Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 61134
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza la demanda interpuesta.
Las costas se imponen por su orden (arts. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 17, ley 2.961).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de los abogados apoderados de la parte actora doctora Liliana Beatriz Bielsa y doctor Alberto Lugones en la suma de noventa y tres mil pesos -$93.000- para cada uno (conf. arts. 9, 10, 14, 15, 16, 28, 44 inc. "b", 51 y 54, dec. ley 8.904/77), cantidad a la que habrá de adicionarse el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716, t.o. dec. 4.771/95 y sus modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 61.134, "Acuña, Dante Rodolfo y otros contra Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. DCA", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Violini.
I. Los actores promueven acción contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Seguridad) y la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se dejen sin efecto los actos que desestimaron sus solicitudes de reconocimiento como remunerativas y computables, en el haber básico sobre el que se calcula el beneficio previsional, de los suplementos establecidos en los decretos 366/91, 1.235/92, 2.074/92, 3.483/92, 518/93, 35/97, 1.014/97 y 1.015/97, correspondientes a la jerarquía con la que aquel se les liquida.
Solicitan que se condene a la demandada al pago de las diferencias devengadas desde la vigencia de los mencionados decretos, así como de los intereses, calculados desde que cada una se devengó hasta la fecha de efectivo pago, con costas.
Los demandantes plantean que las sumas reconocidas a los activos en dichos decretos resultan de carácter remunerativo, regular, habitual y permanente y por ello solicitan su incorporación al haber previsional.
Concluyen que, si se integraran de la manera pretendida, se produciría un efecto "cascada" sobre los demás suplementos generales y particulares. Por ello entienden que la no aplicación de los decretos mencionados implica una violación al principio de intangibilidad del salario y piden que se declare la inconstitucionalidad de las normas.
Citan jurisprudencia y plantean el caso federal.
II. Tras conferirse el traslado de ley, se presenta el representante de la Fiscalía de Estado y contesta la demanda, solicitando su rechazo en todos sus términos.
Sostiene que el análisis de las normas que regulan los suplementos pretendidos y de las contenidas en el régimen previsional aplicable, permite concluir que no revisten el carácter de remuneración a los fines previsionales.
Aduce que el decreto 1.014/97 estableció para la Policía Bonaerense y para el Servicio Penitenciario un suplemento especial, por tiempo limitado, no remunerativo y no bonificable.
Refiere que el carácter no remunerativo del suplemento establecido fue consagrado de modo exclusivo para el personal en actividad, pues tiende a compensar el mayor esfuerzo del personal responsable en la ejecución de funciones extraordinarias durante la vigencia del estado de emergencia policial declarado por la ley 11.880.
Añade que el decreto en cuestión estableció que dicho suplemento no estaría sujeto a los descuentos previstos en las leyes previsionales y asistenciales, ni serviría de base de cálculo para la determinación de cualquier otro tipo de adicional y/o descuento.
Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal que considera aplicables al caso.
De igual manera argumenta que la compensación de gastos por vestimenta y uniforme para el personal del Escalafón Servicios de la Policía Bonaerense y del Escalafón Profesional y Técnico Administrativo del Servicio Penitenciario creada por el decreto 1.015/97 carece de naturaleza remunerativa.
Manifiesta que constituye un reintegro de gastos que no puede conceptuarse como bonificación o adicional con carácter remunerativo, ya que tiene por objeto cubrir las erogaciones exigidas por el desempeño de los cargos, cuyo ejercicio obliga a llevar vestimenta acorde con las funciones cumplidas. Destaca que esa obligación es consecuencia lógica de la exigencia legal del uso de uniforme y equipo cuyo incumplimiento trae aparejadas sanciones (arts. 14 apdo. I incs. "a" y "b" y 52 inc. 1, dec. ley 9.550/80).
Aduce que la percepción de dicho rubro se halla supeditada a rendición de cuentas, al control de las autoridades respectivas y al efectivo desempeño de funciones por parte de los agentes policiales, circunstancias concluyentes para determinar el carácter de reintegro.
En relación con el resto de los decretos, en primer lugar rechaza la pretensión de la parte actora de que sean incorporados los adicionales generales en el salario básico, y consecuentemente, entiende que debe rechazarse el efecto "cascada" peticionado, así como las diferencias salariales indebidamente reclamadas y su materialización en el haber previsional.
Por otro lado, expresa que frente a la indiscriminada invocación normativa que se realiza en la demanda corresponde hacer unas aclaraciones en cuanto a la vigencia temporal de los decretos enumerados.
Así, señala que el decreto 35/97 provocó una reestructuración en la materia remunerativa policial, estableciendo a partir del 1 de enero de 1997 una bonificación remunerativa no bonificable para el personal activo y pasivo de las fuerzas de seguridad y paralelamente se excluyeron y dejaron sin efecto los decretos 366/91, 518/93, 1.235/92 y 3.483/92.
Como consecuencia rechaza el planteo de la actora según el cual debe abonársele sin discriminación y acumuladamente las bonificaciones establecidas en el decreto 35 y los decretos 366/91, 1.235/92, 3.483/92 y 518/93, en tanto los últimos tuvieron vigencia hasta el 1 de enero de 1997, fecha a la que debe reducirse la pretensión a su respecto.
Por último, recuerda que el cambio de remuneración que importó el decreto 35/97 no aparejó una reducción remunerativa dado que las bonificaciones que se dejaron sin efecto fueron incorporadas como bonificaciones remunerativas no bonificables.
Eventualmente opone en subsidio la prescripción de dos años prevista en la legislación previsional (art. 58 párr. 3, dec. ley 9.538/80) computando como fecha la de cada reclamo presentado ante la Caja. Y a todo evento plantea la prescripción quinquenal de las obligaciones por diferencias salariales. Plantea el caso federal.
III. Agregadas las actuaciones administrativas, el cuaderno de prueba de la parte actora, los alegatos de ambas partes y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Los actores pretenden la incorporación a sus haberes básicos de las sumas establecidas en los decretos 366/91, 1.235/92, 2.074/92, 3.483/92, 518/93, 35/97, 1.014/97 y 1.015/97 como remunerativas y bonificables, más intereses.
La cuestión a resolver se circunscribe a determinar si corresponde incorporar a la base del cálculo del haber previsional las sumas de las bonificaciones reclamadas y el pago de diferencias devengadas.
II. En primer lugar, el decreto 35/97 estableció para el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario Bonaerense, a partir del 1 de enero de 1997, una bonificación remunerativa no bonificable, lo mismo para los beneficiarios de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía y del Instituto de Previsión Social (Servicio Penitenciario y Seguridad), excluyendo y derogando expresamente las bonificaciones dispuestas en los decretos reclamados (decs. 366/91, 1.235/92, 3.483/92 y 518/93). Así lo dispuso el señor Gobernador, luego de considerar que era necesario instrumentar correcciones a las escalas salariales respectivas, convirtiendo las bonificaciones no remunerativas no bonificables, en remunerativas no bonificables, sin alterar el sueldo de bolsillo del personal respectivo.
Surge con claridad del texto de la norma el carácter de la bonificación y que no fue creada para ser incorporada al haber básico (en actividad o pasividad) como peticiona la parte actora, por lo que corresponde el rechazo de dicha pretensión.
Dicho tema fue materia de debate y decisión en las causas A. 69.464, "Naranjo", sentencia de 5-VIII-2010; A. 69.710, "Soto", sentencia de 21-IV-2010; A. 71.356, "Abramo", sentencia de 10-IX-2014; A. 71.334, "Gambaleri", sentencia de 29-X-2014; A. 73.322, "Corbalán" y A. 73.262, "Martínez", resoluciones de 28-VI-2017; entre otras, por ello me remito a los fundamentos y conclusiones brindados en los citados precedentes que doy aquí por reproducidos por razones de brevedad.
