Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124000
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a los recurrentes vencidos (art. 68, CPCC).
C. 124.000 "OCAMPOS, MARIA ANGELICA C/ CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LAS DELICIAS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
I. La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata, en lo que importa destacar, revocó parcialmente la solución de origen que -a su turno- hiciera lugar a la acción de daños y perjuicios incoada por María Angélica Ocampos contra la Municipalidad de Lobos. En tal sentido, modificó el porcentaje de atribución de responsabilidad en el hecho e incrementó los rubros resarcitorios (v. sentencias electrónicas de fecha 28-II-2019 y 27-II-2020).
II. Frente a ello, el municipio -por apoderado- y la parte actora -por medio de asistencia letrada- interponen recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fecha 25-III-2020 y 1-IV-2020).
III. Ingresando al estudio de la pieza impugnativa incoada por el ente accionado, mediante la cual se aduce infracción a la ley 10.217 y a los arts. 375, 384 y 474 del Código Procesal en lo Civil y Comercial; 367, 372, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 1074, 1078, 1111, 1113 y 1114 del Código Civil y 5, 17, 18, 28, 31 y 123 de la Constitución nacional, conculcación de doctrina legal y absurdo en la ponderación de la prueba, se anticipa que ésta no puede prosperar en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Tanto el análisis de las circunstancias y de las pruebas que llevan a establecer la responsabilidad, como determinar la relación de causalidad entre éste y el daño, o reconocer en su caso la culpa de la víctima, conforman -como quiera que se trata de un estudio fáctico- típicas cuestiones de hecho extrañas a la competencia de esta Corte a menos que a su respecto concurra la denuncia y consecuente demostración del vicio de absurdo (conf. doctr. causas C. 120.312, "Seco", resol. de 2-XII-2015; C. 120.509, "Vouilloud", resol. de 24-II-2016; C. 121.116, "Cisterna", resol. de 22-III-2017; entre muchas), yerro lógico que, más allá de haber sido esbozado, no se avizora configurado en la especie (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada en su sentencia de fecha 27-II-2020 -a la luz de las pruebas colectadas en el juicio- para confirmar el pronunciamiento de primer grado sostuvo que "... acreditada la existencia de un natatorio en la sede de la entidad codemandada, parece poco creíble que el municipio desconociera que la pileta allí existente y que dijo haber habilitado para el uso de la colonia de vacaciones que se desarrollaba de lunes a viernes en dicho predio ... funcionaba los fines de semana con acceso libre con la simple condición de abonar una entrada ... y digo poco creíble, porque los vecinos de Lobos que han comparecido a declarar como testigos en autos, coinciden en afirmar que el uso del mismo por la comunidad toda era un hecho que bien puede ser calificado como público y notorio." (v. pág. 5).
Tal fundamento, que se erige en el pilar jurídico del pronunciamiento en crisis, no logra ser conmovido por los reproches expuestos en las págs. 11/19 del recurso, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con el régimen de responsabilidad, la delegación de facultades, la explotación del natatorio y la relación de causalidad) se han limitado a reiterar lo expuesto ante el órgano anterior que ha sido tratado y desechado, omitiendo atacarse de modo directo y eficiente las afirmaciones y conclusiones vertidas por la Cámara. Con tal proceder, el impugnante ha desinterpretado el contenido de lo resuelto sin realizar un ataque hábil sobre los pilares jurídicos que lo fundamentan (v. fs. 858/876; conf. art. 279, cit. y doctr. causas C. 118.323, "Gaetan", resol. de 4-III-2015; C. 120.474, "Botta", resol. de 24-II-2016; C. 121.700, "Galli", resol. de 20-IX-2017; e. o.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el iter lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo dicho, basta para desestimar esta parcela impugnativa y permite, a su vez, descartar las infracciones normativas indicadas en la pág. 3 del líbelo recursivo (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Tampoco puede ser atendido el agravio vinculado con los montos por los cuales se admitiera la demanda (v. págs. 19/28 de la presentación), por cuanto tanto la determinación de los distintos rubros que integran la condena, como su procedencia, constituyen típicas cuestiones de hecho ajenas por ello al conocimiento de la Corte, salvo el supuesto de absurdo (conf. doctr. causas C. 116.620, "Intermedicas S.A.", sent. de 3-XII-2014; C. 117.926, "Almirón", sent. de 11-II-2015 y C. 119.953, "Morinico", resol. de 2-IX-2015), yerro valorativo que no logra demostrarse en este segmento de la protesta, en tanto escuetamente se exterioriza un punto de vista diferente al de los sentenciantes, lo que no alcanza para lograr la modificación requerida (conf. doctr. causas C. 110.599, "B., G.", sent. de 15-X-2014; C. 116.620, cit. y C. 110.319, "S. d. M., M. G.", sent. de 15-IV-2015) y conlleva -sin más- a la desestimación de esta porción impugnativa (conf. art. 279, CPCC).
III.3. El mismo déficit porta la transgresión a las garantías constitucionales que se expresan en la pág. 3 del recurso, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo de la interesada -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
III.4. Finalmente, tampoco cabe atender el tópico que alega violación a la doctrina legal expuesta en las págs. 22/25 del escrito electrónico, toda vez que en los casos en los cuales se endilga dicha infracción es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.), carga ésta última no abastecida por el impugnante que conlleva a repeler este segmento de la protesta.
IV. Abordando la vía incoada por la parte actora, a través de la cual se denuncia infracción a los arts. 64, 1112, 1113, 1114 y concs. del Código Civil, arbitrariedad y transgresión de doctrina legal, se adelanta que ésta tampoco puede ser atendida, por adolecer de la misma deficiencia técnica que la impugnación del municipio (conf. art. 279, CPCC).
IV.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada en la referida sentencia -a la luz de las constancias obrantes que allí detallara- para modificar la solución de grado y atribuir responsabilidad a la legitimada activa sostuvo que "... asiste razón al Municipio cuando sostiene que la responsabilidad que en el presente se juzga no puede ser endilgada de manera exclusiva y excluyente al sector demandado ya que, en el particular, la falta de vigilancia activa de la madre sobre sus hijos menores y en particular, sobre Marcela Soledad, se yergue como una conducta omisiva que interrumpe el nexo causal adecuado, pero sólo parcialmente, pues aún cuando la conducta de la Sra. Ocampo en la especie, merezca reproche, es lo cierto que el club explotaba comercialmente un natatorio que no estaba habilitado, y si bien tenía una especie de guardavida ad honoren los fines de semana, el mismo no desplegaba la tarea de manera conveniente, porque de haberlo hecho, la lógica indica que hubiera visto los gestos de ayuda que realiza cualquier persona que no sabe nadar, cuando se está ahogando en una pileta.." (v. pág. 22).
Tales fundamentos no logran ser conmovidos por los escuetos agravios volcados en las págs. 2/5 del recurso, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (relacionados con las circunstancias fácticas de la litis y la ponderación de las constancias) se desentienden de las razones expuestas por el a quo , exteriorizándose una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre el progreso de la acción (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
Es sabido que para revisar cuestiones de hecho -como en el caso, determinación de la responsabilidad in vigilando - es indispensable demostrar contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son el producto del error grave y manifiesto que derivan en afirmaciones insostenibles a la luz de las constancias objetivas de la causa. Por más respetable que sea la opinión de la aquí impugnante, ello no autoriza -por sí solo- para que este Superior Tribunal sustituya con su criterio al de los jueces de la instancia de apelación (conf. doctr. causas C. 120.655, "B., C. E.", resol. de 15-XI-2016; C. 121.526, "Godoy", resol. de 21-VI-2017 y C. 122.230, "Muñoz", resol. de 11-IV-2018). Ahora bien, al no haberse acreditado dicho vicio valorativo se desestima la protesta.
Lo expuesto, alcanza para rechazar el intento recursivo y permite, asimismo, descartar las infracciones legales indicadas en la pág. 2 del recurso (conf. arts. 279 y 289, CPCC).
IV.2. Igual suerte adversa debe correr la alegación de arbitrariedad (v. págs. 5/6 del embate), toda vez que ella no se erige en elemento útil a los fines de enervar lo decidido. Conviene recordar que la simple enunciación de su existencia no es suficiente para habilitar esta instancia extraordinaria si no se demuestra -como sucede en el caso- que la operación intelectual desarrollada en la formación de la sentencia carece de bases aceptables, con arreglo a los mandatos legales que gobiernan la apreciación de las constancias (conf. doctr. causas C. 118.323, "Gaetan", resol. de 4-III-2015; C. 120.917, "Gasparroni", resol. de 21-IX-2016; C. 121.414, "Ramírez", resol. de 12-IV-2017; entre otras).
IV.3. Finalmente, tampoco cabe atender el tópico que alega violación a la doctrina legal expuesta en las págs. 6/8 de la presentación electrónica, toda vez que mostrándose el pronunciamiento en crisis atento a lo dispuesto por este Superior Tribunal en casos análogos y no habiéndose cumplido con la carga de exponer la similitud de la doctrina legal planteada con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.); se impone el rechazo del agravio (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a los recurrentes vencidos (art. 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/03/2021 17:14:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/03/2021 19:06:01 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/03/2021 20:40:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 31/03/2021 15:44:25 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/04/2021 13:55:32 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia