Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 61273
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 61.273, "Castellani, Roberto Amadeo c/ Municipalidad de Tres de Febrero s/ DCA", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Soria , Kogan , Budiño , Natiello .
I. El señor Roberto Amadeo Castellani, con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Tres de Febrero. Reclama su reincorporación como personal de planta permanente y/o los daños y perjuicios sufridos, el pago de aportes y daño moral.
Amplía prueba (v. fs. 52/55, 56/58, 62, 65 y 83) y formula reserva del caso federal.
II. Corrido el traslado de ley, a través de su representante se presenta a juicio la Municipalidad de Tres de Febrero. Opone excepción de falta de personería y de prescripción.
Contesta demanda y sostiene la legalidad del proceder administrativo.
Ofrece prueba. Efectúa reserva del caso federal y solicita el total rechazo de la demanda, con costas.
III. Producida la prueba ofrecida por las partes y agregados los alegatos presentados, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Resultan fundadas las excepciones planteadas por la demandada?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundada la demanda?
En caso afirmativo:
3ª) ¿Procede la indemnización de daños y perjuicios?
4ª) ¿Qué parámetros corresponde aplicar?
5ª) ¿Procede el daño moral?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Al contestar demanda la Municipalidad de Tres de Febrero, opone al progreso de la acción las excepciones de falta de personería y de prescripción.
I.1. En relación a la primera, argumenta que la doctora Lilia Beatriz Bielsa actúa como abogada patrocinante y el actor no firmó el escrito de inicio, ni tampoco fue adjuntado el poder —de existir—, al momento de correrse el traslado de la demanda.
I.2. Al contestar el traslado, la parte actora solicita el rechazo de la excepción y manifiesta que de las constancias de autos surge que el escrito inicial fue suscripto por el actor y por la letrada en calidad de patrocinante.
I.3. Entiendo que la defensa interpuesta no puede prosperar. En efecto, tal como surge de la presentación de la demanda (v. fs. 34), esta fue suscripta tanto por el actor como por su letrada patrocinante, por lo que la oposición formulada carece de sustento fáctico.
A mayor abundamiento, a fs. 41 obra el acta del poder que otorgara el actor a su letrada con fecha 28 de marzo de 2000, es decir, un día después al de la presentación de la demanda, pero previo a su traslado, momento a partir del cual fue tenida por parte, tal como resulta del proveído de fs. 44.
En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar la excepción ensayada.
II.1. En relación a la segunda defensa interpuesta, la demandada se refiere, en primer lugar, al silencio administrativo. Se explaya sobre esta facultad del particular para vencer la inacción de la administración cuando deja de emitir un pronunciamiento que se le requiere, al considerar que la petición se encuentra denegada por el solo transcurso del tiempo, salvo disposición expresa en contrario.
Añade que la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires (decreto ley 7.647/70), en su art. 79, establece un plazo para que el interesado pueda solicitar pronto despacho y otro lapso a partir del cual se presumirá la existencia de resolución denegatoria. Merece la pena poner de relieve, sin perjuicio de la solución que habré de proponer, que el mencionado decreto ley no resulta aplicable al procedimiento administrativo municipal, en el cual rige la Ordenanza General 267/80, que en líneas generales replica las disposiciones del régimen general provincial, en particular, en cuanto respecta a la configuración del silencio administrativo .
Aclara que, en el caso de autos, la manifestación expresa de la voluntad de la administración se encuentra en el decreto 219 de fecha 5 de junio de 1998 por medio del cual se dispone el cese del señor Castellani en las funciones de Director de Relevamiento Urbano.
Destaca que el actor manifestó que en esa misma fecha se le notificó del referido decreto en forma personal y sugiere que la demanda no fue interpuesta dentro del término previsto por el art. 13 de la ley 2.961 (que disponía que no podrá deducirse la acción contencioso administrativa sino dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la resolución que motiva la demanda).
Recalca que esta Suprema Corte ha declarado que el plazo para interponer la demanda es fatal e improrrogable.
II.2. La actora se opone al progreso de esta excepción. Explica que la demanda se inició con fecha 27 de marzo de 2000 porque se consideró denegada la petición de reincorporación por el silencio al pedido de pronto despacho de fecha 3 de enero de 2000, referido a la reubicación dentro del personal de planta luego de culminado su desempeño en las funciones directivas. Señala que desde esa fecha se contaron los treinta días para considerar rechazada la petición y treinta días más para iniciar la demanda, conforme a los arts. 77 inc. "g" y 79 del decreto ley 7.647/70, motivo por el cual habría sido interpuesta oportunamente.
Puntualiza que luego de haber cesado como Director de Relevamiento Urbano, peticionó por escrito que se resolviera su situación de revista con fechas 28 de agosto de 1998, 29 de octubre de 1999 y 3 de enero de 2000, sin obtener ningún pronunciamiento expreso por parte de la demandada.
II.3. Entiendo que tampoco esta excepción puede prosperar. En efecto, la demandada planteó confusamente una denominada "excepción de prescripción", pero fundada en los términos del art. 13 de la ley 2.961, vigente al momento de interposición de la demanda.
En tal esquema, corresponde tener presente que, de conformidad con lo resuelto por esta Suprema Corte en la causa B. 64.996, "Delbés", resolución de 4-II-2004, excepciones como la aquí planteada han de resolverse a la luz de lo dispuesto por el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo (ley 12.008, texto según ley 13.101).
Como ya se ha dicho por este Tribunal, ni en el anterior régimen procesal aplicable a las causas contencioso administrativas —ley 2.961— ni en el actualmente vigente, ley 12.008 —texto según ley 13.101—, se ha previsto que la admisibilidad de la demanda deducida en caso de silencio de la Administración se halle sujeta a un plazo de caducidad (arts. 7 y 13, ley 2.961; 16 y 18, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; doctr. causas B. 54.951, "Farías", sent. de 28-III-1995 en "Acuerdos y Sentencias" 1995-I-561 y B. 62.308, "Clemeno", sent. de 3-XII-2003; B. 63.055, "Dueñas", resol. de 30-VI-2004; entre muchas otras).
En este contexto y dados los reclamos de fecha 28 de agosto de 1998, 24 de junio de 1999, 29 de octubre de 1999 y 3 de enero de 2000 (a fs. 5, 3, 2 y 7, respectivamente), queda clara la configuración del silencio por parte de la comuna, de lo que resulta que la pretensión traspasa con éxito —en esta parcela— el umbral de la admisibilidad. Expuestos los antecedentes de esta forma, resulta evidente que la objeción relacionada con el transcurso del término fijado en el art. 18 de la ley 12.008 —texto según ley 13.101— no puede prosperar.
Ello por cuanto hallándose configurada la inactividad administrativa —consistente en no haber dado respuesta al pedido del señor Castellani para ser reubicado en el cargo de planta permanente una vez cesadas las funciones directivas que él desempeñaba— , deviene inaplicable el plazo del art. 18 de la ley 12.008 —texto según ley 13.101— ya que este opera únicamente ante las pretensiones impugnatorias de actos expresos —y sus subordinadas—, mas no ante aquellas que se promueven a partir del silencio de la Administración, circunstancia por la cual la inadmisibilidad fundada en el incumplimiento del plazo como requisito temporal no puede ser acogida (doctr. art. 16 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; causas B. 61.137, "Peralta", resol. de 6-IV-2004; B. 61.843, "Gazzano de Eligi", resol. de 23-XI-2005; B. 64.650, "Drawer S.A.", sent. de 25-II-2021; entre muchas otras).
Habiendo dejado sentada la procedencia formal de la demanda, corresponde ahora abordarla desde el punto de vista sustancial.
Voto por la negativa .
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc.3 in fine, ley 12.008 —texto según ley 13.101—)
El señor Juez doctor Soria, las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , y el señor Juez doctor Natiello , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Señala el actor que comenzó a trabajar en la Municipalidad de Tres de Febrero en el año 1987 como agente del Concejo Deliberante, siendo ascendido por decreto el 21 de julio de 1988 a grado 10, código 210, grupo "F", de 48 horas. Afirma que se desempeñó como personal de planta permanente desde su ingreso.
Explica que por decreto 191/92, desde el 2 de marzo de 1992, pasó —en la Planta Política— a ejercer como Director de Relevamiento Urbano en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y que, en aquel momento, solicitó reserva de su puesto conforme a lo que prescribía el art. 17 de la ley 11.757, pedido del que nunca recibió respuesta.
Agrega que por decreto 219/98, de 5 de junio de 1998, se dispuso el cese en sus funciones dentro del Departamento Ejecutivo del municipio, sin ordenarse su reincorporación a la planta permanente del Concejo Deliberante.
Puntualiza que el 28 de agosto de 1998 presentó una nota reclamando su reincorporación al cargo de planta permanente, anterior al cargo político desempeñado.
Alude que ante la falta de respuesta el 24 de junio de 1999 presentó un pedido de pronto despacho.
Luego manifiesta que realizó presentaciones con fecha 29 de octubre de 1999, pidiendo la resolución de su solicitud; y 3 de enero de 2000, solicitando pronto despacho.
Añade que, durante toda su carrera ya sea en planta permanente o en planta política, se mantuvo su mismo número de legajo.
Manifiesta que, por haber sido cesado sin sumario previo, ni haber sido transferido a su antiguo trabajo de planta permanente, concurrió a la Subsecretaría de Trabajo de Tres de Febrero, sin obtener respuesta alguna.
Afirma que, una vez culminadas las funciones directivas la Municipalidad demandada debió reintegrarlo a su tarea anterior al cargo político o bien, abonarle la indemnización prevista en el art. 24 de la ley 11.757.
Menciona los daños que le causó la situación de cesantía sin la correspondiente reubicación en planta permanente.
Realiza dos liquidaciones según se proceda o no a su reincorporación como personal de planta permanente.
Entre los daños que demanda, además de los salarios no percibidos y del perjuicio que le provocó la imposibilidad de saldar deudas contraídas con anterioridad, solicita el pago de los aportes correspondientes del sistema jubilatorio para el momento de percibir este ingreso.
Reclama también el daño provocado por la imposibilidad de ascensos dentro de la carrera administrativa y solicita el pago de daño moral.
II. Al contestar la demanda, el Municipio de Tres de Febrero argumenta en favor de la legitimidad de su actuar.
Relata que el actor fue nombrado Director de Relevamiento Urbano dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos el 2 de marzo de 1992 mediante decreto 191/92. Agrega que cesó en sus funciones el 5 de junio de 1998 por decreto 219/98. Expresa que se le reconocieron cuatro años como dependiente del Honorable Concejo Deliberante para el cómputo de la antigüedad.
En relación a la nota que el actor manifiesta haber presentado ante el señor Enrique Constantino solicitando licencia extraordinaria con retención de puesto, señala que el nombrado falleció el 28 de mayo de 1999 y que la comuna desconoce la firma inserta en el documento mencionado.
Agrega que durante los seis años en que el actor se desempeñó como Director no se preocupó porque se dictara el acto administrativo que le otorgaba la licencia.
Por otra parte, añade que en oportunidad de contestar la demanda tomó conocimiento de que el señor Castellani ha sido y es dependiente del Congreso nacional, concretamente de la Cámara de Diputados, y que el horario desempeñado en dicho organismo sería coincidente con el que debía cumplir para el municipio. Sostiene que, de comprobarse este hecho, la situación implicaría una percepción ilegítima e ilegal de haberes, por cuyo motivo advierte que procederá a ejercer las acciones legales de fraude o repetición, según correspondiere.
Por otra parte, sostiene que quienes desempeñan cargos funcionales no poseen en ellos estabilidad, procediendo su remoción cuando así lo disponga el Departamento Ejecutivo, por lo que considera que tanto los decretos de nombramiento como de cesantía gozan de total legalidad.
Afirma que el actor al haber aceptado el cargo de Director, de carácter eminentemente político, no opuso ninguna objeción ni solicitó reserva del puesto.
Sostiene que el Poder Ejecutivo municipal tiene el derecho de disponer en forma propia y discrecional los nombramientos de las personas que deben integrar sus cuadros de colaboradores en las diversas áreas de decisión, nombramientos basados en la confianza. Agrega que cuando ella se pierde, se puede dejar cesante al funcionario sin que ello cree derecho alguno a su favor.
Concluye señalando que "...la cesantía de Roberto Amadeo Castellani fue dispuesta por el señor Intendente de la Municipalidad de Tres de Febrero, señor Hugo Omar Curto, por razones de funcionalidad de la propia administración pública, lo que queda sustraído al contralor jurisdiccional..." (fs. 110).
III. De las actuaciones administrativas resultan las siguientes constancias útiles para la resolución de la presente.
III.1. Expediente administrativo 3.605/88:
III.1.a. Comunicado del Concejo Deliberante al señor Intendente sobre la aprobación del decreto de promoción de Castellani al referido Cuerpo el 1 de julio de 1988 (v. fs. 1).
III.1.b. Fotocopia del legajo personal del actor remitido por el municipio de Tres de Febrero donde constan servicios desde el 1 de marzo de 1992 al 5 de junio de 1998 para el Departamento Ejecutivo (v. fs. 6/22).
III.2. Expediente administrativo 31.589-I-98: decreto 219/98 de cese del actor como Director de Relevamiento Urbano, fechado el 5-VI-1998 (v. fs. 1).
III.3. Expediente administrativo 33.553-C-98.
III.3.a. Solicitud del actor al Intendente de Tres de Febrero para que se le asignen funciones con grado 10, código 210, grupo F, como personal de planta permanente del Honorable Concejo Deliberante, de 28 de agosto de 1998 (v. fs. 1).
III.3.b. Pedido de pronto despacho de 24 de junio de 1999 (v. fs. 6).
III.3.c. Certificado emitido por el Concejo Deliberante donde consta que el señor Castellani desempeñó funciones en ese Cuerpo desde el 1 de enero de 1988 hasta el 28 de febrero de 1992 (v. fs. 8).
III.3.d. Informe de la Subsecretaría de Personal donde se informa que el legajo del actor no registra antecedentes de su situación de revista en el Concejo Deliberante por no haberse confeccionado en esa área. Asimismo, se informa que la reserva del cargo se encuadraría en los arts. 55, 56 y 57 de la ordenanza 1.805/86 (v. fs. 9).
III.3.e. Solicitud del actor de fecha 29 de octubre de 1999 para obtener resolución final y definitiva acerca de su situación laboral (v. fs. 13).
III.3.f. Pedido de pronto despacho de fecha 3 de febrero de 2000 (v. fs. 16).
III.4. En estas actuaciones:
III.4.a. Decreto 191/92, mediante el cual se designa al señor Roberto Amadeo Castellani como Director de Relevamiento Urbano-Subsecretaría de Servicios Urbanos-Secretaría de Obras y Servicios Públicos a partir del 1 de marzo de 1992, de fecha 2 de marzo de 1992 (v. fs. 10).
III.4.b. Decreto 219/98 de 5-VI-1998, mediante el cual cesa en sus funciones como Director de Relevamiento Urbano el señor Roberto Amadeo Castellani, a partir de esa fecha (v. fs. 11).
III.4.c. Testimonio del decreto de 10 de julio de 1998, mediante el cual se promovió al agente Castellani al grado 10, código 210, grupo F, de 48 horas, como personal del Honorable Concejo Deliberante de Tres de Febrero (v. fs. 13).
III.4.d. Denuncia y actas administrativas (v. fs. 14, 15, 16 y 17).
III.4.e. Nota presentada por el actor al Honorable Concejo Deliberante y suscripta por el funcionario Enrique Constantino de febrero de 1992, donde aquel solicita licencia extraordinaria con retención del cargo por haber sido designado como Director en el Ejecutivo municipal (v. fs. 18).
III.4.f. Recibo de haberes (v. fs. 19).
III.4.g. Copia de legajo del actor donde se consignan servicios en la foja correspondiente desde el 1 de enero de 1988 al 1 de julio de 1988 (v. fs. 186/193).
III.4.h. Copia de ordenanza 1.805/86 —Régimen Escalafonario municipal— y del decreto 637/96 —Estatuto para el Personal municipal— (v. fs. 199/226 y 227/301) y certificado de vigencia (v. fs. 303).
III.4.i. Informe del Secretario del Concejo Deliberante de agosto de 2004. Afirma que no existen constancias administrativas de la presentación y/o recepción de la nota de pedido de licencia. Asimismo, informa que entre las funciones del cargo de Subsecretario Administrativo del señor Constantino, no se incluyen la recepción de notas ni tampoco le corresponde el tratamiento de licencias o de las situaciones de revista (v. fs. 326).
III.4.j. Informe de la Secretaría de Personal que refiere al "cese" el 5 de junio de 1998 (v. fs. 378).
III.4.k. Informe del Secretario del Concejo Deliberante de marzo de 2005, sobre las constancias en los registros de la trayectoria del actor en el municipio (v. fs. 380).
III.4.l. Dictamen pericial contable y aclaraciones (v. fs. 399/406, 414/415 y 488/490).
III.4.m. Dictamen pericial actuarial con contestación de la actora y aclaración del perito (v. fs. 494, 511 y 515).
III.4.n. Oficio contestado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados de la Nación (v. fs.539/542).
III.4.n. Dictamen pericial caligráfico (v. fs. 551/552).
III.4.ñ. Escrito de la parte actora admitiendo haber ejercido un cargo en la Biblioteca del Congreso de la Nación durante su desempeño en el municipio y haberse jubilado en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), acompañando digitalmente constancias de carta documento y de recibo de haber jubilatorio (v. fs. 511).
IV. Tal como han quedado expuestos los antecedentes del caso, así como los argumentos en que cada una de las partes sustenta sus pretensiones, la cuestión a decidir se circunscribe a determinar si el actor tiene derecho a ser reincorporado al Municipio de Tres de Febrero o a ser indemnizado y, en su caso, con qué alcance.
IV.1. Ambas partes son contestes en que el señor Castellani ingresó a trabajar para el Concejo Deliberante del municipio de Tres de Febrero al menos desde el 1 de enero de 1988, que el 1 de junio de 1988 pasó a formar parte de la planta permanente de ese Cuerpo y que, a partir del 1 de julio de 1988, fue promovido al grado 10, código 210, grupo "F", de 48 horas del Concejo Deliberante. A su vez todo ello se encuentra respaldado en la documentación que obra a fs. 8, expediente administrativo 33.553-C-98 y a fs. 1, 2 y 6/22 del expediente administrativo 3.605/88.
Tampoco existe contradicción acerca de que mediante decreto 191/92 el señor Castellani fue designado Director de Relevamiento Urbano —Subsecretaría de Servicios Urbanos— Secretaría de Obras y Servicios Públicos a partir del 1 de marzo de 1992 (v. fs. 10).
Asimismo, ambas partes coinciden en que el señor Intendente dispuso el cese del actor en el cargo político mediante decre
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