Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 57667
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de sentencia definitiva en la causa B. 57.667, "Roqueiro, Daniel Sabas c/ Municipalidad de La Matanza s/ DCA", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Torres, Carral.
I. Este Tribunal, mediante la sentencia dictada el 9 de septiembre de 2009, hizo lugar parcialmente a la demanda, disponiendo la anulación del decreto municipal 1.942/93, condenando a la Municipalidad de La Matanza a restablecer al actor en el cargo y función que ocupaba al tiempo de disponerse la medida segregativa declarada ilegítima y a dictar, dentro de los sesenta días, un nuevo acto administrativo que pusiera fin a la investigación sumarial.
En aparente cumplimiento de ello, la Comuna dictó el decreto 2.373, de fecha 30 de septiembre de 2011, reincorporando al señor Daniel Sabas Roqueiro a la planta municipal con carácter provisorio -hasta tanto se resolviera definitivamente el sumario- a partir del 1 de septiembre del mismo año (v. fs. 367).
II. Luego de intimada para que ejerciera debidamente la potestad disciplinaria, la Municipalidad adjuntó copia del decreto 2.764 de fecha 31 de agosto de 2015, de donde resultaba la baja del agente para acogerse a la jubilación a partir del día 30 de julio de 2015. Trámite que, posteriormente, fue denegado por el Instituto de Previsión Social (IPS), al no hallarse cumplimentados los años de aportes necesarios para acceder a dicho beneficio, ni tampoco reunir las condiciones para gozar de aquel en razón de su edad avanzada.
A través de la resolución de 25 de junio de 2021, este Tribunal intimó a la Municipalidad de La Matanza para que acreditara la conclusión del procedimiento sumarial instruido en el expediente n° 22.869/90 (v. expte. n° 14.853/12).
Como consecuencia de ello, la demandada dictó con fecha 8 de julio de 2021 el decreto 1.541, por el que nuevamente declaró cesante al agente Roqueiro "...por hallarse incurso en las prescripciones del art. 106 inc. 'f', art. 34 inc. a), i) de la Ordenanza 7.745 (hoy, art. 107, inc. 3 y 7; art. 104, inc. a, b, l de la Ley 14.656), pasible de la sanción prevista en el art. 105, apartado II..." (sic) de la misma norma, vigente al momento de los hechos.
Conferido traslado al actor, este impugnó la sanción aplicada por considerar que se ha incumplido con la sentencia dictada en autos.
Solicitó como medida cautelar la inmediata reincorporación al cargo y función que desempeñaba, además de la suspensión de la medida expulsiva decretada. Planteó, también, la prescripción de la potestad disciplinaria y reclamó el inmediato pago del rubro resarcitorio junto a la integración de los aportes previsionales.
III. Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia (v. fs. 429), la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Se ha extinguido la potestad disciplinaria de la Administración?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Procede el pago de la totalidad de los salarios caídos?
En caso negativo:
3ª) ¿En qué medida corresponde resarcir el daño material?
4ª) ¿Qué pauta corresponde tomar para el cálculo del porcentaje fijado en la cuestión anterior?
5ª) ¿Es procedente la pretensión de pago de los aportes previsionales omitidos?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. En la sentencia dictada el 9 de septiembre de 2009, esta Corte hizo lugar parcialmente a la demanda, lo que implicó: i) anular el decreto municipal 1.942 de fecha 12 de noviembre de 1993; ii) condenar a la Municipalidad de La Matanza a reincorporar al señor Roqueiro en el cargo y función que ocupaba al tiempo de disponerse la medida segregativa declarada ilegítima y iii) ordenar a la demandada a que dicte un nuevo acto administrativo que ponga fin a la investigación sumarial dentro del término de sesenta días (v. fs. 336/353).
