Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 121891
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley incoados; con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 121.891, "Aguirre Cruzado, Othon Miguel y otro contra Vázquez Peña, Amadeo y otro. Daños y Perjuicios" (expte. 239.230) y sus acumuladas: acumulada 1, "Vázquez Peña, Amadeo y otro contra Aguirre Cruzado, Othon Miguel y otro. Daños y Perjuicios" (expte. 255.931) y acumulada 2, "Aguirre Cruzado, Othon Miguel y otro contra Vázquez Peña, Amadeo. Desalojo" (expte. 248.779), con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud , Pettigiani .
La Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata dictó sentencia única en los tres procesos, por la cual confirmó el fallo que había acogido la demanda de desalojo, condenando a los accionados y a cualquier otro ocupante a entregar el bien en cuestión. Por otra parte, modificó lo decidido en la causa "Aguirre Cruzado, Othon Miguel y otro c/ Vázquez Peña, Amadeo y otro s/ Daños y Perjuicios", precisando que el reclamo indemnizatorio debía prosperar desde la fecha correspondiente a la intimación a la devolución del bien en cuestión (25 de marzo de 2000). Asimismo, revocó el fallo dictado en el expediente 255.931, ordenando dictar nuevo pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión (v. fs. 313/322 vta., expte. principal y 943/953, acum. 2).
Se interpusieron, por los demandados, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 325/334, expte. principal y 956/965, acum. 2).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa destacar y que es materia de agravio, por sentencia única la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata resolvió confirmar la sentencia de primera instancia que, a su turno, rechazó la reconvención por escrituración incoada por los demandados e hizo lugar a la demanda de desalojo. Asimismo, confirmó la decisión por la cual prosperó la demanda de daños y perjuicios derivada de la privación de los frutos civiles del dominio del bien y respecto de la supeditación de la fijación del monto de condena a la etapa de ejecución de sentencia (v. fs. 313/322, expte. principal y 943/953, acum. 2).
II. Frente a ello, los demandados interponen sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley de igual tenor (v. fs. 325/334, expte. principal y 956/965, acum. 2) por los cuales denuncian la conculcación de los arts. 34 inc. 5, 36 inc. 5, 166, 358, 359, 375, 382, 485, 676 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y 1.911, 2.351, 2.384, 2.661, 2.663, 3.939 y 3.940 del Código Civil.
Se agravian, primeramente, de la confirmación del rechazo de la reconvención deducida, alegando que la normativa específica del juicio de desalojo en ninguno de sus tres artículos (676, 677 y 678, CPCC) establece la inadmisibilidad de la misma en este tipo de procesos y que el art. 485 del citado Código la autoriza expresamente en las condiciones que fija. Agregan que -a su entender- si nos atuviéramos solamente a los textos legales la declaración de inadmisibilidad de la reconvención en este juicio no se ajustaría a derecho (v. fs. 325 vta./328 del presente).
Luego cuestionan la procedencia del desalojo; al respecto plantean que con las pruebas producidas resulta demostrada la existencia misma de la posesión que ostentan, lo que obsta para el progreso de la acción de desalojo en cuestión (v. fs. 328/331 vta.).
Aclaran que "...en ningún momento se ha puesto en discusión que estemos en poder del inmueble -o que lo ocupemos plenamente- (la simple demanda de desalojo lo demuestra), y como lo hemos acreditado con testigos, ello desde el mismo momento de la adquisición. Los actores nunca lo tuvieron en su poder. A ello se suma que siempre nos hemos comportado como verdaderos dueños del bien, lo que se evidencia ya al tiempo en que se reclamara la restitución del bien y se le contestara que era de nuestra propiedad conforme cartas-documentos agregadas al inicio del juicio. A ello cabe agregar lo referente al documento escrito firmado por uno de los actores (Othon Miguel AGUIRRE CRUZADO), donde se hace el reconocimiento expreso que el inmueble que habitamos fue adquirido con dinero del suscripto Amadeo VASQUEZ PEÑA, y que se garantizó su reintegro otorgándosele la posesión del bien adquirido (v. fs. 37)" (fs. 330 del presente; el destacado figura en el original).
Finalmente, critican la porción de sentencia que confirma el fallo de la instancia de grado que hizo lugar a la demanda de daños y prejuicios incoada por los aquí actores alegando, por un lado, que si no hay hecho ilícito -tal como lo entienden los recurrentes- la obligación misma de reparar los daños y perjuicios no existiría y, por el otro, cuestionan que se haya diferido el momento de la determinación del monto (v. fs. 331 vta./333).
III. Los recursos no prosperan, atento a su manifiesta insuficiencia (art. 279, CPCC).
III.1. Esta Corte sostiene que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. La frustración de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 117.732, "Coloni", sent. de 29-IV-2015 y C. 120.212, "Boloqui", sent. de 22-VI-2016).
A ello se agrega que no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado el absurdo, ni tampoco puede la Suprema Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito. Es que el vicio invalidante del absurdo no queda configurado aun cuando el criterio del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente, ya que se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (conf. doctr. causas C. 106.711, "Navarro", sent. de 28-IX-2011 y C. 93.080, "Urban Proyect S.A.", sent. de 11-IX-2013).
En efecto, en cuanto al rechazo de la reconvención, la Cámara fundó su decisión en que "...la naturaleza especial del juicio de desalojo sólo permite la discusión de derechos personales pero no de los reales, pues la controversia respecto de éstos últimos debe tramitarse en juicio aparte y por la vía procesal que se considere más conveniente (arts. 497, 574, 600, 1493, 2351, 2352, 2468, 2506 y conc. Código Civil)" (fs. 316 del presente).
Luego, analizó la procedencia del desalojo admitida por la jueza de grado en el expediente 248.779. Al respecto, sostuvo que "Mientras no se demuestre de algún modo que el bien es tenido con el propósito de apoderamiento, debe considerarse a quien lo ocupa como mero detentador". A ello agregó el magistrado preopinante que de la prueba adunada "...no advierto hasta aquí la realización de actos posesorios por parte de los demandados que demuestren la voluntad de someter la cosa a un poder efectivo en los términos del artículo 2351 del Código Civil (art. 375 y 384 CPCC)" (fs. 317 vta. del presente).
Más adelante el sentenciante analizó la eficacia probatoria del documento de fs. 37 por el que el demandado intentó acreditar un derecho de retención sobre el inmueble, el cual desestimó (v. fs. 318 del presente), para, finalmente, concluir que "el derecho de propiedad de los actores ha quedado establecido y es indudable, y no existe ningún apoyo jurídico ni fáctico que avale la permanencia de los demandados en el bien objeto de la Litis" (fs. cit.).
Tales fundamentos no logran ser conmovidos por la argumentación desplegada por los recurrentes a fs. 325 vta./331 vta. del presente, tendiente a cuestionar, por un lado, la forma de resolver en cuanto a la confirmación del rechazo de la reconvención -alegando que al no haberla rechazado la jueza de grado por un "motivo formal", mal puede hacerlo la Cámara en ese momento y en esos términos (v. fs. 327/328 del presente)- y por el otro, criticando la procedencia del desalojo, exponiendo su versión de los hechos, pero sin respaldarlo válidamente con ninguna de las constancias probatorias anejadas en la causa (v. fs. 328/331 del presente).
Así, de una detenida lectura del escrito recursivo se advierte que sus argumentos exteriorizan una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre lo resuelto por el Tribunal de Alzada (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; e.o.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el iter lógico del pronunciamiento y se aparta de la idea rectora de este y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016; C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo expuesto autoriza a desestimar la impugnación intentada en este tramo y descartar los quebrantamientos normativos endilgados a fs. 186 (conf. doctr. arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Pasando a analizar el cuestionamiento a la procedencia de la demanda de daños y perjuicios, la Cámara consideró que los planteos vertidos por el recurrente en la expresión de agravios no implicaban un nuevo agravio que no había sido abordado, por lo que confirmó el decisorio haciendo aplicación de la doctrina del art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 319 y vta.).
Algo similar ocurrió con el último tramo del ataque dirigido a cuestionar que se haya diferido la determinación del monto para la etapa de ejecución de la sentencia, en donde el sentenciante por aplicación del art. 165 del Código de rito consideró que, ante la imposibilidad de determinar el monto del crédito que por daños y perjuicios ha sido reconocido, es potestad del juzgador dejar establecidas las medidas que deberán seguirse para la cuantificación de aquel, garantizándose el eventual control de legalidad, certeza y razonabilidad (v. fs. 319 vta. y 320 del presente).
Al respecto, ha manifestado esta Corte que es insuficiente la vía revisora que no solo no formula una réplica de las razones estructurales y definitorias del fallo, sino que -además- omite denunciar como violados los artículos utilizados en él (conf. doctr. causas C. 119.728, "Sandoval", resol. de 20-V-2015; C. 119.856, "Ríos", resol. de 17-VI-2015; C. 120.761, "Gauna", resol. de 13-VII-2016; entre varias), circunstancia que se constata en el escrito recursivo, toda vez que en él no se denuncia la violación de los arts. 165 y 260 del Código Procesal Civil y Comercial en cuestión, ni se ha argumentado en ese sentido (v. fs. 332/333 del presente). Lo que se traduce -sin más- en el rechazo de esta porción del embate (art. 279, CPCC).
IV. En consecuencia, se rechazan los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley; con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechazan los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley incoados; con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/11/2020 14:31:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/11/2020 20:33:29 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/11/2020 08:28:01 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/05/2021 12:39:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/05/2021 13:22:38 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia