Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 65950
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 65.950, "Arrigoni, Víctor Marcelo contra Municipalidad de Mar Chiquita. DCA", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud, Carral.
Víctor Marcelo Arrigoni, por apoderado, promovió demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Mar Chiquita pretendiendo el pago de diferencias salariales por incumplimiento de lo dispuesto en el decreto 27/89.
Pidió, en consecuencia, que se condene a la demandada a abonarle tales diferencias, más intereses y costas.
La Municipalidad de Mar Chiquita planteó la nulidad de la notificación del traslado de la demanda y opuso diversas excepciones formales a su progreso. Tales peticiones, previo traslado y contestación de la actora, fueron rechazadas por este Tribunal mediante resolución de 13 de mayo de 2009 (v. fs. 218/222).
La comuna luego contestó la demanda, solicitando su rechazo (v. fs. 289/292).
Agregadas las actuaciones administrativas, el cuaderno de prueba de la parte actora y su alegato, no habiendo hecho uso de ese derecho la demandada y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Relata el apoderado de la parte actora que el señor Arrigoni formó parte del servicio de guardavidas de los balnearios de la Municipalidad de Mar Chiquita, mediante contratos para las temporadas de verano, desde diciembre de 1983 hasta marzo de 2002 inclusive.
Señala que la relación estuvo sujeta a lo dispuesto en el decreto 27/89 que prevé que las Municipalidades sean las encargadas de supervisar, controlar, inspeccionar, verificar y exigir el cumplimiento del reglamento de guardavidas.
Indica que la demandada incumplió la citada norma afectando los salarios y las condiciones de higiene y seguridad en las playas, lo que generó que el Sindicato de Guardavidas y Afines (Filial Mar Chiquita), solicitara la intervención de la delegación de la Secretaría de Trabajo provincial en la ciudad de Mar del Plata.
Refiere que, como consecuencia del pedido, se realizó una inspección, labrándose un acta donde se detallaron los incumplimientos de la comuna, lo que derivó en un procedimiento administrativo con distintos encuentros entre las partes ante dicha cartera, en el marco del cual la Municipalidad de Mar Chiquita expresamente se avino.
Agrega que, además, los guardavidas solicitaron a la Secretaría de Trabajo la resolución de diferentes peticiones laborales ignoradas por el municipio, tales como: elementos de seguridad faltantes; contratos de ciento veinte días como mínimo; jornada de seis horas; reconocimiento de horas extras; y rubro antigüedad computando a cada temporada de verano como un año entero.
Explica que dicho organismo, mediante resolución 183/01 de 22 de febrero de 2001, dispuso que la Municipalidad de Mar Chiquita debía adecuar su conducta en cumplimiento de la legislación vigente y, como consecuencia, estaba compelida a proveer a los guardavidas la ropa de trabajo, elementos de seguridad y comunicación, casillas, mangrullos e instalaciones sanitarias adecuadas a la ley 19.587 y los decretos 351/79 y 27/89; como también botes de rescate, camillas rígidas para traslados y botiquines de primeros auxilios. Además, tenía que reconocer conforme a esa última norma el período mínimo de contratación previsto en el art. 5; la jornada de trabajo y las horas extraordinarias contempladas en el art. 9 y el adicional por antigüedad establecido en el art. 7.
Menciona que el laudo estableció la responsabilidad exclusiva de la demandada en la aplicación del decreto 27/89 (v. expte. adm. 2152-29-7065/01).
Expresa que, teniendo en consideración lo laudado, reclamó a la demandada el pago de diferencias salariales pero no obtuvo respuesta, configurando el silencio que lo habilitó a iniciar la presente demanda.
Con esos argumentos, en esta instancia judicial peticiona que se condene a la comuna a ajustar el haber tomando como base del cálculo lo previsto en el art. 6 del decreto 27/89 desde su vigencia y, por consiguiente, a pagarle las diferencias salariales según la liquidación que acompaña, por los períodos diciembre 1989/marzo 1990 hasta diciembre 2001/marzo 2002, con intereses.
Finalmente plantea la imprescriptibilidad del pago de los distintos rubros salariales que reclama.
II. A su turno, el letrado apoderado de la Municipalidad de Mar Chiquita contesta la demanda.
Niega todas las afirmaciones formuladas por el actor y solicita el rechazo de las pretensiones.
Indica que la relación de empleo público que unió a las partes no se rigió por el decreto 27/89. En principio, porque el inicio del vínculo data de 1983 y, luego, porque el régimen legal aplicable resulta del acto de designación y/o la normativa referente al Operativo de Seguridad en Playas por el que fueron afectados los agentes guardavidas.
Agrega que, en caso de silencio, el vínculo debía regirse por la ley 11.757, desde su fecha de publicación. Así, sobre el punto, señala que los últimos decretos de designación del señor Arrigoni se celebraron bajo el régimen de ese Estatuto para el Personal de las Municipalidades, como locación de servicios temporales, siendo consentidos por el interesado.
En lo tocante al laudo arbitral al que se sometió la comuna por ante la Secretaría de Trabajo provincial, aclara que la Municipalidad solo admitió la aplicación de algunos de los artículos del decreto 27/89 (v.gr. , arts. 5, 7, 8, 9, 12 y 13), pero no el art. 6 que hace referencia a la remuneración de base para los guardavidas. Por ello, considera que las diferencias salariales reclamadas que toman como índice para su cálculo los cuatro sueldos mínimos, vitales y móviles establecidos en la mencionada norma, carecen de sustento legal.
Destaca que, de la misma resolución de la cartera laboral provincial apuntada por el actor, surge que el Sindicato de Guardavidas no realizó reclamos sobre lo salarial.
Finalmente, expresa que la aplicación obligatoria de lo laudado regía a partir de la resolución de fecha 20 de febrero de 2001, careciendo del efecto retroactivo que pretende el demandante.
Ofrece prueba y se opone a la producción de la pericial y caligráfica propuesta por ese último.
III. De la documentación acompañada surgen los siguientes elementos útiles:
III.1. Expediente 2152-29-7065/01, Secretaría de Trabajo. Laudo arbitral:
III.1.a. Acta de inspección de 20 de diciembre de 2000, en Santa Clara del Mar, Municipalidad de Mar Chiquita, de la Secretaría de Trabajo en la que se intima a la comuna a adecuar, acorde a lo establecido en la ley 19.587 y los decretos 351/79 y 27/89, los distintos ítems que se detallan (v. fs. 9/15).
III.1.b. Acta de audiencia de 28 de diciembre de 2000 en la Secretaría de Trabajo, Delegación Regional Mar del Plata. Presentes distintos representantes del Sindicato de Guardavidas y funcionarios de la Municipalidad de Mar Chiquita, se deja constancia la reiteración de aspectos consignados en el acta de 20 de diciembre de 2000 a lo que se agrega en ese acto "...la reclamación sobre jornada de trabajo (se laboran 7 horas en lugar de 6) y período de contratación (trabajan 90 días cuando el Dto. 27/89 establece 120 mínimos de contratación)..." (sic). Se establece un cuarto intermedio que se fija el 8 de enero de 2001 (v. fs. 16).
III.1.c. Informe de la Directora de Servicios Turísticos, de 5 de enero de 2001, dirigida a la Secretaría de Trabajo. Da cuenta del cumplimiento parcial de lo intimado en el acta de 20 de diciembre de 2000 (v. fs. 17).
III.1.d. Acta de 8 de enero de 2001 (v. fs. 19). La Municipalidad se compromete a la provisión de distintos elementos faltantes para la tarea de los guardavidas. Solicita junto al Sindicato, de común acuerdo y voluntariamente, que la Secretaría de Trabajo laude en calidad de árbitro sobre los temas controvertidos, acordando los puntos en la siguiente audiencia.
III.1.e. Acta de audiencia de 18 de enero 2001. Las partes suscriben un acta de compromiso arbitral, se designa el árbitro y fijan de común acuerdo que se discuta: 1) indumentaria; 2) finalización de casillas; 3) baños, su limpieza y mantenimiento; 4) elementos de comunicación; 5) botes de rescate; 6) camilla rígida para auxilio y botiquines de primeros auxilios; 7) período mínimo de contratación; 8) jornada de trabajo y 9) adicional por antigüedad (v. fs. 19/22).
III.1.f. Se cierra la etapa probatoria (v. fs. 24) y se pasa a resolver (v. fs. 26).
III.1.g. Laudo arbitral de 21 de febrero de 2001.
Resuelve en su art. 1 que corresponde que la Municipalidad de Mar Chiquita adecue su conducta al estricto cumplimiento de la legislación en vigor (arts. 1.109 y 1.113, Cód. Civil; 75 y concs., LCT; ley 19.587; arts. 1 a 9 y 42 a 49 sigs. y concs., dec. 351/79; 5, 7, 8, 9, 12, 13 y concs., dec. 27/89).
Dice en su art. 2 que debe proveer a los guardavidas la ropa de trabajo, elementos de seguridad y comunicación, construcción de casillas, mangrullos e instalaciones sanitarias adecuadas a la ley 19.587 y los decretos 351/79 y 27/89, botes de rescate, camillas rígidas para traslados y botiquines de primeros auxilios.
Por último, determina en el art. 3 que debe reconocer a los guardavidas el período mínimo de contratación de 120 días; jornada de trabajo de seis horas; pago de horas extras; y adicional por antigüedad, a computar un año por cada temporada (arts. 5, 7 y 9, dec. 27/89).
La Municipalidad de Mar Chiquita se notificó de lo laudado el 26 de febrero de 2001 (v. fs. 38).
III.1.h. A fs. 98/99, teniendo en consideración el laudo, el Intendente resuelve designar personal temporario mensualizado (conf. arts. 12 inc. 2 apdo. "a" y 92, ley 11.757) para cubrir los cargos de guardavidas del Operativo de Seguridad en Playas, desde el 12 de marzo hasta el 8 de abril de 2001.
III.2. Reglamento de Guardavidas, decreto 27/89 (v. fs. 111/115).
III.3. Reclamo administrativo del señor Arrigoni, de 30 de marzo de 2001. Solicita el abono de diferencias salariales (varios rubros) por incumplimiento del decreto 27/89, desde su vigencia, con intereses y el pago de los aportes por dichas variaciones (v. fs. 116/124).
III.4. Solicitud de pronto despacho, de 21 de agosto de 2001 (v. fs. 125/126).
III.5. Libreta de guardavidas (v. fs. 129/135).
III.6. Expediente administrativo 644/2003. El señor Arrigoni inicia reclamo administrativo por reconocimiento de incapacidad, el 5 de diciembre de 2003. Intercambio de cartas documento. Copias de designaciones y resolución de 24 de diciembre de 2001 del secretario de gobierno de la Municipalidad, que dispone la notificación a Arrigoni del examen médico que dio como resultado su falta de aptitud para desarrollar las tareas de guardavidas para el Operativo de Seguridad en Playas, como consecuencia de la dermatitis solar que padecía (v. fs. 275).
III.7. Copias del legajo personal del señor Arrigoni obran a fs. 22/70 del cuaderno actora y 223/288 del principal.
IV. Expuestas las postulaciones de las partes y reseñadas las actuaciones administrativas, corresponde analizar si el pedido de corrección del haber y pago de diferencias salariales solicitado por el actor es arreglado a derecho.
En lo medular, el demandante pretende la actualización del sueldo que percibía como guardavida municipal, mediante la aplicación del art. 6 del decreto 27/89 y, adicionalmente, el cobro de diferentes rubros desde la fecha del laudo y hasta diez años hacia atrás, por aplicación de la prescripción decenal. Ello como resultado del arbitraje al que se sometieron el Sindicato de Guardavidas y la Municipalidad de Mar Chiquita, en enero de 2001.
Por su parte, el municipio aclara que el vínculo que los unió se rigió por las normas del contrato temporal y que el art. 6 del citado decreto no formaba parte de aquella contratación, como tampoco de los puntos a los que se sujetó voluntariamente en el compromiso arbitral.
El conflicto anida, entonces, en determinar el régimen legal aplicable a la relación de empleo que unió a las partes y el alcance del laudo de referencia.
V.1. En cuanto a lo primero, de la certificación de servicios surge que el señor Arrigoni trabajó en la Municipalidad de Mar Chiquita. Ingresó como personal temporario en el cargo de guardavidas a partir del día 15 de diciembre de 1984 (conf. dec. 41/84), siendo recontratado los períodos estivales sucesivos en el mismo cargo y agrupamiento de personal temporario hasta el 8 de abril de 2001, fecha en que cesó en sus funciones por expirar el plazo de la última contratación. La comuna certifica una antigüedad acumulada de cinco años, tres meses y dieciséis días (v. fs. 223/224).
La documentación acompañada prueba las distintas designaciones del actor, conforme las normas locales.
En efecto, se constata de la foja de servicios y las copias de las resoluciones de los sucesivos nombramientos, como también de las notificaciones de tales contrataciones, que el señor Arrigoni -entre otros- fue designado para cubrir el cargo de guardavidas del Operativo de Seguridad en Playas en las temporadas de verano que se desarrollaban desde el 15 de diciembre hasta el 15 de marzo de cada año (v. fs. 237).
Así, por ejemplo, de los períodos 1993/1994 y 1994/1995 las resoluciones, de idéntica redacción, determinan que los derechos, obligaciones y relaciones laborales de los agentes designados se regirán por la ordenanza 160/93 y normas complementarias y que el gasto que demande se imputará a "Personal Mensualizado" del presupuesto de gastos vigente (v. fs. 24, 30, 32 y 51, cuad. act.).
Las posteriores designaciones que obran son mediante decreto 2.461/00, para el período 10 de diciembre de 2000 hasta 11 de marzo de 2001 (v. fs. 257) y decreto 1.206/01, para el período 11 de marzo de 2001 al 8 de abril de 2001 (v. fs. 258). También la libreta de guardavidas registra como última temporada la trabajada desde el 10 de diciembre de 2000 al 8 de abril de 2001 (v. fs. 134 vta.).
La última designación formal del actor probada en la causa, que no consta en la certificación de servicios ni en la libreta, es la dispuesta mediante el decreto 1.638/01, como personal temporario mensualizado conforme la ley 11.757 (arts. 12.2. inc. "a" y 92) para cubrir el cargo de guardavida del Operativo de Seguridad en Playas a partir del 15 de diciembre de 2001 y hasta el 15 de marzo de 2002 (v. fs. 40, cuad. act. y 259, notificación de 11-XII-2001).
No obstante, sobre este contrato se constata que al resultar el actor "no apto" en el examen médico, se dejó sin ejecutar y -por ende- no fue trabajado dicho período. Reclama igualmente su pago en esta instancia.
V.2. Dice el referido art. 92 del ya derogado Estatuto para el Personal de las Municipalidades, que el "Personal temporario mensualizado o jornalizado son aquellos agentes necesarios para la ejecución de servicios, explotaciones, obras o tareas de carácter temporario, eventual o estacional, que no puedan ser realizados con personal permanente de la administración municipal diferenciándose entre sí por la forma de retribución, por mes o por jornal...".
Con reiteración este Tribunal ha sostenido, por mayoría de opiniones, que -como regla- el personal de planta temporaria (v.gr., agentes mensualizados y jornalizados) participa de un status de excepción, no poseyendo más derechos que los previstos, en modo expreso o razonablemente implícito, en el régimen jurídico que ha disciplinado su incorporación y desempeño en la relación de empleo (doctr. causas B. 50.547, "Zaragoza", sent. de 31-V-1988; B. 51.827, "Palacios", sent. de 16-XI-1993; B. 54.512, "Pertusi", sent. de 11-IV-1995; B. 54.753, "Batista", sent. de 12-V-1998; B. 57.364, "Capuano", sent. de 13-VIII-1998; B. 56.876, "Torres", sent. de 24-XI-1999; B. 56.138, "Moya", sent. de 29-VIII-2001; B. 57.741, "Iori", sent. de 18-II-2004; B. 61.215, "Zocchi", sent. de 1-III-2006; B. 57.551, "Portillo", sent. de 19-IX-2007; B. 63.643, "Cieri", sent. de 27-VII-2008; B. 62.513, "Gundín", sent. de 22-X-2008; B. 56.954, "Zorrilla", sent. de 1-VI-2011; e.o.).
Con la documentación acompañada y en función de lo expresado, ha quedado acreditado que el señor Arrigoni fue designado desde su ingreso como personal temporario y que el vínculo se rigió con ese estatus y bajo las condiciones de cada contrato, manteniendo el mismo carácter en los sucesivos nombramientos y hasta su cese.
No hay constancias en las actuaciones de alguna presentación de oposición o muestra de disconformidad del actor a las condiciones de contratación previas a la temporada 2000/2001. Por el contrario, todos los términos de sus nombramientos los consintió.
Por lo demás, es atribución de cada comuna fijar su presupuesto de gastos y recursos (arts. 37, 110 y 118, LOM) y ello incluía, también, la determinación de los salarios del personal (v. arts. 104, ley 11.757 -B.O. de 2-II-199- y 19 inc. "a", con modif. introducidas por ley 11.853, vigente en el período en cuestión; conf. causa B. 61.706, "Blanco", sent. de 18-II-2009).
V.3.a. Ahora bien, lo central del caso se da durante la ejecución del contrato para el período 2000/2001.
Como se adelantó, ante los reclamos del Sindicato de Guardavidas, con fecha 20 de diciembre de 2000 la Dirección de Inspección Laboral de la Secretaría de Trabajo de la Provincia realizó una constatación de las condiciones laborales, constructivas y de seguridad en los balnearios dependientes de la Municipalidad de Mar Chiquita, lo que derivó finalmente en un arbitraje (expte. 2152-29-7065/01).
En efecto, con fecha 20 de diciembre de 2000 se llevó a cabo dicho reconocimiento y, al comprobar inobservancias al régimen legal aplicable, la Secretaría de Trabajo intimó a la comuna para que adecúe el estado y las medidas de seguridad de los balnearios (v. fs. 52/58, expte. 2152-29-7065/01).
Como consecuencia de la intervención, se abrió una instancia administrativa para la resolución del conflicto entre las partes (Municipalidad y Sindicato de Guardavidas) ante dicha Secretaría.
En la primera citación, de 28 de diciembre de 2000, luego de la presentación del informe de la comuna sobre las medidas hasta ahí dispuestas, el sindicato solicitó y sumó a los reclamos tratados en el acta de inspección, la consideración sobre la jornada de trabajo (de seis horas en lugar de siete) y sobre el establecimiento de un período mínimo de contratación de ciento veinte días, a efectos de computarlo como un año a los fines de la antigüedad (v. fs. 59).
En la siguiente audiencia, de 8 de enero de 2001, la apoderada municipal informó sobre lo efectuado para cumplir con lo intimado y, en respuesta al traslado, el representante de los guardavidas reclamó la aplicación del decreto 27/89 en su totalidad.
En ese estado las partes solicitaron una nueva audiencia para los temas considerados y acordaron "...para el supuesto de controversia que la Secretaría de Trabajo en calidad de árbitro laude sobre los temas controvertidos, proponiendo en la audiencia a realizarse los puntos a arbitrar" (fs. 62).
V.3.b. La ley 10.149 (B.O. de 3-V-1984), que asigna las atribuciones y funciones a la ex Subsecretaría de Trabajo (hoy Ministerio de Trabajo), establece en el art. 24 que, una vez aceptado el ofrecimiento para someter el diferendo al arbitraje, las partes suscribirán un compromiso que contendrá el nombre del árbitro, los puntos en discusión, pruebas que se ofrecerán y, en su caso, términos para producirlas y el plazo dentro del cual deberá laudarse.
El 18 de enero de 2001 las partes suscribieron un acta otorgándole el carácter de compromiso arbitral, en los términos de la referida norma.
Así, fijaron "...de común acuerdo: en discusión: 1° indumentaria, 2° finalización de casillas
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