Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 62034
En la ciudad de La Plata, a 18 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Negri, Soria, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 62.034, "Dobrowlañski, Elizabeth c/Pcia. de Buenos Aires s/DCA".
La señora Elizabeth Dobrowlañski, con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires solicitando la nulidad de los siguientes actos emanados de la entonces Dirección General de Escuelas: las resoluciones identificadas bajo los números 10.496/97 y 10.543/99; y la disposición 217/97.
Por la primera se dejó sin efecto el retiro voluntario, dispuesto conforme la ley 11.184, como causal de cese y se determinó que debía establecerse un cargo deudor por la percepción indebida de la indemnización liquidada; mediante la segunda, se rechazó el recurso intentado contra esa decisión y por disposición 217/97 se formuló el cargo deudor.
En esta instancia, solicitó el dictado de una medida cautelar que fue conferida por este Tribunal, ordenando la suspensión de los efectos de la disposición 217/97 (v. fs. 13/14; resol. de 27-XII-2000).
Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio la Fiscalía de Estado, contesta la demanda afirmando la legitimidad de los actos impugnados y solicitando su rechazo.
Agregadas las actuaciones administrativas, el cuaderno de prueba de la actora, los alegatos de ambas partes, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Relata la actora que el 14 de septiembre de 1992 se acogió al retiro voluntario en los términos de la ley 11.184 (resol. 1.834/92 de la entonces Dirección General de Escuelas) y el 26 de septiembre de 1996 el Instituto de Previsión Social (en adelante IPS) le acordó la jubilación por edad avanzada (resol. 391.783).
Explica que con fecha 28 de julio de 1997 la citada Dirección resolvió modificar la causal de cese del retiro voluntario por jubilación por edad avanzada (resol. 10.496) y, como consecuencia del cambio, le impuso un cargo deudor de $4.314,89 por la indemnización percibida (disposición 217/97).
Indica que contra dicha decisión presentó un recurso de revocatoria que fue resuelto en modo desfavorable (resol. 10.543/99).
Manifiesta que del análisis de las actuaciones administrativas surgen, por un lado, los errores de la Dirección General de Escuelas que luego derivaron en los actos que en esta instancia impugna, y por otro, su actuación de buena fe.
Expresa que el retiro otorgado tuvo lugar luego de que las autoridades de la cartera educativa ratificaran la validez de su pedido, certificaran su situación de revista, antigüedad y demás requisitos exigidos.
Enumera varios errores que fueron reconocidos por la Administración hasta dar curso igualmente al retiro voluntario peticionado, ordenar la liquidación y el pago de la indemnización prevista en la ley 11.184.
Alega entonces que el retiro voluntario dispuesto el 14 de septiembre de 1992 resulta un acto regular que no era posible anular una vez que fue notificado. Ello conforme lo normado por los arts. 113 y 114 del decreto ley 7.647/70.
Pretende la nulidad de aquel acto que modificó la causal de cese, el que rechazó el recurso administrativo interpuesto como también de la disposición que determinó el cargo deudor.
Opone prescripción de la actuación de la administración al modificar la causal de cese por errores por ella originados, como también de la deuda impuesta, por aplicación del plazo establecido en el art. 4.030 del Código Civil (2 años), vigente al momento de los hechos.
II. Por su parte, la Fiscalía de Estado al contestar la demanda, sostiene la legitimidad de los actos administrativos cuestionados.
Explica que mediante resolución 1.834 de 29 de noviembre de 1992 se dispuso el cese de la actora como agente de la Dirección General de Escuelas y Cultura, a partir del 14 de septiembre de 1992 por acogerse al régimen de retiro voluntario. Lo que implicó que la beneficiaria declaró conocer la ley 11.184 y su decreto reglamentario 465/92.
Señala que, con posterioridad, la señora Dobrowlañski se presentó ante el Instituto de Previsión Social y solicitó la jubilación por edad avanzada.
Indica que el IPS acordó dicho beneficio y dispuso la remisión del expediente previsional al Ministerio de Economía para el análisis de la legitimidad del pago de la indemnización por el retiro voluntario dispuesto previamente. Ello así, dado que la peticionante a la fecha del cese ya reunía los requisitos para la obtención de la jubilación por edad avanzada, ya que contaba con la edad suficiente (65 años) y los años de antigüedad necesarios.
Plantea que, si la señora Dobrowlañski al presentar la solicitud del retiro sabía del contenido de la ley 11.184, no podía desconocer que tal medida no fuera una opción válida en tanto superaba la edad y los años de servicios requeridos (art. 25, ley cit.).
Manifiesta que, si bien es cierto que la resolución que dispuso el cese por retiro voluntario fue notificada a la accionante, ello no impide su revisión y anulación por parte de la autoridad administrativa cuando se trata de un acto irregular que careció de los requisitos esenciales para ser válido, conforme art. 114 del decreto ley 7.647/70.
Cita doctrina de este Tribunal en apoyo de su postura.
Respecto de la prescripción opuesta por la demandante sostiene que el planteo no puede ser atendido dado que el plazo bienal establecido en el art. 4.030 del Código Civil no guarda relación con el caso, toda vez que el mismo refiere únicamente a la extinción de las acciones que hayan de ejercerse en el ámbito judicial y no a supuestos como el de marras en donde el poder administrador anuló de oficio, en sede administrativa, un acto que adolecía de vicios esenciales.
III. De las actuaciones administrativas originales acompañadas (expte. 2918-063850), surgen los siguientes datos útiles para resolver la presente cuestión:
III.1. El 2 de noviembre de 1995 la señora Elisabeth Dobrowlañski inició el trámite de jubilación por edad avanzada, formándose el expediente (v. fs. 1/2). A fs. 3/4 luce la declaración jurada para la solicitud de anticipo jubilatorio
III.2. A fs. 6 luce la certificación de servicios elaborada por la Dirección General de Escuelas. Consta que fue designada el 30 de abril de 1974 y el cese por retiro se dispuso a partir del 14 de septiembre de 1992 mediante resolución 1.834/92.
III.3. A fs. 7/8 obra la certificación de haberes mensuales nominales liquidados a la señora Dobrowlañski.
III.4. A fs. 9 consta el certificado de cesación de servicios de la Dirección General de Escuelas y Cultura. Cese por resolución 1.834, de fecha 29 de noviembre de 1992 a partir del 14 de septiembre de 1992.
III.5. A fs. 11/12 se agrega la resolución de cese en los términos de los arts. 24 y 25 de la ley 11.184, por retiro voluntario (resol. 1.834 de 14-IX-1992).
III.6. A fs. 15, la División Correlación del Departamento de Determinación de Haberes del IPS informa el 8 de octubre de 1995 que la agente revistó en la Dirección General de Escuelas siendo el cargo de mayor jerarquía la categoría 4, servicio 30 hs., en el período 1 de enero de 1989 al 13 de septiembre de 1992 contando con una antigüedad de 17 años, 4 meses y 14 días de servicios, con 65 años de edad.
Y a fs. 16, planilla de período de servicios del Departamento de Cómputo de Servicios del IPS da cuenta que la señora Dobrowlañski para la jubilación por edad avanzada tiene a la fecha de cese -14 de septiembre de 1992- 65 años; como tiempo de aporte 18 años, 4 meses y 14 días; tiempo de servicios efectivos 17 años, 4 meses y 14 días, cuando los requeridos son 10 años, señalando un excedente de 8 años, 4 meses y 14 días.
III.7. El Jefe de Departamento de Cómputo de Servicios del IPS remitió las actuaciones a la Dirección General de Escuelas a fin de que rectifique o ratifique la legitimidad del retiro voluntario dispuesto atento que a la fecha de cese -14 de septiembre de 1992- reunía los requisitos establecidos en el art. 35 del decreto ley 9.650/80 para obtener una jubilación por edad avanzada. Expresó también que tal circunstancia contraría las limitaciones impuestas en el art. 25 Título II Capítulo V de la ley 11.184, debiendo encuadrarse el cese dentro del Régimen Jubilatorio de Excepción (Tít. II, Cap. III) dejándose sin efecto el retiro voluntario otorgado por el decreto 1.834/92 (v. fs. 17).
III.8. La Dirección de Personal de la Dirección General de Escuelas hizo notar que, a la fecha de obtener los beneficios del retiro voluntario, la titular de autos se encontraba en condiciones de obtener la jubilación por edad avanzada (65 años de edad) -fs. 18-. Consta que se le liquidó la suma de $5.226,12 en concepto de indemnización por retiro voluntario (v. fs. 18).
III.9. Con fecha 31 de mayo de 1996 el Director de Personal de la Provincia indicó que, al momento de otorgarse el cese por retiro voluntario, 14 de septiembre de 1992, la interesada tenía 65 años dado su fecha de nacimiento (12 de diciembre de 1926), lo que permitía vislumbrar que al momento de su obtención reunía las condiciones necesarias de edad y servicios para obtener la jubilación por edad avanzada. Ante dicha circunstancia, que estaba prevista como causal de cese en el art. 17 de la ley 11.184, el retiro voluntario devenía improcedente y debía modificarse la causal de cese a la vez que efectuarse el cargo deudor por la indemnización oblada de manera indebida (v. fs. 20).
III.10. La Contaduría General de la Provincia dictaminó que correspondía dejar sin efecto el acto por el cual se le concedió el retiro voluntario, debiendo proceder al recupero de lo abonado y a la modificación de la causal de cese, la cual debe encuadrar en los art. 17 de la ley 11.184; 35 y concordantes del decreto ley 9.650/80 (v. fs. 21).
III.11. A fs. 27 obra resolución de IPS que acuerda el beneficio de jubilación por edad avanzada a la señora Dobrowlañski, ordena que se liquide a partir del 2 de noviembre de 1994, siendo equivalente al 46% de sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de categoría 4, servicios 30 hs., con 17 años desempeñados en la Dirección General de Escuelas. Aprueba también el cómputo de servicios en 18 años, 4 meses y 14 días de servicios (v. a fs. 27, resol. 391.783 de 12-IX-1996).
III.12. La Asesoría General de Gobierno dictaminó -abril de 1997- que a la fecha del retiro voluntario la señora Dobrowlañski reunía los requisitos necesarios para obtener la jubilación por edad avanzada, ya que contaba con 65 años de edad y los servicios suficientes para ello. Por lo tanto, estimó que debía dejarse sin efecto la resolución 1.834/92 por no resultar ajustada a derecho, y arbitrarse los medios a fin de obtener el reintegro de las sumas que hubiera percibido en concepto de indemnización por retiro voluntario (v. fs. 39).
III.13. Mediante resolución 10.496/97 se dejó sin efecto la resolución 1.834, de retiro voluntario, y, en consecuencia, se dispuso el cese a partir del 1 de octubre de 1992 para obtener los beneficios de la jubilación en los términos del art. 17 de la ley 11.184. Se determinó que la Dirección de Administración Contable debía arbitrar los medios tendientes a establecer el cargo deudor, resultante de la percepción de la indemnización liquidada por retiro voluntario, como asimismo del pago de la retribución especial normada por el art. 22 inc. "h" de la ley 10.430 (v. fs. 43).
III.14. La Dirección de Administración Contable informó a la Dirección de Personal que se inició el cargo deudor de la señora Dobrowlañski por el monto percibido en concepto de retiro voluntario, deduciéndose la correspondiente a retribución especial de lo cual surge una deuda de $4.314,18 (v. fs. 45).
III.15. Mediante disposición 217 de 3 de septiembre de 1997 el Director de Administración Contable de la Dirección General de Cultura y Educación resolvió formular cargo deudor por la suma de $4.314.89 para que en 15 días a contar desde la notificación fuera depositada en el Banco Provincia o en su defecto se optara por su devolución en cuotas mensuales que no superaran el 20% de los haberes, ello conforme el decreto 1.533/94 (arts. 1, inc. "b" y 2; v. fs. 49).
III.16. La señora Dobrowlañski recurrió dicha disposición 217 como también la resolución 10.496/97 (v. fs. 51/55).
III.17. La Asesoría General de Gobierno y Contaduría dictaminaron por el rechazo de las impugnaciones (v. fs. 60/61 y 67/68).
III.18. Por su parte la Fiscalía de Estado señaló que no se encontraba agotado el plazo de prescripción previsto para la revocación de los propios actos (art. 4.023, Cód. Civ.).
Indicó que la estabilidad del acto administrativo ejecutoriado solo rige cuando se trata de actos regulares, no cuando contiene vicios que afectan su validez pudiendo revocarlos de oficio.
Respecto de la disposición 217/97, observó que en realidad el cuestionamiento del recurrente refería a la tasa de interés fijada por el decreto 1.533/94, de modo que desestimó tal planteo por considerar que la vía elegida no era la correcta.
III.19. Mediante resolución 10.543, de 25 de octubre de 1999 fueron rechazados los recursos intentados (v. fs. 73).
III.20. Se autorizó al Fiscal de Estado para promover la acción judicial de devolución de la suma adeudada (v. fs. 89, resol. 109/2001 del Director General de Cultura y Educación).
III.21. A fs. 13 se agregó resolución de este Tribunal que hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la actora (v. fs. 101/102, resol. de 27-XII-2000).
III.22. A fs. 50 se agrega el expediente administrativo correspondiente al pedido de retiro voluntario (expte. 5826-1258764/92).
IV. Detalladas las postulaciones de las partes y reseñadas las actuaciones administrativas, corresponde analizar si se ajustó a derecho la actuación de la entonces Dirección General de Escuelas al modificar la causal de cese de la actora originalmente dispuesto por retiro voluntario (arts. 24 y 25, ley 11.184) en jubilación por edad avanzada (art. 17, ley cit.), e imponer un cargo deudor por la indemnización en su momento percibida.
IV.1. A efectos de determinar la legitimidad del obrar administrativo cuestionado, habré de analizar, en primer término, el marco normativo en el cual se inscriben los actos impugnados, para luego establecer bajo qué circunstancias se hizo aplicación del mismo al caso concreto.
IV.1.a. La ley 11.184 puso en ejercicio el poder de policía del Estado frente a la emergencia a fin de paliar los efectos de la crisis económica estableciendo que la totalidad de los organismos provinciales (Administración central, descentralizada, autónomos, autárquicos de la Constitución o Sociedades del Estado y entidades financieras de la Provincia) debían adecuar sus estructuras al régimen de emergencia (arts. 1 y 2).
Con el fin de profundizar la política de racionalización del gasto público estableció diversas medidas, a saber: régimen jubilatorio de excepción (arts. 14/17); régimen de pasividad anticipada (arts. 18/23); retiro voluntario (arts. 24/29); entre otras.
Así, el Poder Ejecutivo quedó facultado para disponer el cese de aquellos agentes que cumplían los requisitos para acceder a una prestación previsional por edad avanzada (art. 17), ellos eran: tener 65 años y acreditar no menos de diez años de servicios de afiliación al IPS (arts. 35, dec. ley 9.650/80 y 31 bis, según ley 10.053).
Además de los distintos regímenes de pasividad, en lo que aquí interesa, la ley determinó que para optar por el retiro voluntario el agente debía contar con una cantidad menor de años de servicios computables que los necesarios para obtener la jubilación ordinaria, cualquiera fuera su edad (art. 25). Y dicha opción daba lugar al pago de una indemnización similar a la prevista por el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (ley 20.744 y sus modif.), dado que el beneficiario no podía reingresar a ningún ente u organismo en la administración pública provincial y municipal durante los cinco años posteriores de operada la extinción de la relación de empleo por dicha causa (arts. 26 y 28).
En ese contexto, la señora Dobrowlañski, quien se desempeñaba como personal de servicio cumpliendo tareas de portera de Escuela "D" -Consejo Escolar de Berisso- solicitó el cese por retiro voluntario el 24 de febrero de 1992 y el 14 de septiembre de 1992 la Dirección General de Escuelas lo dispuso en esos términos (arts. 24 y 25, ley 11.184) teniendo por acreditados 17 años, 9 meses y 24 días de antigüedad (v. fs. 11, resol. 1.834).
IV.1.b. Por otro lado, el 2 de noviembre de 1995 la accionante peticionó al IPS una prestación previsional por edad avanzada (arts. 35, 60 y 62, dec. ley 9.650/80, t.o. 1994).
El organismo, previo a resolver, remitió las actuaciones a la entonces Dirección General de Escuelas para el análisis de la legitimidad del retiro voluntario antes dispuesto, destacando la circunstancia de que a la fecha de su acogimiento la agente ya contaba con la edad requerida (65 años) para acceder a la jubilación por edad avanzada solicitada (arts. 17, ley 11.184 y 35, dec. ley 9.650/80; v. fs. 17 actuaciones administrativas).
Luego, con fecha 12 de septiembre de 1996, otorgó el beneficio previsional peticionado -a partir del 2 de noviembre de 1994-, aprobó el cómputo de servicios de 18 años, 4 meses y 14 días y ordenó la notificación de lo dispuesto en el art. 60 del decreto ley 9.650/80 (v. fs. 27, resol. 391.783 de 12-IX-1996).
El art. 60 cit., en lo que interesa para el caso, establece: "...Es incompatible asimismo, la percepción de jubilación por edad avanzada con el de otra jubilación o retiro nacional, provincial o municipal...".
IV.2. Como consecuencia de la observación del IPS, la Dirección General de Escuelas volvió a analizar su actuación en el otorgamiento del retiro y con fecha 28 de julio de 1997 resolvió dejar sin efecto dicha decisión del año 1992, modificar la causal de cese de la actora por jubilación por edad avanzada e imponer la devolución de la indemnización percibida (art. 17, ley 11.184; v. fs. 46, resol. 10.496).
Para así decidir, consideró la autoridad "...Que posteriormente [en alusión a la resol. de retiro] se advierte que al momento del cese -el 1 de octubre de 1992- la ex agente reunía los requisitos necesarios para obtener la jubilación por edad avanzada, ya que contaba con 65 años de edad y los servicios suficientes para ello, circunstancia prevista en el artículo 17° de la Ley 11184...", y atento los argumentos de los organismos asesores y de control (v. fs. 20, 21 y 39), en razón de no ajustarse a derecho el cese antes dispuesto, correspondía modificar la causal y arbitrar los medios para la devolución del monto indemnizatorio percibido indebidamente.
El cargo deudor, cuya nulidad también solicita la actora, se formuló mediante disposición 217/97.
IV.3. En primer lugar, es relevante tener presente que la decisión de la demandada de revocar aquel acto de cese por retiro voluntario es conteste con doctrina elaborada por este Tribunal según la cual la circunstancia de que un agente se encuentre en condiciones de jubilarse al momento de solicitar el retiro voluntario previsto en la ley 11.184 constituye una causa de exclusión legal del derecho a percibir una indemnización por el cese (doctr. causa B. 57.786, "Molina", sent. de 21- VI-2000).
Es que el derecho a la estabilidad de los agentes públicos ha sido reemplazado en las previsiones de la ley 11.184 por una indemnización, pero la misma se encuentra excluida cuando actúa la seguridad social (doctr. causas B. 57.779, "Guardia", sent. de 17-XI-1999 y B. 57.784, "Gutiérrez", sent. de
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.