III. De igual modo debe desestimarse el pedido de integrar al concepto "sueldo básico" la asignación especial no remunerativa dispuesta por decreto 2.074/92 para determinado tipo de personal en actividad de la Administración General de la Provincia y abonada desde el 1 de mayo de 1992 a noviembre, inclusive, del mismo año. Ello así, en tanto esa norma, del mismo modo que la anteriormente citada, excluyó tal posibilidad.
IV. Lo mismo cabe decir de los decretos 1.014/97 y 1.015/97 en cuanto a su incorporación al sueldo básico de los actores.
IV.1. El decreto 1.014/97 otorgó, a partir del 1 de abril y hasta el 31 de diciembre de 1997, al personal en actividad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, discriminado a partir de la jerarquía de subcomisario a comisario general y por agrupamiento, un suplemento no remunerativo no bonificable. Fue prorrogado en forma anual hasta la sanción del decreto 1.650/04 de fecha 28 de julio de 2004 que lo derogó y transformó dichas sumas en remunerativas no bonificables, sujetas a descuentos previsionales y asistenciales.
Con motivo de la sanción de la ley 13.437 -Plan de Saneamiento de deudas con el personal pasivo Policial y del Servicio Penitenciario-, se habilitó un mecanismo de solución equitativo respecto de los reclamos, presentados por los pasivos con dichas jerarquías, generados por la aplicación del decreto 1.014/97 mediante acuerdos transaccionales individuales para aquellos que en pasividad tenían esas categorías y para quienes no accedieron a tales acuerdos, el Tribunal reconoció el incremento del haber previsional con el adicional desde la fecha de dicho decreto hasta su derogación por decreto 1.650/04 (doctr. causas B. 60.715, "Nocetti" y B. 61.217, "Insinger", sents. de 11-VIII-2010).
En el caso, las jerarquías de los demandantes (v. fs. 242/255 y 323) no se encuentran comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha norma, ni de su prórroga y transformación mediante el decreto 1.650/04. Este último mantuvo como categorías alcanzadas por la bonificación, para el agrupamiento comando, las de comisario general, comisario mayor, comisario inspector, comisario y subcomisario (art. 1, dec.). Tal circunstancia impide la aplicación de la doctrina elaborada por este Tribunal en las causas B. 60.715, "Nocetti" y B. 61.217, "Insinger", sentencias de 11-VIII-2010 (B. 63.922, "Pougy", sent. de 22-XII-2022; B. 62.134, "Camarata", sent. de 7-III-2023).
IV.2. Lo mismo cabe decir respecto de la compensación por gastos dispuesta en el decreto 1.015/97. Tal como surge de la prueba informativa del cuaderno de prueba actora (v. fs. 322), no fue prevista para ninguna categoría del agrupamiento comando, extremo que, por sí solo, obsta el resultado favorable del reclamo (causas B. 60.688, "Anghinetti", sent. de 29-XII-2014; B. 63.922, "Pougy", sent. de 22-XII-2022).
V. Por las razones expuestas, se rechaza la demanda, voto por la negativa .
Costas por su orden (arts. 17, CCA y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.001-).
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Violini , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza la demanda interpuesta.
Las costas se imponen por su orden (arts. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 17, ley 2.961).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de los abogados apoderados de la parte actora doctora Liliana Beatriz Bielsa y doctor Alberto Lugones en la suma de noventa y tres mil pesos -$93.000- para cada uno (conf. arts. 9, 10, 14, 15, 16, 28, 44 inc. "b", 51 y 54, dec. ley 8.904/77), cantidad a la que habrá de adicionarse el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716, t.o. dec. 4.771/95 y sus modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/12/2023 10:54:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/12/2023 14:24:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/12/2023 16:18:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/12/2023 09:37:32 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/12/2023 13:02:36 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 13/12/2023 13:02:50 hs. bajo el número RS-109-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia