conclusión encuentra amparo en la norma —general— contenida en el art. 12 de la Ley de Contrato de Trabajo y —no sin atender las pautas que brindan los arts. 31 y 32 del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (ratificado por nuestro país por ley 26.678)— en el art. 11 de la ley 24.557 que —como normativa específica— establece en su apartado 1 que "las prestaciones dinerarias de esta ley gozan de las franquicias y privilegios de los créditos por alimentos. Son, además, irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas", dispositivo que integra el régimen normativo de reparación por daños laborales, desde que no ha sido derogado por la novel ley 26.773 (arts. 1 y 17 apdo. 1).
III.2.b.iv. Por último, conforme lo señalado en la causa L. 124.807, citada, la descalificación constitucional de la norma bajo la lupa también encuentra respaldo en la violación del principio de igualdad ante la ley (arts. 16 y 75 inc. 22, Const. nac.), pues —en definitiva— el ejercicio de la opción excluyente altera la posición inicial de plena igualdad del sujeto damnificado respecto de otro que (en iguales condiciones originales) adoptó un camino —de elección imperativa— diferente.
III.3. Sentado lo expuesto, considero que, siendo que lo resuelto por el tribunal de grado guarda armonía con el criterio plasmado en la referida doctrina legal de esta Corte, el impugnante no ha aportado nuevos argumentos aptos para desvirtuar su aplicación, que fuera debidamente aplicada al caso en juzgamiento.
IV. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
Compartiendo lo expuesto en la opinión inaugural en cuanto a la insuficiencia del valor de lo cuestionado, puede observarse que el recurrente demuestra que el caso involucra una cuestión federal. Con ello, corresponde tratar la impugnación sin la restricción que impone la ley adjetiva laboral en razón de la cuantía del agravio.
II. Luego, siendo que lo resuelto en el fallo impugnado en estas actuaciones se inscribe en el criterio que es doctrina legal de esta Suprema Corte sentada en el precedente L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021), dejando a salvo mi opinión y por razones de economía procesal, habré de prestar mi adhesión a la propuesta que efectúa mi distinguida colega doctora Kogan en su sufragio (conf. primer párrafo art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Budiño dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Como lo señala la doctora Kogan en el punto III.1. de su voto, en la especie, el valor de lo cuestionado no supera el monto mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, no obstante, lo cual, y toda vez que los agravios que trae el recurso se encuentran vinculados a cuestiones federales, corresponde abordar el tratamiento de la impugnación con prescindencia de la restricción derivada de aquella insuficiencia.
I.2. En el caso,
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