Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 63960
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos expuestos en las causas B. 60.715, "Nocetti" y B. 61.217, "Insinger", sentencias de 11-VIII-2010, se hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta, reconociendo el derecho de los demandantes José Luis Cevasco, María Luisa Ana Sullivan, Juan José Pudú y Eduardo Carlos Serodino, en tanto no hayan suscripto convenio ni se encuentren percibiendo sumas por sí o a través de sus herederos en los términos de la ley 13.437, al incremento del haber previsional con el adicional establecido en el decreto 1.014/97 y condenando a la demandada al pago de las sumas devengadas desde la fecha de vigencia del citado decreto hasta la de su derogación por decreto 1.650/04, de acuerdo a las pautas señaladas en el voto de la Magistrada que abre el acuerdo.
Al importe que pudiere corresponder percibir a los demandantes, se deberá adicionar el relativo a los intereses, que serán calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928; doctr. de la mayoría en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016). …
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 63.960, "Cevasco, José Luis y otros contra Provincia de Buenos Aires (IPS). DCA", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Carral.
Los actores, por apoderado, promueven acción contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (IPS) con el objeto de que se reconozcan las sumas establecidas en el decreto 1.014/97 y sus prórrogas, como remunerativas y computables en el haber básico sobre el que se calcula el monto del beneficio previsional del que son titulares, correspondiente a la jerarquía con la que el haber se les liquida.
Solicitan que se condene al pago de las diferencias devengadas desde la vigencia del mencionado decreto, calculadas desde que cada diferencia se produjo hasta la fecha del efectivo pago, más intereses y costas.
Señalan que son beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires por haber pertenecido al Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires y en tal carácter se presentaron en forma individual ante el organismo, con el objeto de que se hiciera extensivo a sus haberes de pasividad el reajuste con el monto dispuesto por el decreto 1.014/97 para el personal en actividad, que lo percibía en modo habitual, regular y permanente.
Advierten que debe prescindirse de la denominación dogmática atribuida al suplemento y, en función de sus caracteres (habitualidad, periodicidad y generalidad), reconocerse su verdadera naturaleza remunerativa.
Plantean que la bonificación integra el concepto de "...sueldo o salario entendido en el sentido lato..." que surge de doctrina de este Tribunal, comprensivo, según entienden, de la totalidad de las remuneraciones, cualquiera sea su modalidad; y que tal interpretación armoniza con lo dispuesto en el art. 40 del decreto ley 9.650/80, al considerar como remuneración los sueldos o asignaciones percibidos por todo concepto, incluidos los suplementos, bonificaciones y adicionales, cualquiera sea la denominación que se les asigne.
Indican, respecto al art. 34 de la Ley de Presupuesto de la Provincia n° 12.062, que es manifiestamente inválido y contrario a la garantía constitucional del art. 14 bis de la Constitución nacional, como también, que la situación planteada importa la alteración del orden jurídico, en tanto se contrarían disposiciones legales específicas con normas de menor rango: en el caso, el decreto en cuestión al limitar su aplicación al personal en actividad, violentando la legislación previsional aplicable (dec. ley 9.538/80; arts. 14 bis cit. y 17, Const. nac.).
Citan jurisprudencia y plantean el caso federal.
A fs. 79/81 obra la ampliación de la demanda en la que se acompaña la resolución 493.402 de fecha 23 de mayo de 2002 del Directorio del Instituto de Previsión Social que denegó el reajuste solicitado por el señor José Luis Cevasco.
A fs. 96 consta la presentación del señor Héctor Pedro Letieri adhiriendo a la demanda.
La parte actora acompañó acuerdos transaccionales de pago realizados entre los demandantes: Rubén Jorge Manrique, Francisco Virgilio Vera, Ovidio Obdulio Lescano, Benito Alfredo Lo Balbo, Enrique A. Fernández, Francisco Luis Engroba, Julio César Carrizo, Alicia Magdalena Sabatini de Arzos, Antonio Alberto Giambelluca, Horacio Edgardo Villarino (Rosa de Villarino), Juan Celedonio Villaverde (Velia Frisemberg de Villaverde), Héctor Pedro Lettieri y el IPS, en el marco de la ley 13.437 del Plan de Saneamiento de deudas con el personal pasivo Policial y del Servicio Penitenciario, en relación a la bonificación dispuesta por el decreto 1.014/97 (v. fs. 129/146 y 165/177).
Esta Suprema Corte homologó dichos acuerdos mediante sentencias de 12-XII-2007 y 13-V-2009 (v. fs. 150/154 y 181/185), continuando el proceso respecto de los demandantes que no firmaron acuerdo: José Luis Cevasco (Inspector Mayor), María Luisa Ana Sullivan (Prefecto Mayor), Juan José Pudú (Prefecto) y Eduardo Carlos Serodino (Prefecto Mayor).
Sobre ellos, el apoderado denunció los fallecimientos del señor José Luis Cevasco y María Luisa Sullivan, la imposibilidad de localizar al señor Pudú y respecto del coactor Eduardo Carlos Serodino, solicitó la continuidad del proceso (v. fs. 163).
Tras conferirse el traslado de ley, se presenta el representante de la Fiscalía de Estado y contesta la demanda.
Menciona que no desconoce lo resuelto por mayoría por este Tribunal en las causas B. 60.715, "Nocetti" y B. 61.217, "Insinger", pero a los fines de la defensa del Estado argumenta solicitando el rechazo de lo pretendido en todos sus términos.
Aduce que el decreto 1.014/97, vigente al momento de la demanda, estableció para la Policía Bonaerense y para el Servicio Penitenciario un suplemento especial, por tiempo limitado, no remunerativo y no bonificable.
Refiere que el carácter no remunerativo del suplemento establecido fue consagrado de modo exclusivo para el personal en actividad, pues tendió a compensar el mayor esfuerzo del personal responsable en la ejecución de funciones extraordinarias durante la vigencia del estado de emergencia policial declarado por la ley 11.880.
Añade que el decreto en cuestión estableció que dicho suplemento no estaría sujeto a los descuentos previstos en las leyes previsionales y asistenciales, ni serviría de base de cálculo para la determinación de cualquier otro tipo de adicional y/o descuento, siendo necesario para ser considerado remuneración que el suplemento esté sujeto a aportes (art. 27, dec. ley 9.538/80).
Agrega que el decreto 1.014/97 fue derogado por su similar 1.650/04, de fecha 28 de julio de 2004, que demuestra su carácter transitorio.
Cita jurisprudencia de este Tribunal que considera aplicable al caso.
Opone, en subsidio, la prescripción de las diferencias de haberes devengadas hasta dos años antes de la presentación de la solicitud del reajuste formulado en sede administrativa (arts. 58, dec. ley 9.538/80 y 62, dec. ley 9.650/80).
Plantea el caso federal.
El demandante Eduardo Carlos Serodino contestó el traslado de la excepción de prescripción solicitando su rechazo.
Aclaró que, en su caso, siguió en actividad hasta el 12 de febrero de 2001 y, por ende, percibió las sumas reconocidas por el decreto 1.014/97 (que entró en vigencia el 1-IV-1997) pero a partir de la fecha de retiro, dejó de percibirlas y por ello demanda en esta instancia judicial.
Explica que el 29 de junio de 2001 realizó el reclamo administrativo ante el IPS, cinco meses después de dejar de percibir dicha bonificación; por lo tanto -dice-, no existe prescripción en este caso (v. fs. 268/272).
Agregadas las actuaciones administrativas, los alegatos de ambas partes (v. fs. 276/282) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
En cuanto al fondo, la cuestión a resolver se circunscribe a determinar si corresponde incorporar a la base del cálculo del haber previsional de los actores que no han suscripto acuerdo transaccional, ni se encuentren percibiendo sumas por sí o a través de sus herederos, en los términos de la ley 13.437, el suplemento especial dispuesto por el decreto 1.014/97.
Para dichos casos, José Luis Cevasco (Inspector Mayor), María Luisa Ana Sullivan (Prefecto Mayor), Juan José Pudú (Prefecto) y Eduardo Carlos Serodino (Prefecto Mayor), toda vez que las circunstancias resultan sustancialmente análogas a las que fueron materia de debate y decisión en las causas B. 60.715, "Nocetti" y B. 61.217, "Insinger", sentencias de 11-VIII-2010, reiteradas en las causas B. 60.760, "García", sentencia de 19-XII-2018; B. 60.539, "Laiseca", sentencia de 29-V-2019; B. 67.429, "Messina", sentencia de 20-III-2019 y B. 62.351 "Acosta", sentencia de 14-II-2022; entre otras, considero que, por razones de celeridad y economía procesal corresponde, por los fundamentos brindados en los citados precedentes que tengo aquí por reproducidos, reiterar el criterio y solución allí plasmados, condenando a la demandada al pago de las sumas devengadas desde la fecha de vigencia del citado decreto hasta la de su derogación por decreto 1.650/04.
Dicho criterio deberá evaluarse, según las circunstancias de cada uno de los demandantes alcanzados. En el caso del señor Serodino, según denuncia, percibió el suplemento en actividad y es a partir de la fecha de su retiro que corresponde su pago hasta la derogación por decreto 1.650/04 (v. fs. 266/272 y 276/281).
Con relación a la liquidación a practicarse, por derivación de lo aquí decidido, se deberán adicionar intereses, los que habrán de ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928; doctr. de la mayoría en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016).
Así lo voto.
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Los señores Jueces doctores Torres , Soria y Carral , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por los fundamentos expuestos en las causas B. 60.715, "Nocetti" y B. 61.217, "Insinger", sentencias de 11-VIII-2010, se hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta, reconociendo el derecho de los demandantes José Luis Cevasco, María Luisa Ana Sullivan, Juan José Pudú y Eduardo Carlos Serodino, en tanto no hayan suscripto convenio ni se encuentren percibiendo sumas por sí o a través de sus herederos en los términos de la ley 13.437, al incremento del haber previsional con el adicional establecido en el decreto 1.014/97 y condenando a la demandada al pago de las sumas devengadas desde la fecha de vigencia del citado decreto hasta la de su derogación por decreto 1.650/04, de acuerdo a las pautas señaladas en el voto de la Magistrada que abre el acuerdo.
Al importe que pudiere corresponder percibir a los demandantes, se deberá adicionar el relativo a los intereses, que serán calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7, 768 inc. "c" y 770, Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928; doctr. de la mayoría en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016).
La suma resultante de la liquidación que se practique, conforme las pautas indicadas, deberá ser abonada dentro de los sesenta días (art. 163, Const. prov.).
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 51, dec. ley 8.904/77).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/08/2023 10:08:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/08/2023 09:46:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 12:51:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 13:29:53 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2023 17:11:16 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 11/08/2023 17:24:34 hs. bajo el número RS-74-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia