Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 64178
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza la demanda interpuesta.
Las costas se imponen por su orden (arts. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 17, ley 2.961).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de las abogadas apoderadas de la parte actora, doctoras Lilia Beatriz Bielsa y María Victoria Aguilar, en la suma de ciento noventa y dos mil pesos -$192.000- para cada una (conf. arts. 9, 10, 14, 15, 16, 28, 44 inc. "b", 51 y 54, dec. ley 8.904/77), cantidad a la que habrá de adicionarse el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716, t.o. dec. 4.771/95 y sus modificatorias) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de las mencionadas profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 64.178, "Figueroa, Benjamín Emanuel contra Ministerio de Seguridad s/ DCA", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Maidana.
Los señores Benjamín Emanuel Figueroa, Pedro Nolasco Maciel, Juan Alberto Peralta y Eduardo Saucedo, por apoderado, promueven acción contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Seguridad), por retardación, a fin de solicitar el reajuste de sus haberes con la incorporación en los sueldos básicos de los suplementos establecidos en los decretos 366/91, 1.235/92, 2.074/92, 3.483/92, 518/93, 35/97, 1.014/97 y 1.015/97.
Solicitan que se condene a la demandada al pago de las diferencias devengadas que resulten del cálculo del nuevo sueldo básico, desde la vigencia de los mencionados decretos hasta la fecha de efectivo pago, más intereses y costas.
Manifiestan que si las bonificaciones se integraran al haber de la manera pretendida se produciría un "efecto cascada" sobre los demás suplementos generales y particulares. Alegan que al no incorporarse de ese modo se ha vulnerado el principio de intangibilidad del salario y solicitan, en consecuencia, que se declare la inconstitucionalidad de las normas citadas por ser violatorias de los arts. 5, 14, 14 bis, 17, 31 y concordantes de la Constitución nacional.
Citan jurisprudencia y plantean el caso federal.
Tras conferirse el traslado de la demanda, se presenta el representante de la Fiscalía de Estado y contesta solicitando el rechazo de las pretensiones.
Expone la diferencia conceptual entre remuneración y salario y respecto del objeto de la demanda, la incorporación de los suplementos al haber básico para producir el "efecto cascada" sobre otros conceptos. Señala el obrar legítimo de la Administración y solicita el rechazo de lo peticionado en tanto las normas cuestionadas dispusieron expresamente que las bonificaciones no integraban el salario básico, ya sea por no ser remunerativas o bonificables.
Por otro lado, indica que las bonificaciones establecidas fueron percibidas por los actores en actividad, según correspondiera, de acuerdo sus jerarquías.
Además, expresa que es necesario hacer unas aclaraciones en cuanto a la vigencia temporal de los decretos enumerados. Así, señala que el decreto 35/97 provocó una reestructuración en la materia remunerativa policial, estableciendo a partir del día 1 de enero de 1997 una bonificación remunerativa no bonificable para el personal activo y pasivo de las fuerzas de seguridad y paralelamente excluyó y dejó sin efecto los decretos 366/91, 518/93, 1.235/92, 3.483/92, 3.915/95 y 4.290/95.
En consecuencia, entiende que, sin perjuicio de la improcedencia sustancial de la pretensión, deviene inadmisible el planteo de la parte actora según el cual deben abonársele, sin discriminación y acumuladamente, las bonificaciones establecidas en el decreto 35 y los decretos 366/91, 1.235/92, 3.483/92 y 518/93, en tanto los últimos tuvieron vigencia hasta el día 1 de enero de 1997, fecha a la que debe reducirse la pretensión a su respecto.
Agrega que el cambio de remuneración que importó el decreto 35/97 a partir del día 1 de enero de 1997 no aparejó una reducción remunerativa dado que aquellas bonificaciones fueron dejadas sin efecto al ser incorporadas a esta última.
Plantea la limitación temporal de la pretensión al tiempo en que los actores prestaron servicios en la fuerza policial, denunciando que el señor Figueroa fue dado de baja por cesantía el día 16 de mayo de 2001 y los señores Saucedo y Maciel se acogieron al retiro voluntario el día 12 de enero de 2005.
Eventualmente opone, en subsidio, excepción de prescripción del reclamo de los actores y solicita que se aplique la prescripción quinquenal de las obligaciones por diferencias salariales (art. 4.027, Cód. Civ.), en tanto el pago de ellas se devenga mensualmente.
Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal que considera aplicables al caso y plantea el caso federal.
La parte actora contestó el traslado sobre la excepción de prescripción opuesta (v. fs. 150).
Agregadas las actuaciones administrativas, el cuaderno de prueba de la parte actora y los alegatos de ambas partes (v. fs. 413/416) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Los actores pretenden la incorporación a sus haberes básicos de las sumas establecidas en los decretos 366/91, 1.235/92, 2.074/92, 3.483/92, 518/93, 35/97, 1.014/97 y 1.015/97 como remunerativas y bonificables, más intereses (v. fs. 30 vta. de la demanda).
La cuestión a resolver se circunscribe a determinar si ello corresponde y, en consecuencia, reconocer el pago de las diferencias devengadas.
II. El decreto 35/97 estableció a partir del día 1 de enero de 1997 para el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario bonaerense una bonificación remunerativa no bonificable, lo mismo para los beneficiarios de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía y del Instituto de Previsión Social (Servicio Penitenciario y Seguridad), excluyendo y derogando expresamente las bonificaciones dispuestas en los decretos reclamados (decs. 366/91, 1.235/92, 3.483/92 y 518/93). Así lo determinó el señor Gobernador, luego de considerar que era necesario instrumentar correcciones a las escalas salariales respectivas, convirtiendo las bonificaciones no remunerativas no bonificables, en remunerativas no bonificables, sin alterar el sueldo de bolsillo del personal respectivo.
Surge con claridad del texto de la norma el carácter de la bonificación y que ella no fue creada para ser incorporada al haber básico (en actividad o pasividad) como peticiona la parte actora, por lo que corresponde el rechazo de dicha pretensión.
De igual modo debe desestimarse el pedido de integrar al concepto "sueldo básico" la asignación especial no remunerativa dispuesta por decreto 2.074/92 para determinado tipo de personal en actividad de la Administración General de la Provincia y abonada desde el día 1 de mayo de 1992 al mes de noviembre, inclusive, del mismo año. Ello así, en tanto su norma, del mismo modo que la anteriormente citada, excluyó tal posibilidad.
Dicho tema fue materia de debate y decisión en las causas A. 69.464, "Naranjo", sentencia de 5-VIII-2010; A. 69.710, "Soto", sentencia de 21-IV-2010; A. 71.356, "Abramo", sentencia de 10-IX-2014; A. 71.334, "Gambaleri", sentencia de 29-X-2014; A. 73.322, "Corbalán" y A. 73.262, "Martínez", resoluciones de 28-VI-2017, entre otras, por ello me remito a los fundamentos y conclusiones brindados en los citados precedentes que doy por reproducidos, por razones de brevedad.
III. Lo mismo cabe decir de los decretos 1.014/97 y 1.015/97 en cuanto a su incorporación al sueldo básico de quienes promueven la demanda.
Sobre el decreto 1.014/97 resulta oportuno señalar que las jerarquías denunciadas por los demandantes en el escrito de inicio y las posteriores probadas en la causa, no se encuentran comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha norma, ni de su prórroga y transformación mediante el decreto 1.650/04: el señor Figueroa, agente; el señor Maciel, suboficial principal, luego suboficial mayor; el señor Peralta, cabo, luego teniente 1°, con baja por incapacidad el día 26 de julio de 2013 y el señor Saucedo, sargento 1°, retirado luego como sargento ayudante (v. fs. 30 vta., 133, 134, 179/198, 250/255 y 296/305). El decreto 1.650/04 mantuvo como categorías alcanzadas por la bonificación, para el Agrupamiento Comando, las de comisario general, comisario mayor, comisario inspector, comisario y subcomisario (art. 1, dec.). Tal circunstancia impide en el caso la aplicación de la doctrina elaborada por este Tribunal en las causas B. 60.715, "Nocetti" y B. 61.217, "Insinger", sentencias de 11-VIII-2010.
En lo que respecta a la suma fija dispuesta por el decreto 1.015/97 como compensación de gastos para el escalafón Servicios de la Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario, teniendo en consideración que el tema fue materia de debate y decisión en las causas B. 60.714, "Giralt", sentencia de 9-XI-2005; B. 61.514, "Cornejo", sentencia de 12-IV-2006; B. 62.212, "Lutz", sentencia de 29-IX-2011; A. 69.834, "Crisconio", sentencia de 9-X-2013; A. 71.359, "Cadenas", sentencia de 23-XII-2014; A. 70.822, "Bigi", sentencia de 25-II-2015 y A. 69.840, "Córdova", sentencia de 22-XII-2015, me remito a los fundamentos y conclusiones allí brindados.
IV. Por las razones expuestas, se rechaza la demanda.
Voto por la negativa .
Costas por su orden (arts. 17, CCA y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.001-).
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Maidana , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza la demanda interpuesta.
Las costas se imponen por su orden (arts. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 17, ley 2.961).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de las abogadas apoderadas de la parte actora, doctoras Lilia Beatriz Bielsa y María Victoria Aguilar, en la suma de ciento noventa y dos mil pesos -$192.000- para cada una (conf. arts. 9, 10, 14, 15, 16, 28, 44 inc. "b", 51 y 54, dec. ley 8.904/77), cantidad a la que habrá de adicionarse el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716, t.o. dec. 4.771/95 y sus modificatorias) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de las mencionadas profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/07/2024 13:45:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/07/2024 13:10:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/07/2024 19:11:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/08/2024 13:49:33 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2024 07:30:18 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 06/08/2024 07:35:37 hs. bajo el número RS-70-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia