Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 61260
En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Genoud, Soria, de Lázzari, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 61.260, "Nascimbene, Aldo H. y otro c/ Pcia. de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ DCA".
Los señores Aldo Hugo Nascimbene y Miguel Ángel Cabrera, con patrocinio letrado, promueven demanda contencioso administrativa ante esta Suprema Corte contra el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires pretendiendo la anulación de las resoluciones de fecha 21-V-1997 y 15-XII-1999. Por la primera se les formuló un cargo en forma solidaria por su desempeño como Intendente y Contador, respectivamente, de la Municipalidad de San Andrés de Giles. La segunda rechazó el recurso de revisión interpuesto contra aquella, ambas dictadas en el expediente 105/95, correspondiente a la rendición de cuentas de dicha comuna, ejercicio del año 1995 y a la reserva del ejercicio 1994.
Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio la Fiscalía de Estado sosteniendo la legitimidad de las resoluciones del Tribunal de Cuentas. Solicita el rechazo de la demanda promovida.
Ofrece como prueba el expediente administrativo 105/95 del Tribunal de Cuentas que se encuentra en la causa en original y sin acumular.
Proveída la prueba ofrecida en la demanda, se pusieron las actuaciones a disposición de las partes para que efectúen sus alegatos, haciendo uso de ese derecho sólo la demandada, a fs. 134. Una vez que el llamado de autos para sentencia adquirió firmeza, la causa quedó en estado de ser fallada, resolviendo la Suprema Corte plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Relatan los demandantes que el Tribunal de Cuentas, al fallar el 21-V-1997 sobre las cuentas del ejercicio 1995 de la Municipalidad de San Andrés de Giles, desaprobó los egresos en concepto de bonificaciones por título y antigüedad abonados al Intendente y formuló cargo deudor de tres mil trescientos cincuenta y ocho pesos ($3.358) y cuatro mil seiscientos setenta y seis pesos ($4.676) por dichos conceptos al jefe comunal, en solidaridad con el Contador.
Indican que el tribunal consideró que dichos pagos habían infringido los arts. 1 de la ordenanza general 355; 125 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 1 de la ordenanza general 207 (art. 241, LOM).
Explican que, en contestación al recurso interpuesto, el tribunal dictó un nuevo pronunciamiento en el que dejó sin efecto el cargo referido al pago durante el ejercicio 1995 de la bonificación por título, pero mantuvo los cargos en relación con los egresos por la bonificación por antigüedad durante los ejercicios 1994 y 1995.
Alegan que el pago por antigüedad estaba autorizado expresamente en la ordenanza de presupuesto municipal para el año 1995 (art. 9, ord. 197/95).
Argumentan que la interpretación dada por el tribunal resulta forzada al pretender aplicar una ordenanza general (355) sobre la local de presupuesto, radicando la deferencia entre una y otra en cuanto a cómo debe hacerse el cálculo del porcentaje a pagarse por la antigüedad al Intendente.
Expresan que es cierto que la ordenanza general 355 prevé que en caso de que el Intendente electo fuera un agente de planta permanente, el cálculo del porcentaje debe hacerse sobre el sueldo básico de ese cargo que permanece en reserva.
Pero consideran que, si bien el señor Nascimbene retenía una categoría de planta permanente como médico del Hospital Municipal "San Andrés", la ordenanza presupuestaria no hizo tal distinción y de haberlo hecho hubiera generado una situación de desigualdad con quien pudiera sucederlo y no retuviera ninguna categoría de planta permanente.
Indican también que los pagos fueron oportunamente aprobados por el concejo sin ninguna objeción, concluyendo que los mismos resultan válidos y legítimos. Esgrimen las facultades que al respecto otorga la Ley Orgánica de las Municipalidades (conf. art. 228).
Con relación al ejercicio 1994, entienden que los egresos fueron convalidados mediante la ordenanza 311/96.
Entienden que no hay en el caso afectación de derechos ni garantías constitucionales, pues el único órgano que podría haber visto afectadas sus potestades y su desenvolvimiento institucional era el Concejo Deliberante, el que por el contrario aprobó los gastos y expresamente los convalidó.
II. Por su parte la Fiscalía de Estado al contestar la demanda solicitó su rechazo.
Explicó que resulta legítimo el cargo impuesto por el Tribunal de Cuentas teniendo en cuenta el régimen legal aplicable en el caso.
Así indicó que la ordenanza general 207 que disponía el régimen para el personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires excluía expresamente al Intendente, entre otros funcionarios (art. 2). Asimismo, la ordenanza 355, modificatoria de la ordenanza 207, disponía el pago del adicional por antigüedad para el personal municipal conforme a una escala. Y expresamente establecía que dicho adicional no fuera percibido por aquellos funcionarios excluidos del régimen indicado (art. 2, cit.), salvo que tales funciones fueran desempeñadas por un agente que retuviera un cargo de planta permanente, en cuyo caso continuaría percibiendo el adicional por antigüedad que correspondía al cargo retenido (art. 3, inc. "a").
Alega que la liquidación del adicional por antigüedad para el Intendente previsto en la ordenanza presupuestaria para el año 1995 debió efectuarse conforme la ordenanza general 355, es decir, tomando el sueldo de planta permanente que retuvo el Intendente (médico de hospital A-24 hs.).
Entiende que las ordenanzas en cuestión no se contradicen, sino que deben interpretarse armónicamente, de modo que el porcentaje indicado en la ordenanza presupuestaria debe liquidarse conforme el sueldo del cargo retenido en la planta permanente.
Respecto del pago del adicional en el ejercicio 1994 sobre el que se efectuó una reserva, expresó que la ordenanza municipal 311/96 que convalidó lo abonado en aquel ejercicio carece de validez en tanto resulta inaceptable su aplicación retroactiva teniendo presente la previsión anual de un ejercicio financiero.
III. Del expediente 105/95 del Tribunal de Cuentas correspondiente a la rendición de cuentas de la Municipalidad de San Andrés de Giles, ejercicio del año 1995, agregado su original sin acumular a la causa, surgen las siguientes circunstancias útiles para la decisión del tema en cuestión:
III.1. A fs. 4/24, ordenanza 197 de gastos del ejercicio 1995.
III.2. A fs. 414/418 obra el dictamen final del contador relator de la Delegación XI Mercedes y a fs. 437/440 la División Relatora de Municipalidades observa, entre otros, los egresos por bonificación por título y por antigüedad (v. fs. 438 vta.) por infringir los arts. 1 de la ordenanza general 355, 125 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 1 de la ordenanza general 207.
III.3. Hecho el traslado, a fs. 456/464 luce la contestación conjunta del Intendente y del Contador municipal.
III.4. A fs. 481/482 obra la ordenanza 311/96 que dispuso el derecho a la percepción de las bonificaciones por antigüedad, por título y asignaciones. Convalidó los pagos efectuados en el ejercicio del año 1994 en concepto de bonificación.
III.5. La División Municipalidades se expidió sobre el traslado y confirmó las observaciones (v. fs. 487/491).
III.6. El Tribunal de Cuentas resolvió desaprobar los egresos por pagos por bonificaciones por título y antigüedad abonados al Intendente (v. fs. 498/503).
III.7. A fs. 509/517, el Intendente y el Contador presentaron recurso contra la resolución del tribunal.
III.8. La relatoría de la División Municipalidades del Tribunal se expidió sobre el recurso.
Respecto de la bonificación por título indicó que la observación se fundó en que, al no haberse dictado estatuto propio para el personal municipal, rige en esa materia lo establecido en las ordenanzas generales 207 y 355.
De modo que el procedimiento adoptado significó una infracción a lo dispuesto en los arts. 1 de la ordenanza general 207; 1 de la ordenanza general 355 (que establece para el personal sin estabilidad el sueldo al que sólo se le podrá adicionar lo que corresponde en concepto de asignaciones familiares y de adicional por antigüedad); 125 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 15 de la ordenanza 197/95. Mantiene firme la observación.
Respecto de la bonificación por antigüedad, de los ejercicios 1994 y 1995, expresó que el pago significó una infracción a lo dispuesto por los arts. 3 de la ordenanza general 355 (que establece que, para aquellos con funciones sin estabilidad que retienen cargos de planta, la bonificación debe abonarse en base a la categoría retenida); 125 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 9 de la ordenanza 197/95.
III.9. Los interesados contestaron el informe de la relatoría. Sobre la bonificación por título indicaron que hallaba sustento legal en la ordenanza 197/95 de presupuesto.
Respecto de la bonificación por antigüedad indicaron que estaba previsto su pago en el art. 9 de dicha ordenanza.
Sobre la cuestionada ordenanza 311/96, explican que no hay norma que impida la aplicación del instituto de la convalidación.
III.10. El tribunal resolvió dejar sin efecto el cargo dispuesto por las bonificaciones mensuales por título abonadas al Intendente, teniendo en cuenta la autorización expresa en la ordenanza presupuestaria 197/95 (resol. de 15-XII-1999, fs. 539/541). Y mantuvo los cargos dispuestos por pago de antigüedad. Consideraron que la base de aplicación es diferente.
IV. Detalladas las postulaciones de las partes y reseñadas las actuaciones administrativas, corresponde analizar si la imposición del cargo pecuniario por parte del Tribunal de Cuentas se ajusta a derecho.
IV.1. Vale recordar que a este órgano de control previsto en la Constitución provincial le compete examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales, aprobarlas o desaprobarlas y en este último caso indicar el funcionario o funcionarios responsables, como también el monto y la causa de los alcances respectivos (art. 159, inc. 1, Const. prov.).
Por su parte, la ley 10.869 que regula la actividad del tribunal, lo faculta para que -luego del estudio de las rendiciones de cuentas realizado según el procedimiento previsto- aplique las sanciones de llamado de atención, amonestaciones, multas o cargos pecuniarios hasta un importe igual a los valores sometidos a juicio (art. 16, ley cit.).
A su vez la Ley Orgánica de las Municipalidades (dec. ley 6.769/58 y sus modif.) en el Capítulo IX regula la responsabilidad de los funcionarios municipales. Establece el principio de responsabilidad por todo acto que autoricen, ejecuten o dejen de ejecutar excediéndose en el uso de sus facultades o infringiendo los deberes que les conciernen en razón de sus cargos (art. 241). Detalla los distintos tipos de responsabilidad: política, civil, penal y administrativa (art. 242). Y con respecto a esta última, el mismo artículo establece que será determinada y graduada en su alcance por el Tribunal de Cuentas en lo concerniente a la actividad económica financiera de los municipios y a la preservación de sus patrimonios.
Luego, en el art. 243 indica que el Tribunal de Cuentas impondrá a los funcionarios alcanzados por el fallo las sanciones de cargos pecuniarios, multas, llamado de atención, amonestaciones e inhabilitación para el desempeño de funciones municipales. Y con relación a los cargos pecuniarios, conteste con la ley 10.869, establece que podrán ascender hasta un importe igual a los valores sometidos a juicio.
Ese plexo normativo se integra también con el art. 244 de la mencionada ley en orden a la presunción relativa al perjuicio fiscal que contiene todo acto de inversión de fondos ejecutado al margen de las normas constitucionales, legales y de ordenanzas.
IV.2. Las normas vigentes en el año 1995 para la Municipalidad de San Andrés de Giles, en lo que al caso interesa destacar, eran las siguientes:
IV.2.a. La Ley Orgánica de las Municipalidades -decreto ley 6.769/58- en el art. 8 bis (texto según ley 11.240) establece: "Todo agente municipal que haya sido designado para desempeñar cargos superiores o directivos, nacionales, provinciales o municipales, sin estabilidad, incluidos los cargos electivos, le será reservado el cargo de revista durante el tiempo que permanezca en el ejercicio de aquéllos".
El art. 29 indica que corresponde al Concejo Deliberante sancionar las ordenanzas impositivas y la determinación de los recursos y gastos de la Municipalidad.
Respecto del Departamento Ejecutivo prevé que le corresponde exclusivamente la administración general y ejecución de las ordenanzas (art. 107); promulgar las ordenanzas sancionadas por el concejo (art. 108, inc. 2) como también proyectar las ordenanzas impositivas y presupuesto de gastos y recursos, debiendo remitirlo al concejo con anterioridad al día 31 de octubre de cada año (art. 109).
Puntualmente sobre el sueldo del Intendente dispone que gozará del que le asigne el presupuesto y de una partida mensual para gastos de representación, sin cargo de rendición de cuentas, y aclara que el sueldo y la partida no podrán ser unificados (art. 125).
En el art. 118 prescribe que "El presupuesto anual constituye el límite de las autorizaciones conferidas al Intendente y al Presidente del Concejo en materia de gastos. Los montos fijados a las partidas no podrán ser excedidos".
El art. 173 determina que "El ejercicio financiero y patrimonial, comenzará el 1° de enero y terminará el 31 de diciembre de cada año. Esto no obstante, el ejercicio clausurado el 31 de diciembre, podrá ser prorrogado, a los efectos del ajuste de la contabilidad, durante el mes de enero inmediatamente posterior. En el transcurso de este mes de prórroga se registrarán los ingresos percibidos y no contabilizados hasta el 31 de diciembre y podrán efectuarse pagos de compromisos preventivamente imputados al ejercicio vencido, siempre que se utilicen fondos correspondientes al mismo".
Y el art. 169 expresa que "La contabilidad del presupuesto tendrá origen en el cálculo de recursos y presupuesto de gastos sancionados para regir en el ejercicio financiero. Tomará razón de todos los ingresos efectivamente realizados en virtud de la recaudación prevista en el cálculo anual y de todos los gastos imputados a partidas del presupuesto, sean pagos o impagos. La totalidad de los rubros de la contabilidad del presupuesto será cancelada al cierre del ejercicio por envío de sus saldos a las cuentas colectivas Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos".
IV.2.b. Se encuentra agregada en las actuaciones administrativas la ordenanza 197/95 (v. fs. 3/24) sancionada por el Concejo Deliberante en virtud de la cual se aprobó el cálculo de recursos y presupuesto de gastos para el ejercicio 1995.
IV.2.c. La ordenanza general 207 estableció el régimen para el personal de las municipalidades de la Provincia.
En su art. 2 expresaba que esa ordenanza no comprendía al Intendente, los secretarios y subsecretarios, los delegados municipales, el personal municipal incluido en otros regímenes y los funcionarios para cuyo nombramiento y/o remoción las leyes fijaran procedimientos determinados.
IV.2.d. La ordenanza general 355 (modif. arts. de la ordenanza general 207, a partir del día 1 de agosto de 1983, para todos los partidos de la Provincia) incorporó, en las retribuciones del personal de planta permanente con estabilidad, la bonificación por antigüedad por cada año de servicio prestado por el agente en la Administración nacional, provincial o municipal -arts. 23 inc. "b" (derogando el adicional por mérito) y 1 de la ordenanza general 355-.
IV.3. Delimitado el marco legal, corresponde examinar la resolución del Tribunal de Cuentas que desaprobó los egresos en concepto de bonificación por antigüedad abonados al Intendente de San Andrés de Giles en el ejercicio 1995 y la reserva hecha por el mismo adicional pagado durante el ejercicio 1994.
El Tribunal de Cuentas al resolver el recurso de revisión intentado por los aquí demandantes consideró, puntualmente sobre los cargos controvertidos, que no se encontraba en discusión la procedencia del pago de la antigüedad dispuesto en el art. 9 de la ordenanza de presupuesto y por el porcentaje que allí se determinó (2%), sino su cuantificación. Indicó que "...Solo que la base de aplicación es diferente. Y aquí debe tenerse en cuenta que el porcentaje autorizado por Ordenanza 197/95 se aplicará sobre el cargo de planta permanente que el funcionario retiene, tal como establece un Ordenanza que no fue derogada, por lo que mantiene plenamente su vigencia..." (fs. 539 vta., actuaciones administrativas, resol. de 15-XII-1999). E igual razonamiento adoptó respecto a la reserva del ejercicio de 1994 sobre dicho adicional, en cuanto a la errónea determinación del monto liquidado.
En cuanto a la ordenanza 311/96 expresó que carecía de efecto retroactivo y, en consecuencia, resolvió mantener los cargos impuestos previamente en concepto de bonificación por antigüedad (v. fs. 541).
De modo que la controversia gira puntualmente en orden a determinar sobre qué remuneración básica (de Intendente o de cargo de planta permanente reservado) se liquidará el porcentaje referido al adicional por antigüedad dispuesto en la ordenanza presupuestaria (art. 9, ord. 197/95).
La ordenanza 197, para el ejercicio del año 1995, estableció el pago de "...Bonificación por antigüedad para el Personal municipal, incluido el Intendente Municipal del DOS POR CIENTO (2%) del sueldo básico, por cada año de servicio prestado en la Administración pública nacional, provincial, municipal, Organismos o Empresas del Estado" (art. 9).
Su redacción sigue lo previsto en la ordenanza general 335 (art. 1; v. pto. IV.2.d.). Pero, además, expresamente determinaba que el adicional por antigüedad no correspondía ser percibido por, entre otros funcionarios, el Intendente "...salvo que tales funciones sean desempeñadas por agentes que retengan cargo de planta permanente en la Municipalidad respectiva en cuyo caso continuarán percibiendo el adicional por antigüedad que corresponda al cargo retenido" (art. 3, inc. "a", ordenanza general 355).
Así, si bien el Intendente se encontraba excluido del régimen para el personal de las municipalidades de la Provincia (art. 2, ord. gral. 207), en las condiciones antedichas el agente mantenía su cargo de reserva y percibía la bonificación sumando los años de antigüedad (art. 8 bis, dec. ley 6.769/58 -texto según ley 11.240-).
En tal contexto, queda en evidencia que el doctor Aldo Hugo Nascimbene debía percibir la bonificación en tanto pertenecía a la planta permanente de la Municipalidad de San Andrés de Giles como médico de hospital A-24 hs. y, tal como prevé la norma, mantuvo su cargo en reserva al ser electo Intendente.
Ahora bien, respecto a la liquidación del adicional, la lectura de las normas en juego conduce a confirmar lo resuelto por el Tribunal de Cuentas.
En efecto, las disposiciones en debate no se excluyen ni pugnan entre sí (ord. grales. 355, art. 3 y 197/95, art. 9), por el contrario, son claras y por ello no cabe prescindir de sus palabras pues son la primera fuente de exégesis.
Es doctrina constante de este Tribunal que, en principio, toda interpretación de la ley debe comenzar por la ley misma y que, cuando el texto es claro y expreso, debe aplicársela estrictamente en el sentido que resulta de sus propios términos (conf. causas Ac. 94.535, sent. de 22-III-2006; B. 72.438, sent. de 3-IX-2014 y B. 57.380, sent. de 9-II-2005).
Por lo expuesto juzgo que,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.