I.2. Mediante el decreto 2.373/11 y en aparente acatamiento de la sentencia, el municipio demandado dispuso reincorporar al señor Roqueiro, con carácter provisorio, a partir del 1 de septiembre de 2011 (v. fs. 367). Ello, hasta tanto se resuelva definitivamente el sumario iniciado, mediante el dictado de un acto administrativo debidamente motivado.
I.3. Contra la reincorporación, el demandante interpuso recurso de revocatoria, agraviándose del carácter transitorio de aquella (v. fs. 390).
Al pasar el expediente a la Asesoría letrada, este organismo solicitó que -previo a expedir su opinión- se pronunciara la Dirección de Personal acerca de si el agente en cuestión reunía los requisitos para acceder a algún beneficio jubilatorio (v. fs. 395).
En cumplimiento de ello, el área técnica respectiva comunicó que el señor Roqueiro (legajo n° 1.580) presentaba una antigüedad en el empleo de 29 años, 4 meses y 14 días. Precisó que su primer ingreso databa del 1 de abril de 1966 y su cese del 12 de noviembre de 1993. Destacó que a partir del 1 de septiembre de 2011 reingresó a los cuadros municipales (v. fs. 395 vta.).
I.4. Considerando los años de servicio informados, la Asesoría letrada dictaminó con fecha 1 de junio de 2013. Allí puso de relieve que el agente tenía 67 años de edad y que el tiempo transcurrido entre el dictado del decreto 1.942/93 -que fuera anulado por esta Corte- y su reincorporación, era de 17 años, 9 meses y 19 días, período durante el cual no se devengaron aportes previsionales.
Por ese motivo, al no hallarse cubiertos los años necesarios como para acceder al beneficio jubilatorio ordinario, correspondía dar curso favorable al recurso de revocatoria planteado por el agente; dictar el acto administrativo conclusivo de las actuaciones sumariales fundado en la prescripción de la potestad disciplinaria y resolver el pago de los aportes por el período de inactividad del actor, considerando para ello que ese rubro había sido reclamado en la demanda (v. fs. 391 vta./392 vta.).
En línea con lo dictaminado, adjuntó un proyecto de acto administrativo que contemplaba tal solución (v. fs. 396/397).
I.5. Transcurridos más de dos años y luego de presentados reiterados pedidos de pronto despacho por parte del interesado, el Intendente municipal dictó el decreto 2.764 de fecha 31 de agosto de 2015, disponiendo el cese del señor Roqueiro con fines jubilatorios (v. adjuntos a la presentación de fecha 23-VIII-2020).
I.6. Sin embargo, a través de la resolución 852.312 de fecha 3 de noviembre de 2016, el directorio del IPS le denegó al aquí demandante el beneficio de jubilación ordinaria, por no reunir la cantidad de años de servicios con aportes, ni contar con la edad necesaria para percibir la prestación prevista alternativamente por edad avanzada (v. fs. 403 vta.).
El señor Roqueiro planteó la revocatoria de ese acto, solicitando para ello que se computaran los años en los que estuvo ilegítimamente separado de su empleo y cuyos aportes debían ser integrados -de acuerdo a su oportuna petición- por la Municipalidad empleadora (v. dictamen de la Asesoría General de Gobierno que da cuenta de ello en archivo adjunto a la presentación de fecha 10-IX-2020).
I.7. El 10 de septiembre de 2020 se presentó en el juicio denunciando que la Comuna lo obligó a formular su renuncia para acogerse al beneficio jubilatorio y que, posteriormente, el organismo previsional rechazó la prestación requerida por falta de aportes, tal como lo había advertido el organismo asesor del municipio. Por lo que solicitó a este Tribunal que se conminara a la Municipalidad de La Matanza a dar efectivo cumplimiento de la manda judicial dispuesta en la sentencia, ordenándose el reconocimiento de los aportes y los haberes caídos actualizados hasta la fecha del efectivo pago, haciendo reserva de reclamar los daños y perjuicios sufridos (v. presentación de fecha 10-IX-2020).
