Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar desierto el recurso de apelación articulado por el actor (art. 268 del CPCC).
II. Imponer las costas al actor vencido.
III. Regular los honorarios del Dr. , en el 4,20%; y los de los Dres. y , en conjunto, en el 4,80%. En ambos casos, con más el IVA en caso de corresponder y dejando a salvo los mínimos legales. No regular honorarios al Dr. , por resultar inoficiosas las tareas cumplidas en esta Alzada IV.-
En la ciudad de Trelew, a los 17 días de noviembre del año dos mil veintiséis, se reúne la “Sala 2” de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Guillermo Nicolás Walter y la presencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Marcelo Fernando Peral, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ c/ . y Otros s/ Daños y perjuicios” (Expte. Nro. 567 - Año 2026 CAT), venidos en apelación y expedirse en orden al sorteo practicado. Los Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es técnicamente suficiente la expresión de agravios?, SEGUNDA: Caso afirmativo de la anterior, ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
I. A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. Marcelo Fernando Peral expresó:
1. En fecha 27/07/2026 la jueza de primera instancia dictó sentencia rechazando la demanda promovida por contra la y contra . Impuso las costas al actor y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes. En los considerandos de dicho pronunciamiento la magistrada de grado puntualizó: (i) que el actor reclamo la reparación de los daños y perjuicios que, según sostiene, le ha causado el siniestro acaecido en fecha 17 de febrero de 2024 en su camioneta dominio ; (ii) que en la causa se encuentra reconocido que hubo un siniestro en dicha fecha, hora y lugar en el que participaron los vehículos de las partes; y (iii) que los demandados cuestionaron la magnitud de los daños invocados por el actor e impugnaron su cuantía.
Luego de dichas precisiones y en sustento del rechazo de la demanda, la Jueza de primera instancia destacó que la parte actora -sin perjuicio de haber acompañado presupuesto que acreditarían el valor de reparación de la camioneta y Acta de Choque que indica la existencia de daños en la misma- no demostró que los daños cuya reparación pretende hayan sido provocados por el siniestro referido.
Al respecto, en la sentencia expresamente indicó que “Ambos codemandados y la citada en garantía controvirtieron que los daños reclamados fuesen consecuencia del siniestro, y ante ello la parte actora solamente se limitó a probar las sumas que irrogaban los daños que había invocado más ninguna prueba produjo respecto a que los mismos hayan sido ocasionados por el siniestro”.
Por lo apuntado, es claro que la jueza de grado rechazó la demanda de daños y perjuicios por considerar que el actor no acreditó que los daños materiales cuya reparación reclamaba hubieran sido consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 17/02/2024.
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Conforme esa convicción, explicó que el daño cierto y su relación causal con el hecho constituyen presupuestos indispensables de la responsabilidad civil, cuya acreditación incumbe al reclamante y agregó que la facultad judicial de estimar prudencialmente la indemnización, prevista en el art. 167 del CPCC, presupone la demostración del daño y no puede utilizarse para suplir las deficiencias probatorias de las partes. Por esos argumentos, concluyó que, aun cuando resultaba razonable admitir que el accidente hubiera ocasionado daños en el vehículo, la ausencia de prueba que permitiera vincular concretamente los perjuicios reclamados con el siniestro impedía reconocer la indemnización pretendida, por lo que rechazó la demanda.
2. El actor apeló la sentencia y, concedido el recurso, expresó agravios con la presentación digital ID 2534003, los que fueron contestados por la demandada “ ”, mediante el ID y por la Cia. de seguros citada en garantía (ID 2543828).
3. Al fundar el recurso, el actor recurrente alega que la jueza de grado incurrió en una valoración arbitraria de la prueba, aplicó incorrectamente las reglas de la carga probatoria y omitió ejercer las facultades judiciales para determinar la cuantía del daño. En su primer agravio denuncia una valoración fragmentaria de la prueba, contraria a las reglas de la sana crítica (art. 386 CPCC). Sostiene que el acta policial acredita tanto la mecánica del accidente como los daños sufridos por su vehículo, cuya ubicación resulta compatible con el impacto trasero y el posterior desplazamiento contra el automóvil que lo precedía y agrega que los presupuestos acompañados, corroborados mediante prueba informativa, acreditan el costo de reparación, por lo que considera arbitrario exigir prueba adicional sobre la vinculación de esos daños con el siniestro.
En segundo término, denuncia una indebida inversión de la carga de la prueba y la inaplicación del régimen de responsabilidad objetiva (arts. 1757, 1758 y 1769 CCyC). Afirma que, acreditados el impacto y los daños materiales, correspondía a los demandados demostrar una causa ajena que interrumpiera el nexo causal. Cuestiona que la jueza haya sustentado el rechazo en la mera posibilidad de que el vehículo presentara daños preexistentes, sin que los demandados hubieran producido prueba alguna al respecto.
Finalmente, como tercer agravio, sostiene que la sentencia incurre en contradicción al reconocer que el accidente ocasionó daños en la camioneta y, pese a ello, rechaza íntegramente la pretensión indemnizatoria. Argumenta que, acreditada la existencia del perjuicio, correspondía determinar prudencialmente su cuantía mediante las facultades conferidas por el art. 165 del CPCC, considerando los presupuestos, las fotografías y las máximas de experiencia, en lugar de privar al damnificado de toda reparación.
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4. La parte demandada al contestar los agravios, solicita que se declare desierto el recurso por incumplimiento de la exigencia de crítica concreta y razonada prevista en el art. 268 del CPCC. Sostiene que el apelante se limita a reiterar los argumentos de la demanda y a cuestionar genéricamente la valoración probatoria, sin refutar el fundamento central de la sentencia: la falta de acreditación de los daños reclamados y de su relación causal con el accidente.
Subsidiariamente, solicita el rechazo de los agravios. Señala que el régimen de responsabilidad objetiva no exime al actor de probar la existencia y entidad de los perjuicios cuya reparación pretende. Afirma que el acta policial, las fotografías y los presupuestos acompañados no acreditan que los daños específicamente reclamados fueran consecuencia del siniestro, circunstancia que pudo demostrarse mediante una pericia mecánica.
Finalmente, sostiene que la facultad judicial prevista en el art. 167 del CPCC permite estimar prudencialmente la cuantía de un daño acreditado, pero no suplir la falta de prueba de su existencia. Por ello, solicita la confirmación de la sentencia, con costas al recurrente.
5. La citada en garantía también solicita que se declare desierto el recurso por falta de crítica concreta y razonada (art. 268 CPCC), pues considera que el apelante no rebate el fundamento decisivo de la sentencia: la ausencia de prueba de que los daños reclamados fueran consecuencia del accidente.
Por parte, en respuesta de los agravios articulados, sostiene que el acta policial solo contiene una descripción visual de los deterioros aparentes del vehículo y expresamente deja su corroboración a personal idóneo. Añade que las fotografías carecen de nitidez suficiente y que los presupuestos, confeccionados casi seis meses después del siniestro, únicamente acreditan el costo de reparaciones, pero no su necesidad ni su vinculación causal con el hecho. Destaca asimismo que varios elementos presupuestados no aparecen en las restantes constancias y que el actor omitió producir una pericia mecánica que permitiera esclarecer tales extremos.
Respecto de la carga probatoria, afirma que la responsabilidad objetiva no dispensa al reclamante de acreditar los daños concretos y su relación causal con el accidente (arts. 1736 y 1744 CCyC). Agrega que la eventual preexistencia de los deterioros no constituye una eximente cuya prueba corresponda a los demandados, sino una cuestión vinculada con la falta de acreditación de su origen.
En último término, sostiene que la facultad judicial de cuantificar prudencialmente la indemnización (art. 167 CPCC) presupone la existencia de un daño acreditado y no permite suplir su falta de prueba.
6. Reseñados los fundamentos de la sentencia, los agravios articulados por el actor y la contestación que de éstos, adelanto que a mi criterio, como plantea la demandada y la citada en garantía, por ausencia de crítica concreta y razonada del fallo recurrido, el recurso debe ser declarado desierto (art. 268 del CPCC).
La recurrente si bien sostiene que se agravia de las conclusiones de la Jueza de grado, sólo se limita a dar una opinión diferente a la expresada por el Juzgador sin rebatir las conclusiones que dan sustento al rechazo de la demanda.
El razonamiento de la magistrada de primera instancia es claro y concreto, pese a estar reconocido el siniestro, rechazó la demanda porque el actor no probó que los daños alegados en demanda tengan vinculación causal con el siniestro reconocido. De la lectura de la sentencia y de la confrontación de ésta con el escrito de expresión de agravios, se aprecia con claridad que el memorial recursivo no satisface la exigencia de crítica concreta y razonada impuesta por el art. 268 del CPCC, pues el recurrente para contrarrestar la falta de prueba del daño invocado y de su vinculación con el siniestro, que claramente destaca la sentencia, básicamente alega (i) que en los supuestos de responsabilidad objetiva el daño material se presume, (ii) que la sentencia le exige una prueba diabólica y (iii) que ante la existencia de daños la jueza debió fijar el quantum indemnizatorio de manera prudencial basándose en las máximas de la experiencia universal, los presupuestos acompañados y las fotografías.
Ninguna de dichas alegaciones puede ser considerada como una crítica seria y eficaz de la sentencia en los términos requeridos por el art. 268 del CPCC, máxime cuando en el pronunciamiento recurrido, con acierto y con expresa invocación de los arts. 1736 y 1744 CCyC, se indicó que los daños cuya reparación se pretenden y su relación causal con el accidente deben ser probados por quien reclama.
Frente al claro fundamento de la sentencia, cabe destacar que no se advierte pasaje alguno del escrito de expresión de agravios en el que el recurrente detalle las pruebas que acreditan que el daño invocado tiene vinculación causal con el siniestro reconocido. Por dicha ausencia, en mi criterio, el planteo recursivo se encuentra vacío de contenido impugnativo, dado que el actor recurrente, lejos de demostrar errores atribuibles a las conclusiones de la magistrada de grado, básicamente alega que el daño material en los supuestos de responsabilidad objetiva se presume o que en el caso deben inferirse del acta policial, sin dar precisiones concretas y relevantes que permitan considerar acreditados los daños invocados y la relación causal de estos con el siniestro.
Esa argumentación hipotética, acompañada de una valoración antojadiza de la prueba, no constituye una crítica idónea de los fundamentos del pronunciamiento.
Plantear disensos y formular afirmaciones en base a suposiciones o simples conjeturas es absolutamente ineficaz para dar sustento a un recurso de apelación. En la expresión de agravios, como acto procesal, no basta con disentir con el pronunciamiento, pues disentir no es criticar.
En definitiva, la ausencia de crítica concreta y razonada de fundamentos centrales del fallo recurrido determina la suerte del recurso, que debe ser declarado desierto (art. 268 del CPCC).
Al respecto cabe recordar que la expresión de agravios no es una simple expresión retórica carente de sentido ni una mera exigencia ritual, debe constituir una exposición jurídica que contenga una "crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas" (art. 268 del CPCC). La crítica es concreta cuando se refiere a lo preciso y se cumplimenta indicando cual es el agravio y es razonada cuando se focaliza en los fundamentos del fallo atacado. Ello determina la necesidad de cuestionar las razones expresadas en el fallo, precisando los errores, deficiencias e inconsistencias que se atribuyen a los razonamientos desarrollados por el Juez en la sentencia impugnada, especificando con claridad los fundamentos de las objeciones. Es decir, que en la expresión de agravios deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que motivan la decisión cuestionada. Por ello, las objeciones genéricas, las impugnaciones de orden general y las meras opiniones diferentes a las expresadas por el juzgador, no alcanzan a cumplir los estándares mínimos indispensables para mantener una apelación. En tal sentido se ha dicho que “el apelante deberá examinar los concretos fundamentos que ha tomado el Juez en su sentencia y demostrar en qué particular aspecto ha incurrido aquél en error, sea de hecho en la apreciación de los hechos o en la valoración de la prueba; sea de derecho, en la aplicación de las normas jurídicas a esos hechos” (Jorge. L. Kielmanovich - Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación - Comentado y Anotado - Tº I, pag. 569).
La refutación de las conclusiones de hecho y de derecho en que el juez de la primera instancia basó su pronunciamiento y la indicación de las circunstancias fácticas y razones jurídicas en virtud de las cuales el apelante tacha de equivocadas las conclusiones del fallo, son presupuestos esenciales para que el acto procesal intentado configure una auténtica expresión de agravios (art. 265). Discutir el criterio de valoración judicial, o pretender introducir lo que no dice la sentencia o debiera haber dicho, sin apoyar la oposición o dar base jurídica a un enfoque distinto, no es expresar agravios (Crisolmet SAIC s/ Concurso s/ Inc. Verificación- 07/89 - Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Sala B).
Conforme lo apuntado, es preciso señalar que deviene ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental del fallo, y se dedica a impugnar el mismo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (SCBA Ac. 85.405, "Colombo", sent. del 31-III-2004; Ac. 94.798, "de Cárdenas", sent. del 13-XII-2006; Ac. 87.123, "Aldecoa", sent. del 3-VIII-2005; Ac. 88.175, "Frenkel", sent. del 24-V-2006).
Por lo hasta aquí expresado, dado que la actora, en su pretendida expresión de agravios, se limita a formular afirmaciones contrarias a las conclusiones a las que arribó la sentenciante sin demostrar el error de éstas, entiendo que el recurso articulado debe ser declarado desierto (art. 268 del CPCC).
7. Por todo lo expuesto, propicio al Acuerdo declarar desierto el recurso articulado, con costas al actor vencido (conf. art. 69 del CPCC).
Respecto de las tareas de esta segunda instancia, teniendo en cuenta el mérito, extensión y resultado de las mismas, propongo regular los honorarios del Dr. , en el 4,20%; y los de los Dres. y , en conjunto, en el 4,80%. En ambos casos, con más el IVA en caso de corresponder y dejando a salvo los mínimos legales (arts. 5, 6, 8, 9, 13, 18, 46 y ccdtes. de la Ley XIII N° 4). No regular honorarios al Dr. , por resultar inoficiosas las tareas cumplidas en esta Alzada (art. 5 de la Ley XIII N° 4, su doc.).
En definitiva, a la Primera cuestión me expido entonces por la NEGATIVA.
I. A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. Guillermo Nicolás Walter dijo:
1. ACLARACIÓN PRELIMINAR.
Tras el intercambio propio del Acuerdo de Sala, por una cuestión de economía procesal y para mayor claridad integral de la sentencia, me eximiré de hacer una nueva reseña de los antecedentes del caso, de lo resuelto en primera instancia, de los agravios vertidos por la parte actora en su apelación y de las contestaciones de la parte demandada y de la citada en garantía, atenta la completa síntesis realizada por el colega que me precedió en su voto (art. 34 inc. 5° apdo. “e” CPCC).
A tal fin, conforme los arts. 2 y 3 de la Ley V N° 203, me remito expresamente a los considerandos I.1 a I.5 del voto del Dr. Peral a la Primera Cuestión, y dejó constancia de que comparto los fundamentos allí expuestos, sin perjuicio de las referencias circunstanciales que resulten necesarias. Además, como concuerdo en lo esencial con el criterio vertido por dicho Magistrado, incluido el orden de los agravios tratados, haré las precisiones que siguen para satisfacer la exigencia del art. 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut y los lineamientos de la Ley V N° 203.
2. CONSIDERACIONES DE LA SOLUCIÓN A PROPONER.
Comparto, de modo expreso, los fundamentos y la conclusión desarrollados en el considerando I.6 del voto del Dr. Peral a la Primera Cuestión, en cuanto sostiene que el memorial recursivo no satisface la exigencia de crítica concreta y razonada del art. 268 del CPCC y que, por ello, el recurso debe ser declarado desierto.
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A lo allí expuesto, añado que la sentencia de primera instancia, reconocido el siniestro, rechazó la demanda por considerar que el actor no probó que los daños materiales reclamados en el vehículo siniestrado fueran consecuencia del accidente, siendo que tanto el daño cierto como su relación causal con el hecho deben ser acreditados por quien reclama (arts. 1736 y 1744 CCCN). Ese es el argumento central que el recurrente debía rebatir.
Sin embargo, los tres agravios del actor no lo hacen. Al primero (valoración arbitraria de la prueba) lo sustenta en una lectura propia del acta policial, de los presupuestos y de las fotografías, pero no demuestra el error de la magistrada ni indica qué prueba concreta acredita el vínculo causal entre los daños presupuestados y el siniestro. Al segundo (inversión de la carga probatoria y responsabilidad objetiva) lo funda en que el daño material se presume en ese régimen, sin hacerse cargo de que el factor objetivo de atribución no dispensa al reclamante de probar la existencia y entidad del perjuicio y su nexo causal. Y el tercero (estimación prudencial de la cuantía) omite considerar que la sentencia explicó que dicha facultad presupone un daño acreditado y no suple deficiencias probatorias, extremo que el apelante tampoco controvierte.
En consecuencia, el memorial se limita a expresar un disenso con lo resuelto y a reiterar la posición del apelante, dejando incólume el fundamento que sustenta la decisión. Como se señala en el considerando I.6 del voto del Dr. Peral, cuya doctrina y jurisprudencia citadas también comparto, disentir no es criticar, y es ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental del fallo.
3. SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN A PROPONER.
Por lo expuesto, concuerdo en que se debe declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (art. 268 del CPCC). Consecuentemente, las costas de segunda instancia deben ser soportadas en su totalidad por el actor vencido (conf. art. 69 del CPCC).
En atención a la calidad, extensión y resultado de los trabajos profesionales cumplidos en esta instancia, propongo que los honorarios del Dr. se fijen en el 4,20%, y los de los Dres. y , en conjunto, en el 4,80%. En ambos casos, con más el IVA en caso de corresponder y sin perjuicio de los mínimos legales (conf. arts. 5, 6, 8, 9, 13, 18, 46 y ccdtes. de la Ley XIII N° 4). No se deben regular honorarios al Dr. , por resultar inoficiosas las tareas cumplidas en esta Alzada (art. 5 de la Ley XIII N° 4, su doc.). Por los fundamentos expuestos, a la Primera Cuestión voto por la NEGATIVA.
II. A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Peral manifestó:
Frente a la anterior conclusión arribada acerca de la suficiencia técnica del recurso, no cabe el tratamiento de esta cuestión.
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II. A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Guillermo Nicolás Walter dijo:
Atento la solución dada a la cuestión anterior, no cabe el tratamiento de esta cuestión.
III. A LA TERCERA CUESTIÓN, el Dr. Peral expresó:
Ante el acuerdo alcanzado, el pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente:
I. Declarar desierto el recurso de apelación articulado por el actor (art. 268 del CPCC).
II. Imponer las costas al actor vencido.
III. Regular los honorarios del Dr. , en el 4,20%; y los de los Dres. y , en conjunto, en el 4,80%. En ambos casos, con más el IVA en caso de corresponder y dejando a salvo los mínimos legales. No regular honorarios al Dr. , por resultar inoficiosas las tareas cumplidas en esta Alzada IV.- Regístrese, notifíquese y devuélvase. -
Así lo voto.
III. A LA TERCERA CUESTIÓN, el Dr. Guillermo Nicolás Walter dijo:
Ante el acuerdo alcanzado, el pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente:
I. Declarar desierto el recurso de apelación articulado por el actor (art. 268 del CPCC).
II. Imponer las costas al actor vencido.
III. Regular los honorarios del Dr. , en el 4,20%; y los de los Dres. y , en conjunto, en el 4,80%. En ambos casos, con más el IVA en caso de corresponder y dejando a salvo los mínimos legales. No regular honorarios al Dr. , por resultar inoficiosas las tareas cumplidas en esta Alzada IV.- Regístrese, notifíquese y devuélvase. Así lo voto.
Con lo que se dio por terminado el Acuerdo (art. 274 del C.P.C.C.), pasándose a dictar:
Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la “Sala 2” de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:
I. DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación articulado por el actor (art. 268 del CPCC).
II. IMPONER las costas al actor vencido.
III. REGULAR los honorarios del Dr. , en el 4,20%; y los de los Dres. y , en conjunto, en el 4,80%. En ambos casos, con más el IVA en caso de corresponder y dejando a salvo los mínimos legales. No regular honorarios al Dr. , por resultar inoficiosas las tareas cumplidas en esta Alzada IV.- REGISTRESE, notifíquese y devuélvase.
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Marcelo PERAL (Juez de Cámara)
Registrada como sentencia definitiva N° 13 /2026 SDC Florencia CESARI (Secretaria de Refuerzo)
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