Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 66462
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 66.462, "Lencina, Ceferino Carlos c/ Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Seguridad) s/ DCA", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Kohan .
I. Ceferino Carlos Lencina, con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Seguridad). Impugna las resoluciones 167/03 de 21-I-2003, —mediante la cual se rechazó su pedido de pase a retiro o jubilación móvil por invalidez— y la 1.634/03 de 25-V-2003 —que desestimó el recurso interpuesto contra la primera—, ambas del señor Ministro de Seguridad provincial. Asimismo, reclama el pago de licencias no usufructuadas desde 1991 a 1998, el seguro de vida colectivo obligatorio por parte de la Caja de Ahorro y Seguro S.A. y la suma de $368,41 correspondiente a un porcentaje del aguinaldo de junio de 1998.
Ofrece prueba y solicita intereses, actualización e imposición de costas a la contraria.
II. Corrido el pertinente traslado se presenta por apoderado la Fiscalía de Estado. Contesta demanda y sostiene la legitimidad del accionar cuestionado.
Ofrece prueba y formula reserva del caso federal.
III. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular, el cuaderno de prueba de la parte actora, los alegatos de ambas partes y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. Señala el actor que el 19 de abril de 1996 sufrió un accidente en su domicilio al caerse de una escalera.
Explica que trabajaba en la Policía de la Provincia de Buenos Aires y para esa época, había alcanzado la jerarquía de Comisario en la rama Comando de dicha institución, y su antigüedad ascendía a veinticinco años.
Indica que las consecuencias del hecho fueron graves ya que el diagnóstico médico fue "fractura de columna, L1 L2 con compromiso de canal raquídeo". Agrega que debido a la lesión fue intervenido quirúrgicamente y para estabilizar su columna le colocaron una prótesis.
Añade que, sin perjuicio de ello, quedó con una gran deficiencia motora.
Señala que por su situación de salud, presentó carpetas médicas hasta que el 4-VI-1996 se le decretó la disponibilidad simple en base a lo normado por el art. 475 del decreto 1.675/80. Agrega que esta situación lo perjudicó en el momento del ascenso, ya que afectó sus calificaciones y no se lo ascendió a pesar de que estaba apto para ello.
Relata que el 8-VII-1996, pese a la gravedad de sus lesiones y a lo dificultoso de la recuperación, la Jefatura de Policía lo reintegró al servicio normal activo, sin consideración alguna, pese a que su médico personal le extendió constancias en las que se aconsejaba la asignación de tareas livianas.
Explica que, sin embargo, su incapacidad era tal que le impedía movilizarse sin ayuda hasta el punto de que no podía trasladarse por sus propios medios y que el Jefe del Comando Patrulla Bonaerense de San Fernando, Comisario Inspector Hugo Sánchez (actual RE), designó a un agente para que lo llevara de su domicilio al lugar de trabajo.
Relata que así transcurrieron algunos meses durante los cuales solo recobró mínimamente sus capacidades físicas y retomó obligadamente sus tareas pese a que sus dificultades motrices subsistían.
Menciona que el 6-VI-1997 se presentó a la Junta Superior de Reconocimientos Médicos de la Policía en La Plata, la cual, a pesar de su evidente incapacidad motora, dictaminó que sus lesiones graves estaban curadas y que no tenía secuelas.
Refiere que como su estado físico no coincidía con lo expresado por este dictamen y cada vez le resultaba más difícil cumplir con sus obligaciones, concurrió a un médico especializado, quien certificó que tenía un 70% de discapacidad laboral.
Agrega que pese a ello su situación laboral no fue modificada.
Destaca que debido a la total negligencia de varios funcionarios policiales se lo expuso a un peligro físico latente durante aproximadamente dos años, porque al estar discapacitado sus movimientos eran a destiempo y estas desventajas pudieron ser fatídicas en cualquiera de los procedimientos policiales en los que intervino.
Refiere que el 28-V-1998 se declaró su prescindibilidad mediante la resolución 210, firmada por el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la cual le fue notificada el 1-VI-1998. Agrega que ese mismo día presentó una apelación que fue posteriormente denegada el 28-XII-1998 ante lo cual interpuso otro recurso, que, según sus dichos, debió ser elevado al señor Gobernador de la Provincia, pero ello no se hizo.
Añade que solicitó los beneficios acordados por el art. 59 de la ley 12.155.
Expresa que, dado que su estado no iba a mejorar y que sus reclamos no eran escuchados, se presentó ante la Secretaría de Programas de Salud del Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona, dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social. Refiere que esta dependencia, tras una exhaustiva revisación médica, le otorgó el 31-VII-1998 el Certificado de Discapacidad n° 19.742.
Señala que con fecha 12-VIII-1998 la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Bonaerense resolvió otorgarle el beneficio de la Jubilación Móvil Extraordinaria a partir del 2-VI-1998 mediante la resolución 1.980.
Indica que como esa resolución no respondía a su verdadero estado físico, rechazó esta jubilación solicitando el beneficio que realmente le correspondía, es decir el retiro o jubilación móvil por invalidez.
Señala que el 21-I-1999 se presentó en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a fin de preguntar sobre su situación en la institución y presentó una nota solicitando el cambio de beneficio.
Expresa que este requerimiento motivó el dictado de la resolución 36.095/00 por la que se transformó la Jubilación Móvil Extraordinaria en Retiro Móvil Extraordinario. Destaca que no era esto lo que había peticionado, sino el retiro o jubilación móvil por invalidez.
Señala que, recurridas las resoluciones mencionadas, con fecha 29-V-2000 el Ministro de Seguridad expidió la resolución 1.874, a través de la cual, resolvió acordarle el pase a situación de retiro activo a y autorizó a abonarle la indemnización prevista por la ley 11.880, conforme lo dispuesto por la ley 12.155 y decretos 620/97, 4.834/98 y 4.835/98.
Indica que esta resolución fue apelada en el mismo acto de su notificación —el 3-XI-2000—, porque no reconocía la verdadera dimensión de su incapacidad y sus consecuencias.
Refiere que solicitó audiencia con el Ministro de Seguridad y reiteró las medidas que peticionaba por escrito pero en ningún caso obtuvo respuesta.
Señala que el 19-IV-2002 lo llamaron para otra evaluación de la Junta Superior de Reconocimientos Médicos de la Policía. Allí le diagnosticaron una incapacidad parcial y permanente del 40% de la Total Laboral.
Destaca que las conclusiones de esta Junta difieren categóricamente de la realizada con fecha 10-VII-1997 y de la evaluación que surge del Certificado de Discapacidad que le otorgara el Ministerio de Salud y Acción Social.
Manifiesta que este dictamen de la Junta Superior de Reconocimientos Médicos, al igual que el anterior, falsea la realidad atento a que se moviliza con gran dificultad y penuria y su porcentaje de discapacidad alcanza un 70% de su capacidad total.
Destaca que en ningún momento las juntas médicas a las que se sometió para su evaluación cumplieron con lo reglamentado en el art. 33 del decreto ley 9.538/80 respecto de la obligación de notificar las evaluaciones a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Bonaerense, por lo que se le ha limitado el derecho de tener una evaluación médica justa y objetiva.
Expresa que ante nuevos reclamos de su parte, el 21-I-2003, mediante resolución 167, el Ministro de Seguridad rechazó el pase a retiro o jubilación móvil por invalidez solicitado.
Añade que interpuso recurso de revocatoria, el cual fue rechazado el 23-V-2003, mediante resolución 1.634.
Manifiesta que, debido a los informes realizados por los funcionarios integrantes de la Junta Médica Superior fue obligado a continuar con su trabajo en las peores condiciones físicas. Señala que hoy su haber es de un 86,5% del sueldo que corresponde al personal de su jerarquía en actividad y no el 100% como cree que le correspondería.
En virtud de lo expuesto es que solicita que a) se transforme su Retiro Activo en Retiro o Jubilación Móvil por Invalidez, acorde los arts. 26 y 31 del decreto ley 9.538/80, con el 100% del haber, dejando sin efecto las resoluciones 1.874/00, 167/03 y 1.634/03; b) se le abonen diferencias entre lo percibido y lo que cobraría si percibiera el 100% de los haberes correspondientes a la jerarquía de Comisario desde el 1-VI-1998; c) se le abone la totalidad de las sumas del porcentaje que cobraba en el ítem "16 11 De. 1014 B.N. Rem. No Bon." ($960 y asignación por equipos y prendas), que dejó de percibir al quedar prescindible; d) se reconozcan los ascensos que le correspondería de no haberse considerado indebidamente que no estaba en actividad en razón de haber sido incluido en la Ley de Prescindibilidad.
I.2. Señala que paralelamente al problema del beneficio del retiro móvil por invalidez, se produjo, a raíz de la resolución de la Junta Superior de Reconocimientos Médicos, un problema con los seguros de vida, especialmente con el seguro de vida colectivo y obligatorio contratado con la Caja de Ahorro y Seguro S.A. Explica que dado el porcentaje de incapacidad otorgado por la Junta Médica Superior, La Caja de Ahorro y Seguro S.A. solo le abonó el 30% del seguro y no el 100% como cree que le corresponde.
I.3. Asimismo, reclama el pago de licencias no usufructuadas desde el año 1991 hasta el año 1998.
Explica que durante ese período, sistemáticamente, los pedidos de licencia anual le fueron pospuestos y finalmente denegados y desarrolla un detalle de las comisarías en las que se desempeñó.
Destaca que todas las licencias que no usufructuó le fueron suspendidas porque la superioridad le impedía tomarlas, por razones de servicio.
Asimismo, señala que en ninguna de las oportunidades se le permitió solicitar la licencia por escrito y recibir de igual modo la autorización o la denegación.
Aclara que tampoco se le abonaron las licencias no usufructuadas y que su pago fue expresamente denegado mediante disposición 1.474 de 14-XII-1998 en el expediente 2137-694.509/98.
I.4. También peticiona el pago de la suma de $368,41 correspondiente al 70% del aguinaldo de junio de 1998.
Reclama que, debido a que la División Sueldos de la Policía, al depositar la suma correspondiente al sueldo anual complementario del primer semestre del año 1998, cometió un error y en lugar de depositar el 30% en la cuenta de su expareja, lo hizo por el 100%, se le debe reintegrar la diferencia.
Señala que realizó el pertinente reclamo pero que le respondieron que debía dirigir su requerimiento contra aquella persona.
II. A su turno se presenta la demandada. Sostiene la legitimidad del obrar administrativo y peticiona el rechazo de la demanda.
Indica que la pretensión indemnizatoria formulada respecto de la imposibilidad de cobrar en concepto de haber de retiro el 100% del sueldo correspondiente al personal en actividad, de percibir el 100% del seguro de vida y el alegado cercenamiento al ascenso al grado inmediato superior, constituyen daños cuya reparación por parte de la autoridad demandada está subordinada a la previa declaración de nulidad de la resolución 167/03, la cual ante la insistencia del actor de padecer una invalidez para desempeñarse en la fuerza policial modificó la causal de cese en la de Retiro Extraordinario Móvil.
Señala que las demás cuestiones introducidas por vía de la pretensión indemnizatoria —la falta de pago de las vacaciones no gozadas por supuestas razones de servicio desde el año 1991 y el pago incompleto del sueldo anual complementario correspondiente a junio de 1998—, resultan inviables pues no se constata violación alguna al marco jurídico que regula la relación de empleo público a la luz del cual se podrá concluir que no se verifica un incumplimiento por parte de la autoridad demandada.
Agrega que la existencia de los supuestos daños alegados por el actor, no basta para justificar por sí la procedencia del resarcimiento en un caso concreto, pues corresponde examinar si concurren los requisitos ineludibles para la procedencia del reclamo resarcitorio, en el caso, la vulneración por parte del Ministerio de Seguridad de alguno de los derechos estatutariamente consagrados a favor del actor.
II.1. Específicamente defiende la legitimidad de la resolución que denegó el reconocimiento del 70% de incapacidad reclamado por el actor.
En cuanto a la negativa de otorgar la jubilación por invalidez, explica que en varias ocasiones el demandante fue examinado por la dependencia con competencia legalmente atribuida para determinar el grado de incapacidad de los agentes de la Policía Bonaerense la cual invariablemente detectó un grado de incapacidad de la total obrera del 40% de acuerdo con las pautas establecidas en el decreto ley 9.538/80 y su reglamentación, decreto 1.675/80.
Señala que en virtud de ello la situación del señor Lencina no encuadra en la prevista por el art. 31 del decreto ley 9.538/80 que establece una reducción de 2/3 de la capacidad laborativa de un agente para poder obtener el retiro o jubilación móvil por invalidez.
Por otra parte sostiene que los certificados médicos acompañados por el demandante y el de incapacidad emitido por la Secretaría de Programas de Salud del Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona, resultan inidóneos para desvirtuar los dictámenes oficiales, pues no explican suficientemente los estudios sobre los que basan sus conclusiones ni especifican el sistema utilizado para determinar el grado de incapacidad informado.
Remarca que, en definitiva, el demandante no aportó elementos que permitan demostrar la ilegitimidad del acto que impugna.
Finalmente destaca que la presentación efectuada por Lencina el 27-III-2000 a través de la cual solicitó se considere su reintegro al servicio activo, contradice la postura sustentada en autos en cuanto al grado de incapacidad que padecía al momento del cese y al iniciar la demanda. Concluye en que resulta incompatible reclamar una jubilación por invalidez con el pedido del reintegro al servicio activo.
En cuanto al cobro del seguro de vida en proporción al grado de incapacidad establecido por la autoridad de aplicación, destaca que constituye un planteo improcedente. Ello así en la medida en que la póliza de seguro no distingue entre invalidez parcial o total y no media nexo causal entre lo resuelto por la autoridad administrativa y la actitud asumida por la aseguradora.
Con respecto al pase a disponibilidad derivado del accidente padecido, recuerda que el art. 459 del decreto 1.675/80 establece que, en caso de enfermedad o lesiones ajenas al servicio de largo tratamiento, el agente podrá ser pasado a disponibilidad por el término de hasta seis meses, con goce íntegro de haberes.
Expresa que ninguna responsabilidad puede derivarse para la demandada por haber procedido de ese modo.
Sostiene que, atento el breve lapso durante el cual el actor estuvo en disponibilidad por licencia médica, no puede válidamente sostenerse que el actuar de la Administración lo haya perjudicado para el ascenso, máxime que no se ha demostrado que el demandante en el año 1997 reuniera los requisitos para ser promovido al grado superior.
Afirma que los perjuicios derivados del grado de incapacidad determinada, no dan lugar al deber estatal de reparación.
Señala que, en el ámbito policial, la valoración de la capacidad de los agentes adquiere un matiz especial, siendo objeto de una profusa reglamentación.
Menciona que el art. 51 del decreto 1.675/80 condiciona el ingreso a la institución policial, la permanencia y el aspirar al ascenso que pudiera corresponder, a que se posean las aptitudes psicofísicas adecuadas al servicio policial, de acuerdo a lo establecido en los capítulos IX, X y XI.
Manifiesta que los perjuicios alegados en autos no son más que derivaciones de la particular situación del actor y no de un actuar estatal que pueda catalogarse como violatorio de la relación de empleo que vinculara a las partes de este proceso y menos aún como ilícito u omisivo, tal como se desliza a lo largo de la demanda.
II.2. En relación al reclamo por licencias anuales no gozadas, sostiene que no se probó que por razones de servicio el actor no hubiera podido usufructuar las vacaciones correspondientes.
II.3. En cuanto al aguinaldo del mes de junio de 1998, señala que si bien la autoridad administrativa constató que al liquidárselo se descontó en más la cuota alimentaria establecida judicialmente con motivo de su divorcio vincular, lo cierto es que al abonársele los períodos reconocidos como de vacaciones no compensadas, dicha cuota no había sido deducida, cuestión esta que fue admitida por el demandante.
Agrega que era mayor la suma que el actor cobró en más que la que recibió en menos por lo que no tiene reclamo que hacer.
II.4. Por otra parte, expresa que al encontrarse el actor gozando de una jubilación, mal puede pretender que se lo indemnice por eventuales ascensos, atento que la concesión del referido beneficio implicó la separación definitiva del servicio.
Añade que, aun cuando en un hipotético supuesto el actor hubiese continuado en actividad, no necesariamente hubiese ascendido a la jerarquía que reclama.
II.5. Finalmente, y para el hipotético caso de que prosperase el reclamo del pago de vacaciones no gozadas, plantea la prescripción de la acción fundado en lo dispuesto por el art. 4.027 del Código Civil.
III. De las actuaciones administrativas que obran sin acumular se desprenden las siguientes constancias útiles para la resolución del presente caso:
III.1. Expediente administrativo 21100-692.361:
III.1.a. Pedido de audiencia para el tratamiento de la causa 2137-792.011 (v. fs. 3).
III.2. Expediente administrativo 2137-792.011/98:
III.2.a. Informe de la División Seguros de Vida del 17-IV-1998, donde se comunica que Lencina solicitó el 4-IX-1997 indemnización adicional del seguro de vida colectivo y el Seguro de Accidentes Personales de la Caja de Seguros de Vida S.A. por su accidente del 19-IV-1996, habiendo la entidad aseguradora, denegado el primero de los beneficios por prescripción pero habiéndose percibido el segundo (por $4.200) con fecha 18-II-1998 (v. fs. 6).
III.2.b. Recordatorio de Alcances y Beneficios del Seguro de Vida Colectivo donde se destaca que caduca al año de ocurrido el siniestro (v. fs. 28/29).
III.2.c. Circular n° 3 del 30-V-1996 de la Policía Bonaerense donde se informan los beneficios que posee el personal policial por contingencias propias o ajenas al servicio (v. fs. 30/34).
III.2.d. Acta de notificación al actor donde se informa que ha obtenido el certificado de discapacidad y donde reclama el 100% del seguro percibido ($14.000), atento que solo se le abonó el 30% ($4.200). Insiste en que hubo irregularidades (v. fs. 46/47).
III.2.e. Fotocopia del Certificado de Discapacidad del Ministerio de Salud y Acción Social del 31-VII-1998 (v. fs. 48).
III.2.f. Cierre del expediente administrativo 2137-636.250 y su agregado al 2137-286.909 (v. fs. 73).
III.3. Expediente administrativo 2137-286.909/96:
III.3.a. Denuncia de accidente del actor y declaración del Oficial Olguin (v. fs. 1).
III.3.b. Resolución del Subcomisario Palacios donde ordena instruir el correspondiente sumario judic
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