Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 62351
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos expuestos en las causas B. 60.715, "Nocetti" y B. 61.217, "Insinger", sentencias de 11-VIII-2010, se hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta, reconociendo el derecho de los demandantes que no hayan suscripto convenio ni se encuentren percibiendo sumas por sí o a través de sus herederos en los términos de la ley 13.437, al incremento del haber previsional con el adicional establecido en el decreto 1.014/97 y se condena a la demandada al pago de las sumas devengadas desde la fecha de vigencia del citado decreto hasta la de su derogación por decreto 1.650/04.
Sobre dichos importes se deberán adicionar intereses, los que deberán ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928; doctr. de la mayoría, causas B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016).
La suma resultante de la liquidación que se practique, conforme las pautas indicadas, deberá ser abonada dentro de los sesenta días (art. 163, Const. prov.).
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-). …
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 62.351, "Acosta, Bernardino y otros, contra Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Pcia de Bs As. DCA", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Mancini.
I. Los actores promueven acción contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Seguridad) y la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (v. ampliación, fs. 88), a fin de que se dejen sin efecto los actos que desestimaron sus solicitudes de reconocimiento como remunerativos y computables, en el haber básico sobre el que se calcula el beneficio previsional, los suplementos establecidos en los decretos 366/91, 1.235/92, 2.074/92, 3.483/92, 518/93, 35/97, 1.014/97 y 1.015/97, correspondientes a la jerarquía con la que aquel se les liquida.
Solicitan que se condene a la demandada al pago de las diferencias devengadas desde la vigencia de los mencionados decretos, así como de los intereses, calculados desde que cada una se devengó hasta la fecha del efectivo pago, con costas.
Los demandantes plantean que las sumas reconocidas a los activos en dichos decretos resultan de carácter remunerativo, regular, habitual y permanente y por ello solicitan su incorporación al haber previsional.
Concluyen que si se integraran de la manera pretendida se produciría un efecto cascada sobre los demás suplementos generales y particulares. Por ello entienden que la no aplicación de los decretos mencionados implica una violación del principio de intangibilidad del salario y piden que se declare la inconstitucionalidad de las normas.
Citan jurisprudencia y plantean el caso federal.
II. Tras conferirse el traslado de ley, se presenta el representante de la Fiscalía de Estado y contesta la demanda, solicitando su rechazo en todos sus términos.
En primer lugar, plantea la falta de legitimación pasiva del Ministerio de Seguridad demandado, en tanto la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía es un ente autárquico que le permite ser parte en los procesos judiciales que se inicien como consecuencia de su actuación. Y en subsidio, la inexistencia de reclamo previo ante el Ministerio demandado.
Sin perjuicio de ello, sostiene que el análisis de las normas que regulan los suplementos pretendidos y las contenidas en el régimen previsional aplicable, permite concluir que no revisten el carácter de remuneración a los fines previsionales.
Aduce que el decreto 1.014/97 estableció para la Policía Bonaerense y para el Servicio Penitenciario un suplemento especial, por tiempo limitado, no remunerativo y no bonificable.
Refiere que el carácter no remunerativo del suplemento establecido fue consagrado de modo exclusivo para el personal en actividad, pues tiende a compensar el mayor esfuerzo del personal responsable en la ejecución de funciones extraordinarias durante la vigencia del estado de emergencia policial declarado por la ley 11.880.
Añade que el decreto en cuestión estableció que dicho suplemento no estaría sujeto a los descuentos previstos en las leyes previsionales y asistenciales, ni serviría de base de cálculo para la determinación de cualquier otro tipo de adicional y/o descuento.
Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal que considera aplicable al caso.
De igual manera argumenta que la compensación de gastos por vestimenta uniforme para el personal del escalafón Servicios de la Policía Bonaerense y del escalafón Profesional y Técnico Administrativo del Servicio Penitenciario creada por el decreto 1.015/97 carece de naturaleza remunerativa.
Manifiesta que constituye un reintegro de gastos que no puede conceptuarse como bonificación o adicional con carácter remunerativo, ya que tiene por objeto cubrir las erogaciones exigidas por el desempeño de los cargos, cuyo ejercicio obliga a llevar vestimenta acorde con las funciones cumplidas. Destaca que esa obligación es consecuencia lógica de la exigencia legal del uso de uniforme y equipo cuyo incumplimiento trae aparejadas sanciones (arts. 14 apdo. I incs. "a" y "b" y 52 inc. 1, dec. ley 9.550/80).
Aduce que la percepción de dicho rubro se halla supeditada a rendición de cuentas, al control de las autoridades respectivas y al efectivo desempeño de funciones por parte de los agentes policiales, circunstancias concluyentes para determinar el carácter de reintegro.
Del resto de los decretos en primer lugar rechaza la pretensión de la parte actora de que sean incorporados los adicionales generales en el salario básico y, consecuentemente, entiende que debe rechazarse el efecto cascada peticionado, así como las diferencias salariales indebidamente reclamadas y su materialización en el haber previsional.
Por otro lado, expresa que frente a la indiscriminada invocación normativa que se realiza en la demanda corresponde hacer unas aclaraciones en cuanto a la vigencia temporal de los decretos enumerados.
Así, señala que el decreto 35/97 provocó una reestructuración en la materia remunerativa policial, estableciendo a partir del día 1 de enero de 1997 una bonificación remunerativa no bonificable para el personal activo y pasivo de las fuerzas de seguridad y paralelamente se excluyeron y dejaron sin efecto los decretos 366/91, 518/93, 1.235/92, 3.483/92, 3.915/95 y 4.290/95.
En consecuencia, expresa que, sin perjuicio de la improcedencia sustancial de la pretensión, deviene inadmisible el planteo de la actora según el cual deben abonársele, sin discriminación y en forma acumulada, las bonificaciones establecidas en el decreto 35 y los decretos 366/91, 1.235/92, 3.483/92 y 518/93, en tanto los últimos tuvieron vigencia hasta el día 1 de enero de 1997, fecha a la que debería reducirse la pretensión a su respecto.
Recuerda que el cambio de remuneración que importó el decreto 35/97 no aparejó una reducción remunerativa dado que las bonificaciones que se dejaron sin efecto fueron incorporadas como bonificaciones remunerativas no bonificables.
Eventualmente opone en subsidio la prescripción de dos años prevista en la legislación previsional (art. 58 párr. 3, dec. ley 9.538/80) computando como fecha la de cada reclamo presentado ante la Caja. Y a todo evento plantea la prescripción quinquenal de las obligaciones por diferencias salariales. Plantea el caso federal.
III. Agregadas las actuaciones administrativas, el cuaderno de prueba de la parte actora, los alegatos de ambas partes y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En primer lugar, he de referirme al reparo efectuado por la Fiscalía de Estado en el punto III de su contestación de demanda, en el sentido de que la acción incoada no puede ser dirigida contra el Estado provincial (Ministerio de Seguridad), ello con fundamento en que los actores revisten en el servicio pasivo de la Policía Bonaerense y la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires es un ente autárquico.
Dicha Caja es un organismo autárquico que tiene a su cargo el cumplimiento de los fines del Estado en materia previsional. Como tal, debe dar cumplimiento con las normas dictadas por la Provincia y desarrollar su actividad bajo tales disposiciones en oportunidad de efectuar la liquidación y pago de los haberes previsionales.
La normativa que en última instancia se cuestiona en la demanda, de carácter general, fue dictada por el Poder Ejecutivo provincial y comprende solamente al personal activo de la Policía Bonaerense y del Servicio Penitenciario local.
En principio, del análisis normativo cuestionado, no surge obligación prestacional alguna a cargo de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de modo tal que no advierto la falta de legitimación pasiva que el señor Fiscal de Estado entiende que, con relación a la pretensión dirigida contra la Provincia, existiría en este caso.
Por el contrario, habiendo emanado del señor Gobernador de la Provincia las normas cuestionadas, entiendo que la correcta integración de la litis exige que ésta sea demandada en autos, no obstante la autarquía de la que goza la Caja codemandada.
Por otro lado, constan en las actuaciones (acompañadas con la demanda) los distintos reclamos y pedidos de pronto despacho presentados por los demandantes, según se observa en los sellos de dichos escritos, ante la Caja de Policía (v. fs. 1/48).
Con lo expuesto, corresponde desestimar el referido reparo formal y considerar lo pretendido en la demanda.
II.1. Con motivo de la sanción de la ley 13.437 -Plan de Saneamiento de deudas con el personal pasivo Policial y del Servicio Penitenciario- el señor César Armando García, DNI 10.350.965, jerarquía Comisario (Ddo.), suscribió un acuerdo transaccional de pago en relación con la bonificación dispuesta por el decreto 1.014/97, a partir del mes de septiembre de 2007, que finalizó en el mes de junio de 2010, según el informe de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia (v. constancia, fs. 341).
II.2. Para el resto de los demandantes y su pretensión sobre dicho adicional (dec. 1.014/97), en tanto no hayan suscripto el convenio ni se encuentren percibiendo sumas por sí o a través de sus herederos, en los términos de la ley 13.437 citada, toda vez que las circunstancias del caso resultan sustancialmente análogas a las que fueron materia de debate y decisión en las causas B. 60.715, "Nocetti" y B. 61.217, "Insinger", sentencias de 11-VIII-2010, reiteradas en las causas B. 60.760, "García", sentencia de 19-XII-2018; B. 60.539, "Laiseca", sentencia de 29-V-2019; B. 67.429, "Messina", sentencia de 20-III-2019, entre otras, considero que, por razones de celeridad y economía procesal corresponde, por los fundamentos brindados en los citados precedentes que tengo aquí por reproducidos, reiterar el criterio y solución allí plasmados.
Con relación a la liquidación a practicarse, por derivación de lo aquí decidido se deberán adicionar intereses, los que deberán ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928; doctr. de la mayoría, causas B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016).
III. En lo que respecta a la suma fija dispuesta por el decreto 1.015/97 como compensación de gastos para el escalafón Servicios de la Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario, teniendo en consideración que el tema fue materia de debate y decisión en las causas B. 60.714, "Giralt", sentencia de 9-XI-2005; B. 61.514, "Cornejo", sentencia de 12-IV-2006; B. 62.212, "Lutz", sentencia de 29-IX-2011; A. 69.834, "Crisconio", sentencia de 9-X-2013; A. 71.359, "Cadenas", sentencia de 23-XII-2014; A. 70.822, "Bigi", sentencia de 25-II-2015 y A. 69.840, "Córdova", sentencia de 22-XII-2015, me remito a los fundamentos y conclusiones brindados en los citados precedentes que doy por reproducidos por razones de brevedad y se rechaza la demanda en esta parcela.
IV. Respecto de los decretos 366/91, 1.235/92, 2.074/92, 3.483/92, 518/93 y 35/97, teniendo en consideración que el tema fue materia de debate y decisión en las causas A. 69.464, "Naranjo", sentencia de 5-VIII-2010; A. 69.710, "Soto", sentencia de 21-IV-2010; A. 71.356, "Abramo", sentencia de 10-IX-2014; A. 71.334, "Gambaleri", sentencia de 29-X-2014; A. 73.322, "Corbalán" y A. 73.262, "Martínez", resoluciones de 28-VI-2017, entre otras, me remito a los fundamentos y conclusiones brindados en los citados precedentes que doy por reproducidos, por razones de brevedad. En consecuencia, se rechaza también esta pretensión.
Así lo voto .
Costas por su orden (arts. 17, CCA, ley 2.961 y 78 inc. 3, CCA, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Mancini , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por los fundamentos expuestos en las causas B. 60.715, "Nocetti" y B. 61.217, "Insinger", sentencias de 11-VIII-2010, se hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta, reconociendo el derecho de los demandantes que no hayan suscripto convenio ni se encuentren percibiendo sumas por sí o a través de sus herederos en los términos de la ley 13.437, al incremento del haber previsional con el adicional establecido en el decreto 1.014/97 y se condena a la demandada al pago de las sumas devengadas desde la fecha de vigencia del citado decreto hasta la de su derogación por decreto 1.650/04.
Sobre dichos importes se deberán adicionar intereses, los que deberán ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928; doctr. de la mayoría, causas B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016).
La suma resultante de la liquidación que se practique, conforme las pautas indicadas, deberá ser abonada dentro de los sesenta días (art. 163, Const. prov.).
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 51, dec. ley 8.904/77).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/02/2022 11:22:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/02/2022 16:16:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/02/2022 12:51:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/02/2022 10:11:25 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/02/2022 14:45:01 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 14/02/2022 14:46:37 hs. bajo el número RS-6-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia