Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 98238067-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 372/379 y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado de fs. 353/355 y;
2Imponer las costas a la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el Considerando VII.- de la presente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. nº: 456/2024.
DAP COOPERATIVA DE CREDITO CONSUMO Y SERVICIOS
SOCIALES LIMITADA (TF 98238067-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO.
Buenos Aires, de diciembre de 2024. ME VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, en el pronunciamiento del 14 de septiembre de 2023 (cfr. fs. 353/355 de las actuaciones digitales remitidas vía DEO nº 12646020), el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió rechazar el recurso de amparo interpuesto en autos por la firma DAP COOPERATIVA DE CREDITO, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES LIMITADA en los términos del artículo 182 de la Ley nº 11.683 con respecto al reclamo formalizado en la presentación digital nº 202200580824 en fecha 11 de mayo de 2022 tendiente a que se le expida el Certificado de Exención del Impuesto a las Ganancias de conformidad con el trámite establecido en el artículo 10º de la RG 2681/2009.
Para así decidir el Tribunal Fiscal de la Nación entendió que la amparista no demostró la demora excesiva por parte de los agentes de la Administración en brindar una respuesta al trámite iniciado, siendo que la falta de prueba de dicho extremo determinó, en definitiva, la suerte del recurso.
Señaló que, del informe presentado por el Fisco Nacional en autos, surge que la amparista carece de perjuicio actual debido a que, tal como prevé el artículo 12º, segundo párrafo de la RG 2681/2009, se encuentra gozando del beneficio de exención desde el 11/05/2022. Ello, en razón de haberse declarado formalmente admisible su presentación liminar, lo cual se refleja en los sistemas de Administración Fiscal frente a terceros adjuntos.
Destacó que, según surge de la normativa vigente, los sujetos que se vinculen o contraten con o a “DAP” no se encuentran obligados a practicarle retenciones y percepciones (cfr. art. 12 de la RG N° 2681/2009) que era, precisamente, el perjuicio potencial que invocó en su presentación ante este Tribunal siendo que, a su vez y tal como prevé tal normativa, tal circunstancia depende de los resultados que arrojen las verificaciones que eventualmente se hagan con respecto al cumplimiento frente al gravamen, situación que no difiere con respecto a la de cualquier contribuyente exento o que detente cualquier otro beneficio fiscal, todo lo cual cobra relevancia debido a que del Informe presentado por el Fisco Nacional y de las constancias arrimadas surge que el Certificado de Exención en el impuesto a las ganancias que tuvo “DAP” en ejercicios fiscales anteriores fue revocado por detectarse inconsistencias en su comportamiento fiscal, más precisamente, por haber operado con proveedores apócrifos.
En virtud de ello, el Tribunal Fiscal de la Nación entendió que correspondía rechazar el recurso de amparo interpuesto en autos, con costas.
II. Que, disconforme, la parte actora interpuso recurso de apelación y fundó sus agravios el 28 de septiembre de 2023 (cfr. fs. 372/379).
Efectúa una reseña de las actuaciones producidas en sede administrativa y se agravia por considerar que el a quo, al colegir que la ausencia de sufrir retenciones le impidió tener por verificado un perjuicio, le permite a la AFIP tomarse el tiempo que le plazca -por fuera de la leypara resolver su pretensión y remarca que la demora excesiva e irrazonable padecida resulta violatoria de su derecho constitucional a obtener una decisión fundada en tiempo razonable.
Alega que, contrariamente a lo sostenido en el pronunciamiento apelado, el perjuicio luce patente por cuanto la demora, en sí mismo, le provoca una situación de incertidumbre que no le permite tener certeza acerca de si efectivamente está -o no- exenta en el impuesto a las ganancias.
Remarca que, en el caso concreto, el perjuicio luce acreditado debido a que en ejercicios fiscales anteriores la propia Administración fiscal revocó la exención, circunstancia que acrecienta aún más el estado de incertidumbre y vislumbra la necesidad de obtener una resolución expresa por parte del organismo fiscal con respecto a la exención pretendida.
Asimismo se agravia con respecto a la imposición de las costas a su cargo, cita jurisprudencia favorable a su tesitura y reclama que se revoque la sentencia apelada.
III. Que, por su parte, la demandada replicó los agravios esgrimidos por la parte actora en los términos expuestos en la presentación obrante a fs. 401/407 del DEO nº 12646020.
IV. Que, sentado ello cabe recordar que el amparo por mora constituye una especial acción de amparo e importa una orden judicial de “pronto despacho” de las actuaciones administrativas que posibilita que, quien fuera parte en un expediente administrativo, acuda a la vía judicial cuando una autoridad administrativa hubiera dejado vencer CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V los plazos fijados en la norma sin expedirse en forma expresa con respecto a lo peticionado.
Al respecto, esta Sala tiene dicho que la administración tiene el deber jurídico de pronunciarse expresamente frente a las peticiones de los particulares. Este deber de decidir en cada caso concreto -que proviene de un principio que trasciende el marco del derecho público escrito- surge claramente del artículo 7°, inc. c), de la Ley nº 19.549 que establece que “deben decidirse todas las peticiones formuladas” ya que, frente al derecho de petición, garantizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, se encuentra la obligación de resolver por la Administración Pública (confr., esta Sala, in re “Galíndez Diego Mario c/ EN - Mº Justicia y DDHH s/ Amparo por Mora” - Expte. nº 22.954/2015-, pronunciamiento del 29/03/2016 y sus citas).
Ello así, sin perjuicio de que se pronuncie en un sentido o en otro (v. esta Cámara, Sala II, in re “Edenor S.A. c/ EN - ENRE s/ Amparo por mora”).
V. Que, para una mejor comprensión del tema cabe señalar que el recurso de amparo por mora deducido en autos por la firma DAP Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales Limitada en los términos del artículo 182 de la Ley nº 11.683 el 23/08/2023 se fundamentó en la demora excesiva por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos en resolver el trámite tendiente a que se le expida el Certificado de Exención en el impuesto a las ganancias de conformidad con el trámite sistémico establecido en la R.G. AFIP Nº 2681/2009.
Ahora bien, de las constancias digitales incorporadas al DEO nº 12646020 surge que:
a) El 11/05/2022 la firma DAP Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales Limitada solicitó a la AFIP que le expida el Certificado de Exención del Impuesto a las Ganancias de conformidad con el trámite establecido en el artículo 10º de la RG 2681/2009 (cfr. presentación digital nº 202200580824, v. fs. 297).
b) El 08/07/2022 la mencionada firma presentó una solicitud de pronto despacho.
c) Mediante providencia PV-2023-100362984-APN -VOCI#TFN del 28/08/2023 el Tribunal Fiscal de la Nación le requirió a la AFIP-DGI que, dentro del quinto día, informe sobre el estado a la fecha del trámite que motiva la presentación en despacho y, asimismo, acompañe los antecedentes administrativos correspondientes (cfr. fs. 75). d)El 04/09/2023 la demandada produjo el informe requerido en autos (cfr. fs. 145/152).
En dicho informe reconoció que la parte actora presentó, en fecha 11/05/2022 la solicitud de la Exención en el Impuesto a las Ganancias de acuerdo a lo normado en la RG 2681 mediante la solicitud sistémica Nº 1025456 y PD N.º 2022-00580824 y remarcó que la recurrente se encuentra gozando del beneficio solicitado por haberse otorgado la admisibilidad formal a su reclamo (v. constancia de fs. 155), lo que implica que no deberá ingresar el Impuesto a las Ganancias sin perjuicio de que la continuidad en el goce del beneficio queda supeditada a la aprobación definitiva del Certificado correspondiente.
e)Mediante providencia PV-2023-104282850-APN -VOCI#TFN del 05/09/2023 el Tribunal Fiscal de la Nación confirió traslado a la parte actora de lo manifestado por el Fisco Nacional en su informe, en cuanto a que, a raíz de las inconsistencias detectadas, creyó conveniente aguardar hasta el cierre de otro ejercicio fiscal a los fines de evaluar el comportamiento de la peticionante, empero dejando constancia de que la firma continúa gozando del beneficio de exención en el Impuesto a las Ganancias (cfr. fs. 337).
Dicho traslado no fue contestado por la recurrente.
f) El fecha 14/09/2023 la parte actora denunció como “hecho nuevo” el requerimiento de documentación efectuado por el Fisco Nacional en fecha 08/09/2023 (v. fs. 345 y fs. 349/350)
g) Finalmente, el 14/09/2023 el Tribunal Fiscal de la Nación dictó el pronunciamiento recurrido (cfr. fs. 353/355), tal como fuera indicado en el Considerando I.- de la presente.
VI. Que, a los fines de dilucidar la cuestión y teniendo en cuenta que, en definitiva, el trámite instaurado en autos tendiente a obtener el “Certificado de Exención en el Impuesto a las Ganancias” se encuentra reglado por la RG AFIP nº 2681/2009.
Precisamente dicha normativa prevé que: “Las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g) m) y r) del Artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, a efectos de acreditar su condición de exentas en el referido impuesto, deberán tramitar un certificado de exención conforme los requisitos, plazos, formalidades y demás condiciones que se establecen por la presente” (cfr. artículo 1º) siendo que la finalidad de la solicitud comprende: “a) No ingresar el impuesto a las ganancias; b) No ser pasibles de las retenciones y/o percepciones en el impuesto a las ganancias; c) No ser pasibles de las retenciones y/o percepciones en el impuesto al valor agregado, en el caso de los sujetos comprendidos en el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V inciso f), y en los puntos 5. y 6. del inciso h) del Artículo 7° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones y d) Estar alcanzadas por las alícuotas reducidas, o exentas, del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, de acuerdo con lo previsto en los Artículos 7° y 10 -respectivamente- del Anexo del Decreto N° 380 del 29 de marzo de 2001 y sus modificatorios” (cfr. artículo 2º).
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, “La presentación de la documentación en las condiciones establecidas en el Artículo 10, implicará para el presentante la admisibilidad formal de su solicitud del certificado de exención. Una vez obtenida la admisibilidad formal, la entidad solicitante gozará de los beneficios indicados en el Artículo 2°, quedando éstos -no obstantesujetos a la resolución por parte de este Organismo, respecto de la aceptación o denegatoria del certificado correspondiente. A efectos de acreditar su derecho al goce de los citados beneficios, y hasta tanto se publique el certificado de exención previsto en el Artículo 16, la entidad podrá imprimir el estado de la solicitud a través de la consulta mencionada en el inciso a) del Artículo 13. Asimismo, los terceros intervinientes -agentes de retención y/o percepción y donantes- deberán verificar dicho estado mediante la consulta indicada en el Artículo 28.” En este contexto y siendo que, a la fecha de interposición del recurso (23/08/2023) el trámite iniciado mediante la solicitud sistémica Nº 1025456 y PD N.º 2022-00580824 por la firma DAP Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales Limitada había sido admitido formalmente lo que, a tenor de la normativa reseñada precedentemente, implicaba que no debía ingresar el Impuesto a las Ganancias, sin perjuicio de que la continuidad en el goce del beneficio quedaba supeditada a la aprobación definitiva que, en el caso, se encontraba condicionado a la auditoría sobre la situación fiscal de la peticionante teniendo en cuenta el antecedente inmediato -que implicó que se le revocara el Certificado por haberse detectado irregularidades en sus operaciones, entre ellas, haber realizado operaciones con sujetos incluidos en la BASE APOC-, por lo que se advierte que no le asiste el derecho a la parte actora de recurrir por la vía prevista por el artículo 182 de la Ley nº 11.683 atento que no resulta que haya sido perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o actividad.
En virtud de ello, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 372/379 y confirmar el pronunciamiento de grado apelado.
VII. Que, en punto a las costas, toda vez que no se advierten motivos para apartarse del principio objetivo de la derrota, corresponde imponerlas a la parte actora en su condición de vencida (cfr. art. 68, primer párrafo y art. 69, primer párrafo, del C.P.C.C.N.). Por las consideraciones expuestas precedentemente, el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 372/379 y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado de fs. 353/355 y; 2) Imponer las costas a la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el Considerando VII.- de la presente.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase al Tribunal Fiscal de la Nación.-
Guillermo F. TREACY Jorge Federico ALEMANY Pablo GALLEGOS FEDRIANI.
Fin de la sentencia