Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122066
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por no presentado el escrito de fs. 83/84 vta., reputándose inoficiosa dicha actuación (arg. arts. 257, CPCCN y 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/2007).
2Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
"PARRA ROBERTO C/ EXPRESO ESTEBAN ECHEVERIA S.R.L. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
La Plata, 10 de Octubre de 2018.
I. El letrado apoderado de la parte actora deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que desestimó la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley articulado, con sustento en la insuficiencia del valor del agravio (v. fs. 49/59 y 45/46 vta., respectivamente).
En el caso, la Cámara interviniente revocó la sentencia del magistrado de origen que, a su turno, hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por el actor, condenando a la demandada y a la citada en garantía a abonarle las sumas resultantes de la liquidación a practicarse según las pautas que fijó. Consecuentemente, rechazó la acción (v. fs. 3/11 y 17/23 vta.).
II. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia y en la violación de los arts. 17, 18, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 8, 10 y 21 del Pacto de San José de Costa Rica (v. fs. 51 vta. y 53).
Sostiene que este Tribunal declaró -dogmáticamente- mal concedida la vía local impetrada por cuanto consideró que el valor del agravio se rige por la ley vigente al momento de su interposición (v. fs. 54/55).
Y afirma que la antigua redacción del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local aludía a "valor del litigio", mientras que la reforma de la ley 14.441 trocó la redacción, sustituyendo aquella alocución por "valor del agravio". Es decir, entiende que la ley vigente a la fecha de interposición del recurso es la que hace referencia al valor del agravio. Así, alega que ese monto debe extraerse o computarse de la expresión de agravios y no de la sentencia, ya que ello contradice, no solo el texto legal, sino el espíritu mismo de la ley (v. fs. 54 vta.).
Alega, por otro lado que la summa gravaminis está conformada por lo que resulta de adicionar al valor de la demanda, "LO QUE EN MAS... RESULTA DE LA PRUEBA PRODUCIDA" (v. fs. 55/vta.)
Cuestiona, además, que si se fijara el monto reclamado en la demanda al valor histórico del jus a la fecha de su interposición, el monto de los agravios ascendería a dos mil ochocientos doce jus , superando los quinientos que requiere el art. 278 del CPCC. (v. fs. 55 vta.)
Y agrega, con base en los antecedentes "Strada", "Di Mascio" y "Christou" -que cita como atinentes al caso- que debió hacerse una excepción y soslayarse el límite formal impuesto por el art. 278 del Código Procesal local, para tratar la cuestión federal planteada (v. fs. 56/57).
Por último, advierte que se ha violado la doctrina del exceso ritual manifiesto, considerando que ello importa arbitrariedad al haberse conculcado las garantías de propiedad, adecuado servicio de justicia y defensa en juicio (art. 17 y 18 Const. nac.; v. fs. 57/vta.)
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 68), el mismo fue contestado en escrito electrónico presentado ante la Cámara de origen, agregado a los presentes a fs. 83/84 vta.
En relación a la contestación mencionada en el precedente párrafo, se señala que es doctrina legal reiterada de este Tribunal que carecen de eficacia las presentaciones de escritos fuera del órgano que correspondiere (conf. doctr. causas C. 119.488, "Vera Sosa", resol del 11-III-2015; C. 120.323, "Perera", resol. de 30-III-2016; C. 121.279, "Aita", resol. de 8-III-2017). En razón de ello y lo que surge del cargo de fs. 84 vta., se la tiene por no presentada, reputándose inoficiosa esa actuación (arg. arts. 257, CPCCN y 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/2007).
IV.1. Respecto al remedio federal articulado, cabe destacar que las cuestiones vinculadas con la admisibilidad de los recursos interpuestos ante los tribunales locales, así como las relacionadas con la interpretación del derecho procesal provincial (en el sub lite , el cumplimiento del recaudo impuesto por el art. 278 del CPCC en lo que hace al valor del agravio), no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal, por lo que en estos casos se torna particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 251:164; 302:82; 821; 310:1542; 322:1888; entre otros).
En el caso, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que los argumentos de la impugnante no constituyen más que discrepancias con el criterio sentado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la instancia federal.
IV.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de dogmatismo, exceso ritual manifiesto, apartamiento de la normativa aplicable y de las constancias de la causa, no se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto excepcional (doctr. art. 15, cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie.
IV.3. Resta decir que la mera denuncia de la supuesta vulneración de las garantías constitucionales de propiedad, adecuado servicio de justicia y defensa en juicio (art. 17 y 18 Const. nacional; fs. 65 vta./66), así como la simple mención de los precedentes "Strada", "Di Mascio" y "Christou" no abastece el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (causas C. 118.431, "Perlberger", resol. de 6-VIII-2014; C. 116.629, "Olhaberry de Agrazar", resol. de 11-XI-2015, C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por no presentado el escrito de fs. 83/84 vta., reputándose inoficiosa dicha actuación (arg. arts. 257, CPCCN y 1 y 11, segundo párrafo, Ac. 4/2007).
2. Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese y archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia