Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 63241
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 63.241, "Castagno Monge, Hugo Miguel contra Municipalidad de Morón. DCA", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Torres.
Hugo Miguel Castagno Monge, por su derecho, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Morón solicitando la anulación de los decretos 1.179/00 y 1.778/00, dictados el 25 de agosto de 2000 y el 23 de septiembre de 2000 respectivamente.
Por el primero de los actos impugnados, el Intendente decretó la reestructuración general de la Secretaría de Economía y Finanzas del Municipio de Morón, a cuyo efecto dispuso la disponibilidad absoluta de la totalidad de los agentes de planta permanente de esa dependencia, entre quienes se encontraba el aquí actor. Por el segundo, el señor Castagno Monge, entre otros, fue declarado prescindible en los términos del art. 9 inc. "b" de la ley 11.757.
Como consecuencia de la nulidad de los mencionados decretos, el demandante solicita su restitución a la planta municipal, un resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos y el cobro de los haberes dejados de percibir.
Peticiona también el dictado de una medida cautelar que suspenda la ejecutoriedad de los actos atacados. Esta última fue desestimada por el tribunal mediante resolución de fecha 31 de octubre de 2001 (v. fs. 110).
Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Municipalidad de Morón que, a través de su representante legal, contesta la demanda solicitando su rechazo.
Junto a su argumentación de fondo, introduce ciertas defensas obstativas a la admisibilidad de la demanda relativas a aquello que denomina como "la falta de agotamiento de la vía administrativa" y el consentimiento de los actos aquí impugnados.
Agregadas las actuaciones administrativas, los cuadernos de prueba de ambas partes y habiendo hecho uso del derecho de alegar solo la parte demandada, la causa se encuentra en estado de dictar sentencia, razón por la cual la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la pretensión anulatoria?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Relata el actor que ingresó a trabajar a la Municipalidad de Morón con fecha 15 de enero de 1992, mediante designación por decreto 483/92, en el agrupamiento del personal administrativo clase IV.
Señala que luego de ocho años de trabajo, sin observarse en su legajo sanción alguna, fue puesto en disponibilidad junto con otros agentes de planta permanente mediante decreto del Poder Ejecutivo (1.179/00) motivado en lo que define como "presunta reestructuración" de la Secretaría de Economía y Finanzas, conforme el art. 9 de la ley 11.757 en tanto alega que las causas invocadas resultan aparentes.
Indica que en realidad no se suprimieron cargos ni tampoco hubo explicaciones de cuáles eran las funciones superpuestas para tomar aquella medida, sino que se trató de lo que denomina una "caza de brujas" y un acto preparatorio para el decreto 1.778/00, que también ataca, para dejar cesantes o prescindibles a cuarenta y cuatro agentes, todos afiliados y de militancia en el Partido Justicialista de Morón.
En consecuencia, denuncia el desvío de poder y la mala fe en la actuación de la autoridad interviniente. Acompaña, a modo de ejemplo, el decreto 1.067/00 mediante el cual se efectuaron designaciones de personal días previos a disponerse la reestructuración y la disponibilidad de los agentes de la Secretaría de Economía y Finanzas.
Reclama -tras la anulación de los actos impugnados- su reincorporación y el pago de una indemnización por el daño material, moral y psicológico, así como la totalidad de los salarios dejados de percibir.
II. La Municipalidad al contestar la demanda niega todo lo expresado por el demandante.
II.1. Explica como realidad de los hechos que por decreto 677/92 se aprobó la estructura orgánica y funcional de la Municipalidad de Morón. Posteriormente por los decretos 1.427/99, 1.439/99 y 613/00 se estableció la estructura organizativa provisoria ante la necesidad de impulsar una reforma profunda tendiente a ordenar, reasignar y legitimar las misiones y funciones de las áreas que componen la estructura administrativa del municipio en beneficio de una administración ágil, eficiente, eficaz y transparente.
Indica que con tal fin se creó el Programa de Modernización y Transparencia del Estado municipal, dependencia que tendría a su cargo la evaluación de la estructura del municipio y el funcionamiento de cada una de las áreas. De esos estudios se constató que había superposición de funciones entre diversas áreas integrantes de la Secretaría de Economía.
Por ello, el Intendente dispuso la reestructuración de la Secretaría de Economía y Finanzas a través del decreto 1.179/00 y sus similares dictados con posterioridad (decs. 1.211/00, 1.333/00 y 1.664/00) en los que se ajustaron los cargos a las necesidades operativas de la Secretaría de Economía y Finanzas.
Así, se reubicó a todos los agentes en la nueva estructura municipal, declarándose prescindibles a aquellos que no pudieron ser reubicados al finalizar los días establecidos normativamente para su disponibilidad. Todo ello de conformidad con las facultades otorgadas por el art. 9 inc. "b" de la ley 11.757.
De tal modo plantea que se trata de un caso de supresión de cargo por reestructuración, dispuesto conforme las atribuciones previstas en la ley Orgánica de las Municipalidades (art. 108 inc. 9, dec. ley 6.769/58) y en el Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia (art. 9 inc. "b". apdo. 2, ley 11.757), entonces vigente.
Conforme las normas citadas, explica que el poder ejecutivo municipal se encuentra facultado para decidir la supresión de cargos o funciones en el marco de una reestructuración general o sectorial de dependencias pertenecientes a la Administración central o descentralizada, pudiendo disponer la disponibilidad de los agentes por no más de noventa días y, si al momento de finalizar ese período el agente no ha sido reubicado, proceder a declarar su cese con derecho al cobro de una indemnización.
II.2. En particular, aclara que el señor Castagno Monge presentó con fecha 4 de enero de 2001 una nota en la que se notificó del decreto de cese, consintió expresamente la liquidación de la indemnización practicada por la autoridad administrativa con arreglo a lo previsto en el art. 24 de la ley 11.757, solicitó que se procediera a su pago y en ese mismo acto dejó expresa constancia de que una vez percibida la totalidad de las cuotas estipuladas, nada más tendría que reclamar de la relación de empleo. Además, en la misma presentación, desistió de todo reclamo administrativo anterior al dictado de los decretos 1.179/00 y 1.778/00.
Afirma que, como consecuencia de ello, el actor percibió la totalidad de las cuotas comprensivas de la indemnización prevista para los casos de supresión de cargo y función, sin formular reserva alguna (arts. 9 y 24, ley 11.757).
Con fundamento en tales hechos, la demandada aduce que el reclamo judicial no tiene base material ni jurídica para que prospere. Es así que solicita su rechazo con sustento en la teoría de los actos propios, entendiendo que el exagente consintió los decretos en cuestión y, además, desistió expresamente del reclamo que ahora pretende reeditar.
II.3. Adicionalmente, plantea como impedimento a la admisibilidad de la demanda la falta de agotamiento de la vía administrativa. Alega que no existe un acto definitivo en condiciones de ser impugnado judicialmente toda vez que el actor reconoce haber recibido el día 25 de noviembre de 2000 en su domicilio una copia del decreto 1.778/00 y recién interpuso el recurso de revocatoria contra este el día 21 de diciembre de 2000; es decir, una vez vencido el término para hacerlo. Por otro lado, indica que el acto que dispuso su disponibilidad -el decreto 1.179/00 que es antecedente y presupuesto necesario de la medida de cese finalmente adoptada- no fue cuestionado previamente, quedando firme dicha decisión (v. fs. 128 in fine /129 vta.).
II.4. Concluye así que no ha existido arbitrariedad alguna en la actuación de la Administración municipal, quien con fecha 17 de junio de 2001, mediante la orden de pago 2.994, procedió a cancelar la liquidación consentida por el actor.
Con base en tales argumentos, solicita se rechace la demanda.
III. De los expedientes administrativos antecedentes y de la documentación acompañada por las partes, surge la siguiente información útil para resolver:
III.1. Por medio del decreto 1.179 de 25 de agosto de 2000, el Intendente del Partido de Morón ordenó la reestructuración general de la Secretaría de Economía y Finanzas de la comuna, a cuyo efecto suprimió sus Direcciones, Departamentos y Divisiones previstos en los decretos 257/95, 1.286/95, 320/97, 223/98, 1.045/98, 1.427/99 anexo IV, 1.439/99 anexo IV, y toda otra norma relativa a estructura, misiones y funciones de la Secretaría hasta esa fecha. En consecuencia, quedaron disueltos todos los cargos pertenecientes a la Secretaría con excepción de los que se encontraban desempeñando cargos electivos y/o usufructuando licencia gremial conforme la ley 23.551 (arts. 1 y 2).
En virtud de ello, decretó la disponibilidad absoluta de la totalidad de los agentes de planta permanente pertenecientes a dicha Secretaría, entre ellos el actor, por noventa días desde la notificación conforme el art. 9 inc. "b" apartado 2 del Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, ley 11.757.
Dispuso que el Departamento Ejecutivo podría reasignar el destino del personal o reubicarlo, incluso en agrupamientos distintos a aquel en el que se encontrare. El personal que no hubiera sido reubicado al finalizar la situación de disponibilidad absoluta sería declarado prescindible en los términos de la ley 11.757.
A los agentes que fueran declarados prescindibles y se encontraren sometidos a sumario administrativo, se les diferiría el pago de la indemnización prevista en el art. 24 inc. 2 de la ley 11.757 (art. 3).
Determinó también que la comisión de servicio que fuera desempeñada por agentes de la Secretaría, caducaba con el pase a disponibilidad dispuesto (art. 5).
Creó en el ámbito de la Dirección de Recursos Humanos, la Unidad de Necesidades Operativas que tendría a su cargo la organización de registros de personal en disponibilidad, de personal en comisión de servicio y de necesidades de cada área. La Dirección de Recursos Humanos propondría al Departamento Ejecutivo la reubicación de personal de acuerdo a las necesidades operativas e información que surja de los registros a su cargo (art. 6).
El personal en disponibilidad y en comisión de servicios pasaría a depender de la Unidad de Necesidades Operativas (art. 8).
Aprobó la nueva estructura orgánico funcional de la Secretaría de Economía y Finanzas del municipio (Anexo C, art. 13).
Implementó en el área de la Secretaría la organización provisoria de cargos administrativos que regiría por noventa días y reubicó a determinados agentes de la planta permanente (arts. 15 y 16).
Por medio del art. 20 ordenó efectuar una auditoría de los legajos del personal de planta permanente de dicha Secretaría a cargo de la Dirección de Recursos Humanos con la asistencia de la Dirección de Legal y Técnica y del Programa de Modernización y Transparencia del Estado municipal (v. fs. 52/93, exp. jud.).
III.2. Por su parte, el decreto 1.778 de 23 de noviembre de 2000 aprobó la Organización Definitiva de Cargos Administrativos (Anexo A, v. fs. 77), reubicó a algunos agentes de planta permanente (arts. 1 y 2, v. fs. 78) y declaró la prescindibilidad o cesantía de otros (Anexo E, v. fs. 81); entre ellos, el actor, a quien se lo declaró prescindible a partir del vencimiento de los noventa días corridos contados desde la notificación del decreto 1.179/00 (v. fs. 46/51, exp. jud.).
III.3. El señor Castagno Monge presenta como prueba documental un escrito de fecha 13 de diciembre de 2000 (con sello de recepción en la Municipalidad de Morón del día 14-XII-2000), por el que afirma conocer el contenido del decreto 1.778/00 desde el 25 de noviembre de ese año y pide precisiones acerca de las medidas y fundamentos causales del cese que lo alcanzan (v. fs. 3, exp. jud.).
III.4. El expediente administrativo 4079-21168 se inicia con el recurso de revocatoria presentado por el actor el 21 de diciembre de 2000.
III.4.a. Allí se agravia de lo resuelto por el decreto 1.778/00 y dedica un pasaje a los perjuicios experimentados con la vigencia del decreto 1.179/00, respecto del cual afirma haber interpuesto una acción recursiva pendiente de decisión (v. fs. 1/4, exp. adm. cit.).
III.4.b. La Dirección de Legal y Técnica, previo a expedirse, solicita al área contable respectiva un informe sobre el estado del pago de la indemnización por prescindibilidad. No obstante, adelanta que el recurso será tratado como denuncia de ilegitimidad. Para concluir acerca de la extemporaneidad del remedio intentado, considera que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 7 del acto administrativo en cuestión, el mismo entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su dictado -23 de noviembre de 2000-, con independencia de su notificación (v. fs. 6).
III.4.c. La Dirección de Recursos Humanos adjuntó una copia del escrito presentado por el actor el 4 de enero de 2001 en el que consiente la liquidación y pide el pago de la indemnización por prescindibilidad. Allí declara que una vez cancelada la deuda nada más tendría para reclamar a la Municipalidad en virtud de los decretos 1.179/00 y 1.778/00, y que desistiría de todo pedido efectuado con anterioridad (v. fs. 9 y 10, exp. adm. cit.).
III.4.d. La Dirección de Legal y Técnica, luego de reiterar que trataría la presentación impugnatoria como denuncia de ilegitimidad, dictaminó que devenía abstracta la cuestión a tratar dado que el agente había percibido la indemnización y desistió de todo reclamo (v. fs. 11, exp. adm. cit.). Indicó que, si era compartida la opinión, el Intendente podía ordenar el archivo de las actuaciones. Y así lo dispuso el jefe comunal el 26 de abril de 2001 (v. fs. 13, exp. adm. cit.).
III.4.e. Encontrándose el expediente en el archivo, el agente solicitó el pronto despacho de las actuaciones (v. escrito de 25-VI-2001 a fs. 14). La Dirección Legal y Técnica dictaminó reiterando su opinión (v. fs. 17).
III.4.f. El Intendente ordenó la notificación al interesado de lo dictaminado por el área legal (v. fs. 19).
El 27 de noviembre de 2001, el señor Castagno Monge solicitó vista de las actuaciones y copia de lo actuado (v. fs. 19).
Dable es destacar que, para ese entonces, ya se hallaba en trámite el presente proceso cuya demanda fue presentada el 4 de octubre de 2001 (v. fs. 107 vta., exp. jud.).
IV.1. Detalladas las postulaciones de las partes y reseñadas las actuaciones administrativas, observo inicialmente que la comuna hace referencia a la falta de agotamiento de la vía administrativa.
Si bien tal planteo no podría tener una acogida favorable, dado que no hay constancia de la notificación del decreto 1.778/00, como tampoco consta resolución final sobre las presentaciones del actor de los días 13 y 20 de diciembre de 2000 (de hecho se configuró el silencio para ingresar a esta instancia), lo cierto es que estas cuestiones quedan relegadas de conformidad con el expreso consentimiento del obrar administrativo al que me referiré seguidamente.
IV.2. Aclarado ello, cabe adentrase en los contornos sobre los que habrá de definirse el destino del presente pleito.
El representante del municipio, al contestar la demanda, argumenta que con fecha 4 de enero de 2001 el señor Castagno Monge presentó una nota en la que se notificó del decreto de cese, consintió expresamente la liquidación practicada por la autoridad administrativa por aplicación del art. 24 de la ley 11.757, solicitó el pago de la indemnización respectiva y dejó expresa constancia de que, una vez percibida la totalidad de las cuotas estipuladas, nada más tendría que reclamar.
La aludida nota, dice textualmente: "...en mi carácter de exagente municipal (legajo n° 10525400) y habiéndose decretado mi cesantía por el decreto n° 1778/00 del 23/11/00, me dirijo a Ud. a efectos de notificarme y consentir expresamente la liquidación practicada por la Dirección de Recursos Humanos a fs. 1 y proceder al pago de la indemnización prevista en el art. 24 de la ley 11.757, la cual solicito se me abone en seis (6) cuotas consecutivas. Dejo expresa constancia de que, una vez percibida la totalidad de las cuotas estipuladas, nada más tengo que reclamar a la Municipalidad de Morón en virtud de los decretos 1179/00 y 1778/00, ni por ningún otro concepto derivado de la relación de empleo mantenida. Asimismo, desisto de todo reclamo administrativo efectuado con anterioridad. Fdo. Hugo Miguel Castagno Monge. DNI 4.525.310)" (fs. 9, expte. 4079-21168/2000).
Ese elemento de juicio debe ser analizado junto a las planillas de pago de las seis cuotas de la indemnización acordada en las que se observa la sola firma del actor, sin que hubiera efectuado algún tipo de aclaración o manifestación de disconformidad (v. fs. 20, 27, 80, 95, 131 y 145 de las órdenes emitidas de diciembre a mayo -expte. adm. 4079-21168/2000-).
Además, de la copia del legajo del exagente Castagno Monge surge la emisión de las órdenes de pago y montos de la indemnización (v. fs. 11/16). La última de ellas está fechada el 2 de julio de 2001 y da cuenta que se ha cancelado la totalidad de la deuda.
En tales condiciones, la Dirección Legal y Técnica del municipio se expidió sobre las presentaciones del agente dictaminando que resultaba abstracto pronunciarse sobre el recurso deducido a la luz de los términos empleados en la nota de desistimiento suscripta por el señor Castagno Monge. Fue así que el Intendente municipal hizo suya la opinión vertida en el referido informe legal y ordenó el archivo de las actuaciones (v. fs. 1/4, 6, 9, 11, 13, 14, 17 y 19, exp. adm. cit.).
IV.3. Lo actuado en sede administrativa no deja lugar a dudas acerca de que el actor ha prestado expresa conformidad con el obrar de la comuna, lo que implica el sometimiento del señor Castagno Monge a lo previsto en el régimen jurídico aplicable al caso (arts. 9 inc. "b". apdo. 2 y 24 inc. 2, ley 11.757) e impide demandar válidamente la nulidad de un acto administrativo que fue consentido deliberadamente por él en la etapa administrativa (art. 35 inc. 1 apdo. "f" de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
La clara manifestación de voluntad efectuada por el actor a fs. 9 de las actuaciones administrativas, evidencia su aprobación con el obrar de la comuna, sellando la suerte adversa de la pretensión. Para más, cabe señalar que según surge de fs. 20, 27, 80, 95, 131 y 145, el demandante percibió la totalidad de la indemnización con anterioridad al inicio del proceso.
Sobreabundaría, dado el incontrovertible modo en que se ha configurado el pleito, ahondar en las razones que impiden el progreso de la acción, pues el ordenamiento jurídico no ampara aquel obrar que contradiga la propia conducta deliberada, de relevancia jurídica y plenamente eficaz. En reiteradas oportunidades este Tribunal ha sostenido que, en función de la doctrina de los propios actos, cabe desestimar aquellas pretensiones contradictorias con la conducta pasada del pretensor (doctr. causas B. 58.169, "Kissner", sent. de 7-V-2003; B. 52.636 y B. 54.508 (acumuladas), "Cálix S.A.", sent. de 12-IV-2006). El fundamento de ese postulado, como he recordado, no es otro que promover el cumplimiento del deber de coherencia del comportamiento jurídicamente relevante (cfr. Diez-Picazo y Ponce de León, Luis, La doctrina de l
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