Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 65907
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 65.907, "Palomo, Miguel c/Municipalidad de Lomas de Zamora. DCA." con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Pettigiani, Kogan.
El señor Miguel Antonio Palomo promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Lomas de Zamora solicitando la anulación del decreto 267/03 que dispuso su cesantía.
En consecuencia, pretende que se ordene su reincorporación y el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del cese hasta el momento de reingreso, más intereses y el pago de una indemnización por daño moral. Como también que se impongan las costas a la demandada.
Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio la Municipalidad de Lomas de Zamora. Sostiene la legitimidad del acto impugnado y solicita el rechazo de la demanda.
Además, plantea la caducidad de instancia que, contestada por la actora, fue rechazada por este Tribunal mediante resolución de 18 de mayo de 2011 (v. fs. 73/75).
Agregadas las actuaciones administrativas, el cuaderno de prueba de la actora y no habiendo hecho uso ninguna de las partes del derecho de alegar, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Relata el actor que ingresó a trabajar como empleado de la Municipalidad de Lomas de Zamora el día 2 de mayo de 1980, siendo designado en la categoría 4.
Indica que cumplía tareas de chofer dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos y al mes de mayo de 1999, fecha en que ocurrieron los hechos que aquí se ventilan, se encontraba a cargo de la conducción de un automotor hidroelevador perteneciente a dicha dependencia.
Afirma que se desempeñó con esmero y dedicación frente a las tareas que le encomendaban sus superiores y, que en sus 23 años de servicio para la comuna no recibió sanciones disciplinarias.
Explica la modalidad de su trabajo. Así, destaca que sus jefes impartían las órdenes de salida en forma escrita, sin las cuales ningún vehículo y su conductor podían circular.
De ese modo, cuenta que el día 26 de mayo de 1999 salió a cumplir órdenes de trabajo conduciendo el hidroelevador en tres oportunidades. La primera regresando a las 8:30 hs., la segunda a las 8:50 hs. y en la tercera, a las 12:55 hs., aproximadamente. Explica que le requirió permiso a uno de sus jefes, el arquitecto Marín, para salir nuevamente con el hidroelevador y aprovechar para acercar a un compañero de trabajo hasta su domicilio dado que no se sentía bien de salud, circunstancia ante la cual fue autorizado. Aclara que dicha situación fue presenciada por otras personas.
Continúa narrando que, conferida la autorización y mientras circulaba por el municipio, al detenerse en un semáforo fue abordado por dos individuos armados quienes apuntándole se suben a la camioneta, conducen un trecho, lo hacen bajar y se llevan el automotor.
Indica que ante el siniestro sufrido primero se comunicó por teléfono con su lugar de trabajo y cuando llegó a la oficina fue acompañado por los señores Amaya y Marín a realizar la denuncia del robo ante la dependencia policial local.
Ofrece como prueba el expediente administrativo que se inició por los mismos hechos (4068-59577-S-99).
Sobre el trámite sumarial se agravia, puntualmente, por no haber sido valoradas debidamente las pruebas. Considera que no surge de ellas ningún elemento que permita inferir alguna responsabilidad de su parte en las faltas que le imputaran, teniendo especialmente en cuenta que su salida con el hidroelevador contó con la autorización de su superior jerárquico (el arquitecto Marín).
Indica que en las actuaciones consta la orden correspondiente autorizando la salida, suscripta por el mencionado jefe, como también distintas declaraciones de otros agentes en el mismo sentido. Así, plantea que no se valoraron los elementos que lo eximían de responsabilidad y una posible sanción. Por la misma razón, plantea que el acto carece de motivación.
En consecuencia, considera que la Administración demandada ha violado el principio de legalidad que debe guiar sus actos al no fundar adecuadamente la decisión, resultando irrazonable el decreto que ordenó su cesantía.
Finalmente denuncia que recurrió la decisión en sede administrativa, luego solicitó su pronto despacho y la demandada no se expidió sobre su impugnación, configurando el silencio.
En apoyo de su postura cita doctrina de este Tribunal.
II. La Municipalidad de Lomas de Zamora, por apoderado, contesta la demanda a fs. 61/67.
Niega todo lo expuesto por el demandante y, en cuanto a los hechos, efectúa algunas consideraciones.
Respecto de lo relatado por el actor, indica que carece de argumento en tanto se ha limitado a afirmar que la decisión de la Administración resulta irrazonable, sin más.
Manifiesta que, en realidad, al agente Palomo se le aplicó la sanción disciplinaria de cesantía, mediante decreto 267/03 de 31 de enero de 2003, luego de haberse comprobado en el procedimiento administrativo tramitado una grave falta disciplinaria, que derivó en la sustracción por parte de delincuentes de un vehículo perteneciente a la Municipalidad de Lomas de Zamora.
Explica que la responsabilidad endilgada al ex agente consistió en que al momento del robo del vehículo el demandante lo estaba utilizando fuera del horario laboral, con fines particulares, sin autorización suficiente y desobedeciendo órdenes de su superior.
En consecuencia, considera que la sanción aplicada por la Municipalidad resulta una derivación razonada de la comprobación de los hechos antes descriptos y la aplicación de una sanción prevista ante la verificación de faltas graves.
Agrega que la medida aplicada se fundó no solo en la comprobación de las faltas disciplinarias que motivaron la apertura del sumario, sino que también se valoró que el ex agente registraba antecedentes disciplinarios.
Por otro lado, manifiesta que se llevó adelante el procedimiento sumarial correspondiente en el que el actor tuvo la oportunidad de ofrecer prueba, si bien no hizo uso de ese derecho.
A modo de aclaración sobre el permiso que invoca el actor, afirma que teniendo en consideración las tareas que tenía asignadas el señor Palomo, una autorización solo puede otorgarse con el objeto de efectuar la prestación del servicio y no para la utilización del rodado con otros fines, por lo que plantea que el propio demandante declara su responsabilidad al expresar que el pedido de salida de las 13 hs. fue para aprovechar y llevar a un compañero a su domicilio.
Concluye que el proceder de la Municipalidad se ajustó a derecho y la cesantía dispuesta resulta legítima, fundada y razonable, debiendo desestimarse la demanda.
Cita doctrina de este Tribunal en apoyo de su postura.
III. De las actuaciones administrativas –expte. n° 4068-59577/99- surgen las siguientes constancias útiles para la solución de la causa:
III.1. El 27 de mayo de 1999 el Subsecretario de Obras y Servicios Públicos de Lomas de Zamora, toma conocimiento de una denuncia policial con motivo del robo de un vehículo hidroelevador perteneciente a la Comuna. Con el fin de deslindar responsabilidades designa a un funcionario, previo sustanciar una investigación presumarial, para tomar declaración testimonial citando a los responsables del caso ante dicha dependencia (v. fs. 1).
III.1.a. Etapa presumarial: A fs. 2, denuncia policial del siniestro; 9/10, denuncia en la compañía de seguros; 13, acta de exposición en la Comuna; 15, orden de salida cuestionada; 32, informe de la Dirección de Alumbrado; se toman declaraciones (v. fs. 4 ,5, 22, 68/91).
III.2. A fs. 95/105 obran las conclusiones de la investigación presumarial y se aconseja al Departamento Ejecutivo la instrucción de sumario administrativo al agente Miguel Angel Palomo - legajo 5242/3- "...por hallar "prima facie" la conducta incursa en lo normado en el art. 17 incs. a), c), k), l) y en el art. 18 incs. h), i) y j), y posible sanción disciplinaria atento lo dispuesto en los arts. 118 e incs. c), f), g) h), j) y e) del art. 119 de la Ordenanza Estatutaria vigente, conforme se establece en el acápite 10) de los considerandos..." (fs. 105).
El considerando 10° especifica que la conducta del agente, prima facie resulta violatoria de los siguientes deberes : "...a) La prestación personal del servicio con eficiencia, capacidad y diligencia; c) Obedecer toda orden emanada de su superior inmediato; k) Cumplir integralmente y en forma regular el horario de labor establecido; l) Velar por la conservación de los útiles, objetos y demás bienes que integran el patrimonio del estado; y la prohibición del agente de: h) Utilizar con fines particulares los elementos de transporte; i) Arrogarse atribuciones que no le corresponden; j) Retirar o usar indebidamente elementos o documentos de la repartición comunal; y pasible de sanción disciplinaria conforme lo normado en el art. 118 inc. c), e incs. f), g), h), j) y l) del art. 119 del referido cuerpo normativo..." (fs. 104 vta.).
III.3. A fs. 110 luce el decreto 1.610/00 de 7 de agosto de 2000 por el cual el Intendente decreta la instrucción de sumario administrativo al agente Palomo por encontrar que su conducta, prima facie , está subsumida en las disposiciones contenidas en los incs. "a", "c", "k" y "l" del art. 17; incs. "h", "i" y "j" del art. 18; e incs. "c", "f", "g", "h", "j" y "e" del art. 119, todos de la ordenanza 5.498 y sus modificatorias.
A fs. 112 obra la notificación de dicho decreto al agente Palomo de fecha 18 de diciembre 2000, se le entrega copia del acto.
III.4. Con fecha 12 de enero de 2001 la abogada sumariante dispuso la apertura a prueba de las actuaciones (v. fs. 113).
III.5. Con fecha 21 de marzo de 2001 la Directora de Asuntos Internos informa que en el legajo personal 5.242/3 constan los siguientes antecedentes disciplinarios del agente Palomo: "...en fecha 19/06/79 se aplica al agente suspensión de 5 días por Decreto N°3816-P; en fecha 1/8/79 aplícase suspensión de 15 días por Decreto N° 3936-P; en fecha 29/7/81 se aplica suspensión de 30 días. Con fecha 15/02/91 se apertura sumario administrativo por Decreto N° 3669-G, con fecha 30/08/91 finaliza investigación presumarial por Decreto N° 3067-O-P; con fecha 31/10/95 recae sobreseimiento provisorio en Investigación Presumarial por Decreto 4880-O-P. Que con fecha 12/9/95 se aplican suspensión de 30 días y con fecha 22/12/95 aplícase suspensión 10 días por Decreto N° 7344-G. Que asimismo con fecha 7/08/00 se apertura nuevo sumario administrativo por Decreto N°1610/00.-" (fs. 119).
III.6. Con fecha 23 de julio de 2001 se fijó audiencia para tomar declaración indagatoria al señor Palomo (v. fs. 122). El actor fue notificado de la indagatoria con fecha 16 de noviembre de 2001 (v. fs. 133 vta.).
III.7. El 23 de noviembre de 2001 se tomó declaración indagatoria al aquí actor, quien hizo uso del derecho de abstenerse (v. fs. 131).
III.8. La señora instructora dispuso dar vista de las actuaciones al imputado para que efectúe su defensa y proponga las medidas que crea oportunas por 10 días, conforme el art. 128 del Estatuto y ordena su notificación al sumariado (v. fs. 134).
III.9. A fs. 141 obra la notificación del cierre del período de prueba en la delegación, que es recibida por el Jefe de la misma.
III.10. A fs. 142/145 obran las conclusiones de la señora abogada sumariante.
En el caso de Palomo, consideró los antecedentes disciplinarios (consid. 6°).
También que el agente no había ofrecido defensa, pese a los reiterados intentos para ese fin desplegados por esa instrucción (consid. 11°) y esa circunstancia había puesto de manifiesto una conducta omisiva y contumaz del sumariado (consid. 12°).
Concluyó dando por finalizado el sumario y aconsejando al Intendente dictar la cesantía de Miguel Antonio Palomo (v. fs. 144 vta.).
III.11. La Dirección Municipal de Legal y Técnica compartió las conclusiones de la señora instructora sumarial (v. fs. 146).
III.12. Previo al dictado del acto, pasó a intervenir la Junta de Disciplina, conforme los arts. 129 y 179 inc. "g" del régimen estatutario (v. fs. 148/152).
Dos de sus componentes concluyen en solicitar la suspensión por 30 días al agente. Un tercero comparte las conclusiones de la instructora sumariante y ratifica las sanciones de cesantía (v. fs. 152).
III.13. El señor Intendente con fecha 31 de enero de 2003 dispuso la cesantía del agente Palomo considerando las conclusiones de la instrucción sumariante (v. fs. 153, dec. 267/03).
El actor fue notificado de su cese con copia del acto que así lo dispuso el 7 de febrero de 2002 (v. fs. 156 y vta.).
III.14. Expediente 4068-22215-D-2003: el 21 de febrero de 2003 el señor Palomo presentó recurso de reconsideración de la sanción impuesta (v. fs. 2/3).
III.14.a. Con fecha 14 de abril de 2003 solicitó el pronto despacho de la impugnación (v. fs. 4).
III.14.b. La Dirección de Personal informó a la División Sumarios que el agente Amaya presta servicios y el agente Palomo ingresó el 2 de mayo de 1980 y fue dado de baja el día 31 de enero de 2003 (v. fs. 6).
III.14.c. La Dirección de Sumarios y de Legal y Técnica, vista la situación de revista, sugieren sin más el archivo de las actuaciones (v. fs. 10/11).
III.14.d. Con fecha 8 de abril de 2005 se envían las actuaciones al Departamento de Archivo (v. fs. 12).
IV. Detalladas las postulaciones de las partes y las actuaciones administrativas, corresponde decidir si la Municipalidad de Lomas de Zamora obró conforme a derecho al disponer el cese del señor Palomo.
En su demanda, el actor se agravia, puntualmente, de la valoración de las pruebas -efectuada por la señora instructora sumariante- en el marco del procedimiento administrativo. Aduce que no hay ningún elemento que permita inferir su responsabilidad en los hechos que se le imputaron y, por el contrario, no fueron contempladas la autorización que tenía del superior, para efectuar la salida con el hidroelevador, ni las declaraciones de agentes compañeros que se expresaron sobre la existencia de dicho permiso. Elementos que, a su entender, lo eximían de responsabilidad.
De su análisis concluye que la Administración demandada violó el principio de legalidad al no valorar las pruebas debidamente. Por las mismas razones, plantea que el cese así dispuesto carece de motivación.
En idéntico sentido se agravia al impugnar el acto expulsivo en sede administrativa. Rechaza también la crítica de la instrucción referida a su omisión de ofrecer prueba y negarse a declarar, en tanto considera que son elecciones que hacen a su derecho de defensa (v. fs. 2/3 expte. 4068-22215-D-2003).
Por su parte, la demandada contesta que los dichos del demandante son meros enunciados y que en realidad la cesantía dispuesta fue la consecuencia de un procedimiento sumarial en el que quedaron probadas faltas graves derivadas de conductas del ex agente.
IV.1. De la lectura del expediente administrativo se aprecia que se iniciaron actuaciones presumariales en las que la instrucción determinó que debía investigarse el proceder del agente Palomo, en el día 26 de mayo de 1999, "...por hallar prima facie la conducta incursa en lo normado en el art. 17 incs. a), c), k), l) y en el art. 18 incs. h), i) y j), y posible sanción disciplinaria atento lo dispuesto en los arts. 118 e incs. c), f), g) h), j) y e) del art. 119 de la Ordenanza Estatutaria vigente, conforme se establece en el acápite 10) de los considerandos..." (fs. 105).
El considerando 10 especifica que la conducta del agente, prima facie resulta violatoria de los siguientes deberes : "...a) La prestación personal del servicio con eficiencia, capacidad y diligencia; c) Obedecer toda orden emanada de su superior inmediato; k) Cumplir integralmente y en forma regular el horario de labor establecido; l) Velar por la conservación de los útiles, objetos y demás bienes que integran el patrimonio del estado; y la prohibición del agente de: h) Utilizar con fines particulares los elementos de transporte; i) Arrogarse atribuciones que no le corresponden; j) Retirar o usar indebidamente elementos o documentos de la repartición comunal; y pasible de sanción disciplinaria conforme lo normado en el art. 118 inc. c), e incs. f), g), h), j) y l) del art. 119 del referido cuerpo normativo..." (fs. 104 vta.).
Con tales fundamentos, el señor Intendente decretó la instrucción de un sumario administrativo al agente Palomo por encontrar que su conducta, prima facie, podía quedar subsumida en las disposiciones contenidas en los incs. "a", "c", "k" y "l" del art. 17; incs. "h", "i" y "j" del art. 18; e incs. "c", "f", "g", "h", "j" y "e" del art. 119, todos de la Ordenanza 5.498 y sus modificatorias (v. fs. 110 dec. 1.610/00).
El actor tuvo oportunidad de ofrecer prueba en su defensa, si bien declinó expresamente de tal posibilidad. Lo mismo hizo al momento de efectuar su declaración indagatoria y de recurrir el acto de cese (v. recurso a fs. 2/3 ya cit. y declaración a fs. 131).
Como resultado del procedimiento sumarial, la instrucción tuvo por comprobadas las faltas imputadas, que lucen volcadas en las conclusiones obrantes a fs. 142/145, las que fueron compartidas por la asesoría legal y tenidas en consideración para decretar la cesantía del señor Palomo (v. fs. 153, dec. 267/03).
De lo expuesto en este acápite se constata, en primer lugar, el obrar legítimo de la Administración en cuanto cumplió con los pasos normativamente previstos para investigar el hecho que motivó la sanción y el cumplimiento de las garantías procedimentales para con el agente (art. 103 ord. gral. 267/80).
IV.2. El demandante cuestiona específicamente la valoración de la prueba efectuada por la instrucción. La crítica recae en la supuesta omisión de apreciar elementos que lo eximían de responsabilidad en los hechos investigados. Puntualmente, basa su defensa en que contaba con la autorización de un superior que le permitía circular el día de los hechos; circunstancia a la que suma las declaraciones de compañeros asintiendo la existencia de la orden de salida que, a su entender, tampoco se tuvieron en consideración.
Sobre el tópico, este Tribunal ha dicho que, si la actuación administrativa impugnada luce irrazonable y arbitraria en la apreciación de la prueba reunida en las actuaciones sumariales, en tanto tiene por acreditados hechos cuya verificación no surge de aquellas, el acto sancionatorio resulta ilegítimo (conf. doctr. Causa B. 56.758, "Neustad", sent. de 5-IV-2000).
IV.2.a. Veamos en el caso. Como expuse, se le imputó al actor y se tuvo por probado no haber cumplido con los siguientes deberes a su cargo: prestar el servicio con eficiencia, capacidad y diligencia; obedecer toda orden emanada de su superior inmediato; cumplir integralmente y en forma regular el horario de labor establecido; velar por la conservación de los útiles, objetos y demás bienes que integran el patrimonio del estado. Junto con la realización de las siguientes conductas prohibidas: utilizar con fines particulares los elementos de transporte; arrogarse atribuciones que no le corresponden y retirar o usar indebidamente elementos o documentos de la repartición comunal (arts. 17 incs. "a", "c", "k", "l"; 18 incs. "c", "f", "g", "h" y "j", ord. 5.498; v. dec. 1.610/00).
De las actuaciones sumariales surge que la oficina de Coordinación de Alumbrado y Paseos Públicos, en la que trabajaba el señor Palomo, estaba a cargo del señor Miguel Amaya, el arquitecto Marín y Carlos Horacio Meles (v. fs. 3, 5, 71 expte. admn. 4068-59577).
El primer elemento que aduce el actor que no había sido tenido en cuenta, refiere a la existencia de una autorización expedida
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