I.8. En ese estado, mediante resolución de 25 de junio de 2021, esta Corte intimó a la Municipalidad demandada a que acreditara en autos la conclusión del procedimiento sumarial seguido contra el actor.
I.9. El día 15 de julio de 2021 se presentó el apoderado del municipio denunciando el dictado del decreto 1.541 de fecha 8 de julio de 2021 -cuya copia adjuntó-, mediante el cual el Intendente municipal declaró, una vez más, la cesantía del señor Roqueiro, dando así por concluido el sumario administrativo del expediente n° 22.869/90.
Para así hacerlo, reiteró que, con su conducta, el actor había incumplido con los deberes de su cargo, ocasionando un grave riesgo a la seguridad pública ( i.e. la deficiente supervisión de las obras de bacheo y sellado de juntas en determinadas calles del municipio). Para la graduación de la sanción, consideró como agravante los antecedentes de medidas correctivas previamente aplicadas al agente y deslizó -aunque admitiendo no poder acreditarlo fehacientemente- actos de corrupción y connivencia con los contratistas de tales trabajos (v. fs. 420/422).
I.10. Conferido traslado de las alegaciones de la demandada y de la nueva documentación, el actor solicitó la nulidad del nuevo acto segregativo, por considerar que se halla viciado en sus elementos esenciales y violar garantías constitucionales básicas.
Aunque, además, puso de relieve que la demandada dictó el acto conclusivo del sumario luego de doce años de pronunciada la sentencia que ordenara el reenvío, en claro incumplimiento del plazo razonable para decidir, por lo que pide que se declare la caducidad del procedimiento además de la prescripción de la potestad disciplinaria.
Interinamente, reclamó el dictado de una medida cautelar consistente en la suspensión del acto cuestionado y su consecuente reincorporación al cargo y función desempeñado hasta el momento de la baja. Fundamenta su petición en la delicada situación en que se encuentra desde el rechazo del beneficio previsional sin obtención de ingresos o cobertura de obra social, que padece enfermedades y que ha alcanzado una avanzada edad (v. presentación de fecha 27-VIII-2021, 17:20:22 hs.).
II. De la reseña de antecedentes efectuada, se desprende que la cuestión a resolver consiste en determinar si la autoridad municipal ha ejercido la potestad disciplinaria siguiendo las pautas establecidas en la sentencia de autos.
El demandante cuestiona la regularidad del obrar administrativo por diversos argumentos que pueden sintetizarse en los siguientes: (i) arbitrariedad del cese decretado con fines jubilatorios cuando era evidente que no cumplía con los requisitos necesarios para obtener un beneficio de esa naturaleza; (ii) vicios en el nuevo acto sancionatorio que determinarían su invalidez y (iii) prescripción de la potestad disciplinaria.
II.1.a. De acuerdo al orden lógico que corresponde adoptar para el abordaje de los embates del actor, iniciaré por el planteo respecto al tiempo transcurrido desde el dictado de la sentencia hasta la emisión del segundo acto expulsivo.
Al respecto, es dable señalar que las medidas disciplinarias tienen por objeto establecer el orden y buen desempeño en las relaciones de empleo público y de servicio, en general, con el objeto de asegurar el debido cumplimiento de los deberes funcionales.
Esa es la razón por la cual, en supuestos como el de autos, se fija un plazo determinado para llevar adelante la ejecución de la sentencia, a efectos de establecer una limitación temporal con la finalidad de no prolongar indefinidamente el estado de incertidumbre generado con posterioridad a la declaración de ilegitimidad del acto que dará lugar a un nuevo pronunciamiento de la autoridad administrativa.
No se trata de un plazo de caducidad o prescripción, legalmente tasado, cuyo vencimiento determina inexorablemente la pérdida de la potestad disciplinaria. Involucra, en rigor, un plazo procesal ordenatorio que procura llevar adelante la ejecución de la sentencia en un tiempo prudencial, evitando que la autoridad demandada incurra en dilaciones injustificadas o en una actitud contumaz en el cumplimiento de la manda judicial (v. mi voto en causa B. 66.669, "Juárez", sent. de 29-VIII-2018).
II.1.b. En la sentencia de autos, como se dijo, se otorgó un plazo de sesenta días a fin de que el Intendente municipal de La Matanza ejerciera su potestad disciplinaria por medio del dictado de un nuevo acto administrativo.
Especial relevancia para decidir esta cuestión reviste el hecho de que, con fecha 30 de septiembre de 2011, la demandada dispuso la reincorporación del agente Roqueiro a la planta municipal y fue recién con fecha 8 de julio de 2021 que impuso la nueva sanción expulsiva, provocando a partir de allí la conclusión del sumario administrativo (v. decretos 2.373/11 a fs. 367 y 1.541/21 a fs. 420/421, respectivamente).
Fácil es advertir, entonces, que la nueva sanción de cesantía fue aplicada luego de doce años de dictada la sentencia por este Tribunal y a casi diez de haber sido el actor reincorporado como efecto de esa misma condena. Ello se traduce en un accionar administrativo irrazonable, por hallarse notablemente excedido el plazo dentro del cual la demandada debía cumplimentar la condena (doctr. causas B. 59.122, "Huertas Díaz", sent. de 21-V-2008; B. 57.981, "Cárcamo", sent. de 31-X-2016; e.o.).
II.1.c. A lo indicado me permito añadir la cuestionable motivación del último decreto 1.541/21, que a primera vista se basa en los mismos hechos que el anterior 1.942/93, pero agrega para justificar la sanción expulsiva (y no la correctiva de veinte días de suspensión recomendada en el sumario) una no acreditada -así se lo reconoce en los considerandos (v. fs. 420 vta.)- complicidad y actos de corrupción entre el actor y diversos contratistas de obras públicas.
II.2.a. Sentado lo principal y con evidentes implicancias en el remedio judicial a disponerse, no puede soslayarse el hecho de que, al momento de la emisión de la segunda decisión sumarial también segregativa, el señor Roqueiro ya no se hallaba al servicio del municipio. Precisamente, porque a partir del día 30 de julio del año 2015 el Intendente municipal había resuelto su baja con el fin de que el IPS le otorgara un beneficio de los previstos en el régimen del decreto ley 9.650/80 (v. dec. 2.764 de fecha 31 de agosto de 2015 como archivo adjunto a la presentación del día 23 de agosto de 2020).
Esto en principio se erige en una causa impediente para el ejercicio de la potestad disciplinaria, la que se vio extinguida por ausencia de vínculo de empleo que le diese origen y fundamento (doctr. causas B. 51.319, "Tribiño", resol. de 16-XI-1993; B. 57.994, "Lucini", sent. de 14-V-2003; e.o.).
II.2.b. Es cierto que de acuerdo con lo establecido tanto en el art. 170 bis inc. "b" de la ordenanza 7.745 sobre "Estatuto para el personal de la Municipalidad de La Matanza", como en el art. 69 inc. "b" de la ley 11.757 -que guiaron el procedimiento sumarial-, la extinción de la potestad disciplinaria por desvinculación del agente se hallaba condicionada a que la sanción que correspondiere en el sumario pendiente de decisión pudiera modificar la causa del cese.
Sin embargo, no obstante que ninguna reserva se hizo en el acto respectivo, nuevamente el tiempo transcurrido desde la desvinculación dispuesta con fines jubilatorios (año 2015) y el dictado del decreto que puso fin al sumario (año 2021), denota el abandono del procedimiento disciplinario por parte de la Municipalidad demandada, con el consecuente incumplimiento de su deber de decidir en tiempo propio según las pautas fijadas en la sentencia de 9 de septiembre de 2009.
II.2.c. En tales condiciones, no pasa inadvertido el estado de incertidumbre y desamparo en que se halló sumido el actor luego de dictada la sentencia, toda vez que habiéndose declarado la nulidad del acto expulsivo primigenio y ordenada la reincorporación a su empleo, fue dispuesto su reingreso al cabo de dos años de impartida esa condena para cinco años luego ser cesado con fines jubilatorios en circunstancias comprobadas de que no alcanzaría a reunir los requisitos para la obtención del beneficio. Y mucho más tarde, nuevamente, sujeto a una sanción que a la postre le podría impedir cumplir con los años de aportes requeridos para acceder a la anhelada prestación previsional.
III. En suma, dado que en el caso se produjo la desvinculación del actor como agente público de la Municipalidad de La Matanza con el fin de que obtuviera un beneficio jubilatorio y, siendo que con anterioridad a esa fecha la Comuna demandada no ejerció su poder de sancionar en tiempo propio ni de acuerdo a las bases sentadas en la sentencia condenatoria de autos, corresponde anular el decreto 1.541 de fecha 28 de julio de 2021 por haber sido dictado una vez extinguida la potestad disciplinaria comunal.
Todo lo cual, conlleva a resolver la obligación a cargo de la autoridad demandada, ciñéndola en el resarcimiento de los daños y perjuicios padecidos (doctr. causas B. 63.280, "Marzat", sent. de 15-VII-2015; B. 57.469, "Tettamanti", resol. de 7-VI-2000; e.o.; conf. arts. 25, ley 2.961 y 511, CPCC).
Con las consideraciones efectuadas, voto por la afirmativa .
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3, CCA).
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria hasta el primer párrafo del punto III inclusive, en tanto los argumentos allí expuestos resultan suficientes para dar solución a la cuestión planteada.
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Genoud, Torres y Carral, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Resuelta la cuestión anterior, corresponde decidir el reclamo del actor tendiente a que se le abone la totalidad de los salarios caídos desde que le fue aplicada la sanción de cesantía, hasta su reincorporación al cargo que ocupaba (v. escrito de inicio, apdo. VIII, "Salarios caídos" a fs. 39).
Adelanto que esta pretensión, si bien ha de prosperar, no habrá de hacerlo en los términos propuestos en la demanda.
II.1. Es doctrina consolidada de esta Suprema Corte que el reclamo de las remuneraciones devengadas por el tiempo que duró la interdicción de prestar servicios constituye un pedido implícito del resarcimiento del perjuicio material ocasionado (doctr. causa B. 49.176, "Sarzi", sent. de 26-II-1985), en el cual el fundamento de la reparación del daño imputable a la Administración deriva de la afectación del derecho a la estabilidad (doctr. causa B. 48.945, "Moresino", sent. de 26-II-1985).
A los efectos de la determinación de la cuantía económica derivada de la afectación ilegítima del derecho aquí reconocido, en el marco de una relación de empleo público, estimo necesario realizar ciertas precisiones.
Puesto que, de ordinario, el empleo público constituye la fuente de ingresos del agente, cabe presumir, iuris tantum , que el cese ilegítimo de aquel vínculo laboral le provoca un detrimento patrimonial susceptible de resarcimiento en el marco del proceso administrativo (doctr. causas B. 49.176, cit.; B. 59.013, "Meza", sent. de 4-IV-2001; e.o.) y que, por tanto, en principio, basta con que el actor demuestre la relación de empleo que mantenía, que ha sido excluido del cargo estable del que gozaba por un acto viciado y la remuneración que percibía en razón de su categoría y función, entre otros elementos, para aplicar aquella presunción.
Mas de ello no puede desprenderse que la reparación por la segregación ilegítima se identifique con la totalidad de los salarios dejados de percibir por el agente durante el período en que perduró la separación del cargo.
En esta parcela es de notar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha rehusado a reconocer el pago indiscriminado de salarios por funciones no desempeñadas (como acontece en relación con el período que media entre la separación del agente público dado
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