Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125780
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292, CPCC). Con costas.
C. 125.780 "CARRANZA, ROBERTO GERARDO Y OTRO C/ CAJA DE SEGUROS S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL"
I. La Sala II de la Cámara Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Quilmes, en el marco de un proceso de daños y perjuicios por incumplimiento contractual promovido por Roberto Gerardo Carranza y Arturo Francisco Carranza contra Caja de Seguros S.A., Cencosud S.A., Mastercard S.A., First Data Cono Sur S.R.L. y contra la citada como tercera Toyota Financiera de Argentina S.A., confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, hiciera lugar a la excepción de falta de legitimación activa respecto de Arturo Francisco Carranza, desestimara las excepciones de falta de legitimación pasiva opuestas por Cencosud S.A. y First Data Cono Sur S.R.L., y finalmente rechazara la demanda (v. sents. 9-VIII-2021 y de 2-V-2022).
Contra dicho pronunciamiento, los actores interpusieron recurso extraordinario que titularon "Deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y nulidad. Reserva caso federal." y en el petitorio del escrito en cuestión solicitaron que se tuviera por presentado "…el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad" (v. escrito electrónico de 12-V-2022 y copia suscripta por las partes en arch. adj.).
El tribunal de Alzada denegó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley con base en la insuficiencia del valor del agravio. A su vez, desestimó el de nulidad por no haberse fundado y rechazó el de inconstitucionalidad por considerarlo improcedente toda vez que en la sentencia recurrida no se había resuelto ni atendido caso constitucional alguno en los términos del art. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. resol. de 24-V-2022).
Ello motivó la presente queja (art. 292, CPCC; v. presentación electrónica de 1-VI-2022). Recibidos los autos principales requeridos por esta Corte tanto en formato físico como digital, se agregó la queja al expediente digital (v. proveídos de 10-VI-2022 y 4-VII-2022).
II. En primer lugar, se advierte que no obstante el título y el petitorio del escrito recursivo y los motivos expuestos por el Tribunal de Alzada para denegar los recursos, de una atenta lectura del contenido de dicho escrito (v. escrito electrónico de 12-V-2022), se advierte que únicamente se ha interpuesto el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en tanto no consta desarrollo argumental alguno de las otras vías impugnativas. A su vez, en la queja articulada -en la que menciona genéricamente "el recurso interpuesto" o "la apelación planteada" solamente se refiere al recaudo relativo al monto del agravio que fundara la denegatoria de la vía de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 1-VI-2022). En consecuencia, solo corresponde pronunciarse sobre la admisibilidad de este último recurso y no cabe expedirse respecto de lo resuelto con respecto a los restantes remedios extraordinarios mencionados.
Sentado lo anterior, y abordando la queja articulada por los accionantes, cabe señalar que la vía impugnativa de inaplicabilidad de ley, tal como se expusiera, fue denegada por la Cámara con sustento en la insuficiencia del valor del agravio, conforme con lo previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (v. resol. de 24-V-2022).
Frente a ello, en el recurso directo se expresa que estas actuaciones se han resuelto por la normativa de Defensa del Consumidor ley 24.240, que en la demanda se han solicitado daños punitivos y que es el juez quien debe determinar su valor, de conformidad con la escala prevista en el art. 52 bis de la citada ley; por lo que, según se afirma, el monto de la demanda sumado al daño punitivo que debe cuantificar el juzgador, supera el monto requerido para acceder a esta instancia extraordinaria.
Sobre la base de tales planteos en relación al mentado recaudo de admisibilidad, la competencia revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si se configuran en autos los supuestos señalados por los impugnantes para habilitar la revisión pretendida (conf. causas Q. 73.504, "Malchiodi", resol de 24-VI-2015; C. 123.331, "Orona", resol. de 16-IV-2019; C. 124.122, "Israel Silicaro", resol. de 2-IX-2020 y causa C. 123.674, "Asociación Civil de Consumidores Defendete sin fines de lucro", resol. de 23-IX-2021).
En tal sentido, es oportuno recordar que este Tribunal ha sostenido reiteradamente que el valor del agravio a los fines previstos en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, está representado para los recurrentes -que cuestionan el rechazo de su demanda- por el monto de la pretensión que fuera desestimada (conf. doctr. causas C. 124.209, "Saavedra", resol. de 25-XI-2020; C. 123.000, "Caballero", resol. de 8-VI-2021; C. 124.985, "Prieto", resol. de 30-XI-2021 y C. 125.319, "Gonzalez Avelino y otros", resol. de 10-VI-2022).
En el recurso de hecho, como se señalara, los impugnantes sostienen que el monto de la demanda sumado a la suma por daños punitivos que debe ser fijada judicialmente, supera el importe equivalente a 500 jus arancelarios establecido por el art. 278 citado. Sin embargo, en el caso, surge del escrito de demanda que los accionantes han valorado en trescientos mil pesos -$ 300.000- el monto pretendido por daños punitivos, suma que fue incluida en la liquidación reclamada cuyo monto total asciende a un millón sesenta mil ochocientos cuarenta y cinco pesos -$ 1.060.845- (v. puntos IV.5.D. y V.2 del escrito de demanda; fs. 191, 201 vta. y 202).
Así, en el caso, y sin perjuicio de otras consideraciones que podrían efectuarse en relación a la impugnación deducida, el importe de la pretensión desestimada no supera el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141 y Ac. 4.053/22, vigentes al momento de interposición del carril extraordinario- para acceder a la revisión por la vía intentada, que asciende a dos millones ochenta y ocho mil pesos -$ 2.088.000-, por lo que el remedio extraordinario articulado resulta inadmisible (conf. causas C. 123.674, cit.; C. 124.413, "Campora", resol. de 29-XII-2021 y C. 124.782, "Gonzalez", resol. de 11-VII-2022).
Por otra parte, deviene pertinente agregar que, conforme doctrina reiterada de esta Corte, a fin de evaluar el mentado recaudo de admisibilidad no corresponde adicionar intereses, ni actualizar dicho monto (art. 7 y concordantes de la ley 23.928 -texto según ley 25.561-; conf. doctr. causas C. 122.670, "Weigel" y C. 122.856, "Rodríguez", ambas resols. de 18-II-2021; C. 123.084, "Administración Gral. de Ing. Públicos (DGI)", resol. de 31-III-2021; C. 122.236 "Chaparro", resol. de 4-V-2021).
Finalmente, cabe observar que si bien en el recurso extraordinario (v. escrito electrónico de fecha 12-V-2022) se alega arbitrariedad y la supuesta afectación de derechos constitucionales -defensa en juicio, propiedad-, no se advierte en el caso, en principio, la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que en el embate subyacen en rigor denuncias concernientes a la interpretación y aplicación de derecho común y procesal, que denotan que en el supuesto de autos no se encuentra involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de aquel linaje (conf. doctr. causas C. 122.120, "Cisneros", resol. de 12-XI-2021; C. 124.800, "Chiodini", resol. de 29-XII-2021; C. 124.757, "Chany", resol. de 18-II-2022; C. 124.510, "Alessandro Bellagamba", resol. de 9-III-2022; C. 124.782 cit.).
En atención a lo expuesto, la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley intentada resulta inadmisible y, en consecuencia, se impone el rechazo de la queja deducida (arts. 278 y 292, CPCC). Con costas.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292, CPCC). Con costas.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/11/2022 14:29:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2022 09:17:44 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2022 15:47:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/11/2022 17:07:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2022 13:57:02 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/11/2022 14:50:14 hs. bajo el número RR-666-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia