Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 65512
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art.4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 65.512, "Venturino, Claudio Darío c/ Municipalidad de la Costa. DCA." y su acumulada causa B. 60.433, "Venturino, Claudio D. c/ Munic. de la Costa. DCA.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Genoud, Soria, Kogan, Pettigiani, Torres.
El señor Claudio Darío Venturino, por apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de la Costa pretendiendo el pago de una indemnización como consecuencia de su despido arbitrario como empleado de dicha comuna.
Acompaña como prueba la causa B. 60.433, caratulada "Venturino, Claudio D. c/ Municipalidad de la Costa s/ demanda contencioso administrativa", también en trámite ante esta Suprema Corte, en la que pretende el cobro de distintos rubros salariales y al momento de alegar solicita que se dicte sentencia juntamente (v. fs. 507).
Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio el apoderado de la Municipalidad de la Costa quien sostiene la legitimidad de lo actuado y solicita el rechazo de la demanda.
Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular y glosados los cuadernos de prueba de las partes, se pusieron las actuaciones a su disposición para que efectúen los alegatos haciendo uso la actora de ese derecho, y una vez que el llamado de autos para sentencia adquirió firmeza, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde acumular a la presente la causa B. 60.433, caratulada "Venturino, Claudio D. c/ Municipalidad de la Costa s/ demanda contencioso administrativa"?
En cualquier caso:
2ª) ¿Es fundada la demanda?
En caso afirmativo:
3ª) ¿Corresponde reconocer un resarcimiento? ¿En qué medida?
4ª) ¿Qué temperamento corresponde adoptar respecto de los rubros salariales pretendidos por otros períodos laborados?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La causa B. 60.433, se inició el día 15 de julio de 1999. La actora presentó demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de la Costa pretendiendo el pago retroactivo de la bonificación por antigüedad, horas extras y el adicional por las tareas riesgosas desarrolladas en dicha comuna, con intereses y costas.
Relata que se desempeñó como guardavidas las temporadas 1978/1979 y 1979/1980, firmando el primer contrato el día 2 de enero de 1981. Indica que la temporada siguiente trabajó como subjefe timonel y en los años 1984 y 1986 estuvo a cargo del control de lanchas en la localidad de Costa Azul.
Manifiesta que a partir del mes de febrero de 1994 retomó sus tareas para la Municipalidad en la Unidad Sanitaria de Mar del Tuyú y, a partir del año 1995, comenzó a percibir una bonificación del 2,5% por antigüedad por un (1) año; en el mes de marzo de 1997 le liquidaron la misma bonificación al uno por ciento (1%) y, como consecuencia de su reclamo, se le liquidaron siete (7) años de antigüedad al 2,5% y uno (1) al uno por ciento (1%). De modo que en esta instancia judicial reclama el retroactivo por todos los períodos laborados en que el rubro bonificación por antigüedad, a su entender, estuvo erróneamente liquidado.
También pretende el pago de las horas extras trabajadas como chofer de ambulancia en dicha Unidad entre los meses de enero a julio de 1998 y el pago retroactivo de un adicional por tareas riesgosas, desde el mes de julio de 1994 a julio de 1998.
Finalmente solicita que se ordene a la comuna la unificación de sus legajos de la oficina de personal.
II. En la presente causa (B. 65.512), el señor Venturino denuncia que fue despedido en forma ilegítima el día 4 de abril de 2001 mediante una comunicación y reclama el pago de una indemnización por los siguientes conceptos: despido, preaviso, vacaciones proporcionales no gozadas, sueldo anual complementario (SAC) proporcional, SAC sobre haberes indemnizatorios, viáticos, cónyuge, familia numerosa y escolaridad media, sanción indemnizatoria del art. 80 último párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo (art. 45, ley 25.345) y sanción indemnizatoria del art. 2 de la ley 23.345, con intereses y las costas del juicio.
En el escrito de inicio indica que ingresó a trabajar para la Municipalidad de la Costa el día 22 de marzo de 1995 como personal de planta permanente mensualizado cumpliendo tareas como chofer de ambulancia y, el día 4 de abril de 2001, al presentarse en la Dirección de Personal de la comuna para renovar su carnet del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), le fue informado verbalmente que estaba despedido.
Explica que al manifestar que no había recibido ningún tipo de notificación, la Subdirectora le entregó una nota que expresaba la decisión. Se agravia de dicha comunicación y denuncia la carencia de fundamento legal y causa.
Por otro lado, manifiesta que al realizar el reclamo administrativo señaló que se desempeñaba desde el año 1999 como Secretario de Organización de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Región la Costa, conforme el decreto 906/99 de la Municipalidad de la Costa, encontrándose amparado por las garantías establecidas en la ley 23.551 (Ley de Asociaciones Gremiales), art. 51 y concordantes, gozando de la tutela sindical establecida en dicha ley por los cuatro años que duraba su mandato.
III. Analizados los planteos efectuados en las dos causas reseñadas y el pedido de acumulación de la parte actora (v. fs. 507), advierto que el demandante pretende el cobro de distintos rubros salariales e indemnizatorios como consecuencia del vínculo de empleo público que lo unió a la Municipalidad de la Costa, cuyo actuar ilegítimo denuncia.
De ello se sigue la conveniencia de resolver las pretensiones de ambos procesos en forma conjunta atento la identidad subjetiva y su vinculación fáctica y jurídica indubitable.
IV. En virtud de las razones antes señaladas, corresponde acumular a la presente la causa B. 60.433, "Venturino, Carlos Darío c/ Municipalidad de la Costa s/ demanda contencioso administrativa", por aplicación de las facultades atribuidas a este Tribunal por los arts. 188 y 190 del Código Procesal Civil y Comercial (cfr. arts. 77 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 34 inc. 5 y 88 y concs., CPCC).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, Soria , la señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Relata el actor que trabajó para la Municipalidad demandada en las temporadas estivales de los años 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981, la siguiente como subjefe de timonel desde 1984 a 1986 y, luego de un período de desvinculación, a partir del mes de febrero de 1994 volvió a trabajar como chofer de ambulancia en la Unidad Sanitaria de Mar del Tuyú con un régimen horario de treinta (30) horas semanales y ciento veinte (120) horas mensuales hasta el día 4 de abril de 2001, fecha en que le comunicaron su despido.
Reclama el pago retroactivo de diversos rubros salariales: bonificación por antigüedad, horas extras y adicional por tareas riesgosas, con intereses y costas.
Respecto de la bonificación por antigüedad indica que a partir del mes de julio de 1995 le comenzaron a pagar dicho suplemento por un total del 2,5% anual y, en el mes de marzo de 1997, a razón de un uno por ciento (1%) anual conforme lo dispuesto por la ley 11.757.
Explica que luego de varios reclamos verbales, a partir del mes de junio de 1997, la comuna dio cumplimiento con lo solicitado liquidando en su recibo de haberes siete (7) años de antigüedad al 2,5% y uno (1) al uno por ciento (1%).
De modo que a partir de esa fecha peticionó a la demandada el pago retroactivo por todos los períodos trabajados en que el rubro antigüedad fue mal liquidado.
Sobre el pago de horas extras indica que los empleados utilizaban una tarjeta reloj para marcar las horas de ingreso y egreso. En su caso, al laborar como chofer de ambulancia, expresa que trabajaba veinticuatro (24) horas corridas y luego le correspondían cuarenta y ocho (48) horas de descanso.
Reclama las horas extras trabajadas desde los meses de enero de 1998 a enero de 1999. Puntualiza la cantidad de horas extras que, entiende, le adeudan de cada mes y las subsiguientes, incluyendo las que se devenguen mientras se sustancia la presente acción.
También reclama el pago retroactivo, desde el mes de julio de 1994, de un adicional por tareas riesgosas que le fuera abonado a partir del mes de julio de 1998.
Manifiesta que los reclamos salariales fueron planteados en modo verbal y escrito sin ser contestados por la demandada.
Además del pago de dichos rubros, pretende que se le abone una indemnización como consecuencia del despido arbitrario que denuncia haber sufrido.
Indica que a partir del día 22 de marzo de 1995 se desempeñó para la comuna como chofer de ambulancia y en ocasión de presentarse el día 4 de abril de 2001 ante la Dirección de Personal a los efectos de renovar el carnet de la obra social, intempestivamente le comunicaron que estaba despedido.
Explica que al manifestar su desconocimiento de la decisión le entregaron una nota que expresaba: "Señor Venturino, Claudio Darío, legajo 4762 S/D. Notifico a Ud que a partir del día 31/03/01, se ha rescindido su continuidad con la Municipalidad. -Queda debidamente notificado. Atte. Dirección de Personal. Mar del Tuyú, Abril 4 de 2001.-".
Denuncia que la comunicación así efectuada carece de fundamento legal además de estar viciada, en tanto no expresa las causas por las cuales fue dispuesto su cese.
En consecuencia, solicita el pago de una indemnización por despido, preaviso y SAC, vacaciones no gozadas, conforme prevé la Ley de Contrato de Trabajo y un año de estabilidad gremial conforme el decreto 906/99, encontrándose amparado por las garantías de la ley 23.551, art. 51 y concordantes, gozando de la tutela sindical allí establecida durante los cuatro años que dure su mandato.
II. Por su parte, el apoderado de la Municipalidad de la Costa, al contestar la demanda, solicitó el rechazo en todas sus partes.
Indica que el actor prestó tareas para esa comuna mediante contratos como personal transitorio mensualizado y afirma que jamás fue designado en la planta permanente de la Municipalidad, por el contrario, afirma que el actor fue contratado como planta temporaria conforme la ley 11.757, habiendo cesado el día 31 de marzo de 2001, fecha de finalización del mismo (v. fs. 375, contestación de demanda). Cita doctrina de este Tribunal en apoyo de su postura.
Plantea la improcedencia de la tutela sindical en el caso del actor, dada su situación de revista y conforme lo resuelto por este Tribunal en la causa L. 84.711, sentencia de 30-X-2002.
En cuanto a la indemnización solicitada fundada en la Ley de Contrato de Trabajo, manifiesta su improcedencia en tanto el vínculo con el ex agente siempre se rigió conforme las normas que regulan el empleo público de acuerdo al período trabajado.
En ese orden entiende que el marco legal aplicable (ley 11.757) no contempla la posibilidad de indemnizar al agente cuando la Administración decide prescindir de sus servicios al finalizar el contrato y, además, explica que no cabe aplicar en el caso lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del personal temporario.
Sobre el reclamo retroactivo de la bonificación por antigüedad, expresa que del informe elaborado por la Dirección de Personal surge que el actor tuvo efectiva continuidad desde el mes de junio de 1995 y previo a ello existe faltante de documentación, de modo que no puede afirmar que existan años adeudados, solo indica que las temporadas estivales como guardavidas fueron de una duración menor a los cuatro (4) meses continuos que se requiere para computarse un año de antigüedad. Aclara, sobre el año 1994, que tampoco obra recibo de haberes del mes de marzo por lo cual se computan once (11) meses trabajados.
En suma, afirma que se liquidó el rubro conforme la documental obrante y, en caso de que corresponda liquidar algún faltante, ello debería surgir de la prueba pericial contable.
Sobre el reclamo del pago de las horas extras alega que resulta improcedente y corresponde su rechazo. Indica que, conforme el decreto 755/95 en su art. 6, se estableció una bonificación por dedicación exclusiva de hasta cien por ciento (100%) mensual del sueldo básico para determinados cargos, estableciendo en el caso de los choferes de ambulancia un cincuenta por ciento (50%). La propia norma expresaba que "Los agentes que resulten beneficiarios de esta bonificación por estar a disposición del municipio sin límite de horario, no tendrán derecho a retribución por horas extras simultáneamente".
Finalmente, sobre el pago adicional por tareas riesgosas, apunta que según lo informado por la Dirección de Personal y Recursos Humanos, el ex agente prestó servicios desde el mes de agosto de 1995 como chofer de ambulancia, de modo que a partir de ese momento debió percibir la bonificación por tarea riesgosa fijada en el decreto 755/95 (art. 20) de hasta un cincuenta por ciento (50%) incluida la antigüedad.
Dado que al actor se le comenzó a abonar desde el mes de julio de 1998, en concepto de tarea riesgosa, el diez por ciento (10%) del sueldo básico más antigüedad, plantea que procede parcialmente el reclamo y deberá hacerse el cálculo por los períodos no liquidados desde los meses de agosto de 1995 a junio de 1998, adecuándolo a ese porcentaje.
III. Corresponde ingresar al análisis de las pretensiones planteadas por el demandante contra la Municipalidad de la Costa.
III.1. En primer lugar, resulta útil señalar el vínculo que unió a las partes y las normas que lo regían para luego determinar si el cese de la relación dispuesto por la Administración se ajustó a derecho, y si los rubros indemnizatorios y salariales reclamados resultan pertinentes.
En el caso, la documentación acompañada da cuenta de que el señor Venturino celebró con la comuna variados contratos mensuales (v. fs. 402/462).
En efecto, la primera designación que se constata data del día 31 de diciembre de 1981 para cumplir funciones de guardavidas desde los días 15 de diciembre al 31 de diciembre de 1981. Además del plazo, en el acto se detalló el sueldo y partida a la que se imputarían los gastos, como también que la contratación se regiría por lo prescripto en la ordenanza general 207, título II (v. dec. 571/81, obrante a fs. 460).
Luego, bajo la misma modalidad, fue designado el día 22 de enero de 1986 como inspector de playa (dec. 39/86).
La ordenanza general 207 disponía el régimen para el personal de las municipalidades de la Provincia de Buenos Aires; en el título II regulaba al personal de planta temporaria (art. 92 y sigs.), estando vigente hasta el año 1996, en que entra a regir la ley provincial 11.757 –Boletín Oficial de 2-II-96- que derogó los estatutos de los distintos municipios de la Provincia que regulaban la relación de empleo público en sus respectivos ámbitos (cap. II, arts. 92 a 103).
En el año 1994 las partes celebraron diversos contratos de locación, que fueron homologados y prorrogados por el señor Intendente, para cumplir funciones en distintas dependencias municipales (del 14 de enero al 28 de febrero de 1994, dec. 141/94; del 1 de abril al 30 de septiembre de 1994, dec. 458/94; del 1 de octubre al 31 de diciembre de 1994, dec. 743/94; v. fs. 448/453).
En el año 1995, el señor Intendente aprobó variados contratos de locación de servicios, también del mismo tenor que los anteriores, entre ellos el del actor para laborar en la División Mayordomía del día 23 de abril al 31 de diciembre de 1995 (v. dec. 439/95, fs. 445/447).
En el año 1996, al finalizar el cierre del ejercicio económico financiero de diciembre de 1995 ante la caducidad de los contratos de locación de servicios del personal transitorio, el señor Intendente decretó que determinados agentes pasarían a revistar a partir del día 1 de enero de 1996 y hasta el día 29 de febrero de 1996 como personal temporario mensualizado, entre ellos el actor quien pasaría a desempeñarse en la Unidad Sanitaria de Mar del Tuyú (dec. 67/96, v. fs. 440). Luego, bajo la misma modalidad, dispuso la continuidad como personal temporario mensualizado desde el día 1 de marzo de 1996 hasta el día 31 de diciembre de 1996 "...salvo para los casos que tienen fijado término de designación, y/o cuando extinguiere la real necesidad de la prestación de servicios, lo cual deberá ser comunicado por área respectiva, para dictar el correspondiente acto administrativo" (art. 4, dec. 147/96, fs. 440/442).
De modo que la Administración reguló la posibilidad de la interrupción del contrato antes de lo acordado, con el requisito de dictarse en modo previo el acto administrativo pertinente.
Bajo la misma modalidad, con idéntica previsión el actor fue designado anualmente en el año 1997 y semestralmente en los años 1998 y 1999 (v. dec. 13/97, fs. 437/439; dec. 13/98, fs. 434/436; dec. 484/98, fs. 431/433; dec. 925/98, fs. 428/430 y dec. 502/99, fs. 425/428).
De igual tenor fueron las designaciones dispuestas por los meses de enero y febrero del año 2000 (v. dec. 34/00, fs. 422/424), de marzo a mayo (dec. 174/00, fs. 416/418), del día 1 de junio de 2000 hasta el 30 de septiembre de 2000 (v. dec. 357/00, fs. 419/421) y del día 1 de octubre de 2000 al 31 de diciembre de 2000 (v. dec. 607/00, fs. 410/412).
Las últimas contrataciones entre las partes se dispusieron mediante los decretos 63/01 y 181/01 (v. fs. 404/409).
El decreto 63/01, dictado el día 29 de enero de 2001 designó, entre otros, al actor en la atención médica en unidad sin internación, con retroactividad al día 1 de enero de 2001 hasta el 28 de febrero de 2001. En su texto se replica la previsión de los anteriores contratos sobre la fecha de cese, y/o "...cuando extinguiere la real necesidad de la prestación de servicios, lo cual deberá ser comunicado por las áreas respectivas, para dictar el correspondiente acto administrativo" (art. 5).
Finalmente, la última designación (dec. 181/2001) de fecha 5 de abril de 2001, fue dictada con retroactividad al día 1 de marzo de 2001 hasta el 31 de mayo de 2001.
III.2. Ahora bien, de acuerdo a lo expresado por la propia Administración en las distintas contrataciones antes detalladas, la extinción del vínculo con el empleado requería el dictado de un acto administrativo previo al cese, ello en consonancia con las disposiciones que regulan los vínculos temporarios y condicionan la baja de dicho personal por acto expreso, fundado y emanado de la autoridad competente (arts. 101 y 102, ley 11.757).
Es que si bien la selección de los agentes en función de sus cualidades personales, de su eficacia e, incluso, la evaluación de tales condiciones en su relación con las características del servicio, forma parte de las amplias facultades de organización del personal con que cuenta la Administración para el cumplimiento de sus cometidos públicos (doctr. causas B. 55.691, "García", sent. de 31-V-2000; B. 56.994, "Bontempo", sent. de 1-X-2003 y B. 54.695, "Vigani", sent. de 4-X-2006), tales competencias deben ejercerse del modo apropiado.
La particularidad en el caso radica en que, a diferencia de las designaciones anteriores, en la última se modificó la redacción de la cláusula de cese al consignar lo siguiente: "...y/o cuando extinguiere la real necesidad de la prestación de servicios, lo cual deberá ser comunicado por las áreas respectivas, para dictar el correspondiente acto administrativo, excepto el personal cuya fecha de cese anticipada se indica expresame
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