Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 124415
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaLa Plata, veintitrés de abril de 2019.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Que en el precedente acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 513/523 vta. es justo (arts. 168 y 171, Constitución Provincial; 501, 1113, Código Civil; 34, 161, 260, 266, 384, 474, C. Proc.; jurisprudencia citada).
POR ELLO: se confirma la sentencia apelada, imponiendo las costas a los recurrentes vencidos y difiriendo la regulación de honorarios para el momento en que se practique la de primera instancia.
En la ciudad de La Plata, a los veintitrés días del mes de abril de dos mil diecinueve reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “NAPOLI ANA LISA C/SIMIONI AGUSTIN OMAR S/ DAÑOS Y PERJ. USO DE AUTOM.-SIN LESIONES-SIN RESP. ESTADO-", (causa nº 124415), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término el doctor Soto.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 513/523 vta.?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO:
I. En la cuestionada sentencia la señora Jueza de la instancia precedente desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Provincia de Buenos Aires; rechazó la demanda entablada contra TRANSAVI S.A y la admitió contra el Fisco Provincial. Condenó a pagar la suma de $ 19.920 con más intereses.
II. Apelada la decisión, la parte actora fundó su recurso a fs. 553/554 y la codemandada Fisco de la Provincia lo hizo a fs. 561/564, con réplicas a fs. 568/571 y a fs. 575/576.
III. En síntesis que se formula, el accionante mediante su apoderado objeta la decisión que atribuye solamente la responsabilidad al Estado Provincial ante la aparición de animales sueltos en la ruta.
Sostiene que en virtud de la amplitud de la Ruta y la banquina central que divide ambos carriles de circulación, resulta fácil presumir la gran velocidad que llevaba el camión para aparecer sorpresivamente en el otro carril de circulación y atravesando los diez metros que tiene el zanjón central, de modo que el chofer no tuvo control ni dominio del rodado. Exige la determinación solidaria de la condena.
Se agravia también ante la cuantía asignada a la privación de uso del rodado.
En su respuesta, el Fisco refiere que, además de subrayar que los agravios vertidos por la accionante son congruentes a su crítica, que el dirigido a objetar la cuantía de la indemnización por privación de uso no satisface la carga impuesta por el art. 260 del ritual.do de la actora, la que considera insuficiente.
IV. De su lado, el Fisco cuestiona que se atribuya la responsabilidad en forma exclusiva, cuando ninguno de sus agentes tuvo intervención y sin señalar en qué consistió la omisión adjudicada, ante la existencia de un animal en la ruta. Cita jurisprudencia en su apoyo.
Alude a que fue determinante en el hecho la existencia de un camión volcado en el curso de marcha de la Sra. Nápoli, cuyo conductor conducía a gran velocidad y que frente al obstáculo no tuvo control ni dominio del rodado.
Más adelante explicita que ni el propietario del animal ni el conductor del camión fueron demandados o en su caso se ha desistido la acción.
Asimismo refiere que el control de convencionalidad formulado por la sentencia es insuficiente en atención a que se desconoce la conducta del verdadero causador del daño, así como la doctrina legal de la materia.
A todo evento sostiene que dado que surge palmaria la responsabilidad del chofer del camión de la empresa Transavi como productor del hecho dañoso, al menos, como concausa.
V. Por su parte, el apoderado de la codemandada y de la citada en garantía Federación Patronal Seguros explicita que el fallo apelado ha sido dictado con justicia y apego normativo, atendiendo a los elementos probatorios incorporados a la causa. Rebate los argumentos de los recurrentes y solicita que se confirme la sentencia dictada.
VI. Abordando la tarea revisora y dando en consecuencia las necesarias razones del caso (artículos 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 3 del Código Civil y Comercial), principio por señalar que ya habiendo entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, desde el 1 de agosto del año 2015 -art. 7, ley 26.994, conf. art. 1 ley 27077-, habrá que aclarar si corresponde juzgar este litigio con el marco legal con el cual nació -el Código Civil anterior- o con el nuevo. Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el artículo 7 de la ley ahora en vigor, el cual señala en lo que interesa destacar que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución...".
El caso de autos comprende a circunstancias consumadas durante la vigencia de la ley anterior (arts. 3, Código Civil; 7 y conc., C.C. y C. ley 26.994). Consecuentemente, la decisión que se propondrá se compadece con el código civil vigente al momento de los hechos (esta Sala causas 121.672, RSD 131/17; 119.749, RSD 108/17, e/o.).
VII. Arriba firme a esta instancia decisoria la existencia de una colisión, acaecida el día 29/12/05 entre el rodado conducido por la accionante y el camión de la parte demandada que se hallaba caído sobre la ruta provincial 6 a la altura del kilómetro 33. (arts. 34, inc. 4°, 163, inc. 6°, 260, C. Proc.).
El debate propuesto por el Fisco Provincial acerca del alcance de su responsabilidad por la presencia de animales sueltos en una ruta no concesionada, como resulta de autos (v. informe de fs. 143; arts. 384, 394, C. Proc.), resulta equívoco en virtud de las dificultades probatorias que la causa exhibe.
En efecto, no se ha podido establecer cuál era la condición del “animal vacuno mutilado” al que se refiere la instrucción policial en el acta labrada que luce a fs. 269. Como emerge de la aludida actuación, a poco de producido el accidente, se constituyó una comisión policial que examinó y describió la existencia de los rodados accidentados, advirtiendo que sobre el zanjón central se hallaba el objeto que -se infiere-, generó el primer accidente con el camión, lo que derivó en su vuelco, lo que a la postre motivó la colisión con el rodado de la accionante.
Sin embargo, no se produjeron medios de acreditación que permitan establecer en qué condiciones se hallaba dicho objeto al momento del impacto, es decir si se cruzó en la ruta o simplemente se trataba de un obstáculo inerte en la vía de circulación del camión (art. 375, C. Proc.).
En otros términos, la única circunstancia probada, merced a la verificación policial, es que el camión se encontró frente a un estorbo imprevisto que no pudo eludir, generando un accidente y posterior caída, concluyendo en la mano contraria, lo que a su vez produjo la colisión que dio razón a este proceso (v. informe pericial fs. 351, arts. 384 y 474, C. Proc.).
Los agravios vertidos por los recurrentes en orden a la responsabilidad del conductor del camión en el evento no superan las meras especulaciones, dado que no se ha establecido ningún elemento fáctico que otorgue a la conducción de dicho rodado algún grado de reproche (vg. velocidad de circulación; condiciones en las que se hallaba el chofer, maniobras previas indebidas, etc.).
Sí en cambio se han vertido elementos que dan cuenta de las precarias condiciones de la ruta en ese tramo: i) ausencia de iluminación; ii) ausencia de marcación y iii), ausencia de señalización (v. fs. 268 vta., 350 vta./351; arts. 384 y 474, C. Proc.).
Dichas circunstancias –sumadas al impedimento asentado en la ruta -, se presentan como el factor excluyente de la primera colisión –y vuelco-, del camión, y al mismo tiempo un factor de interrupción del nexo de causalidad que desliga de responsabilidad a éste último (art. 384, C. Proc.; 1113, segundo párrafo, segunda parte, Código Civil).
Vale recordar que quien tiene a su cargo la conducción de un vehículo, asume sobre sí la posibilidad cierta de la ocurrencia de sucesos que, en el curso ordinario del tránsito, puedan presentarse de manera más o menos imprevista, y el conductor debe estar lo suficientemente alerta como para sortear esas emergencias, salvo casos excepcionales (esta Sala, causa 114.721 RSD 5/13).
En el supuesto de autos, dada la verificación del ya mencionado obstáculo y las condiciones de la ruta, así como la ausencia de reproche posible a la conducción del camión, no es razonable atribuir a éste algún grado de responsabilidad en el evento.
Desde otra perspectiva, es irreprochable la decisión adoptada por la Dra. Sandra Grahl, cuando señaló que “…los precedentes invocados por la apoderada del Fiscal de Estado, relativos a la falta de legitimación pasiva de la Provincia de Buenos Aires con relación a los accidentes viales ocurridos por la presencia de animales sueltos en la ruta (CSN "Bianchi" y "Ruiz"), no resultan plenamente aplicables al caso de autos debido a que, tal como lo reconoce en su responde, esta ruta en el tramo del accidente (Ruta N°6, Km 33) se hallaba bajo la órbita de la Provincia de Buenos Aries tanto en su calidad de dueña como de guardián por no haberse concesionado la prestación del servicio vial…” (v. fs. 519)
A lo que debe agregarse que en su condición de dueño y guardián de la ruta, omitió el deber de mantener la vía despejada de todo obstáculo que represente un riesgo para la adecuada conducción de los vehículos.
Se trata, como señala el decisorio, de “…remover los obstáculos que existan sobre la calzada, siendo un deber insoslayable en cabeza de quien tiene a su cuidado el mantenimiento y conservación del camino en condiciones de segura transitabilidad, y corresponde a las autoridades locales a quienes se le impone preservar la seguridad y/o fluidez de la circulación vial…”. (v. fs. 519 vta.).
Por consiguiente, si mi opinión es compartida, deberá mantenerse la decisión impugnada en esta parcela (art. 1113, Código Civil).
VIII. Privación de uso.
Fue mensurada en la suma de $ 1.500, generando el agravio del accionante.
Ha señalado esta Sala, y siguiendo la doctrina que en voto mayoritario expuso la Suprema Corte de Justicia, que “La privación del uso del automotor no escapa a la regla de que todo daño debe ser probado, ni constituye un supuesto de daño "in re ipsa", por lo que quien reclama por este rubro debe probar que efectivamente esa privación le ocasionó un perjuicio” (conf. SCBA, Ac. 44.760 del 2/8/94, 54.878, del 25/11/97, e. o.; esta Sala, causas B-79.730, RSD 90/95, B-82.239, RSD 29/96, B-88.119, RSD 139/98, 105.410, RSD 124/11, 116.386, RSD 141/14.). Conforme a dicho criterio, no es válido acudir en estos supuestos a la mera valoración presuncional del perjuicio, por lo cual ha de traerse a la contienda la prueba de los concretos deméritos económicos (causas 105.006, RSD 233/05, 118.692, RSD 133/15, e/o).
Las consideraciones críticas formuladas no superan el mero disenso del recurrente, quien se limita a expresar que la suma es ínfima, y que basta un “ejercicio de pensar” para otorgar el valor adecuado.
Esta relación, carente de todo soporte fáctico en orden a los daños concretos que generó la detención del rodado para su reparación por el término de 30 días, impiden que pueda prosperar el agravio (art. 260, C. Proc.).
Voto por la AFIRMATIVA.
Por los mismos fundamentos la doctora LARUMBE votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO:
Obtenido el necesario acuerdo de opiniones al tratar y decidir la cuestión anterior, corresponde: 1) confirmar la sentencia apelada; 2) imponer las costas de Alzada a los recurrentes vencidos (art. 68, C. Proc.); 3) diferir la regulación de honorarios para el momento en que se practique la de primera instancia.
ASÍ LO VOTO.
La doctora LARUMBE adhirió en un todo al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
La Plata, veintitrés de abril de 2019.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Que en el precedente acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 513/523 vta. es justo (arts. 168 y 171, Constitución Provincial; 501, 1113, Código Civil; 34, 161, 260, 266, 384, 474, C. Proc.; jurisprudencia citada).
POR ELLO: se confirma la sentencia apelada, imponiendo las costas a los recurrentes vencidos y difiriendo la regulación de honorarios para el momento en que se practique la de primera instancia.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Fin de la sentencia