Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 59687
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, de Lázzari, Genoud, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 59.687, "Nascimbene, Aldo H. y otro c/ Pcia. de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ DCA".
Los señores Aldo Hugo Nascimbene y Miguel Ángel Cabrera, con patrocinio letrado, promueven demanda contencioso administrativa ante esta Suprema Corte contra el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires pretendiendo la anulación de las resoluciones de fecha 17 de abril de 1996 y 16 de septiembre de 1998 dictadas por dicho órgano en el expediente 105/94 correspondiente a la rendición de cuentas del año 1994 de la Municipalidad de San Andrés de Giles. Por la primera se les formuló un cargo pecuniario en forma solidaria, por su desempeño como Intendente y Contador, respectivamente. La segunda rechazó el recurso de revisión que interpusieron contra aquella.
Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio la Fiscalía de Estado. Defiende la legitimidad de las resoluciones del Tribunal de Cuentas y solicita el rechazo de la demanda promovida.
Ofrece como prueba el expediente administrativo 105/94 del Tribunal de Cuentas, que se encuentra en la causa en original y sin acumular (v. fs. 32).
Proveída la prueba ofrecida en la demanda, se pusieron las actuaciones a disposición de las partes para que efectúen sus alegatos, haciendo ambas uso de ese derecho (v. fs. 202/204 y 205/206). Una vez que el llamado de autos adquirió firmeza y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Relatan los demandantes que el Tribunal de Cuentas, al fallar el 17 de abril de 1996 sobre las cuentas del ejercicio 1994 de la Municipalidad de San Andrés de Giles, desaprobó los egresos en concepto de bonificación por título abonados al Intendente y formuló cargo patrimonial de tres mil doscientos veintiséis pesos ($3.226) al jefe comunal, en solidaridad con el Contador.
Indican que el tribunal consideró que dicho pago había infringido los arts. 1 de la ordenanza general 355; 125 de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 1 de la ordenanza general 207 y 15 de la ordenanza de presupuesto para el ejercicio del año 1994 de la Municipalidad de San Andrés de Giles, por entender que el Intendente estaba excluido del pago de las bonificaciones previstas en las ordenanzas generales 207 y 355.
Expresan que contra esa resolución interpusieron recurso de revisión, que fue denegado el día 16 de septiembre de 1998, por considerarse inaplicable la ordenanza 311 del 19 de julio de 1996 por la cual el Concejo Deliberante de dicha Comuna convalidó los pagos efectuados en concepto de bonificación por título.
Explican que los importes abonados por dicho adicional se encontraban incluidos tanto en el presupuesto del año 1994 como en los ejercicios anteriores y fueron aprobados por el Concejo.
Manifiestan también que con el pago del sueldo y la bonificación asignados al Intendente en el presupuesto durante el año 1994 (art. 125, LOM), la Administración no excedió la previsión presupuestaria ni los montos fijados en la partida correspondiente, tal como dispone la Ley Orgánica de las Municipalidades (art. 118).
Aducen que, en concordancia con dichas normas, la ordenanza de presupuesto 135 del año 1994 fijó el sueldo del Intendente (art. 8) y las bonificaciones para el personal municipal (art. 15), haciendo extensivas estas últimas al Intendente.
Explican que el pago por título fue abonado al doctor Aldo Nascimbene como Intendente desde el año 1987, pero ya lo percibía como agente municipal (cargo que mantuvo en reserva luego de ser electo) en forma habitual, continua y permanente, resultando por ello obligatorio su pago.
Además, puntualizan que dichos egresos fueron aprobados por el Concejo Deliberante al examinar las cuentas tanto del ejercicio en cuestión como de los años anteriores (arts. 67 y 123, LOM) y ante la observación del Tribunal de Cuentas; mediante la ordenanza 311 del día 19 de julio de 1996 se convalidaron los mismos.
Exponen que las disposiciones de las ordenanzas generales 207 y 355, dictadas por gobiernos de facto, no resultan aplicables al municipio quedando sin efecto y sustituidas por diferentes artículos de la ordenanza de presupuesto 135 de 1994. Citan doctrinas de este Tribunal en apoyo a su postura.
Plantean que el Tribunal de Cuentas ha transgredido lo dispuesto en el régimen legal aplicable en tanto la determinación de un cargo pecuniario presupone la existencia de un perjuicio para la Administración que no se ha configurado en el caso, sino que, por el contrario, la bonificación estaba prevista presupuestariamente en los importes asignados a la partida correspondiente votada por el Concejo Deliberante, sin que se excedieran sus importes (art. 118, LOM). Denuncian, de ese modo, falta de causa en el cargo impuesto.
II. A su turno, la Fiscalía de Estado aduce que la demanda es infundada, por lo que requiere se rechace en todas sus partes (v. fs. 18/22).
En tal orden, explica que el día 26 de junio de 1995 el Contador Relator de la Delegación Mercedes del Tribunal de Cuentas elevó el dictamen final observando los pagos al Intendente en concepto de bonificaciones por antigüedad y título y en el mismo sentido se expidió la División Municipalidades con relación a los egresos por la bonificación por título.
En consecuencia, el tribunal resolvió formular un cargo pecuniario por dicho concepto, dejando en reserva la observación sobre el pago de la antigüedad (resol. de 17-IV-1996).
Plantea que como consecuencia de esa decisión la Comuna al sancionar la ordenanza 311 el día 19 de julio de 1996, que convalidó los pagos efectuados al Intendente durante el año 1994 en concepto de bonificación por título, pretendió otorgarle a tal reconocimiento efecto retroactivo al ejercicio en que se produjeron los gastos.
Sostiene que los actos cuestionados no merecen reproche. En primer lugar, señala que el Tribunal de Cuentas sustenta su decisión en los arts. 1 de la ordenanza general 207; 125 de la Ley Orgánica Municipal; 1 de la ordenanza general 355 y 15 de la ordenanza del presupuesto municipal 135/94.
Aclara que la bonificación por título ni siquiera podía ser percibida por el personal sin estabilidad (art. 1, ord. gral. 355), por lo que considera resulta inaceptable suponer que el art. 15 de la ordenanza de presupuesto autorizaba el pago de dicho adicional al Intendente cuando había sido dispuesto exclusivamente para el personal municipal con estabilidad.
Cita doctrina de este Tribunal que indica como regla hermenéutica la aplicación estricta del texto de la ley cuando es claro, del que no cabe prescindir.
Finaliza refiriéndose a la ordenanza municipal 311/96 que, entiende, resulta violatoria de la Ley Orgánica Municipal, toda vez que la misma modifica la ordenanza de presupuesto para el año 1994 con posterioridad a la finalización de su vigencia. Ello, teniendo presente que la Ley Orgánica de las Municipalidades dispone que la totalidad de los rubros de la contabilidad del presupuesto será cancelada al cierre de ejercicio que comenzará el día 1 de enero y terminará el 31 de diciembre (arts. 169 y 173).
Concluye que resulta inaceptable la modificación retroactiva del presupuesto realizada por la ordenanza 311/96 y que, en consecuencia, carece de validez la convalidación del pago de la bonificación por título.
III. Del expediente 105/94 del Tribunal de Cuentas correspondiente a la rendición de cuentas de la Municipalidad de San Andrés de Giles, ejercicio del año 1994, agregado -su original- sin acumular a la causa, surgen las siguientes circunstancias útiles para la decisión del tema en cuestión:
III.1. A fs. 316/317 vta. obra el dictamen final del Contador Relator de la Delegación Mercedes (Zona XI), asignado al estudio de las cuentas de la Municipalidad de San Andrés de Giles (resol. 32) por el ejercicio financiero 1994, conforme el art. 24 inc. 2 de la ley 10.869 y su modificatoria.
Formula, entre otras observaciones, que "...durante el año 1994 en liquidación de sueldos del Sr Intendente Municipal se verificó la liquidación y cobro de Bonificación por antigüedad y bonificación por título siendo imputados a la Partida Bonificación por Antigüedad la suma de $6.348,24 en todo el año y a la Partida Bonificación por Título la suma de $2.815,20 también en todo el año, no cumplimentándose el Art. 125 de la LOM" (pto. VII "D", fs. 317).
III.2. A fs. 320/323 vta., la División Relatora del Tribunal de Cuentas, en cumplimiento del art. 26 de la ley 10.869, modificada por la ley 10.876, formula acerca del cuestionamiento que da origen a estos autos una concreta observación por infracción a los arts. 125 de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 1 de la ordenanza general 207; 3 de la ordenanza general 355 y 15 de la ordenanza de presupuesto municipal 135/94, con referencia a los pagos efectuados al Intendente por $6.348,24 ($526,44 de enero a noviembre de 1994 y $557,40 correspondientes a diciembre de 1994) y $2.815,20 ($234,60 de enero a diciembre de 1994) en concepto de "bonificación por antigüedad" y "bonificación por título" respectivamente.
III.3. De los informes de relatoría se dispuso el traslado, entre otros, a los demandantes, los señores Aldo Hugo Nascimbene (Intendente) y Miguel Ángel Cabrera (Contador) -ver fs. 325-.
El descargo fue presentado en forma conjunta al Presidente del Tribunal de Cuentas (v. fs. 331/335).
Respecto del pago de bonificaciones al Intendente expresaron que, en virtud de lo establecido en el art. 125 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, se solicitaron al Honorable Concejo Deliberante la sanción de una ordenanza por la cual se convaliden los pagos efectuados al Intendente municipal en concepto de bonificación por antigüedad y bonificación por título durante el año 1994.
Y en una nota ampliatoria agregaron que, según dispone el art. 3 de la ordenanza 355 inc. "a", el Intendente no cobrará las bonificaciones salvo que sean desempeñadas por agentes que retengan cargos de planta permanente en la municipalidad respectiva, en cuyo caso continuarán percibiéndola. Al respecto informaron que el Intendente revestía el carácter de personal de planta como profesional médico de la Finalidad II, cargo por el cual se le otorgó licencia sin goce de sueldo a partir del día 11 de diciembre de 1983 por ser electo concejal, volviendo a otorgársele en diciembre de 1987 al haber sido electo Intendente.
Concluyeron así que los adicionales en cuestión se encuentran contemplados por el art. 3 de la ordenanza general 355 (v. fs. 336).
III.4. A fs. 400/403 la Relatoría de las Municipalidades mantuvo en suspenso la observación de la bonificación por antigüedad en virtud de pertenecer el Intendente a la planta permanente desde el año 1961 como médico del Hospital Municipal, cargo que retuvo una vez electo jefe comunal, conforme a las normas vigentes que establecen que el adicional será el que corresponda al cargo retenido (decs. 412/83 y 311/89).
Con respecto a la observación del pago de la bonificación por título al Intendente, entendió que infringía lo establecido en el art. 1 de la ordenanza general 355 que estipula que el personal sin estabilidad percibirá el sueldo que se determine para el cargo, al que solo se podrán adicionar lo que corresponda en concepto de asignaciones familiares y de adicional por antigüedad. En consecuencia, confirmó la infracción a lo establecido en los arts. 125 de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 1 de la ordenanza general 207 y 15 de la ordenanza de presupuesto municipal por el total abonado durante el ejercicio 1994.
Indicó como funcionarios responsables al Intendente y al Contador.
III.5. Mediante la resolución del 17 de abril de 1996 el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires desaprobó los egresos por pago de bonificación por título por infracción a los arts. 1 de la ordenanza general 355; 125 de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 1 de la ordenanza general 207 y 15 de la ordenanza de presupuesto (v. fs. 411/417).
Respecto de los egresos por el pago de la bonificación por antigüedad, postergó su pronunciamiento (v. fs. 413 y vta.).
III.6. Los interesados presentaron recurso de revisión contra la resolución del Tribunal.
Indicaron, respecto del egreso observado, que el pago de bonificación por título que contempla la ordenanza 135 se hizo extensiva al Intendente por vía de interpretación y aplicación consuetudinaria a aquellos funcionarios que carecen de estabilidad, incluido el Intendente y que tal situación había sido conocida y aprobada tanto por el Concejo como por el Tribunal de Cuentas en los ejercicios anteriores.
No obstante, aclararon que habían promovido ante el Concejo la sanción de una ordenanza que precisara los alcances expresados (v. fs. 425/427).
III.7. El Tribunal declaró procedente la revisión y ordenó la remisión a la relatoría, conforme el art. 39 de la ley 10.869 (v. fs. 432/434).
III.8. La División Municipalidades se refirió a la ordenanza 311 dictada el día 19 de julio de 1996, cuyo art. 1 hace extensivo el pago de las bonificaciones dispuestas en los arts. 9, 15 y 18 de la ordenanza 135/94 (presupuesto de 1994, bonificaciones por antigüedad, título y asignaciones familiares, respectivamente) a los funcionarios del Departamento Ejecutivo, no comprendidos en la ordenanza general 207.
Indicó que la misma fue dictada promediando el año 1996, una vez finalizado el ejercicio en que se produjeron los gastos y luego que fueran observados y sancionados por el Tribunal. En consecuencia, entiende que no resulta válida la retroactividad de la norma que pretende avalar una erogación observada y que carecía de todo fundamento legal en el momento de realizarse.
Concluye que en caso contrario se estaría avalando que se modifique una ordenanza de presupuesto con posterioridad a la finalización de su vigencia, circunstancia vedada explícitamente por los arts. 169 y 173 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (v. fs. 438).
III.9. Los actores contestaron a fs. 443/446, resolviendo el Tribunal mantener el cargo observado y fijar un plazo para su depósito (v. resol. de 16-IX-1998, fs. 451/453).
IV. Detalladas las postulaciones de las partes y reseñadas las actuaciones administrativas, corresponde analizar si la imposición del cargo cuestionado por parte del Tribunal de Cuentas se ajusta a derecho.
IV.1. Vale recordar que a este órgano de control previsto en la Constitución provincial le compete examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales, aprobarlas o desaprobarlas y en este último caso indicar el funcionario o funcionarios responsables, como también el monto y la causa de los alcances respectivos (art. 159 inc. 1, Const. prov.).
Por su parte, la ley 10.869 que regula la actividad del Tribunal, lo faculta para que -luego del estudio de las rendiciones de cuentas realizado según el procedimiento previsto- aplique las sanciones de llamado de atención, amonestaciones, multas o cargos pecuniarios hasta un importe igual a los valores sometidos a juicio (art. 16, ley cit.).
A su vez, la Ley Orgánica de las Municipalidades (dec. ley 6.769/58 y sus modif.), en el Capítulo IX, regula la responsabilidad de los funcionarios municipales. Establece el principio de responsabilidad por todo acto que autoricen, ejecuten o dejen de ejecutar excediéndose en el uso de sus facultades o infringiendo los deberes que les conciernen en razón de sus cargos (art. 241). Detalla los distintos tipos de responsabilidad: política, civil, penal y administrativa (art. 242). Y con respecto a esta última, el mismo artículo establece que será determinada y graduada en su alcance por el Tribunal de Cuentas en lo concerniente a la actividad económica financiera de los municipios y a la preservación de sus patrimonios.
Luego, en el art. 243 indica que el Tribunal de Cuentas impondrá a los funcionarios alcanzados por el fallo las sanciones de cargos pecuniarios, multas, llamado de atención, amonestaciones e inhabilitación para el desempeño de funciones municipales. Y con relación a los cargos pecuniarios, conteste con la ley 10.869, establece que podrán ascender hasta un importe igual a los valores sometidos a juicio.
Ese plexo normativo se integra también con el art. 244 de la mencionada ley en orden a la presunción relativa al perjuicio fiscal que contiene todo acto de inversión de fondos ejecutado al margen de las normas constitucionales, legales y de ordenanzas.
IV.2. Las normas vigentes en el año 1994 para la Municipalidad de San Andrés de Giles, en lo que al caso interesa destacar, eran las siguientes:
IV.2.a. La Ley Orgánica de las Municipalidades –decreto ley 6.769/58- en el art. 8 bis (texto según ley 11.240) establece: "Todo agente municipal que haya sido designado para desempeñar cargos superiores o directivos, nacionales, provinciales o municipales, sin estabilidad, incluidos los cargos electivos, le será reservado el cargo de revista durante el tiempo que permanezca en el ejercicio de aquéllos".
El art. 29 indica que corresponde al Concejo Deliberante sancionar las ordenanzas impositivas y la determinación de los recursos y gastos de la Municipalidad.
Respecto del Departamento Ejecutivo prevé que le corresponde exclusivamente la administración general y ejecución de las ordenanzas (art. 107), promulgar las ordenanzas sancionadas por el Concejo (art. 108 inc. 2) como también proyectar las ordenanzas impositivas y presupuesto de gastos y recursos, debiendo remitirlo al Concejo con anterioridad al 31 de octubre de cada año (art. 109).
Puntualmente sobre el sueldo del Intendente dispone que gozará del que le asigne el Presupuesto y de una partida mensual para gastos de representación, sin cargo de rendición de cuentas y aclara que el sueldo y la partida no podrán ser unificados (art. 125).
En el art. 118 prescribe que "El presupuesto anual constituye el límite de las autorizaciones conferidas al Intendente y al Presidente del Concejo en materia de gastos. Los montos fijados a las partidas no podrán ser excedidos".
El art. 173 determina que "El ejercicio financiero y patrimonial, comenzará el 1 de enero y terminará el 31 de diciembre de cada año. Esto no obstante, el ejercicio clausurado el 31 de diciembre podrá ser prorrogado, a los efectos del ajuste de la contabilidad, durante el mes de enero inmediatamente posterior. En el transcurso de este mes de prórroga se registrarán los ingresos percibidos y no contabilizados hasta el 31 de diciembre y podrán efectuarse pagos de compromisos preventivamente imputados al ejercicio vencido, siempre que se utilicen fondos correspondientes al mismo".
Y el art. 169 expresa que "La contabilidad del presupuesto tendrá origen en el cálculo de recursos y presupuesto de gastos sancionados para regir en el ejercicio financiero. Tomará razón de todos los ingresos efectivamente realizados en virtud de la recaudación prevista en el cálculo anual y de todos los gastos imputados a partidas del presupuesto, sean pagos o impagos. La totalidad de los rubros de la contabilidad del presupuesto será cancelada al cierre del ejercicio por envío de sus saldos a las cuentas colectivas Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos".
IV.2.b. Se encuentra agregada en el cuaderno de prueba actora copia fiel del decreto 276/94 que promulgó, con fecha 23 de mayo de 1994, la ordenanza 135 sancionada por el deliberativo en virtud de la cual se aprueba el cálculo de recursos y presupuesto de gastos para el ejercicio 1994 (ord
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