Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 60468
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 60.468, "González, Nora Beatriz c/Municipalidad de Carlos Tejedor. DCA.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan , Genoud, de Lázzari, Pettigiani, Torres.
La señora Nora Beatriz González, por apoderado, promovió demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Carlos Tejedor solicitando la anulación de los decretos 177/99, 318/99 y 465/99. El primero dispuso su remoción en el cargo de Jefa de Compras de dicha comuna; los dos últimos, su suspensión preventiva por 60 y 30 días, respectivamente, sin goce de haberes.
En consecuencia, pretende la reincorporación al cargo mencionado, el pago de los haberes no percibidos hasta ese momento, más intereses y una indemnización en concepto de daño moral.
Cautelarmente solicitó el cese de los efectos de los actos cuestionados, pedido que fue desestimado por este Tribunal mediante resolución de fecha 31 de agosto de 1999 (v. fs. 54).
Corrido el traslado de ley, se presentó a juicio el apoderado de la Municipalidad de Carlos Tejedor. Contestó la demanda afirmando la legitimidad de los actos impugnados y propició su rechazo.
Agregadas las actuaciones administrativas, los cuadernos de prueba de las partes, no habiendo ninguna de ellas hecho uso del derecho de alegar y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundada la demanda?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Corresponde reconocer un resarcimiento por el daño material? ¿En qué medida?
3ª) ¿Debe indemnizarse el daño moral?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Relata la actora que fue interinamente designada mediante decreto 417/98 como Jefa de Compras de la Municipalidad de Carlos Tejedor, quedando en reserva su cargo de planta permanente.
Indica que ejerció tales funciones hasta el 29 de marzo de 1999, fecha en que el Intendente dispuso su remoción mediante decreto 177/99 sin contar, para dicha decisión, con el acuerdo del Concejo Deliberante que prescribe el art. 200 de la Ley Orgánica de las Municipalidades -decreto ley 6.769/58-.
Denuncia que su apartamiento no obedeció a la necesidad de reestructurar áreas, como se indicó en el mencionado decreto, sino que en realidad la medida fue tomada en represalia a la denuncia penal que realizó el 16 de marzo de 1999 luego de descubrir la falsificación de su firma en una orden de compra.
Expresa que la remoción del cargo que hasta entonces ejercía significó la disminución abrupta de sus haberes, lo que la llevó a recurrir a la vía judicial en resguardo de sus derechos. Así, explica que mediante una acción de amparo solicitó el dictado de una medida cautelar para que cesaran los efectos del acto que dispuso su apartamiento.
Agrega que el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen hizo lugar a su petición precautoria. Refiere que el municipio le reconoció una compensación económica equiparable al sueldo que percibía antes de ser removida (dec. 300/99) y más tarde, ante la intimación del magistrado para que cumpliera la medida cautelar dispuesta, con fecha 7 de junio de 1999, fue restablecida en el cargo de Jefa de Compras (dec. 317/99).
Sin embargo, indica que el 8 de junio de 1999 -es decir, al día siguiente de haber sido reincorporada a la jefatura por orden judicial- el Intendente decretó su suspensión por sesenta días, sin goce de haberes (dec. 318/99). A su vencimiento, dicha medida fue prorrogada por treinta días adicionales (dec. 465/99).
Puntualiza que ambas decisiones fueron adoptadas en el marco de un sumario iniciado para esclarecer los hechos por ella denunciados relativos a una orden de compra que supuestamente llevaba su firma adulterada.
Respecto de las medidas suspensivas, entiende que para disponerlas se alegó una falsa causa, dado que en realidad se quiso evadir el cumplimiento de la decisión judicial que ordenaba su reposición en el puesto. Pero además, plantea que resultaba inaplicable para el cargo de Jefe de Compras el régimen disciplinario de la ley 11.757.
Se agravia, también, del efecto de estas últimas decisiones que implicaron no solo la privación de sus haberes sino también la suspensión de la cobertura médica de la obra social a la que se encontraba afiliada.
En cuanto al proceso de amparo, refiere que el expediente fue elevado a este Tribunal con motivo de una cuestión de competencia que tramitó como causa B. 60.326 y que culminó con la anulación de lo actuado, incluida la medida cautelar ordenada, disponiendo el archivo del expediente.
Precisa que su denuncia derivó en la formación de dos causas penales para investigar, por un lado, la falsificación de su firma en una orden de compra (causa n° 2.218, UFI n° 1, Departamento Judicial de Trenque Lauquen) y, por otro, el incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad por la coacción que supuestamente ejerciera tanto el personal policial como el municipal, para que retirara la denuncia mencionada en primer término (causa n° 2.231).
Concluye que la actuación de la demandada, además de ilegítima, resultó irrazonable y arbitraria por no observar el procedimiento especial previsto en el art. 200 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que exige la aquiescencia del Concejo Deliberante antes de poder apartar de su puesto a quien se desempeñe como Jefe de Compras.
En síntesis, solicita la anulación de los decretos impugnados y, en consecuencia, su reposición en dicho cargo superior, el pago de la totalidad de los haberes no percibidos desde la remoción hasta la efectiva reincorporación, más intereses y un resarcimiento por daño moral.
II. El apoderado de la Municipalidad de Carlos Tejedor al contestar la demanda niega los hechos afirmados por la actora y sostiene la legitimidad de los actos cuestionados.
Explica que la señora Nora González fue designada provisoriamente en el cargo de Jefa de Compras mediante decreto 417/98 del Intendente y no como lo establece la Ley Orgánica de las Municipalidades en sus arts. 197 a 200. Así, plantea que no hubo acuerdo del Concejo para su designación y, por ello, tampoco se consideró necesario contar con éste para su remoción. Remarca que el Intendente por razones de oportunidad, mérito y conveniencia decidió que no continuara en tales funciones.
Por otro lado, afirma que estos últimos actos no fueron impugnados por la actora en sede administrativa y por lo tanto se encuentran firmes. Agrega que la accionante se ha agraviado del modo en que se decidió su separación, pero nada ha dicho sobre su nombramiento; el que fue instrumentado bajo la misma modalidad, al igual que se hiciera con todos los funcionarios que ocuparon con anterioridad el mismo cargo.
Concluye, por ello, que la agente no revestía la calidad de Jefa de Compras en los términos de los arts. 197 a 200 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Respecto de los actos que dispusieron la suspensión preventiva (decs. 318/99 y 465/99), alega que no tienen vinculación con la remoción decretada con anterioridad sino que resultan medidas derivadas del trámite del sumario administrativo en el que se investigaron presuntas irregularidades en el manejo de la oficina de compras.
En suma, pide el rechazo de la demanda y que ésta se resuelva una vez que culmine la causa penal en trámite.
III. De las actuaciones surgen los siguientes datos útiles para resolver la presente cuestión.
III.1. Expediente judicial:
III.1.a. Decreto 417/90 de 10 de julio de 1998, designando a la actora en el cargo de Jefa de Compras (interina), reservándole el cargo de revista mientras durase dicha designación (v. fs. 1).
III.1.b. Decreto 177/99 de 29 de marzo de 1999, dejando sin efecto la antedicha designación a partir de esa misma fecha y reubicando a la accionante en el cargo de revista (v. fs. 2).
III.1.c. Decreto 300/99 de 20 de mayo de 1999, reconociéndole a la aquí peticionaria una compensación económica a fin de dar cumplimiento con la medida cautelar dispuesta por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, que había ordenado su reincorporación (v. fs. 3).
III.1.d. Decreto 317/99 de 7 de junio de 1999, restituyendo a la señora González en el cargo de Jefa de Compras, a fin de dar acabado cumplimiento a la aludida manda judicial (v. fs. 4).
III.2. Expediente 4020-1482/99 sobre sumario administrativo y copias de la causa penal n° 456/710:
III.2.a. Con fecha 12 de abril de 1999 el Intendente de Carlos Tejedor ordenó la instrucción de un sumario administrativo por supuestas irregularidades en la administración de la Oficina de Compras (v. dec. 248/99, fs. 4), luego de que la actora formulara una denuncia por falsificación de su firma en una orden confeccionada durante su licencia por vacaciones (v. fs. 232, copias causa penal n° 496/710).
III.2.b. Por decreto 318/99 de 8-VI-1999 la agente González fue suspendida por el término de 60 días con carácter preventivo por considerarla prima facie responsable de las irregularidades investigadas en la oficina de compras, con fundamento en lo previsto por los arts. 9 inc. "a" y 79 de la ley 11.757 entonces vigente. La referida medida se dictó para surtir efectos a partir del 9-VI-1999, con privación de haberes (v. fs. 13).
III.2.c. Notificada, la destinataria planteó la nulidad de lo actuado. Subsidiariamente, hizo su descargo y ofreció prueba (v. fs. 17).
III.2.d. Mediante decreto 465/99 de 1 de agosto de 1999 se amplió el plazo de suspensión preventiva por treinta días adicionales, a partir del 9 de agosto de 1999 (v. fs. 35).
III.2.e. Luego de producidas las declaraciones testimoniales, la agente González insistió con el planteo de nulidad de lo actuado, alegó en subsidio y pidió la conclusión del sumario (v. fs. 61).
III.2.f. A fs. 70 se agregó una copia del dictamen del fiscal a cargo de la IPP n° 2.218 en el que aconseja el archivo de las actuaciones por falta de configuración, a su juicio, del ilícito investigado.
Esa es la última actuación que obra en el sumario, el que no ha concluido con un acto definitivo.
Cabe remarcar que de las copias de la causa penal referida al inicio del apartado surge que el 3 de septiembre de 1999 el señor Fiscal General resolvió ordenar la prosecución de aquella IPP, la que posteriormente fue elevada a juicio y culminó con la condena de la contadora Irma G. Uña como autora penalmente responsable de los delitos de falsificación de instrumento público, violación de los deberes de funcionario público y de documentos (v. fs. 398/403, copias causa penal n° 496/710). Dicha sentencia fue recurrida aunque no existen constancias posteriores acerca de su resolución (v. fs. 470/474, copias causa penal n° 496/710).
III.3. Fotocopias certificadas del expediente "González, Nora Beatriz c/ Municipalidad de Carlos Tejedor s/ amparo", tramitadas por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen.
III.3.a. El 13 de mayo de 1999 el titular de dicho organismo dispuso como medida precautoria el cese de los efectos del decreto 177/99 (v. fs. 15/17). A su turno, el municipio procedió a reconocer en favor de la aquí actora una compensación especial hasta alcanzar la remuneración que percibía antes del cese como Jefa de Compras (v. fs. 23, dec. 300/99), en el entendimiento de que con ello estaba acatando la medida cautelar. Sin embargo, con fecha 27 de mayo de 1999 el juez dio dos días al municipio para que cumpliera acabadamente con la orden judicial, enfatizando que ello implicaba reponer a la agente en el cargo del que fue apartada (v. fs. 25).
III.3.b. La municipalidad planteó excepción de incompetencia y el 23 de junio de 1999 esta Suprema Corte declaró que el caso pertenecía a la jurisdicción originaria que transitoriamente tenía atribuida (art. 215, Const. prov.), resolvió que la vía de amparo no era la adecuada, anuló todo lo actuado en la justicia ordinaria -incluyendo la medida cautelar- y dispuso la devolución del expediente al juez de origen para su archivo (v. fs. 37/38).
IV. Detalladas las postulaciones de las partes y reseñadas las actuaciones previas, el asunto a resolver estriba en establecer si la administración municipal demandada se ajustó a derecho al dictar los decretos 177/99, 318/99 y 465/99 aquí impugnados.
Teniendo en cuenta todos los elementos del caso, resulta útil diferenciar dos líneas de análisis de la pretensión anulatoria: de un lado, la designación y remoción de la actora como Jefa de Compras, de cuyo cese ésta se agravia; de otro, la suspensión preventiva y sus efectos, dispuesta en el marco de las actuaciones sumariales a la fecha inconclusas.
IV.1. Con respecto al primer tópico planteado, la accionante denuncia que el decreto 177/99 por el cual fue desplazada del cargo de Jefa de Compras es ilegítimo, dado que con él se habría soslayado la protección que le es inherente a ese puesto, siendo menester contar previamente con el acuerdo del Concejo Deliberante para hacer efectiva su remoción (art. 200, LOM).
Sin perjuicio de la pertinencia jurídica de tal afirmación considerada en abstracto y de lo que en definitiva se vaya a decidir, las particularidades del caso imponen examinar con mayor detenimiento la situación concreta de la peticionaria, dado el carácter interino de su designación.
IV.2.a. Esta condición, que no está controvertida en el presente proceso, evidencia el sometimiento de la actora a un régimen jurídico de naturaleza provisoria, circunstancia que gravita frente a un ulterior intento de impugnación fundado en la crítica a las condiciones a las que, sin reparos, aceptó sujetarse (doctr. causas B. 55.729, "Méndez", sent. de 14-IV-1998; L. 87.969, "Viejo", sent. de 8-VII-2008; B. 54.004, "Aserradero Savia Nueva SA", sent. de 31-VIII-2007; B. 55.901, "Empresa Tandil SACIF", sent. de 17-III-2010; e.o.). Difícilmente pueda predicarse que ello no proceda al estarse frente a un derecho indisponible, por otra parte no invocado por la actora en esta causa.
En reiteradas oportunidades este Tribunal ha sostenido que, en función de la doctrina de los propios actos, cabe desestimar aquellas pretensiones contradictorias con la conducta pasada del pretensor (doctr. causa B. 58.169, "Kissner", sent. de 7-V-2003). El fundamento de ese postulado, como he recordado, no es otro que promover el cumplimiento del deber de coherencia del comportamiento jurídicamente relevante (cfr. Diez-Picazo y Ponce de León, Luis, La doctrina de los actos propios , Barcelona, 1963, p. 245; v. mi voto en causa B. 63.363, "Clementoni", sent. de 2-XI-2016).
IV.2.b. Sentado lo anterior, en el pasado se ha caracterizado al interinato por su carácter provisional, temporario e inestable (v. mi voto en causa A. 71.425, "Zugasti", sent. de 12-VII-2017). De allí que esta Corte haya reconocido a la autoridad ejecutiva amplitud o flexibilidad para limitar esa clase de designaciones, por causas inherentes a la organización de las estructuras administrativas o, más genéricamente, por razones de servicio (doctr. causas B. 48.958, "Civitelli de Genitti", sent. de 12-XI-1985; B. 49.818, "Battinic", sent. de 13-V-1988; B. 50.319, "Guash de Gómez", sent. de 18-IV-1989; B. 51.877, "Vázquez", sent. de 23-II-1993; B. 57.736, "Angulo", sent. de 7-III-2001; B. 58.544, "Nicora", sent. de 29-VI-2005; B. 57.092, "Bueno", de 27-XI-2013 y sus citas).
A mayor precisión, se dijo que "...las designaciones interinas son aquellas que la Administración efectúa ante la ausencia transitoria del titular de un cargo y que recaen en agentes que pertenecen a la misma organización"; agregando que el interinato, como la suplencia "...tienen en común la nota distintiva de su transitoriedad" y por eso se reconoce la potestad administrativa para limitarlas (doctr. causas B. 53.043, "Martín", sent. de 13-IV-2011; B. 66.098, "Mussolino", sent. de 7-V-2014 y B. 66.418, "Henen", sent. de 21-VI-2018; e.o).
Al nombramiento de la actora en principio le caben todas estas notas y no escapa de las mencionadas vicisitudes.
IV.2.c. Desde ya que la singularidad del caso radica en que la designación interina de la actora se efectuó para cubrir un cargo cuyo régimen legal, según se ha visto, organiza un procedimiento especial de remoción, previsto en el art. 200 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Esta previsión se explica por el hecho de tratarse de una oficina dedicada al diligenciamiento de los suministros que deban efectuarse a la municipalidad (art. 198, LOM), a la par de la comprobación y certificación de su efectiva recepción bajo pena de responsabilidad (art. 199, LOM), circunstancias que justifican poner al funcionario titular a resguardo de eventuales presiones por parte de otras autoridades administrativas (cfr. causas B. 62.421, "Farberoff", sent. de 21-V-2008; B. 59.421, "Depicolzuane", sent. de 11-II-2015 y B. 61.188, "Villa", sent. de 31-X-2016).
Pero por más atendibles que sean esas preocupaciones, en la especie ellas no son suficientes para soslayar la calidad circunstancial e inestable del vínculo que durante el período en cuestión unió consensualmente a la demandante con la comuna, en el cargo de Jefa de Compras.
En esas condiciones, antes que el mecanismo previsto en el art. 200 de la Ley Orgánica de las Municipalidades -aplicable al titular del cargo- cobra relevancia el principio del paralelismo de las formas y competencias (v. mi voto en causa B. 74.705, "Intendente municipal de Villa Gesell", sent. de 10-IV-2019), en función del cual el decreto 177/99 fue un instrumento hábil para dejar sin efecto el nombramiento interino de la señora González en la Oficina de Compras de la Municipalidad de Carlos Tejedor, pues dado el carácter del vínculo no era menester contar con la conformidad del Departamento Deliberativo.
Así las cosas, este tramo de la demanda no puede ser estimado; ello vaya dicho sin perjuicio de las implicancias de la conducta desplegada por la demandada a la hora de fijar la indemnización por daño moral, tema que abordaré al final.
IV.3.a. Distinta suerte ha de correr la pretensión anulatoria dirigida contra los decretos 318/99 y 465/99.
Cuadra recordar que, por su intermedio, simultáneamente al desplazamiento de la señora González del cargo de Jefa de Compras el Intendente municipal ordenó la instrucción de un sumario para investigar las presuntas irregularidades detectadas en el área donde ella se desempeñaba, resultando suspendida por un total de noventa días sin goce de haberes (cfr. decs. 318/99 que ordena suspensión por sesenta días desde el 9-VI-1999 y 465/99 que amplía dicha medida por treinta días más desde el vencimiento de la anterior; v. fs. 13 y 35, respectivamente, exp. adm. 4020-1482/99).
IV.2.b. Es pertinente poner de resalto que al momento en que fue dictada la medida preventiva en el sumario, la ejecutoriedad de la decisión separativa del cargo de Jefa de Compras se hallaba suspendida por la providencia cautelar dictada por el juez del amparo (v. fs. 15/17, causa 28.362). De allí que, en la práctica, la virtualidad del cese en aquella jefatura resultara de la suspensión dictada en el proceso disciplinario; lo que a la vez explica el agravio expuesto en la demanda vinculado a la impugnación de los decretos 318/99 y 465/99.
La alegación que efectúa el municipio relativa a que estos últimos actos habrían sido consentidos exhibe con claridad su improcedencia a poco que se lean las actuaciones sumariales. En ellas, una vez notificada de la medida de gravamen, su destinataria se alzó contra ella y se mostró disconforme, además, con el procedimiento llevado adelante. Por lo tanto, no es de recibo el plant
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