Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 62660
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos expuestos en las causas B. 60.715, "Nocetti" y B. 61.217, "Insinger", sentencias de 11-VIII-2010, se hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta, reconociendo el derecho al incremento del haber previsional con el adicional establecido en el decreto 1.014/97 para los demandantes con los cargos jerárquicos alcanzados por dicha norma, en tanto no hayan suscripto convenio ni se encuentren percibiendo sumas por sí o a través de sus herederos en los términos de la ley 13.437, y condenando a la demandada al pago de las sumas devengadas desde la fecha de vigencia del citado decreto hasta la de su derogación por decreto 1.650/04, de acuerdo a las pautas señaladas en el voto del Magistrado que abre el acuerdo. Para el resto de los actores, se rechaza íntegramente la demanda.
Al importe que pudiere corresponder percibir a los demandantes, se deberá adicionar el relativo a los intereses, que serán calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928; doctr. de la mayoría en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; …
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 62.660, "Benavídez, Casimiro Héctor y otros contra Provincia de Buenos Aires (IPS). DCA", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres, Kogan, Carral.
Los actores, por apoderado, promueven acción contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Seguridad) a fin de que se dejen sin efecto los actos que desestimaron las solicitudes de reajuste de sus haberes con la incorporación en los sueldos básicos de los suplementos establecidos en los decretos 366/91, 1.235/92, 2.074/92, 3.483/92, 518/93, 35/97, 1.014/97 y 1.015/97.
Solicitan que se condene a la demandada al pago de las diferencias devengadas que resulten del cálculo del nuevo sueldo básico, desde la vigencia de los mencionados decretos hasta la fecha de efectivo pago, más intereses y costas.
Manifiestan que si las bonificaciones se integraran al haber de la manera pretendida se produciría un efecto cascada sobre los demás suplementos generales y particulares. Alegan que al no incorporarse de ese modo se ha vulnerado el principio de intangibilidad del salario y solicitan, en consecuencia, que se declare la inconstitucionalidad de las normas citadas por ser violatorias de los arts. 5, 14, 14 bis, 17, 31 y concordantes de la Constitución nacional.
Citan jurisprudencia y plantean el caso federal.
Tras conferirse el traslado de la demanda, se presenta el representante de la Fiscalía de Estado y contesta solicitando el rechazo de las pretensiones.
En primer lugar, indica que la demanda iniciada en forma simultánea por un número elevado de efectivos policiales, carece de precisiones sobre la situación de revista de cada uno (v. fs. 644).
Por otro lado, destaca que la acción fue iniciada en diciembre de 1999, esto es, once años antes de darse su traslado. Ante tal circunstancia, plantea que se tenga en cuenta la incidencia sobre la pretensión dado que muchos de los demandantes que al momento de iniciar el proceso pertenecían al personal activo, podrían haber pasado al pasivo. En ese escenario, el alcance de la pretensión variará según la situación de revista de cada agente o ex agente.
Luego, expone la diferencia conceptual entre remuneración y salario y respecto del objeto de la demanda, la incorporación de los suplementos al haber básico para producir el "efecto cascada" sobre otros suplementos, señala el obrar legítimo de la administración y solicita el rechazo de lo peticionado en tanto las normas cuestionadas dispusieron expresamente que las bonificaciones no integraban el salario básico, ya sea por no ser remunerativas o bonificables. Cita las normas que así lo disponen (arts. 1, dec. 366/91; 1, dec. 1.235/92; 2, dec. 2.074/92; 1 y 2, dec. 3.483/92; 1, dec. 518/93 y 2, dec. 35/97).
Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal que considera aplicables al caso.
Además, expresa que corresponde hacer unas aclaraciones en cuanto a la vigencia temporal de los decretos enumerados. Así, señala que el decreto 35/97 provocó una reestructuración en la materia remunerativa policial, estableciendo a partir del 1 de enero de 1997 una bonificación remunerativa no bonificable para el personal activo y pasivo de las fuerzas de seguridad y paralelamente excluyó y dejó sin efecto, entre otros, los decretos 366/91, 518/93, 1.235/92 y 3.483/92.
En consecuencia, entiende que, sin perjuicio de la improcedencia sustancial de la pretensión, deviene inadmisible el planteo de la parte actora según el cual deben abonársele, sin discriminación y acumuladamente, las bonificaciones establecidas en el decreto 35 y los decretos 366/91, 1.235/92, 3.483/92 y 518/93, en tanto los últimos tuvieron vigencia hasta el 1 de enero de 1997, fecha a la que debe reducirse la pretensión a su respecto.
Agrega que el cambio de remuneración que importó el decreto 35/97 a partir del 1 de enero de 1997 no aparejó una reducción remunerativa dado que aquellas bonificaciones fueron dejadas sin efecto al ser incorporadas a esta última.
Respecto del decreto 2.074/92 destaca la acotada vigencia de la bonificación no remunerativa allí establecida (1-V-1992 a noviembre del mismo año), circunstancia que, a su entender, determina el límite temporal del reclamo de la parte actora.
Eventualmente opone, en subsidio, excepción de prescripción del reclamo de los accionantes dada la imprecisión en la descripción de la situación personal de cada uno de los demandantes. Así solicita que, por un lado, para quienes reclaman sobre sus haberes en actividad se aplique la prescripción quinquenal de las obligaciones por diferencias salariales (art. 4.027, Cód. Civ.), en tanto el pago de ellas se devenga mensualmente y para aquellos que solicitan los ajustes de los haberes en pasividad, la prescripción de dos años prevista en la legislación previsional (art. 62, ley 13.236) computando como fecha la de cada reclamo presentado ante la Caja.
Cita fallos de este Tribunal a favor de su postura y plantea el caso federal.
La parte actora contestó el traslado sobre la excepción de prescripción opuesta (v. fs. 658).
Agregadas las actuaciones administrativas, el cuaderno de prueba de la parte actora y los alegatos de ambas partes (v. fs. 833/836), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Los actores, algunos agentes activos y otros jubilados, pretenden la incorporación a sus haberes básicos y a la base cálculo de las prestaciones de las que gozan, de las sumas establecidas en los decretos 366/91, 1.235/92, 2.074/92, 3.483/92, 518/93, 35/97, 1.014/97 y 1.015/97 como remunerativas y bonificables, más intereses (v. fs. 540).
La cuestión a resolver se circunscribe a determinar si corresponde incorporar a la base del cálculo de los haberes de los demandantes las sumas de las bonificaciones reclamadas en la demanda y, en consecuencia, reconocer el pago de las diferencias devengadas.
II. El decreto 35/97 cuestionado estableció, a partir del 1 de enero de 1997, para el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario bonaerense una bonificación remunerativa no bonificable, lo mismo para los beneficiarios de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía y del Instituto de Previsión Social (Servicio Penitenciario y Seguridad). Además, excluyó y derogó expresamente las bonificaciones dispuestas en los decretos reclamados (decs. 366/91, 1.235/92, 3.483/92 y 518/93). Así lo dispuso el gobernador, luego de considerar que era necesario instrumentar correcciones a las escalas salariales respectivas, convirtiendo las bonificaciones no remunerativas no bonificables, en remunerativas no bonificables, sin alterar el sueldo de bolsillo del personal respectivo.
Surge con claridad del texto de la norma la naturaleza de la bonificación, en tanto no fue creada para ser incorporada al haber básico (en actividad o pasividad) como peticiona la parte actora, por lo que corresponde el rechazo de dicha pretensión.
El objeto del presente proceso fue materia de debate y decisión en las causas A. 69.464, "Naranjo", sentencia de 5-VIII-2009; A. 69.710, "Soto", sentencia de 21-IV-2010; A. 71.356, "Abramo", sentencia de 10-IX-2014; A. 71.334, "Gambaleri", sentencia de 29-X-2014; A. 73.322, "Corbalán" y A. 73.262, "Martínez", ambas con resoluciones de 28-VI-2017, entre otras, por ello me remito a los fundamentos y conclusiones brindados en los citados precedentes que doy por reproducidos, por razones de brevedad.
III. De igual modo debe desestimarse el pedido de integrar al concepto "sueldo básico" la asignación especial no remunerativa dispuesta por decreto 2.074/92 para determinado tipo de personal en actividad de la Administración General de la Provincia, abonada desde el 1 de mayo de 1992 a noviembre, inclusive, del mismo año. Ello así, en tanto su norma creadora excluyó tal posibilidad.
IV. En lo que respecta a la suma fija dispuesta por el decreto 1.015/97 como compensación de gastos para el escalafón Servicios de la Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario, teniendo en consideración que el tema fue materia de debate y decisión en las causas B. 60.714, "Giralt", sentencia de 9-XI-2005; B. 61.514, "Cornejo", sentencia de 12-IV-2006; B. 62.212, "Lutz", sentencia de 29-IX-2011; A. 69.834, "Crisconio", sentencia de 9-X-2013; A. 71.359, "Cadenas", sentencia de 23-XII-2014; A. 70.822, "Bigi", sentencia de 25-II-2015 y A. 69.840, "Córdova", sentencia de 22-XII-2015, me remito a los fundamentos y conclusiones allí brindados.
V. El decreto 1.014/97 otorgó, a partir del 1 de abril y hasta el 31 de diciembre de 1997, al personal en actividad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, discriminado a partir de la jerarquía de Subcomisario a Comisario General y por agrupamiento Comando y Servicio, un suplemento no remunerativo no bonificable y al personal del Servicio Penitenciario, discriminado de Subprefecto a Inspector General de distintos escalafones. Fue prorrogado en forma anual hasta la sanción del decreto 1.650/04 de fecha 28 de julio de 2004 que lo derogó y transformó dichas sumas en remunerativas no bonificables, sujetas a descuentos previsionales y asistenciales. Este último mantuvo las categorías alcanzadas por la bonificación (art. 1, dec.).
Con motivo de la sanción de la ley 13.437 -Plan de Saneamiento de deudas con el personal pasivo Policial y del Servicio Penitenciario-, se habilitó un mecanismo de solución equitativo respecto de los reclamos, presentados por los pasivos con dichas jerarquías, generados por la aplicación del decreto 1.014/97 mediante acuerdos transaccionales individuales para aquellos que en pasividad tenían esas categorías y para quienes no accedieron a tales acuerdos, este Tribunal reconoció el incremento del haber previsional con el adicional desde la fecha de aplicación de dicho decreto hasta su derogación por el decreto 1.650/04 (doctr. causas B. 60.715, "Nocetti" y B. 61.217, "Insinger", sents. de 11-VIII-2010).
Teniendo en cuenta lo expuesto, toda vez que las circunstancias del caso resultan sustancialmente análogas a las que fueron materia de debate y decisión en las recién mencionadas causas B. 60.715, "Nocetti" y B. 61.217, "Insinger", solución reiterada en las causas B. 60.760, "García", sentencia de 19-XII-2018; B. 60.539 "Laiseca", sentencia de 29-V-2019; B. 67.429, "Messina", sentencia de 20-III-2019, entre otras, considero que, por razones de celeridad y economía procesal corresponde, por los fundamentos brindados en los citados precedentes que tengo aquí por reproducidos, reiterar el criterio y solución allí plasmados condenando a la demandada al pago de las sumas devengadas desde la fecha de vigencia del citado decreto hasta la de su derogación por decreto 1.650/04, solo para aquellos demandantes con los cargos jerárquicos alcanzados por el decreto 1.014/97 (Policía: Agrupamiento Comando y Servicio: comisario general, comisario mayor, comisario inspector, comisario y subcomisario; Servicio Penitenciario: Escalafón Seguridad, Profesional y Técnico Administrativo y Auxiliar: inspector general, inspector mayor, prefecto mayor, prefecto y subprefecto) y que no hayan suscripto el convenio ni se encuentren percibiendo sumas por si o a través de sus herederos, en los términos de la ley 13.437.
Con relación a la liquidación a practicarse, por derivación de lo aquí decidido se deberán adicionar intereses, los que deberán ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928; doctr. de la mayoría en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016).
Para el resto de los actores, debe rechazarse íntegramente la demanda.
Así lo voto.
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.001-).
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Carral , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por los fundamentos expuestos en las causas B. 60.715, "Nocetti" y B. 61.217, "Insinger", sentencias de 11-VIII-2010, se hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta, reconociendo el derecho al incremento del haber previsional con el adicional establecido en el decreto 1.014/97 para los demandantes con los cargos jerárquicos alcanzados por dicha norma, en tanto no hayan suscripto convenio ni se encuentren percibiendo sumas por sí o a través de sus herederos en los términos de la ley 13.437, y condenando a la demandada al pago de las sumas devengadas desde la fecha de vigencia del citado decreto hasta la de su derogación por decreto 1.650/04, de acuerdo a las pautas señaladas en el voto del Magistrado que abre el acuerdo. Para el resto de los actores, se rechaza íntegramente la demanda.
Al importe que pudiere corresponder percibir a los demandantes, se deberá adicionar el relativo a los intereses, que serán calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928; doctr. de la mayoría en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016).
La suma resultante de la liquidación que se practique, conforme las pautas indicadas, deberá ser abonada dentro de los sesenta días (art. 163, Const. prov.).
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 51, dec. ley 8.904/77).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/08/2023 10:08:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/08/2023 09:46:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 12:51:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 13:29:49 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 17:11:15 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 11/08/2023 17:24:31 hs. bajo el número RS-73-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia